Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122889
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.889, "De Zan, Ángel Ubaldo contra Fundación Temaikén y otra. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Pettigiani, Torres, Soria.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 977/995 vta. y aclaratorias de fs. 1.089/1.091 vta. y 1.122/1.123 vta.).
Se dedujeron, por la parte actora y la codemandada Fundación Temaikén, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.022/1.053 y 1.061/1.073, respectivamente).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por Fundación Temaikén a fs. 1.061/1.073 vta.?
En su caso:
2ª) ¿Es fundado el deducido por el actor a fs. 1.022/1.053?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de origen, en lo que interesa, hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Ángel Ubaldo De Zan y en consecuencia condenó a Fundación Temaikén y en forma solidaria a Tecnic Limp S.A. al pago de las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso, integración, días trabajados en el mes del despido, salarios adeudados, sueldo anual complementario, vacaciones proporcionales del año 2014, diferencias salariales y las multas contempladas en los arts. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo; 16 de la ley 25.561; 9 de la ley 25.013 y 8 y 15 de la ley 24.013. La rechazó, en cambio, en cuanto en ella se procuraba la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 4 y 5 de la ley 25.561, daño moral con fundamento en la ley 23.592, la penalidad prevista en el art. 132 bis de la ley 20.744 (texto según art. 43, ley 25.345) y 2 de la ley 25.323 (v. fs. 977/995 vta. y aclaratorias de fs. 1.089/1.091 vta. y 1.122/1.123 vta.).
A partir de los reconocimientos efectuados por las partes en los escritos constitutivos de la litis y las posiciones absueltas en rebeldía por Tecnic Limp S.A, tuvo por acreditado que el actor prestó tareas como supervisor de limpieza en el predio de la Fundación Temaikén (bioparque dedicado a la investigación y conservación de la flora y fauna), por intermedio de la empresa codemandada (v. vered. primera cuestión, fs. 978 y vta.).
En ese orden, precisó que mientras el trabajador invocó encontrarse ligado directamente con la Fundación demandada mediante la interposición fraudulenta de la otra empresa (art. 29, LCT), las accionadas postularon la suscripción entre ellas de un contrato de provisión del servicio de limpieza para el parque temático, habiendo sido el accionante contratado a ese fin bajo la exclusiva subordinación técnica y material de la firma Tecnic Limp S.A. (v. vered. primera cuestión, fs. 978 vta.).
Puesto a dilucidar la contienda, en mérito a la deficiencia de la totalidad de la documentación laboral exigida por el art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, el juzgador de grado declaró operativa la presunción de los arts. 55 del mismo cuerpo legal y 39 de la ley 11.653 -y, frente a la falta de prueba producida por la contraria tendiente a desvirtuarlas- tuvo por cierta la fecha de ingreso denunciada por el trabajador (29 de agosto de 2002), al igual que las tareas que desarrollaba y los salarios percibidos (denunciados en la liquidación de fs. 95, en el período que indicó; v. vered. primera cuestión, fs. 978 vta. y 979).
En ese marco, tuvo en especial consideración que el bioparque Temaikén recibía un incesante flujo de visitantes -diez mil diarios- que interactuaban con la flora y fauna del lugar, por lo que resultaba necesario un constante y alto grado de limpieza de las instalaciones, a fin de mantener equilibrio ecológico que otorga sustento a su funcionamiento (v. vered. primera cuestión, fs. 980 vta.).
Sobre esa base, consideró que los servicios prestados por el personal contratado por Tecnic Limp S.A. en el predio temático resultaban imprescindibles para la consecución del objeto de la fundación y, por lo tanto, al ser prestada dentro de su ámbito en forma permanente, debía ser considerada una actividad normal del establecimiento (v. vered. primera cuestión, fs. cit.).
Por otra parte, en el fallo de los hechos, juzgó no acreditada la existencia de contrato comercial entre las accionadas, así como tampoco la debida registración del actor de acuerdo a la hipótesis esgrimida por estas últimas y la subordinación que se arrogara la empresa de limpieza respecto a las tareas que realizaba el señor De Zan, circunstancia que, negada por este último, no fue acreditada por aquella como era su carga (art. 375, CPCC y 63, ley 11.653; v. vered. primera cuestión, fs. 980 vta. y 981).
En la sentencia concluyó, con respaldo en el art. 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, que la prestación de servicios del actor en el predio de la fundación hace presumir la existencia de un contrato de trabajo entre quien lo presta y quien lo recibe (art. 23, LCT), tomando como parámetro que los trabajadores que son contratados por terceros con vistas a proporcionarlos a empresas deben ser considerados empleados directos de quien utiliza la prestación, con las excepciones que establece el art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo, no aplicables en la especie.
En ese contexto, acreditada la extinción del vínculo por voluntad del accionante (consumada frente al desconocimiento de la relación laboral, ante la negativa a registrarlo -previa intimación- y a abonar las deudas salariales peticionadas), el juzgador de grado consideró justificado el despido indirecto dispuesto y, en consecuencia, declaró procedentes las indemnizaciones derivadas de dicho acto extintivo (v. sent., fs. 988 vta.).
Finalmente, dispuso que al capital de condena se le apliquen intereses moratorios, desde la fecha del distracto (7 de junio de 2004) y hasta la fecha de su efectivo pago, a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (BIP; v. sent., fs. 993).
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva Fundación Temaikén deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de las normas y de la doctrinal legal que identifica (v. fs. 1.061/1.073 vta.).
II.1. En primer término, controvierte la valoración de las probanzas de autos efectuada por el tribunal de grado y alega vulnerado el principio de congruencia (v. fs. 1.063 vta./1.064 vta.).
En ese orden, cuestiona la entidad probatoria asignada a la confesión ficta de Tecnic Limp S.A. para determinar la responsabilidad endilgada a su parte. En tal sentido, refiere que dicha decisión se basa en afirmaciones dogmáticas carentes de respaldo en las constancias objetivas de la causa (v. fs. 1.063 vta.).
Sostiene que, en el caso, de los datos aportados por las partes y la documental acompañada surge evidente el vínculo "exclusivo y excluyente" entre el actor y la mencionada codemandada (v. fs. 1.064).
Manifiesta que la parte actora no aportó prueba alguna destinada a demostrar la responsabilidad de su parte (v. fs. 1.064 y vta.).
II.2. En esa línea, considera que el a quo aplicó erróneamente el art. 39 de la ley 11.653 (v. fs. 1.064 vta./1.065 vta.).
Alega que ante la expresa negativa formulada en su contestación de demanda, el accionante debió acreditar -y no lo hizo- la prestación de tareas a su favor (v. fs. 1.064 vta. y 1.065).
En tal sentido, aduce que en el pronunciamiento se vulnera la doctrina emergente del precedente L. 104.112, "Raffaeli", sentencia de 6-XI-2012 (v. fs. 1.065 y vta.).
II.3. Objeta también la apreciación formulada por el juzgador respecto a la pericia contable (v. fs. 1.065 vta./1.066 vta.).
Argumenta que la falta de libros de la empleadora Tecnic Limp S.A., en ningún caso podría traer aparejada una eventual presunción en su contra, razón por la cual la sentencia deviene arbitraria. Postula que -por el contrario- la accionante acompañó recibos de haberes que demostraron que únicamente prestó servicios para la mencionada empresa (v. fs. 1.066).
Denuncia que el actor tampoco acreditó la remuneración percibida durante la relación laboral, razón por la cual estima que la liquidación practicada por el sentenciante debe ser rechazada, por improcedente (v. fs. 1.066 vta.).
Bajo tales directrices, denuncia infringida la doctrina legal elaborada en la causa L. 86.102, "Pena", sentencia de 11-VI-2003 (v. fs. cit.).
II.4. Luego y, bajo la denuncia de violación del principio de la carga dinámica de la prueba, se agravia de la extensión de la responsabilidad a su parte con fundamento en el art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 1.067/1.070).
