Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125919
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás hizo lugar, parcialmente, a la demanda interpuesta por Rosana Soledad Martínez contra Asociación Mutual del Personal Policial, a quien condenó a pagar a la actora la suma que especificó en concepto de indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de linaje laboral (v. fs. 143/161).
Para así decidir, juzgó que -en el caso- no se había configurado el supuesto de abandono de trabajo bajo el cual la empleadora disolvió el distracto laboral, toda vez que las probanzas de la causa dieron cuenta que la actitud de la dependiente resultó demostrativa de su intención de proseguir el vínculo laboral.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 27-XII-2019), los que fueron concedidos por el órgano de grado a fs. 203/204. Se confirió vista al señor Procurador General (v. proveído electrónico del 18-XI-2020), habiendo emitido dictamen el 4-XII-2020.
III. En la primera de las vías interpuestas, la interesada denuncia violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
En lo esencial, objeta la demora en que incurrió el tribunal de grado entre la celebración de la audiencia de vista de la causa y el dictado del pronunciamiento, contrariando lo dispuesto por el art. 44 de la ley 11.653. Tal circunstancia, -agrega- provocó que el importe en concepto de intereses, aplicados al capital de condena, se incremente ostensiblemente, vulnerando su derecho de propiedad.
III.1. Sabido es que el recurso previsto en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución de la Provincia sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (causas L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018; L. 122.254, "Irazabal", resol. de 5-VI-2019 y L. 124.855, "Hormaeche", resol. de 2-X-2020).
III.2. Así, en el caso, el embate deducido deviene improcedente, toda vez que el planteo sometido a consideración, consistente en que el tribunal a quo no respetó los plazos para el dictado del veredicto, resulta extraño a este medio de impugnación, pues tales agravios no importan la conculcación del art. 168 de la Carta local en los términos señalados en el párrafo precedente (causas L. 110.371, "Billegas", resol. del 14-IV-2010 y L. 113.453, "Fritz", resol. de 3-VIII-2011).
III.3. Por lo demás, el fallo se encuentra fundado en expresas disposiciones legales (causas L. 121.343, "Fuentes", resol. de 18-IV-2018; L. 122.167, "Bizzanelli", resol. de 24-IV-2019 y L. 120.988, "Martínez Vera", resol. de 25-IX-2019).
IV. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la recurrente relata los antecedentes de la causa, denuncia absurdo y cita las normas y las garantías que considera vulneradas.
En sustancia, impugna la decisión de grado en cuanto tuvo por no configurado el abandono de trabajo. Sostiene que el a quo arribó a esa conclusión sin tener en cuenta las circunstancias del caso, las declaraciones testimoniales y los propios dichos de la parte actora al momento de absolver posiciones.
IV.1. El recurso no ha de prosperar.
De manera preliminar, se impone recordar que esta Suprema Corte tiene dicho que la evaluación de la conducta de las partes en la fase previa a la rescisión del vínculo laboral, como así también la apreciación y ponderación de las circunstancias fácticas y de la prueba arrimada a la causa para determinar si en el caso existió o no abandono de trabajo, constituye una labor que le compete privativamente a los tribunales de trabajo y ajenas -por ende- al ámbito de la casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo (causas L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018; L. 121.742, "Mayer", resol. de 20-II-2019 y L. 122.043, "Navoni", resol. de 8-V-2019).
Ello exige la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco" resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020), pues no lo constituye cualquier yerro, o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más; esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 121.523, "González", resol. de 21-XI-2018; L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019 y L. 123.838, "Baldibia", resol. de 19-II-2020).
IV.2. En el caso, tras valorar en conciencia los elementos de convicción arrimados a la causa, el a quo concluyó que la trabajadora no tuvo el propósito, expreso o presunto, de no cumplir con la prestación de su débito laboral, puesto que, frente a la intimación que le cursó la patronal, respondió exponiendo los motivos de su ausencia que, justificados o no, revelaron su intención de continuar con el vínculo. En ese contexto, juzgó no configurado el abandono de trabajo alegado por la empleadora.
IV.3. Tales conclusiones no logran ser descalificadas por la impugnante, toda vez que se limita a contraponer a la valoración del material probatorio que ha realizado el tribunal de grado, una argumentación basada exclusivamente sobre sus propios criterios, insuficientes por lo tanto para determinar la apertura de la instancia extraordinaria en lo que concierne a cuestiones de hecho y de prueba como las aquí ventiladas (causas L. 122.043, "Navoni", resol. de 8-V-2019; L. 122.373, "Yamanga", resol. de 5-VI-2019 y L. 124.121, "Sánchez", resol. de 11-III-2020).
Además, corresponde recordar que la valoración de las declaraciones testimoniales recibidas en la audiencia de vista de la causa queda reservada a los jueces de grado, y ello así, tanto en lo que concierne al mérito como en lo relativo a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo, que el interesado no logra acreditar (causas L. 124.031, "Coronel", resol. de 16-VI-2020 y L. 124.997, "Petri", resol. de 4-II-2021).
En suma, no advierte la compareciente que la simple discrepancia con las decisiones de la sentencia no es base idónea de agravios, ni configura absurdo que dé lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, puesto que dicha anomalía queda configurada cuando media cabal demostración de su existencia, ya que sólo el error palmario y fundamental autoriza la apertura de la casación para el examen de cuestiones de hecho y prueba (causas L. 121.523, "González", resol. de 21-IX-2018; L. 122.135, "Rojas", resol. de 5-VI-2019 y L. 124.121, "Sánchez", resol. de 11-VI-2020).
En ese sentido, se ha señalado que no basta la exhibición de una opinión contraria a la esgrimida por el a quo , sino que es necesaria la demostración de una valoración desacertada, insostenible o inconciliable con las constancias objetivas que resultan de la litis, porque la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficaz demostración del error sentencial, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al juzgador de grado la facultad privativa que tiene en la selección, jerarquización y meritación de la prueba en aras de la determinación de las circunstancias fácticas del caso (causas L. 121.523, "González", resol. de 21-XI-2018; L. 121.641, "Ferreyra", resol. de 5-XII-2018 y L. 124.721, "Allerbón", resol. de 29-VI-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/04/2021 16:51:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/05/2021 20:01:49 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/05/2021 18:58:26 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/05/2021 15:24:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/05/2021 08:43:54 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia