Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124088
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.088, "Kessler, María Belén contra Corigliano, Ricardo Domingo y otro/a. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Kogan, Genoud, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora hizo lugar parcialmente a la acción instaurada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 300/321).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 11 de junio de 2019).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente admitió la acción instaurada por María Belén Kessler y condenó en forma solidaria a Nélida Beatriz Priore y Favir Textil S.R.L. al pago de las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso, integración del mes de despido, vacaciones proporcionales e incremento previsto en el art. 1 de la ley 25.323. Asimismo, juzgó que debía extenderse la responsabilidad por este último concepto respecto del codemandado Ricardo Domingo Corigliano, socio gerente de la mencionada empresa (arts. 59 y 274, ley 19.550). En cambio, rechazó los recargos establecidos en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013 y 2 de la ley 25.323 (v. fs. 300/321).
Para así resolver, a partir de los hechos invocados por las partes en los escritos constitutivos de la litis, precisó que la actora debía acreditar la relación de subordinación y dependencia alegada respecto de Favir Textil S.R.L. y Ricardo Domingo Corigliano. Por su lado, estableció que pesaba sobre dichos codemandados la carga de probar que la contratación de los trabajos con el taller de titularidad de la señora Priore, había resultado ocasional ante picos de producción, como así también que por medio de aquel se prestaban servicios para otras firmas textiles (art. 375, CPCC; v. fs. 301 vta.).
Desde esa perspectiva, analizó la prueba colectada en la causa y concluyó que ninguna de las afirmaciones de los litigantes había sido demostrada (v. fs. 302 y vta.).
No obstante haber arribado a esa conclusión, estableció en el fallo que Favir Textil S.R.L. -empresa dedicada a la fabricación de artículos para calcetería y medias- reconoció haber contratado con el taller dirigido por la señora Priore para realizar tareas eventuales, pero sin haber logrado demostrar que esa vinculación hubiera sido ocasional, como tampoco que el taller mencionado trabajara para otras empresas del rubro textil.
En este contexto, el sentenciante declaró que habiéndose demostrado que la actora fue contratada por la señora Priore para que laborara en el taller ubicado en su domicilio, en la ejecución de tareas de planchado, empaquetado, seleccionado y terminado de medias que eran fabricadas y comercializadas por Favir Textil S.R.L., concluyó que aquella -Priore- actuaba como intermediaria de esa relación que ligó a las partes (contrató a la trabajadora, le daba órdenes y pagaba salarios; v. fs. 302 vta.).
Con base en todos estos elementos de juicio, en la etapa de sentencia, invocando los principios de primacía de la realidad, in dubio pro operario e irrenunciabilidad (arts. 9, 12 y 14, LCT), juzgó que las partes se encontraban ligadas por una relación de trabajo a domicilio regida por ley 12.713 (v. fs. 308).
Seguidamente, señaló que dicha vinculación estaba integrada por la señora Kessler como trabajadora; la señora Priore como tallerista (que en su propia casa o taller le da trabajo al obrero que estará siempre, a su cargo directo, sea con mercaderías recibidas de un patrono - lato sensu -, con mercaderías recibidas de un intermediario -patrono lato sensu - o con mercaderías recibidas del propio tallerista -patrono stricto sensu -); y Favir Textil S.R.L. como patrono - lato sensu - dador de trabajo, fabricante de la mercadería y vendedor del producto terminado (v. fs. 308).
Luego de delimitar el rol que cada una de las partes cumplía, concluyó que la actora estuvo ligada por una relación de subordinación y dependencia con la señora Priore y Favir Textil S.R.L. y que, tratándose de una forma especial de trabajo, correspondía presumir la existencia de una relación laboral, salvo prueba en contrario (v. fs. 309 vta.).
Asimismo, consideró de aplicación el régimen establecido en la Ley de Contrato de Trabajo a los trabajadores a domicilio en cuanto sus normas no resultaran incompatibles con las previstas por la normativa estatutaria especial (v. fs. 310 vta.).
En ese marco, subsumió los hechos en el art. 29 primer párrafo del plexo legal citado, declarando solidariamente responsables a Priore y Favir Textil S.R.L. En lo esencial, puntualizó que por aplicación del estatuto aplicable (con sus interpretaciones más modernas) o de lo dispuesto en el precepto de referencia, Nélida Beatriz Priore y Favir Textil S.R.L. resultaban solidariamente responsables frente a la trabajadora (v. fs. 312).
Sentado lo anterior, en cuanto a las circunstancias que condujeron a la dependiente a la extinción de la relación de trabajo, destacó que Favir Textil S.R.L. había reconocido expresamente la recepción de los telegramas (remitidos los días 8 de agosto de 2016 y 11 de agosto de 2016) que le habían sido cursados (v. fs. 303).
Por su parte, dada la negativa expresada por el señor Ricardo Domingo Corigliano y, con apoyo en el informe brindado por el Correo Argentino agregado a fs. 101 -no impugnado por las partes-, consideró que las misivas fueron devueltas por domicilio "desconocido", razón por la cual no podía tenerlas por recibidas. A idéntica conclusión arribó con relación a la pieza postal dirigida a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP; v. fs. 303).
Luego, resolvió que el vínculo que unía a las partes se extinguió el 12 de agosto de 2016, con el último telegrama dirigido al codemandado Favir Textil S.R.L., por el cual la actora se consideró despedida con motivo del silencio observado ante su primera intimación para que manifestara, en el término de 48 horas, si procedería a registrar la relación laboral que los unía (v. fs. 303 y vta.).
Indicó que el "silencio" previsto en el art. 57 de la Ley de Contrato de Trabajo sanciona al empleador con una presunción en su contra y concluyó que la accionante había ajustado su conducta a derecho al considerarse despedida, puesto que tal situación constituyó una injuria tal que impedía la prosecución del vínculo laboral conforme lo establecido por el art. 242 de la citada ley (v. fs. 312 vta.).
Añadió que, por aplicación de lo dispuesto en el art. 29 del mismo cuerpo legal -que considera a quien se aprovecha del trabajo del obrero como empleador directo-, las comunicaciones (intimación y despido) efectivizadas únicamente respecto de Favir Textil S.R.L. resultaban suficientes y produjeron efecto respecto del obligado solidario (v. fs. 312 vta. y 313).
En consecuencia, dispuso el progreso de la acción respecto de las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, con más la incidencia del sueldo anual complementario y del reclamo por vacaciones proporcionales del año 2016. Asimismo, hizo lugar al incremento establecido en el art. 1 de la ley 25.323, dado que había quedado justificado que al momento del distracto la relación laboral no se encontraba registrada (v. fs. 313).
En cambio, desestimó la pretensión sustentada en el art. 2 de esta última ley, toda vez que el trabajador no había intimado en debida forma al empleador para que abonara las indemnizaciones previstas en los preceptos de referencia. Rechazó, también, el pedido de aplicación de las sanciones contempladas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013. Para justificar la decisión respecto de la primera, estableció no acreditado que hubiera comunicado a la AFIP el requerimiento efectuado. En cuanto al citado art. 15, el juzgador sostuvo que, por no resultar acumulable con el del art. 1 de la ley 25.323, debía optar por uno de ellos y, en ese contexto, admitió el recargo mencionado por la última norma citada (v. fs. 313).
Asimismo, condenó a Ricardo Domingo Corigliano en su calidad de socio gerente de Favir Textil S.R.L., únicamente al pago de la indemnización prevista en el referido art. 1 de la ley 25.323. Sobre el particular, precisó que se encontraba acreditado en la causa que éste no había adecuado su conducta a "un buen hombre de negocios" (art. 59, ley 19.550), ya que la sociedad comercial que dirigía -beneficiaria del trabajo- contrataba personas a través de intermediarios (talleristas) fuera de todo registro laboral, circunstancia que no podía ser ajena a su conocimiento e importaba -a criterio del juzgador de origen- mal desempeño de su cargo (art. 274, ley 19.550; v. fs. 313 vta. y 314).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte demandada (en forma conjunta, Favir Textil S.R.L. y Ricardo Domingo Corigliano) interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, vulneración del principio de congruencia y de la doctrina legal que cita.
II.1. Alega que para resolver la litis, resultaba fundamental la demostración de la existencia de la relación de subordinación y dependencia entre la actora y los demandados Corigliano y Favir Textil S.R.L., puesto que ello fue invocado en forma "exclusiva" como causa del reclamo impetrado. Postula que en virtud del resultado negativo que arrojó la prueba producida en este aspecto, el juzgador de grado debió, sin más, rechazar la demanda deducida contra los impugnantes. Sin embargo -afirma el quejoso- posteriormente el a quo incurrió en un quiebre lógico, porque excediendo el marco fáctico propuesto por las partes, evaluó los hechos y las pruebas con excesiva amplitud a punto tal que hubo de modificar o trocar la pretensión de la parte actora.
Afirma que el principio de primacía de la realidad invocado por el juzgador para resolver la contienda encuentra su límite en la congruencia y la garantía del debido proceso legal, cuya vulneración -sostiene- se ha producido en el caso.
Aduce, en este marco, violación de la doctrina legal sentada con relación a la temática en cuestión, pues la búsqueda de la verdad de los hechos no puede efectuarse en desmedro del factum invocado en la demanda.
En este contexto, puntualiza que la señora Kessler en su escrito constitutivo de litis alegó la existencia de una relación laboral directa con los demandados, que uno de ellos la contrató en persona, le pagaba el sueldo y que hacía trabajo "en grupo".
Destaca que la contraria ocultó maliciosamente la identidad de su verdadera empleadora, la señora Priore -madre de la actora- y los reales extremos de su vínculo laboral, circunstancias refrendadas por su progenitora al presentarse en autos, con el mismo patrocinio letrado que la accionante, en una situación reñida con la ética profesional y probablemente constitutiva de un delito penal.
Argumenta que es falsa la afirmación plasmada en la sentencia, en el sentido que la señora Kessler peticionó en su escrito constitutivo la responsabilidad solidaria de los accionados en los términos de los arts. 29, 29 bis y 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. Refiere que en dicha presentación la accionante se limitó a transcribir fallos jurisprudenciales, sin relación alguna con los hechos por ella relatados, lo que -en modo alguno- equivale a una pretensión jurídica concreta. Añade que mal pudo el órgano de grado afirmar que hubo un reclamo en tal sentido, cuando los codemandados fueron traídos a juicio en carácter de empleadores directos.
Observa que la solución jurídica establecida en el caso luce forzada y contradictoria, pues se juzgaron aplicables las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo, suprimiendo la actuación de la ley 12.713, cuando se había establecido en el fallo la articulación de ambos regímenes normativos en cuanto ambas regulaciones no resultaran incompatibles.
Refiere que en el pronunciamiento se acude a la solidaridad prevista en el art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo para responsabilizar a Favir Textil S.R.L., siendo que dicha sociedad fue creada con posterioridad a la fecha de ingreso denunciada por la actora. Destaca que la empresa sólo mantuvo relación con la señora Priore, titular del taller y real empleadora de la trabajadora.
II.2. En otro orden, objeta la conclusión que declaró justificado el despido dispuesto por la demandante. Sostiene que no se configuró en la especie causa que legitime esa decisión. Formula este cuestionamiento desde diversosángulos.
II.2.a. Por un lado, alega que la intimación cursada por la accionante el 8 de agosto de 2016 para que manifieste si procedería a registrar la relación laboral fue erróneamente dirigida a Favir Textil S.R.L. pues -por los argumentos desarrollados en el punto anterior- la empresa no era su verdadera empleadora y, por lo tanto, jamás podría haber cumplido con lo requerido.
II.2.b. De otro costado, afirma que la misiva no era autosuficiente pues no indicaba categoría, remuneración percibida, horario de trabajo y desempeño de tareas, al tiempo que otorgó un plazo (48 hs.) menor al establecido por ley 24.013, que la trabajadora no aguardó para considerarse injuriada y despedida.
II.2.c. Por último, cuestiona por absurdo y contradictorio el análisis efectuado por el tribunal de origen con relación al silencio que el mismo atribuyó a la "empleadora" ante ese emplazamiento, dado que el art. 57 de la Ley de Contrato de Trabajo establece un plazo mínimo de dos días hábiles para considerar razonable la conducta rupturista, en caso de subsistir un incumplimiento.
Explica que el a quo tuvo por acreditado que la comunicación de la trabajadora fue remitida el día 8 de agosto de 2016 y fue recibida por Favir Textil S.R.L. en la jornada siguiente. Relata que por el carácter recepticio de la intimación cursada por la señora Kessler, el 9 de agosto, no debió incluirse en el cómputo de los dos días hábiles antes referidos (art. 6, Cód. Civ. y Com.). En consecuencia, afirma que el plazo otorgado por la actora se extendía desde las cero horas del 10 de agosto de 2016 hasta la medianoche del día siguiente.
Sin embargo -remarca- el mismo 11 de agosto en el horario comercial de la oficina postal, antes de que se hubiera cumplido el plazo que "arbitrariamente" otorgó la demandante en su primera misiva, envió la comunicación considerándose despedida.
Puntualiza que esta intempestiva y prematura decisión de la trabajadora revela una conducta fraudulenta reñida con los principios de buena fe y continuidad del contrato de trabajo, que demuestra que ésta jamás pretendió la regularización de la relación laboral invocada sino únicamente la constitución de una injuria inexistente.
Añade que, de realmente haber buscado la regularización de su contrato, debió intimar a su empleadora real -Priore- y no a la dadora de trabajo a domicilio que no podía conocer en forma alguna la existencia del contrato y sus extremos.
Por todo lo expuesto, considera que la decisión del a quo es dogmática y absurda, como también vulneratoria de la doctrina legal que cita en apoyo de su postura, en cuanto este Tribunal ha resuelto que si la concreción del despido indirecto no dio tiempo a que el silencio de la empleadora se mantuviera por el plazo mínimo indispensable, de modo de presumir cierta la afirmación relativa al incumplimiento denunciado, la extinción del contrato de trabajo, aunque eficaz para romper el vínculo, no se encuentra justificada.
III. El recurso prospera con los alcances que he de precisar en lo que sigue.
III.1. Liminarmente, me permito señalar que el caso bajo análisis presenta -aunque con ciertos matices propios- similares connotaciones a las verificadas en la causa L. 122.222, "Novoa" (sent. de 14-XII-2020), en la que acompañé el voto emitido por mi distinguido colega doctor Genoud.
III.2. Luego, cabe advertir que del relato de los antecedentes -que me he ocupado de reseñar con detalle a fin de otorgar claridad a la decisión que propicio- surge nítido que el juzgador de origen incurrió en los yerros que el recurrente indica en su escrito impugnativo.
Como se vio, el órgano de grado estableció los hechos controvertidos y los alcances del reclamo. Luego, procedió a examinar la prueba. El resultado que arrojó esa faena fue adverso para ambos litigantes, en la medida que se juzgó no acreditados los extremos argüidos por éstos en sus respectivas postulaciones (v. sent., fs. 301 vta./302 vta.).
No obstante, a influjo de los principios que enunció en la sentencia -primacía de la realidad, in dubio pro operario e irrenunciabilidad- el tribunal hubo de abordar el análisis de la pretensión liminar desde el esquema fáctico que edificó a partir de su propia cosecha, dando lugar a la decisión puesta bajo censura.
En el escrito de inicio, la reclamante refirió las circunstancias fácticas en que había sido contratada por los coaccionados, efectuando también, un detallado relato respecto del modo en que la empresa efectuaba y retiraba sus encargos.
En apoyo de su postulación, hubo de mencionar los arts. 29, 29 bis y 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, aunque limitándose a transcribir diversos sumarios de jurisprudencia referidos a dichas normas; como así también aquella otra concerniente a "la responsabilidad solidaria de los socios administradores en sociedad de responsabilidad limitada" (v. fs. 13/14 vta.).
Seguidamente, reprodujo el intercambio epistolar que alegó haber mantenido con los codemandados, el que -cabe apuntar- giró en torno a la falta de registración del vínculo por parte de la firma Favir Textil S.R.L. y el silencio observado ante su emplazamiento para que afirme si procedería a satisfacer tal petición.
Esos, y no otros, fueron los extremos que cimentaron el reclamo actoral y definieron la defensa de los codemandados, comprensiva de la citación como tercero de quien resulta ser la madre de la actora, la señora Priore, quien se presentó a juicio -vale recalcar- con el mismo letrado de la parte actora, circunstancia que llamativamente fue tolerada por el tribunal actuante (causa C. 122.594, "Albarracín", sent. de 24-VIII-2020).
En este contexto, el agraviado logra acreditar que el esquema atributivo de la responsabilidad que le fuera endilgado por su condición de empleador, fue evaluado y resuelto por el juzgador de origen de modo evidentemente erróneo y apartado del marco en que quedó trabada la litis.
En efecto, cimentando la decisión al amparo de principios tuitivos propios de la materia laboral, el juzgador de grado modificó esa liminar determinación de los hechos constitutivos del pleito, valiéndose de otras circunstancias no esgrimidas. Las conclusiones fácticas establecidas por el tribunal interviniente, sobre cuyas bases juzgó aplicable el derecho -respecto de cuyo acierto o desacierto no corresponde aquí abrir juicio- comporta la violación del postulado de la congruencia y de la garantía de la defensa en juicio, tal y como denuncia el compareciente en su recurso.
Así las cosas, cabe recordar que es doctrina legal de esta Suprema Corte que el principio de congruencia se vincula, básicamente, con la forma en que los órganos jurisdiccionales deben resolver las cuestiones sometidas a su decisión, teniendo en cuenta los términos en que quedó articulada la relación procesal, esto es, sin incurrir en omisiones o demasías decisorias. El destino de dicha directriz es conducir el proceso en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, imponiendo que la sentencia se muestre atenta a la pretensión ju
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