Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124118
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Necochea rechazó la demanda promovida por Estefanía Julieta Switlicki contra el Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén en la que pretendía el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. fs. 259/274).
Para así decidir, valorando las pruebas producidas en la causa, juzgó no acreditada la existencia de una relación de índole laboral entre las partes, con sus notas características de subordinación jurídica, económica y técnica. Por el contrario, consideró que la actora se vinculó con el accionado en calidad de profesional independiente, en el marco de una locación de servicios.
II. Frente a lo así resuelto se alza la legitimada activa con recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica del 7-VI-2019), concedidos por el a quo a fs. 278 vta. Habiéndose conferido vista al Procurador General a fs. 281 (v. dictamen fs.282/284 vta.).
III.1. En la primera de las vías interpuestas denuncia violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial. Alega que el tribunal omitió pronunciarse sobre todas las cuestiones sometidas a su juzgamiento en lo relativo a la existencia de relación laboral, concretamente, no se realizó un adecuado análisis en orden a las particularidades del vínculo que unió a las partes. Puntualiza que tanto el veredicto como la sentencia no resuelven con claridad las temáticas sometidas a consideración del órgano decisor, a la vez que se ha valorado absurdamente la prueba producida. Manifiesta, finalmente, que el fallo carece de fundamentación legal, tanto en la referente a la resolución de la litis como en la determinación de las costas pues, sobre la base de prueba inexistente, se vale de normas que no son aplicables.
III.2. Coincidiendo con el dictamen del señor Procurador General, el recurso no es de recibo.
III.3. Cabe recordar, que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. cit.; causas L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018; L. 125.039, "Peralta" y L. 125.301, "Ruffo", resols. de 12-II-2021).
III.3.a. Contrariamente a lo afirmado en el recurso, no ha mediado en el caso la omisión de cuestión esencial denunciada, resultando evidente que la crítica se dirige a objetar el modo como el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, y bien es sabido que no corresponde, en el ámbito de la vía extraordinaria en estudio, realizar la revisión del acierto o desacierto jurídico de esta decisión, pues ello es materia propia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 122.963, "Romero", resol. de 18-IX-2019 y L. 125.039, cit.).
III.3.b. Por otra parte, la omisión de cuestiones esenciales que genera la nulidad del pronunciamiento es la referida a la falta de tratamiento de los asuntos que estructuran la traba de la litis y el esquema jurídico que la sentencia debe necesariamente atender para su validez, no revistiendo tal carácter los argumentos introducidos por las partes en apoyo de sus pretensiones (causas L. 124.856, "Sindicato de la industria de Trabajadores del hielo y de mercados", resol. de 22-X-2020 y L. 125.967, "Molina", resol. de 13-XI-2020).
Nótese además que, conforme lo tiene reiteradamente dicho esta Corte, el deber de los tribunales de trabajo de tratar todas las cuestiones sometidas a su conocimiento no importa el de seguir a los litigantes en las argumentaciones de hecho y de derecho esgrimidas como sustento de su postura (causas L. 121.897, "Do Santos", resol. de 13-II-2019 y L. 124.856, cit.).
III.4. Finalmente, los cuestionamientos vinculados a la ausencia de fundamentación normativa no son de recibo, desde que se aprecia que el fallo atacado se encuentra fundado en expresas disposiciones legales (causas L. 122.167, "Bizzanelli", resol. de 24-IV-2019 y L. 125.753, "Rey", resol. de 8-II-2021).
En este sentido, tiene dicho esta Corte que no se configura infracción al art. 171 de la Constitución provincial si la sentencia está legalmente fundada; no correspondiendo examinar lo atinente a la incorrección, desacierto o deficiencia en su fundamentación, toda vez que ello se encuentra detraído del acotado marco de actuación del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 90.030, "Romano", sent. de 13-II-2008 y L. 122.000, "Devincentti", resol. de 26-XII-2018).
IV. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la interesada denuncia absurdo y arbitrariedad. En primer lugar, entiende que el tribunal aplicó erróneamente los principios relativos a la carga de la prueba, puesto que debió valerse de la presunción contenida en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo y no lo hizo. Finalmente, se agravia de la base utilizada para el cálculo de los honorarios profesionales, puesto que no indica de qué modo llegó a la referida suma.
IV.1. Liminarmente se advierte que el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por el monto de lo reclamado en la demanda de cuyo rechazo se agravia, más la diferencia entre el importe proveniente entre lo presupuestado en la sentencia en materia de costas y la suma que resultaría según la propuesta de la recurrente- no excede el mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente a la fecha de interposición del remedio procesal (causas L. 120.211, "Almirón", resol. de 13-IX-2017 y L. 121.352, "Castro", resol. de 6-XII-2017); razón por la cual la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 125.483, "Lofaro", resol. de 4-II-2021 y L. 125.162, "Navarro", resol. de 12-II-2021), sin que la impugnante haya expuesto razones suficientes que ilustren -en el caso- la presencia de un agravio federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 121.801, "Castro" resol. 17-X-2018; L. 125.283, "Francesetti" y L. 125.490, "Avant Salud Plus", resols. de 12-II-2021).
Sentado ello, y respecto del planteo de inconstitucionalidad del citado art. 278, esta Suprema Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apartado 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 125.004, "Fernández", resol. de 13-X-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
Cabe agregar a ello -como también lo ha resaltado esta Corte- que el juego armónico de lo dispuesto por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en modo alguno veda la deducción del medio de impugnación previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas L. 123.904, "González", resol. de 18-XII-2019 y L. 125.004, cit.).
IV.2. Ahora bien, resultando indudable la insuficiencia del valor del litigio y rechazado el cuestionamiento constitucional de las normas que regulan los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, su examen -como se dijo- sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el citado art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente, violación que se configura cuando esta Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, en un caso similar (causas L. 123.904, "González", resol. de 18-XII-2019; L. 125.864 y L. 125.162, cits.)
IV.3. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, por cuanto los precedentes que se denuncian como conculcados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley se vinculan a cuestiones fácticas o probatorias, -como lo es, la determinación vinculada a la demostración de la existencia de una relación de linaje laboral entre las partes y el supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal al valorar las circunstancias de la litis- las cuales se encuentran detraídas de revisión en el acotado marco cognitivo en el que el recurso fue concedido (causas L. 120.492, "Olmos", resol. de 21-VI-2017; L. 121.347, "Burgos", resol. de 6-VI-2018 y L. 125.068, "Del Pup", resol. de 12-II-2021).
Por otro lado, reiteradamente ha sostenido esta Corte que no se observa la concurrencia de la excepción prevista por el art. 55 de la ley 11.653, en el sentido y alcance establecido por esta Suprema Corte, cuando la doctrina que se invoca como violada se refiere a cuestiones relativas al vicio de absurdo (L. 121.811, "Maroni", resol. de 14-XI-2018 y L. 124.476, "Rodas", resol. de 16-X-2020).
IV.4. Finalmente, el agravio vinculado a las costas tampoco es de recibo, pues más allá de que se trata de facultades privativas de los jueces de grado, cierto es, que tampoco se configura la violación de doctrina legal, pues los precedentes de esta Corte citados en el escrito recursivo han sido elaborados sobre la base de disímiles presupuestos fácticos y jurídicos (causas L. 119.932, "Ortiz", resol. de 23-V-2017 y L. 124.111, "Ferreyra", resol. de 16-VI-2020).
Para más, cabe recordar que los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no constituyen la "doctrina legal" a la que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020; L. 123.332, "Gascue", resol. de 3-VIII-2020 y L. 125.463, "Maisonnave", resol. de 12-II-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/05/2021 15:25:56 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/05/2021 09:28:42 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/05/2021 10:25:03 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2021 15:27:56 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/05/2021 08:15:52 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia