Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125950
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la demanda promovida por Mónica Mabel Palmieri y condenó a Cotecsud S.A.S.E. al pago de la suma que especificó en concepto de diferencias salariales e indemnizaciones derivadas del despido y las multas previstas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323, 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y 53 ter de la ley 11.653.
Para así decidir, tuvo por acreditada la relación laboral entre las partes y por injustificado el despido dispuesto por la empleadora. Asimismo, y en virtud de la presunción que emana del art. 39 de la ley 11.653, juzgó que la actora comenzó a trabajar, en beneficio de la demandada, en diciembre de 1986, egresando en junio de 1987, y reingresando el 9 de setiembre de 2003, en la categoría "Administrativo C" del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.
II. Frente a lo así resuelto se alza la legitimada pasiva con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 19-XI-2019), concedido por el a quo a fs. 461 y vta.
En su presentación, denuncia absurdo y violación del principio de congruencia, así como errónea valoración de la prueba y de los escritos constitutivos del proceso.
En primer lugar, rebate la decisión de grado en torno a las tareas que realizaba la actora, vinculadas al manejo del dinero y otros valores, alegando una desacertada interpretación del art. 30 del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.
Luego, impugna el progreso de las multas previstas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323.
También, objeta la condena al pago de la "gratificación marzo 2011 y 2012", invocando un erróneo examen de los arts. 103 y 107 de la ley 20.744.
Por otro lado, cuestiona la forma en que han sido calculadas las indemnizaciones previstas en los arts. 232 y 233 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Finalmente, la recurrente se agravia de la decisión del órgano judicial de grado en cuanto acogió las multas contempladas en los arts. 80 de la ley 20.744 y 53 ter de la ley 11.653.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Liminarmente, se impone observar que -en el caso- el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por el monto del capital de condena-, no excede el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, sin que corresponda adicionar intereses o realizar actualizaciones (causas L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021), razón por la cual la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.781, "Mora" y L. 125.785, "Bordoy", resols. de 17-II-2021).
III.2. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, corresponde declarar inatendibles la objeción dirigida a cuestionar una supuesta errónea interpretación de los arts. 103 y 107 de la Ley de Contrato de Trabajo, como así también el progreso de la indemnización del art. 80 de la citada ley, y la sanción del art. 53 ter de la ley 11.653, desde que en la pieza recursiva se omite citar -respecto de tales agravios- transgresión de doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018 y L. 125.173, "Baez", resol. de 21-XII-2020).
III.3. Por otro lado, la exclusión de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral también se impone nítida, desde que, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, la interesada trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del tribunal de grado, relacionadas a la valoración de los hechos y las pruebas -como lo son, aquellas vinculadas a determinar el tipo de tareas desarrolladas por el actor y a si se configuran o no los presupuestos para la procedencia de las indemnizaciones previstas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323- asuntos detraídos de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto procesal antes citado (causas L. 121.595, "Maidana", resol. de 7-XI-2018 y L. 125.286, "Sánchez Pérez", resol. de 13-XI-2020).
III.4. Luego, respecto del agravio relativo a la violación de los arts. 232 y 233 de la LCT, no resulta apta la cita de doctrina efectuada por la compareciente, en tanto ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 121.927, "De Esteban", resol. de 20-II-2019; L. 122.888, "Royano", resol. de 11-IX-2019; L. 124.199, "De Paula", resol. de 11-VI-2020 y L. 125.787, "Galeani", resol. de 17-II-2021).
III.5. Cabe añadir a lo expuesto que las doctrinas, referidas al vicio de absurdo no son idóneas a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el art. 55 de la ley ritual (causas L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020; L. 124.829, "Cotado", resol. de 23-X-2020 y L. 125.418, "Marin", resol. de 12-II-2021).
III.6. Finalmente, resta señalar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o los fallos de otros tribunales de justicia (causas L. 121.987, "Aguila", resol. de 6-II-2019 y L. 124.829, cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/05/2021 15:25:58 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/05/2021 09:28:40 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/05/2021 10:25:05 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2021 15:27:13 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/05/2021 08:15:53 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia