Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122549
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.549, "Armanino, Roberto Orlando contra Club Atlético Banfield Sociedad Civil y otro/a. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Pettigiani, Genoud, Kogan, Soria, Violini.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora rechazó la acción interpuesta, imponiendo las costas a la parte actora vencida (v. fs. 902/909 vta.).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 921/928).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En lo que aquí interesa, el tribunal de grado desestimó la demanda deducida por el señor Roberto Orlando Armanino contra el Club Atlético Banfield, Eduardo Juan Spinosa y Carlos Atilio Portell, en cuanto procuraba el cobro de distintos rubros salariales e indemnizatorios derivados de la extinción del vínculo que -según invocó- lo ligaba con los accionados de autos (v. fs. 902/909 vta.).
Para así decidir, tras realizar un pormenorizado análisis de los escritos constitutivos de la litis y del material probatorio colectados en la causa (testimonial, informativa, documental y contable), juzgó que en el caso no resultó acreditada la existencia de la relación de linaje laboral invocada en el escrito de inicio, sino que -por el contrario- las partes se vincularon contractualmente por medio de una relación comercial (art. 1.623, Cód. Civil -ley 340-, actual 1.251, Cód. Civ. y Com. de la Nac.).
Finalmente, impuso las costas a la parte actora vencida (art. 19, ley 11.653), sin el beneficio de gratuidad estatuido en el art. 22 de ley adjetiva y reguló los honorarios de los profesionales que actuaron en el proceso según las pautas establecidas por las normas vigentes en el momento en que fueron realizados los trabajos respectivos (dec. ley 8.904/77 y ley 14.967; v. sent., fs. 907 vta.).
II. Contra dicha resolución, el accionado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, arbitrariedad y la violación de los arts. 4, 5, 9, 11, 14, 21, 22, 23 y 47 de la Ley de Contrato de Trabajo; 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 14 de bis de la Constitución nacional (v. fs. 921/928).
II.1. En esencia, objeta los aspectos que el tribunal interviniente tuvo en cuenta para descartar la naturaleza laboral del vínculo. Refiere que, al ser el trabajador la parte más débil de la relación laboral, en caso de duda, debió aplicar la presunción contenida en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 924).
Argumenta que mal pudo el juzgador considerar demostrada la tesis de los demandados respecto a la existencia de un contrato de naturaleza comercial (formado por el actor, su esposa y cuñado), cuando los mismos no aportaron prueba alguna tendiente a acreditar el mencionado extremo fáctico denunciado (v. fs. 924 vta.).
Aduce que las declaraciones testimoniales fueron coincidentes al señalar que el presidente de la comisión de fútbol del club le impartía diariamente órdenes e instrucciones de trabajo al actor (v. fs. cit.).
Por otro lado, indica que -contrariamente a lo determinado en el fallo de grado- los "ómnibus" utilizados para realizar sus labores no eran propiedad del accionante ni de la "supuesta sociedad". Señala que, de todos modos, ello tampoco demostraría la existencia -o no- del vínculo laboral (v. fs. cit.).
Manifiesta que no son ciertas las conclusiones del sentenciante respecto a la facturación que emitía el señor Armanino, ya que la misma -dice- se trató de una exigencia fraudulenta impuesta por su empleador a partir del año 2008, luego de ocho años de relación laboral. A su vez, sostiene que no tampoco logró demostrarse que contaba con clientes propios, lo cual -explica- no podría haber sido posible dada la jornada diaria de labor que cumplía para el club demandado (v. fs. cit.).
Alega que la tarea que ejecutaba el actor era intuitu personae. Refiere que durante el tiempo que trabajó para aquel, fueron pocas las veces que recurrió a una persona de su confianza para realizarlas, ya sea por una enfermedad o una falla mecánica del vehículo. En ese orden, relata que era su empleador quien le solicitaba que durante su ausencia recurriera a otra persona para remplazarlo y que -en la mayoría de los casos- el accionante debía acompañarlos para indicarles las modalidades de trabajo (v. fs. 924 vta. y 925).
Reitera que trabajaba de forma exclusiva para la mencionada institución, todos los días de la semana, a excepción de los lunes. Aduce que, si bien su jornada era durante la tarde, sus labores le insumían la mayor parte del día, dado que debía encargarse también del mantenimiento del vehículo (limpieza, carga de combustible, etc.; v. fs. 925).
Desde otroángulo, cuestiona -nuevamente- la apreciación de la prueba testimonial efectuada por los magistrados de origen. En tal sentido, sostiene que las declaraciones de los deponentes citados por su parte fueron coincidentes y verosímiles para probar las tareas que realizaba el accionante, su horario y antigüedad; ello -alega- en contraposición de lo manifestado por los testigos propuestos por los demandados (v. fs. 925 vta.).
Denuncia que el sentenciante de grado realizó transcripciones parciales de las mencionadas declaraciones, omitiendo parte de ellas y modificando el sentido de las mismas (v. fs. cit.).
Relata -a modo de ejemplo- que el declarante Guerra señaló que conocía al señor Armanino desde hacía varios años (cuando ambos transportaban alumnos a los colegios); que por esta razón, cuando el actor comenzó a trabajar para el Club Banfield lo llamaba para transportar jugadores y le abonaba "con un cheque del Club" (v. fs. cit.).
Indica que respecto al testimonio del señor González, sólo refirió que le pagaba el accionante, sin consignar que especificó que ello sucedía "cuando le paga Banfield" (v. fs. cit.).
Agrega que resulta llamativo que el a quo mencionara en sus considerandos el período de tiempo que trabajó el deponente Pagliarone como médico de la citada institución (del año 2010 al 2012), descartando que el preparador físico que acompaño siempre al actor, el señor Calvi, declaró haber trabajado en el lugar desde el año 2003 (v. fs. 925 vta. y 926).
Por otra parte, refiere que la experticia contable informó que en la documentación proporcionada por la demandada no constaban registros de relación laboral o comercial alguna con el accionante, razón por la cual -dice- no existía en autos fundamento alguno para considerar que se trató de este último tipo de relación. Postula que, adversamente a las conclusiones esgrimidas en la sentencia, el a quo debió aplicar al caso la presunción contenida en el art. 55 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 926).
Añade, que tampoco el médico del club se encuentra registrado en los libros laborales (v. fs. cit.).
En cuanto a la pericia psiquiátrica, apunta que la misma daba cuenta de la verdadera relación entre las partes (v. fs. 926 y vta.).
Por otro lado, sostiene que el tribunal de grado incurrió en absurdo al omitir que el señor Spinosa -codemandado y representante legal del Club Atlético Banfield- fue declarado confeso en la audiencia de vista de la causa. En ese orden, manifiesta que tal circunstancia procesal resultaba decisiva para la resolución del litigio (v. fs. 926 vta.).
Por tal razón, denuncia que el fallo incumple con las prescripciones contenidos en el art. 47 de la ley 11.653 (v. fs. cit.).
II.2. Por último, controvierte la imposición de las costas a su parte. Considera que la misma resulta "injusta, arbitraria y totalmente absurda" (v. fs. 926 vta. y 927).
A su vez, señala que el importe total de las mismas resulta confiscatorio, en tanto supera ampliamente el límite establecido en los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y 505 del Código Civil (v. fs. 927).
Asimismo, manifiesta que en el caso, el tribunal debió disponer su aplicación en el orden causado (v. fs. cit.).
Por otro lado, considera elevada la regulación de honorarios efectuada al letrado Moya, quien -denuncia- no se encuentra autorizado para ejercer la profesión en la Provincia de Buenos Aires, por carecer de matrícula habilitante, incurriendo el a quo en la violación de la ley 7.718 (v. fs. cit.).
Finalmente, reprocha que le asignaran abonar los honorarios profesionales de los letrados apoderados del tercero cuando -alega- no fue demandado por su parte y -además- expresamente se opuso a su citación (v. fs. cit.).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Como fuera anticipado, el tribunal de trabajo resaltó la existencia de controversia respecto de la naturaleza del vínculo jurídico que unió a las partes.
Indicó que, mientras la parte actora invocó en su escrito postulatorio que la relación fue de linaje laboral (art. 22, LCT) y se extinguió por despido indirecto (consumado frente al desconocimiento del vínculo denunciado), los demandados postularon que se trató de una relación comercial (art. 1.623, Cód. Civ. -ley 340-).
Puesto a dilucidar la contienda, en el fallo de los hechos, el órgano de grado analizó las pruebas producidas en la causa.
En primer lugar, sostuvo que de los escritos introductorios se advertía la autonomía del señor Armanino para realizar sus tareas. En ese orden, destacó que, pese al extremado voluntarismo puesto de manifiesto al promover la presente acción, el actor no logró probar encontrarse sujeto a horarios y días laborales, tal es así -explicó- que algunos de los deponentes expresaron verlo trabajando de lunes a viernes, ello, a pesar de que en el propio relato inicial exceptuó a los días lunes de su jornada laboral. A su vez, indicó que tampoco se hallaba sujeto a sanciones disciplinarias, instrucciones o directivas de trabajo, salvo una mínima organización, que en el caso estaba dada por los cronogramas de los eventos deportivos fijados por las asociaciones que nuclean a las instituciones como la accionada (v. fs. cit.).
En esa línea, ponderó las declaraciones testimoniales brindadas en la audiencia oral -particularmente de las ofrecidas por el accionante- y transcribió aquellos fragmentos que forjaron su convencimiento sobre el tópico (v. vered., fs. 902 y vta.).
Agregó, que la posición asumida en el fallo se reforzaba con la constancia de inscripción del accionante como "autónomo", desde el día 1 de junio de 2006 y no -como expresó en la demanda- a mediados de 2007; figurando -incluso- facturas y recibos a nombre de: "Roberto viajes de R.O. Armanino", "Armanino, Roberto Orlando", "Oscar A. Lattari" y "María del Cármen Lattari", resultando algunos domicilios coincidentes y luciendo preimpresa en otros la leyenda "Transporte escolar" (v. vered., fs. 903 y documental, fs. 356).
En ese contexto, juzgó que, aun teniendo en cuenta el esquema fraudulento que denunció al demandar y, más allá de la lacónica explicación de que lo hacía "por cuestiones impositivas", no podía explicarse la razón por la cual -a pesar de que se encontraba inscripto como monotributista- las facturas las extendían terceras personas, en principio, ajenas al vínculo laboral. Adunó a ello -aclarando que lo hacía con menor intensidad por cuanto el contrato de trabajo no exige exclusividad- que las acompañadas por el actor no guardaban correlatividad (v. fs. cit.).
Ponderó también que en el informe emitido por la Dirección Nacional de la Propiedad Automotor se constataba la titularidad del accionante del micrómnibus Mercedes Benz (chapa-patente SVS-588; v. fs. cit.).
Asimismo, sostuvo que la copiosa documental acompañada en el libelo inicial permitió advertir de forma palmaria que los estipendios que recibía el señor Armanino se encontraban sujetos a los servicios que prestaba, de modo tal, que los montos variaban mensualmente (v. fs. cit.).
Por último, tuvo en cuenta que en la liquidación practicada en la demanda reclamó -entre otros conceptos- el pago de los salarios correspondientes a los meses de abril a noviembre de 2012. En ese orden de ideas, refirió que (a fs. 504/512) figuraban facturas y órdenes de pago entre el 29 de abril y el 6 de mayo del año 2012. Para más, mencionó que todos estos elementos fácticos se complementaban con la experticia contable de fs. 834/839, la cual informó la existencia de facturas a los proveedores Lattari, Oscar (registrando como última factura el día 1 de julio de 2012) y Lattari, María Carmen (extendiendo su facturación hasta el día 23 de septiembre de 2012; v. fs. 903 vta.).
Siguiendo esa línea, estableció que -más allá de las observaciones formuladas con relación al mencionado informe- no existían motivos para apartarse de las conclusiones troncales del mismo (art. 474, CPCC; v. fs. cit.).
Sobre dicha plataforma, en la sentencia consideró demostrado que el club demandado no impartía órdenes o instrucciones de trabajo al actor, sino que se limitaba a un mínimo de organización -presente en toda estructura empresarial-; a la vez que tampoco fijaba las pautas o el modo de la prestación del servicio ni disponía de facultades sancionatorias (v. sent. fs. 906 vta. y 907).
Meritó, asimismo, que la herramienta de trabajo (el ómnibus) que utilizaba el accionante para realizar sus labores era de su propiedad, razón por la cual era él quien solventaba sus gastos, percibía las facturas cuando realizaba los viajes (emisión que se encontraba a cargo del actor y de su entorno familiar) y atendía su propia clientela (v. sent., fs. 907).
Por otra parte, destacó que resultó determinante para resolver la contienda el hecho de que la prestación efectuada para la institución demandada no presentaba la particularidad de ser intuitu personae, nota característica de la relación de trabajo -precisamente- por ser la prestación de una actividad personal e infungible (art. 37, LCT). Subrayó que dicho extremo fue demostrado toda vez que era el señor Armanino quien debía procurar el trasporte para las divisiones inferiores de la institución, de manera tal, que la conducción del vehículo podía realizarla él mismo o disponer asignarla a terceras personas (v. fs. cit.).
Concluyó que la suma de estos elementos al amparo del principio de la primacía de la realidad lo llevaron a la convicción de que existió entre las partes una relación comercial, en la cual el actor y su entorno familiar -ambos Lattari-, constituyeron una empresa en los términos del art. 5 de la Ley de Contrato de Trabajo, a la cual el Club Atlético Banfield contrataba para brindar el servicio de transporte de sus divisiones inferiores cuando requerían el traslado a distintos eventos deportivos (v. fs. cit.).
En este contexto, entendió que la presunción contenida en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo había quedado desvirtuada por las circunstancias demostradas en la causa, en donde la prestación fue realizada por una empresa, sin la nota típica de subordinación, ínsita en toda relación de trabajo (v. fs. cit.).
III.2. Reseñados los antecedentes del caso, debo señalar -en primer lugar- que no prospera la crítica por conducto de la cual el recurrente intenta censurar la conclusión por la que se declaró probada la relación comercial entre las partes.
III.2.a. Es doctrina de esta Suprema Corte que la evaluación del material probatorio, como la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso concurren para establecer si entre las partes medió -o no- un contrato de trabajo, corresponde privativamente a los magistrados de los tribunales de trabajo, siendo su decisión irrevisable en esta sede extraordinaria salvo cabal demostración de absurdo (causas L. 108.349, "Britos", sent. de 3-V-2012; L. 103.558, "Cecconi", sent. de 5-III-2014; L. 116.274, "Durán", sent. de 15-VII-2015; e.o.).
Ello requiere la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 86.645, "Barroso", sent. de 21-V-2008; L. 100.946, "Piza", sent. de 2-VII-2010; L. 100.040, "Blanco Fernández", sent. de 21-XII-2011 y L. 119.873, "Noceda", resol. de 10-VIII-2016).
En efecto, más allá de las labores que realizaba el actor como chofer transportando a las divisiones del mencionado club, lo cierto es que, en el caso examinado, el tribunal de origen entendió que la prueba rendida revelaba que el señor Armanino no era un trabajador dependiente de los demandados, sino que efectuaba su actividad de forma autónoma constituyendo junto con sus familiares una empresa (en los términos del art. 5 de la LCT), la cual era contratada por la institución para brindar el servicio de transporte. De allí, que era el propio actor quien podía realizar la tarea o disponer que la misma sea efectuada por un tercero que designara.
Para arribar a tal definición, el sentenciante de grado realizó un análisis pormenorizado de las diversas constancias de autos y concluyó que la versión de los hechos alegados por el accionante no encontraba respaldo en las cuantiosas probanzas de la causa.
III.2.b. En este marco, es dable advertir que, en su impugnación, el interesado -a partir de su propia interpretación de las constancias obrantes en la presente- se limita a exponer una definición ceñida a sus intereses, destinada -únicamente- a insistir en la naturaleza laboral de la relación, sin hacerse cargo de la orfandad probatoria que le endilgara el sentenciante de grado y de las reseñadas consideraciones que dieron -en definitiva- debido sustento a la conclusión que pone bajo censura.
Desde esta perspectiva, conviene señalar que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado. Esta tarea no se cumple cuando -como en el caso- el recurrente se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante, discurriendo por rumbos paralelos y extrayendo sus propias conclusiones, desentendiéndose así de la réplica frontal de las motivaciones esenciales expuestas en el fallo (causas C. 109.181, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 24-IV-2013 y C. 118.066, "Mueshstein Argentina S.R.L.", sent. de 7-V-2014).
III.2.c. Luego, la sola divergencia que expresa el recurrente acerca de la idoneidad y aptitud probatoria de las declaraciones testimoniales brindadas en la audiencia de vista de la causa por los señores Guerra, González, Pagliarone y Calvi, no alcanzan para modificar lo resuelto por el órgano de grado.
En este sentido, cabe recordar que la valoración de la prueba oral queda reservada a los jueces de la instancia que gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, y las conclusiones que en su ejercicio formulen no deben ser reexaminadas por este Tribunal, ni aun en los supuestos en que -como el caso- medie la parcial transcripción de los testimonios, pues ello no desvirtúa la esencia de la oralidad del procedimiento propio del fuero laboral y que resulta, de suyo, irrevisable en casación (causas L. 107.244, "Lazarte", sent. de 30-XI-2011 y L. 117.458, "Vidal", sent. de 27-V-2015), salvo el supuesto de evidente absurdo que no encuentro acreditado en este caso.
III.2.d. Igualmente infructuoso resulta el análisis de las demás constancias probatorias que efectúa el recurrente, pues no logra acreditar de qué forma el material que dice mal valorado (prueba documental, informativa e inf
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