Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124702
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.702, "Aranaga, Ayrton Osiris contra Rodríguez, José Emilio. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Genoud, Pettigiani.
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Tandil, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, hizo lugar a la acción instaurada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 102/115).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 117/123).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Ayrton Osiris Aranaga, y condenó a la accionada a abonarle el fondo de cese laboral, los haberes adeudados, el sueldo anual complementario de los años 2016, 2017 y el proporcional, la indemnización del art. 80 de la ley 20.744, los resarcimientos contemplados en los arts. 18 y 19 de ley 22.250; así como a hacerle entrega del certificado de trabajo y de la planilla de aportes previsionales y cesación de servicios. La rechazó, en cambio, en lo que resulta de interés por constituir materia de agravio, en cuanto pretendía el pago de las multas previstas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013.
Para así resolver, juzgó acreditado en el veredicto que las partes estuvieron vinculadas por una relación laboral no registrada, enmarcada en la ley 22.250, siendo las tareas ejecutadas por el señor Aranaga propias de la categoría "oficial" del Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 (v. fs. 104 vta.).
Declaró demostrado, asimismo, que el día 22 de enero de 2018 el actor le remitió a su empleador una carta documento mediante la cual le comunicó que se consideraba injuriado y despedido indirectamente, pieza postal que, afirmó el juzgador -sobre la base del informe del Correo Oficial obrante a fs. 35-, ingresó en la esfera de conocimiento del destinatario el día 31 de enero de ese mismo año (v. fs. 105).
Seguidamente, tuvo por probado que con fecha 4 de enero de 2018 el accionante envió a la patronal un telegrama obrero, intimándola para que registrara el contrato de trabajo, despachando ese mismo día copia a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). No obstante ello, con sustento en el ya referido informe del Correo Oficial, juzgó que dicho colacionado ingresó en la esfera jurídica de conocimiento del reclamado el 31 de enero de 2018 (v. fs. 105 vta.), es decir, el mismo día en que se verificó el distracto.
En definitiva, con sustento en la documentación aportada y la prueba obrante en el expediente, el tribunal de mérito concluyó que tanto la interpelación al señor Rodríguez, como la comunicación a la AFIP resultaron "inoportunas", por lo que dispuso el rechazo de las indemnizaciones previstas en los arts. 8 y 15 de la Ley Nacional de Empleo (v. fs. 106 y 112).
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia transgresión de los arts. 14 bis y 28 de la Constitución nacional; 22 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 23 inc. 4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Políticos y 5 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; arts. 8, 11 y 15 de la ley 24.013 y 44 inc. "d" de la ley 11.653. Asimismo, invoca violación de la doctrina legal que cita.
Impugna la decisión de grado con arreglo a la cual se rechazaron las indemnizaciones contempladas en los arts. 8 y 15 de la Ley Nacional de Empleo, con fundamento en la remisión inoportuna por parte del reclamante de la interpelación prevista en su art. 11 y de la remisión de su copia a la AFIP.
De un lado, en lo tocante al art. 8 de la norma citada, puntualiza que el día 4 de enero de 2018 el trabajador remitió dichas epístolas, tanto al empleador como a la repartición fiscal. Asevera que la intimación enviada al demandado no fue recibida en el primer intento de entrega, a pesar de haber sido dirigida a su domicilio real. Así las cosas, entiende que cuando un telegrama correctamente enviado -como, sostiene, sucedió en el caso- es devuelto por el personal distribuidor de la oficina de correos con la atestación de "domicilio cerrado", debe considerarse que ha cumplido con el fin de anoticiamiento perseguido.
En tal sentido -afirma-, la falta de entrega es imputable sólo al destinatario, quien, por su culpa, dolo o falta de diligencia, ha obstado la eficacia del medio empleado. Con base en esto último, afirma que la fecha a considerar a los efectos de tener por verificada la comunicación en cuestión es la del primer intento de entrega, esto es, el 5 de enero de 2018 y no el 31 de enero de 2018 como lo entendió el tribunal de trabajo.
Agrega que -con arreglo al texto de la norma- la carga del trabajador se abastece con la remisión a la AFIP de la copia del telegrama cursado al empleador dentro de las veinticuatro horas siguientes a su despacho, sin que surja del texto del dispositivo que su cumplimiento se supedite al momento en que quede notificado el emplazamiento. En ese orden, advierte que el recaudo fue correctamente satisfecho (v. fs. 121).
Del otro lado, en lo referente al rechazo de la indemnización normada en el art. 15 de la Ley Nacional de Empleo, además de reiterar lo dicho anteriormente, destaca que la remisión al organismo fiscal prevista en el art. 11 inc. "b" de la ley 24.013 sólo es exigible para la procedencia de la indemnización reclamada en el marco del art. 8 de ese cuerpo normativo, pero no con relación a la multa receptada en su art. 15.
En este orden, indica que la procedencia de este rubro -aplicable al caso por conducto de lo dispuesto en el art. 5 del decreto 2.725/91- se impone nítida, desde que -argumenta- ni la ley ni doctrina legal (que cita a fs. 121 vta. y 122) requieren el cumplimiento de dicho recaudo, sino que sólo debe verificarse que el distracto se hubiera producido de manera justificada con posterioridad a la remisión del telegrama intimatorio (v. fs. 121 vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. Inicialmente, cabe destacar que en la instancia de grado el medio de impugnación en examen fue concedido -en decisión que no resultó objetada- por vía de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, toda vez que el importe de lo cuestionado en esta sede extraordinaria no supera -efectivamente- el umbral al que alude el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto conforme ley 14.141) en orden a su admisibilidad (v. fs. 124 y vta.).
En consecuencia, la función revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en esta causa contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 119.642, "Short", sent. de 21-IX-2016; L. 118.332, "Messina", sent. de 29-XI-2017 y L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018).
III.2. En ese contexto, es dable advertir que no se configura el mentado supuesto de excepción respecto del agravio dirigido a objetar el rechazo de la multa contemplada en el art. 8 de la ley 24.013.
III.2.a. Sobre el particular, se impone señalar que los cuestionamientos dirigidos a refutar lo decidido por el juzgador en cuanto concluyó -sobre la base de la documentación acompañada y la prueba informativa obrante en el expediente- que la interpelación a la patronal y la comunicación a AFIP previstas en el art. 11 de ley 24.013 resultaron "inoportunas", remite a la valoración de típicas cuestiones fácticas, como lo es la apreciación de las constancias y pruebas de la causa, así como la interpretación de la piezas postales cursadas entre las partes. Todos extremos marginados de revisión en esta instancia casatoria por conducto de la vía de excepción examinada.
III.2.b. Para más, la doctrina legal que trae el quejoso en este pasaje de su réplica (v. fs. 120/121) no guarda correspondencia con las motivaciones del juzgador de grado que han constituido factores esenciales de su decisión, ni refieren a situaciones similares, atento haber mediado presupuestos fáctico-jurídicos diferentes a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 120.095, "Simari", sent. de 18-X-2017 y L. 120.519, "Barbas", sent. de 28-XI-2018; e. o.).
III.3. Tampoco puede ser receptado el agravio por el que se denuncia infringida la doctrina legal elaborada en torno al art. 15 de la ley 24.013.
III.3.a. Si bien es cierto, como apunta el quejoso, que esta Suprema Corte tiene dicho que la remisión dispuesta en el art. 11 inc. "b" del referido dispositivo resulta exigible para la indemnización reclamada en el art. 8 de dicha normativa, así como para las previstas en los arts. 9 y 10, pero no hace a la procedencia de la multa establecida en el art. 15 del mencionado cuerpo legal (causa L. 101.725, "Orcoyen", sent. de 22-IX-2010; e. o.); no lo es menos que las razones que condujeron al tribunal a desestimar la sanción adicional establecida en el citado art. 15 de la Ley Nacional de Empleo se basaron -sin abrir juicio respecto de su grado de acierto- en la ausencia de oportunidad en la interpelación telegráfica y en la comunicación postal al ente recaudador.
Desde esta perspectiva, no cabe receptar el remedio en el estricto carril de examen que prevé el art. 55 primer párrafo in fine de la ley ritual del fuero, pues resulta aplicable para dar respuesta también a este agravio, lo expuesto en el III.2.b., al que me remito en honor a la brevedad.
III.3.b. Por último, no es ocioso recordar que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los de otros tribunales de justicia no constituyen la doctrina legal a la que hace referencia el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 120.083, "Sanquigni", sent. de 14-II-2018 y L. 121.443, "Rasgido", sent. de 31-VIII-2020; e. o.).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Torres, Genoud y Pettigiani , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/05/2021 19:57:18 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/05/2021 12:42:04 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/05/2021 10:29:07 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/05/2021 11:55:43 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/05/2021 12:38:39 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia