Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125860
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, en tanto los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, pues ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata, rechazó íntegramente la demanda promovida por Norma Regina Ávila contra La Campagnola S.A.C.I. por la que procuraba el cobro de la indemnización derivada del despido y otros rubros de linaje laboral (v. fs. 85/102 vta. y aclaratoria de fs. 103/104).
Para así decidir, tras valorar en conciencia las pruebas producidas, juzgó que la extinción del vínculo laboral entre las partes culminó por renuncia de la trabajadora el día 17 de setiembre de 2018, no acreditándose coacción, ni amenazas que pudieran haber coartado la voluntad de la dependiente al momento de presentar su dimisión al empleo. Tampoco se probó, que ésta hubiera continuado prestando tareas a órdenes de la accionada luego de su renuncia.
II. Contra lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 18-III-2020), los que fueron concedidos por el a quo a fs. 105 y vta., habiéndose conferido vista al señor Procurador General con fecha 24-XI-2020 (v. dictamen electrónico de fecha 29-XII-2020).
III.1. En la vía extraordinaria de nulidad, con apoyo en lo normado en los arts. 168 y 171 de la Carta local, denuncia omisión de cuestiones esenciales y falta de fundamentación legal.
En lo esencial, considera que, tanto la imposibilidad de la actora de trabajar luego del despido directo, como la falta de observancia de las declaraciones testimoniales y la declaración de inconstitucionalidad del art. 23 de la ley 14.967, resultan cuestiones a las que la interesada le atribuye los caracteres de esencialidad para la solución del pleito y sobre las cuales -argumenta- no hay decisión ni expresa ni implícita, por parte del tribunal actuante.
Por otro lado, entiende que el fallo se encuentra desprovisto de fundamentación legal.
III.2. Coincidiendo con el dictamen del señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad no puede prosperar.
III.2.a. Al respecto, corresponde señalar que la vía prevista en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución provincial, únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 89.528, "Maldonado", sent. de 23-VII-2008; L. 93.996, "Pérez Baglivo", sent. de 19-X-2011; L. 100.717, "Miño", sent. de 28-XII-2011; L. 121.095, "Cimadevilla", resol. de 11-IV-2018 y L. 125.753, "Rey", resol. de 8-II-2021).
En tal sentido, esta Corte ha expresado, en reiteradas oportunidades, que la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, con virtualidad para generar la invalidez del fallo, no es aquélla en la que la materia aparece desplazada o tratada implícita o tácitamente, pues lo que se sanciona con la nulidad del pronunciamiento en el art. 168 de la Constitución provincial es la preterición de una cuestión esencial y no la forma en que ésta fuere resuelta (causas L. 121.612, "Díaz", resol. de 17-X-2018; L. 121.753, "Ciccotosto", resol. de 7-III-2019 y L. 122.228, "Vera", resol. de 13-III-2019).
III.2.b. Sentado ello, en el caso, el embate no puede acogerse toda vez que la materia que se dice preterida -esto es, la argumentación vinculada a la imposibilidad de trabajar tras la renuncia- ha sido expresamente considerada por el a quo , sólo que en sentido adverso a los intereses de la parte recurrente, siendo ajeno al ámbito del canal revisor intentado tanto el acierto con que se analizó el asunto como la forma o brevedad con que fuera encarado (causas L. 111.264, "Rinaldi", sent. de 16-7-2014; L. 118.263, "Cannella", resol. de 8-7-2015; L. 120.449, "Peralta", resol. de 31-5-2017 y L. 124.766, "Siestra", resol. de 25-IX-2020).
III.2.c. Sobre las consideraciones que efectúa la impugnante en torno a la valoración de la prueba, concretamente la falta de observación de las declaraciones testimoniales brindadas, tiene resuelto esta Corte que resultan extraños al recurso extraordinario de nulidad los argumentos vinculados a la apreciación del material probatorio, así como a la eventual ausencia de tratamiento o su deficiente ponderación (causas L. 121.268, "Cichetti", resol. de 30-V-2018; L. 121.515, "Morales", resol. de 26-IX-2018 y L. 124.101,"Basterrechea", resol. de 17-VI-2020).
III.2.d. Igual suerte adversa cabe predicar en cuanto invoca como omitida una supuesta declaración de inconstitucionalidad de oficio del art. 23 de la ley 14.967, pues, sin perjuicio de otras consideraciones, el vicio invocado - salvo en su enunciado- adolece de desarrollo argumental en el marco del canal bajo examen.
III.3. Finalmente, carece de entidad atendible ante esta Corte la denuncia de violación del art. 171 de la Constitución local, habida cuenta que la simple lectura del fallo en crisis demuestra que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (causas L. 120.988, "Martínez Vera", resol. de 25-IX-2019; L. 123.718, "Kollrich Borsani", resol. de 9-VI-2020 y L. 124.835, "Gavilán González", resol. de 16-X-2020).
IV. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la impugnante denuncia la violación de las garantías constitucionales y de la doctrina legal que cita.
En lo sustancial, controvierte la decisión del tribunal que consideró que no se acreditó la continuidad laboral luego que la trabajadora fuera obligada renunciar. Dicha conclusión, entiende, es fruto de una absurda valoración de la prueba, en particular de la testimonial producida.
Por otro lado, cuestiona una supuesta declaración de inconstitucionalidad del artículo 23 de la ley 14.967. Argumenta que la decisión es nula, toda vez que la parte demandada en ningún momento del proceso efectuó tal planteo.
IV.1.a. El recurso no prospera.
De modo preliminar, cabe señalar que esta Corte ha declarado que determinar -conforme los elementos arrimados a la causa- si la actitud del empleador implicó, o no, una intimidación o amenaza que viciara la voluntad expresada en la comunicación de la renuncia del dependiente, constituye una cuestión reservada a los tribunales de trabajo, exenta de revisión en casación salvo el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 120.275, "Balda", resol. de 5-IV-2017; L. 120.848, "De Benedictis", resol. de 15-XI-2017 y L. 125.597, "Nuñez", resol. de 5-IV-2021).
Ello requiere la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco" resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020), pues no constituye absurdo cualquier error o la apreciación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más, esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 121.523, "González", resol. de 21-XI-2018; L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019 y L. 123.838, "Baldibia", resol. de 19-II-2020).
IV.1.b. En el caso, el sentenciante juzgó que no fueron acreditadas las amenazas ni los hechos denunciados por la accionante que pudieran haber viciado su voluntad para renunciar al trabajo, como así tampoco que hubiera continuado prestando tareas, bajo las órdenes de la accionada, tras su dimisión al empleo.
Esta esencial conclusión del fallo, no logra ser conmovida por la recurrente, que, si bien invoca absurdo, su exposición no consigue evidenciarlo, desde que -en rigor- sólo traduce su disconformidad con la solución arribada en el fallo, revelando la insuficiencia del remedio bajo análisis (causas L. 122.043, "Navoni", resol. de 8-V-2019; L. 122.373, "Yamanga", resol. de 5-VI-2019; y L. 124.121, "Sánchez", resol. de 11-III-2020).
En efecto, apartándose de la línea reflexiva y de la apreciación probatoria que en conciencia llevó a los jueces de grado a plasmar la decisión expuesta en la sentencia, se limita a elaborar un nuevo análisis de los hechos y constancias probatorias según su propio criterio valorativo, argumentos estos que no logran demostrar concretamente la grave anomalía invocada (causas L. 121.523, "González", resol. de 21-IX-2018; L. 122.135, "Rojas", resol. de 5-VI-2019 y L. 124.121, "Sánchez", resol. de 11-VI-2020).
Recuérdese que la hipótesis de la efectiva representación del vicio de absurdo no se verifica frente a la decisión opinable, discutible o poco convincente o ante la posibilidad de otras interpretaciones, no pudiendo sustituirse el criterio del juzgador de grado por el personal del recurrente, ni por el propio de la Suprema Corte (causa L. 121.408, "Lizaso", resol. de 29-VIII-2018 y L. 124.703, "Canollán", resol. de 28-VIII-2020).
IV.1.c. Tampoco resulta hábil el cuestionamiento afincado en la ponderación de la prueba oral, pues, cabe recordar, la valoración de las declaraciones testimoniales recibidas en la audiencia de vista de la causa queda reservada a los jueces de grado, y ello así, tanto en lo que concierne al mérito como en lo relativo a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo que la interesada -como se dijo- no logra demostrar (causas L. 123.380,"Collaso", resol. de 19-II-2020; L. 124.178, "Monge", resol. de 11-VI-2020 y L. 124.993, "Totaro", resol. de 22-X-2020).
IV.2. El restante agravio también debe ser desestimado, desde que, sin perjuicio de que en el fallo en embate no surge que el a quo se hubiera pronunciado sobre la inconstitucionalidad del artículo 23 de la ley 14.967 como alega la compareciente, cierto es, que si declaró su inaplicabilidad al caso, juzgando que no resultaba razonable ni prudente, tomar como base regulatoria para la fijación de los honorarios de los profesionales actuantes (abogados y peritos) el importe determinado en la demanda, como así tampoco el piso legal previsto en la norma arancelaria, toda vez que su aplicación arrojaría resultados notoriamente inequitativos.
Dicha conclusión del fallo no logra ser conmovida por la interesada, en tanto solo realiza un escueto desarrollo sobre el particular, expresando en forma genérica su rechazo a la decisión de grado, aunque, omitiendo rebatir los argumentos que llevaron al a quo a la decisión objetada.
En este sentido, tiene dicho este Tribunal que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el impugnar concreta, directa y eficazmente todas las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión, por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que la misma se asienta (causas L. 121.538, "Cabral", resol. de 26-IX-2018 y L. 122.683, "Aguado", resol. de 16-VI-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, en tanto los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, pues ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/05/2021 19:55:15 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/05/2021 11:11:14 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/05/2021 12:43:02 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/05/2021 20:11:03 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/05/2021 08:27:11 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia