Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126058
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, en lo que interesa, rechazó la demanda promovida por Rosana Mariela Córdoba contra Laboratorio de Análisis Clínicos Integrados S.R.L. (LACI S.R.L.) y Asociación Hospital Italiano Regional del Sur, en la que procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. fs. 256/268).
Para así decidir, tuvo por no acreditado la relación laboral invocada en el escrito liminar. En ese entendimiento, condenó en costas a la accionante sin el beneficio de gratuidad previsto en el art. 22 de la ley 11.653.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 279/288), concedido por el a quo a fs. 290.
En su impugnación alega violación a las normas y a la doctrina legal de este Tribunal que cita. Plantea la inconstitucionalidad del art. 1 de la ley 14.141.
En sustancia, se disconforma del rechazo de la acción, tras juzgar no acreditada la relación laboral alegada en su escrito de inicio. Al efecto, denuncia absurdo en la ponderación efectuada sobre la prueba producida, y reputa conculcada la presunción que emana del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Finalmente, rebate la imposición de costas a su parte, ya que se produjo prueba tendiente a la acreditación de la relación laboral, creyéndose la actora con derecho a reclamar judicialmente.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar, dado que en la especie el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria supera el umbral establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, pierde virtualidad el análisis de las argumentaciones por las que la recurrente pretende poner en tela de juicio el recaudo de admisibilidad fundado en la cuantía económica del asunto (v. fs. 287 vta./288).
Ello, sin perjuicio de dejar debidamente aclarado que esta Suprema Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que las limitaciones establecidas por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales desde que no obstan la deducción del recurso extraordinario previsto sino que lo condicionan a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa, sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio. Tampoco impiden a los litigantes ser oídos con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial (causas L. 122.785, "Barreiro", resol. de 30-X-2019 y L. 123.679, "Calandro", resol. de 1-VI-2020).
III.2.a. Sentado lo expuesto, corresponde destacar que determinar la existencia de la relación de dependencia o subordinación, típica del vínculo contractual de linaje laboral, constituye una cuestión reservada -en principio- en forma privativa a los magistrados del trabajo y, por lo tanto, no resulta susceptible de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.302, "Kessler", resol. de 9-XII-2020).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 121.468, "Fonzo", resol. de 22-VIII-2018; L. 125.035, "Gutiérrez", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021).
III.2.b. En el caso, el sentenciante juzgó no acreditados los requisitos de la relación laboral de dependencia, esto es, la subordinación técnica, económica y jurídica. Por el contrario, tuvo por demostrado que la accionante, como profesional bioquímica, desempeñaba tareas propias de su incumbencia técnica, en un laboratorio que tenía a su cargo, dentro del ámbito físico del Hospital Regional Italiano del Sur.
Esta esencial conclusión del fallo, no logra ser conmovida por la recurrente, que, si bien invoca absurdo, no cumple con la carga de acreditar dicho vicio, ya que sus críticas transitan sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el tribunal de origen debió ponderar los hechos y las pruebas aportadas al proceso (causas L. 124.782, "Fleitas Bogado", resol. de 25-IX-2020 y L. 124.886, "Luna", resol. de 16-X-2020), en tanto sus argumentaciones se disipan en un reproche que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el a quo . Una formulación de ese tenor sólo trasunta la intención de cuestionarle al sentenciante las potestades privativas que le asisten en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 124.030, "Vieyra", resol. de 21-VIII-2020 y L. 124.846, "Rollhaiser", resol. de 21-IX-2020).
III.2.c. Respecto a la ponderación de la prueba oral cuestionada por la recurrente, cabe recordar que en razón del sistema de apreciación "en conciencia", la valoración de las declaraciones testimoniales queda reservada a los jueces de origen y, ello así, tanto en lo que concierne al mérito como en lo relativo a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo, que la interesada -como se dijo- no demostró (causas L. 122.912, "Scardilli", resol. de 18-IX-2019; L. 123.382, "Santin", resol. de 11-III-2020 y L. 124.883, "Couto", resol. de 16-X-2020).
III.2.d. Por su parte, la impugnante tampoco evidencia que el fallo luzca apartado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que, conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi , impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 124.364, "Benavidez", resol. de 29-VI-2020 y L. 125.092, "Rossi", resol. de 9-XII-2020), hipótesis expresamente descartada en el sub lite .
Por lo demás, este Tribunal tiene dicho que queda desvirtuada la presunción iuris tantum que surge del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, si la prueba producida demuestra -como concluyó el a quo - que las tareas prestadas no lo fueron en relación de dependencia (causas L. 119.376, "Struggibinetti", resol. de 11-V-2016; L. 124.022, "Wojtowicz", resol. de 29-VI-2020 y L. 124.345, "Greco", resol. de 19-VIII-2020), definición esta última que -a tenor de lo dicho- no ha resultado conmovida.
III.2.e. En cuanto a la denuncia de transgresión del art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, corresponde señalar que no resulta de aplicación el principio in dubio pro operario si los jueces manifestaron su plena convicción sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento respecto de la apreciación del material probatorio (causas L. 121.554, "Pique", resol. de 26-IX-2018 y L. 124.993, "Totaro", resol. de 22-X-2020).
III.2.f. Cabe recordar que la cita de doctrina legal deviene ineficaz si los precedentes invocados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley fueron elaborados sobre la base de presupuestos fácticos diferentes a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 121.383, "Poletti", resol. de 28-II-2018 y L. 120.234, "Romano", resol. de 17-IV-2019).
III.3 Es igualmente inatendibles las argumentaciones que formula el recurrente respecto de la imposición de costas sin el beneficio consagrado por el art. 22 de la ley 11.653, dado que, en una materia cuya determinación es privativa del tribunal de grado e irrevisable -en principio- en casación (causas L. 66.917, "Parra", sent. de 23-VI-1999; L. 76.339, "Altamirano", sent. de 12-II-2003 y L. 74.349, "Arias", sent. de 11-VI-2003), no objeta la recurrente el indudable carácter de vencido que reviste en autos (causas L. 77.148, "Rodríguez", sent. de 28-V-2003 y L. 78.501, "Rivero", sent. de 23-XII-2003) y la falta de acreditación de vínculo laboral que coloque a la actora como beneficiaria de la referida disposición legal (causas L. 87.407, "A.,S.", sent. de 14-XI-2007; L. 100.903, "Hernández", sent. de 5-V-2010 y L. 104.561, "Marchisio", sent. de 21-IX-2011).
III.4. Para terminar, corresponde advertir que la invocación de quebranto de principios y normas constitucionales no comporta un adecuado sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuando tales infracciones constitucionales derivarían como consecuencia de la trasgresión de otras normas legales, circunstancia que, en autos, surge no acreditada (causas L. 99.422, "Forcelli", sent. de 1-XII-2010; L. 103.682, "Cervantes", sent. de 16-III-2011 y L. 120.326, "Canosa", resol. de 12-IV-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/05/2021 19:55:48 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/05/2021 11:11:33 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/05/2021 12:42:48 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/05/2021 20:10:30 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/05/2021 08:27:27 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia