Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124445
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.445, "Morini, Guillermo Carlos contra Municipalidad de San Cayetano. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Genoud, Kogan, Torres .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Necochea rechazó íntegramente la pretensión deducida, imponiendo las costas a la parte actora (v. fs. 539/561).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 3 de junio de 2019).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de trabajo rechazó la demanda promovida por Guillermo Carlos Morini contra la Municipalidad de San Cayetano, en cuanto le había reclamado -con sustento en el art. 52 de la ley 23.551- el cobro de salarios adeudados y las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso y daño moral (v. fs. 539/561).
En primer lugar, tuvo por acreditado que con fecha 6 de julio de 2016 la Asociación Profesionales de la Salud Pública del partido de San Cayetano le informó a la demandada mediante carta documento (v. fs. 56), que el 13 de junio de 2016 había quedado constituida como entidad seccional -con actuación territorial en el partido de San Cayetano- de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, y que de conformidad con lo establecido en el art. 68 y siguientes del Estatuto se procedió a elegir nueve miembros -entre los que no figuraba el actor- para la integración de su Comisión Directiva, la cual tenía mandato desde el 19 de julio de 2016 hasta el 19 de julio de 2018.
Luego, consideró que la comunicación de fecha 29 de mayo de 2017 realizada por la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires a la Municipalidad de San Cayetano, informando que el señor Morini había sido designado Secretario General de la Asociación seccional San Cayetano de CICOP, con mandato desde el 17 de abril de 2017 hasta el 19 de julio de 2018, no expresaba como había sido el proceso de designación del actor, limitando -de este modo- a la demandada en la verificación de la legitimidad del acto eleccionario conforme las previsiones de la ley 23.551.
En esa línea, procedió a analizar la copia del acta (v. fs. 480/481) relacionada a la asamblea extraordinaria del 17 de abril de 2017 en la que se realizó la referida designación, y destacó que de dicho documento no surgía que fuera parte de un libro de actas, ni tampoco se verificaba que hubiera ocurrido un proceso eleccionario con su correspondiente convocatoria, ni la cantidad de presentes, ni que los votos se hubieran efectuado en forma directa y secreta (conf. arts. 41, ley 23.551 y 73, Estatuto de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires).
Sostuvo que tampoco se deducía de los testimonios brindados por los doctores Vinuesa, Lagrange, Escala y Arias en la audiencia de vista de la causa, quienes -por el contrario- coincidieron en destacar las irregularidades de dicha asamblea (v. fs. 542/543 vta.).
Finalmente, señaló que la notificación efectuada por la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires recién el día 29 de mayo de 2017, se limitó a comunicar respecto a "...'la actual Comisión Directiva y sus Órganos de Control', incumpliendo el recaudo previsto en el art. 25 del Decreto Reglamentario 467/88 que dispone: La designación de los miembros de los representantes del personal será notificada al empleador en forma fehaciente, por la Asociación sindical representativa del personal del establecimiento dentro de las 48 horas de su elección" (fs. 544 vta. y 545).
Ya en sentencia, teniendo en cuenta lo manifestado y resuelto en la segunda cuestión del veredicto, reiteró el a quo que la parte actora no había logrado acreditar que hubiera existido un proceso eleccionario de conformidad con la ley 23.551, el decreto reglamentario 467/88 y el Estatuto de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires vigente para designar al actor en el cargo de Secretario General de la Asociación de Profesionales de la Salud Pública de San Cayetano.
En tal sentido, consideró que la postulación del actor para ocupar cargos gremiales no fue comunicada al empleador, que fue elegido en una asamblea convocada al efecto en forma verbal o por mensaje de texto y que a la fecha del comicio (17 de abril de 2017) tenía abierto un sumario administrativo iniciado el 15 de febrero del mismo año.
Añadió que dicha cuestión se encontraba agravada por el hecho de que la primera y única comunicación a la empleadora con la nueva integración de la Comisión Directiva -ya decidida y diferente a la que comenzó el período de dos años- fue recepcionada cuarenta y dos días después de realizada la asamblea, sin que la misma haga mención alguna a los motivos de su convocatoria, del cambio de la comisión directiva original, el número de profesionales presentes en dicho acto, ni tampoco cuál fue el lugar y forma de votación en que la elección se llevó a cabo, lo que generaba un obstáculo a la facultad del empleador de eventuales observaciones en relación tanto a los postulantes como al procedimiento del acto eleccionario (v. sent., fs. 558).
Con todo, juzgó que la elección del actor como Secretario General de la Asociación de Profesionales de la Salud Pública de San Cayetano, no había sido conforme las exigencias legales establecidas en los arts. 49 y 50 de la ley 23.551, por lo que, en consecuencia, no resultaba exigible a la demandada iniciar la acción de exclusión prevista en el art. 52 de la misma ley.
Por todo ello, el órgano de grado resolvió que la acción no podía tener favorable recepción, al no existir elementos que permitan establecer que el decreto municipal 915/17 que declaraba cesante al actor Morini (producto del expte. adm. n° 969/17 -conf. art. 28 y concs., ley 14.656-) debía ser declarado nulo (v. fs. 558 in fine y vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo; errónea aplicación de los arts. 41, 48, 49 y 52 de la ley 23.551; y violación de los arts. 401 y 409 del Código Procesal Civil y Comercial provincial; 14 bis, 16, 17, 28 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 1 y 3 del Convenio 135 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); 11, 39.1 y 39.3 de la Constitución provincial; 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 1 del Protocolo Adicional en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Convención Americana de Derechos Humanos; y doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 3 de junio de 2019).
II.1. En primer lugar, objeta la decisión del tribunal de grado que no tuvo por probado que el actor haya sido elegido Secretario General de la Asociación de Profesionales de la Salud Pública de San Cayetano, en tanto, afirma que, a tenor del propio reconocimiento efectuado por la Municipalidad de San Cayetano al contestar la demanda y en la audiencia de vista de la causa, dicha condición había quedado acreditada (v. págs. 4/6).
En tal sentido, arguye que, si bien la accionada expresó que Morini fue electo de manera irregular, jamás dejó de reconocer su cargo sindical.
Sostiene que tal reconocimiento fue reiterado en la audiencia desarrollada el 17 de octubre de 2018 donde los representantes de la Municipalidad, en la posición octava de la ampliación, afirmaron: "Para que jure como es cierto que continúa siendo Secretario General de la Asociación de Profesionales de la Salud de San Cayetano".
Bajo tales premisas alega que dicha circunstancia fue omitida en el decisorio del tribunal de grado, incurriendo en absurdo y vulnerándose el art. 409 segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial y la doctrina legal establecida en las causas L. 96.681, "Desteffaniz" (sent. de 18-VIII-2010) y L. 106.998, "Fani" (sent. de 3-VII-2013), toda vez que -resaltó- "...un hecho afirmado por el ponente es un hecho acreditado".
II.2. Por otro lado, objeta que el tribunal de grado haya determinado que el actor no fue elegido Secretario General de conformidad con los recaudos establecidos en la Ley de Asociaciones Sindicales y el estatuto del sindicato, y, en consecuencia, concluido que no era procedente la tutela sindical reclamada en demanda (v. págs. 6/11).
Afirma que lo expuesto en la sentencia contradice la verdad de los hechos a partir de un análisis absurdo de la prueba.
En tal sentido, manifiesta que el Consejo Directivo provincial de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires informó que "...cuando las comisiones de las Asociaciones seccionales presentan vacancias estas deben convocar a Asamblea Extraordinaria con el fin de cubrir el lugar vacante, cumpliendo luego el recaudo legal de comunicarlo fehacientemente al municipio empleador", elemento probatorio que no fue impugnado por la accionada y que sí resultó acreditado con el acta de la asamblea extraordinaria (agregada por la Asociación) y lo descripto por los testigos Vinuesa, Lagrange, Escala y Arias (v. págs. 6 y 7).
Asimismo, arguye que si la empleadora consideraba que Morini no gozaba de tutela sindical por cuanto el acto eleccionario resultaba invalido e ineficaz, debió plantearlo inmediatamente ante la autoridad administrativa del trabajo nacional, competente en la materia según el art. 56 de la ley 23.551, tal como lo estableció la Suprema Corte en las causas L. 41.661, "Cáceres" (sent. de 12-IV-1989) y L. 74.880, "Bertedor" (sent. de 17-XI-1999), entre varias que cita; resultando -además- plenamente aplicable al caso la doctrina de los actos propios (v. págs. 8/10).
En consecuencia, afirma que, no existiendo razón alguna justificante de la falta de promoción de la acción sumarísima prevista por el art. 47 de la ley 23.551 y en violación de la garantía sindical, se debe hacer lugar a las indemnizaciones solicitadas en demanda.
III. El recurso prospera.
III.1. En primer lugar, no es de recibo el cuestionamiento tocante a la ponderación del pliego de posiciones, específicamente, en tanto los letrados de la demandada admitieron en la posición octava de la ampliación que el causante era Secretario General de la Asociación de Profesionales de la Salud Pública de San Cayetano.
Si bien el art. 409 del Código Procesal Civil y Comercial en su segundo apartado prescribe que cada posición importará, para el ponente, el reconocimiento del hecho al que se refiere, toda vez que las afirmaciones en el pliego de posiciones forman prueba en contra de la parte que las formula (causa L. 96.681, "Desteffaniz", sent. de 18-VIII-2010, citada por la recurrente), en la especie, observo que la mencionada posición del modo en que fue propuesta -a mi modo de ver, como un interrogante (v. fs. 523 vta.)- me permite concluir que el ponente efectuó un reconocimiento omiso de tal circunstancia.
De todas maneras, sabido es y conviene recordar, que ponderar los efectos de la confesión es facultad privativa de los tribunales de trabajo, a cuyo fin tienen un amplio margen de discrecionalidad (causas L. 106.998, "Fani de Berardo", sent. de 3-VII-2013 y L. 51.649, "Salso", sent. de 21-XII-1993).
III.2. Sin embargo, lo que resulta relevante para modificar la decisión de grado son las razones que a continuación habré de precisar.
III.2.a. Esta Corte ha manifestado que el concepto de libertad sindical abarca no sólo la protección de la entidad gremial, sino también la de aquellos trabajadores que actúan tanto en los órganos de dirección y administración del sindicato como en el ámbito de los distintos establecimientos laborales donde representan los intereses de sus afiliados (causas L. 120.741, "Nahuel", sent. de 28-VIII-2019 y L. 79.253, "Díaz", sent. de 1-IV-2004).
Así, el art. 14 bis de la Constitución nacional, a la par que garantiza una "organización sindical libre y democrática", contiene una disposición que protege a los representantes gremiales al establecer que "gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad en su empleo".
En ese orden de ideas, la ley 23.551 incorpora bajo la denominación de "tutela o amparo sindical", un mecanismo protectorio de la libertad sindical tendiente a concretar su pleno disfrute, ya sea impidiendo la concreción o el cese inmediato, según el caso, de los ataques que pudiesen afectar los derechos gremiales, garantía incluso que se extiende -con operatividad suficiente para evitar perturbaciones, violaciones, injerencias o represalias a la actividad sindical- durante un tiempo posterior a la finalización del mandato, cualquiera sea su causa.
El art. 48 de dicho cuerpo legal establece que los trabajadores que por ocupar cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales con personería gremial -como el actor- no pueden ser despedidos durante el término de un año a partir de la cesación de sus mandatos, salvo que mediare justa causa de despido. No obstante para así hacerlo, el empleador debe obtener indefectiblemente una resolución judicial previa que excluya a aquel de la garantía sindical (causas L. 79.331, "Ferulano" y L. 93.122, "Sandes", sents. de 5-X-2011).
III.2.b. En el caso quedó acreditado que el accionante ingresó a laborar para la Municipalidad de San Cayetano en el mes de septiembre de 2014, prestando tareas en el hospital de dicho municipio (v. vered., cuestión primera, fs. 540 vta.).
También se demostró que en la asamblea celebrada el día 17 de abril de 2017, aquel fue electo Secretario General de la Asociación de Profesionales de la Salud Pública de San Cayetano -Seccional de CICOP-, extendiéndose su mandato desde esa fecha hasta el día 19 de julio de 2018, y que ello fue notificado a la accionada el día 29 de mayo de 2017 (v. vered., cuestión segunda, fs. 540 vta./552 vta.).
Por último, se probó que el vínculo se extinguió el día 15 de junio de 2017, oportunidad en que la demandada dictó el decreto 915/17, por el cual se dispuso la cesantía de Morini, a partir de un sumario administrativo iniciado en febrero del mismo año (vered., cuestión tercera, fs. 552 vta./553 vta.).
III.2.c. Sentado ello, considero que los hechos y pruebas aportados a la causa, en el marco de las particulares circunstancias reseñadas han permitido al recurrente demostrar con acierto que el a quo incurrió en violación de la doctrina legal individualizada en el punto II.2., esto es aquella que establece que notificada al principal la designación del trabajador como delegado gremial y no demostrado que aquel la hubiera impugnado ante la autoridad administrativa del trabajo, es inoperante la oposición que se formula en forma extemporánea al contestar la demanda cuando tuvo que ser inmediata a la notificación de su designación para posibilitar la corrección del acto que se invoca como supuestamente viciado (v. causa L. 41.661, "Cáceres", sent. de 12-IV-1989).
En efecto, fue la propia demandada quien reconoció haber sido notificada con fecha 29 de mayo de 2017 de la designación sindical del trabajador (v. fs. 417/418) y, no obstante ello, no formuló objeción alguna al respecto.
En consecuencia, la legitimidad del derecho sindical invocado no fue cuestionada por el municipio, a pesar de estar en conocimiento del resultado del acto eleccionario.
Al respecto, esta Corte ha resuelto que acreditada la designación del trabajador para un cargo gremial y la comunicación al empleador, la oposición a la validez de su elección debe ser inmediata a la notificación del resultado del acto comicial, resultando tardía la impugnación formulada en el responde del juicio iniciado por el trabajador en reclamo de los derechos que le corresponden por transgresión de la estabilidad sindical (causas L. 41.661, "Cáceres", sent. de 12-IV-1989; L. 49.832, "Schevdt", sent. de 16-III-1993; L. 85.935, "Arturi", sent. de 11-IV-2007; L. 102.254, "Mansilla", sent. de 6-IV-2011; L. 113.787, "Sarasibar", sent. de 12-VI-2013 y L. 108.222, "Márquez", sent. de 28-VIII-2013).
Más aún, este Tribunal ha dejado establecido que incluso de no haberse cumplido en su integridad las prescripciones que reglan el acto eleccionario, igualmente goza de estabilidad sindical (art. 48, ley 23.551) el delegado gremial cuya designación fue comunicada al empleador antes de que se perfeccione su despido, si el principal no impugnó oportuna e idóneamente el mismo (conf. causa L. 78.653, "Pozo Pérez", sent. de 15-XI-2000, con voto del doctor de Lázzari al que presté mi adhesión).
III.3. En ese contexto, por aplicación de la doctrina legal mencionada en el apartado anterior, los cuestionamientos formulados por la accionada en la contestación de la demanda que dieran sustento a las motivaciones del a quo denotan -precisamente- que la demandada no cuestionó por la vía legal pertinente el mandato sindical del actor, lo que sella la suerte favorable del medio de impugnación deducido.
Por el contrario, procedió al despido del actor mediante comunicación por cédula que recibió el 15 de junio del 2017 (v. vered., fs. 553 y folio 83 de la copia del expte. adm. n° 969/17, reservado en sobre agregado por cuerda), es decir cincuenta y nueve días después de su nombramiento como secretario gremial y cuando el demandado ya estaba en conocimiento del mismo (con fecha 29 de mayo de 2017; v. fs. 12).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario traído y revocar la sentencia impugnada en cuanto rechazó la demanda promovida por Guillermo Carlos Morini contra la Municipalidad de San Cayetano con fundamento en el régimen de la ley 23.551, cuya procedencia se declara.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que, con diferente integración, dicte nuevo fallo y se pronuncie sobre la procedencia de los rubros reclamados.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurso prospera.
II. Sólo he de discrepar con el voto que antecede en cuanto allí se considera que el agravio relativo a la prueba confesional no ha de prosperar, toda vez que la octava posición ampliatoria habría sido propuesta como un interrogante y no en sentido afirmativo como lo postula la recurrente.
Si bien es cierto que la ponderación de la absolución de posiciones admite un amplio margen de valoración -tal como se lo señala en el voto anterior-, no encuentro que la posición bajo análisis "para que jure como es cierto que continúa siendo Secretario General de la Asociación de Profesionales de la Salud de San Cayetano" (fs. 543 vta.), haya sido formulada como una pregunta que permita concluir que el ponente no efectuó un reconocimiento del hecho al que se encuentra referida, por lo que estimo que este tramo del recurso debe prosperar (arts. 409, CPCC y 63, ley 11.653).
III. En razón de lo expuesto y los restantes fundamentos desarrollados a partir del punto III.2. del voto del doctor Pettigiani, entiendo que corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora, con costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la afirmativa .
Con lo que termino el acuerdo, dictándose la siguiente
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.