Plantea que, aunque es cierto que el sentenciante no está obligado a seguir pormenorizadamente las exposiciones de las partes, también lo es que debe suministrar razones suficientes para desechar los argumentos conducentes que le fueron propuestos; circunstancia esta última que estima no ha ocurrido en la especie (v. fs. 1.067 y vta.).
En esa línea, considera equivocado el razonamiento del tribunal de grado mediante el cual consideró que dada la gran afluencia de visitantes al parque por día (diez mil personas), que interactúan con la flora y fauna del lugar, un constante y alto grado de limpieza era requerido. Destaca que resulta falso y alejado de las constancias del expediente que se recibiera diariamente esa cantidad de público, situación que -alega- convierte en arbitraria a la sentencia (v. fs. 1.067 vta.).
Asevera que en el caso la actividad de ambas codemandadas difiere en forma sustancial, razón por la cual -aduce- no debe responder por los dependientes de los proveedores de servicio que contrata (v. fs. 1.068).
Señala que la jurisprudencia y la doctrina han establecido que la actividad normal y específica de una empresa es aquella que realiza de manera habitual y normal y no, la que, si bien coadyuva al logro del objeto final, es accesoria y secundaria (v. fs. cit.).
En ese orden, expresa que la solidaridad contemplada en el citado art. 29 no se presume, debiendo ser interpretada restrictivamente (v. fs. 1.068 vta./1.069).
Agrega que tampoco se verifican en este caso los presupuestos típicos de una relación de empleo, con subordinación técnica, jurídica y económica, tal como erróneamente hubo de considerarlo acreditado el tribunal a quo en su pronunciamiento (v. fs. 1.070).
II.5. Por otro lado, discrepa con lo resuelto por el juzgador en orden a la procedencia de las indemnizaciones de los arts. 9 de la ley 25.013; 8 y 15 de la ley 24.013 y 80 de la ley 20.744 (v. fs. 1.070 y vta.).
Expone que, en el caso, el accionante no evidenció el cumplimiento de los requisitos formales para su procedencia. Argumenta que jamás le fue remitida misiva alguna en los términos de las precitadas normas (v. fs. 1.070).
Asevera que en modo alguno le corresponden aquellas multas, toda vez que su parte no ha sido empleadora del trabajador (v. fs. cit.).
En otro orden, se agravia por la procedencia de la multa prevista en el art. 15 de la ley 24.013, cuando la misma no había sido peticionada por el interesado en el libelo inicial (v. fs. 1.070 vta.).
II.6. Cuestiona, asimismo, la liquidación de capital, intereses y costas practicada en el fallo de grado. Denuncia que el cálculo aportado carece de sustento normativo válido (v. fs. 1.070 vta./ 1.071).
II.7. Desde otroángulo, impugna la condena a la entrega de los certificados de trabajo previstos en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, argumentando que ello resulta de imposible cumplimiento ya que -aduce- de la sentencia no surgen pautas claras, concretas y objetivas para su confección; limitándose -denuncia- a imponer una exorbitante suma en concepto de astreintes en caso de incumplimiento (v. fs. 1.071 y vta.).
II.8. Por último, impugna la tasa de interés pasiva (BIP) que ordenó aplicar el juzgador al capital de condena, esgrimiendo que tal definición se aparta de la doctrina legal elaborada a partir de las causas L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009) y L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013), entre otras que individualiza (v. fs. 1.071/1.072 vta.).
Asimismo, postula que esa decisión vulnera la doctrina legal establecida en la causa B. 49.193 bis, "Fabiano" (sent. de 2-X-2002), respecto a la prohibición de toda forma de actualización o indexación de deudas (v. fs. 1.072 vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. Cabe señalar que -contrariamente a lo manifestado por el interesado (v. rec., punto II, apdo. "b", fs. 1.061 vta.)- el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 1, ley 14.141; B.O. de 15-VII-2010 y Ac. 3.903/18), razón por la que la admisibilidad del remedio procesal deducido, con las salvedades que más adelante habré de formular sobre los agravios vinculados con el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345), únicamente podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de la Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 119.077, "B., C. A.", sent. de 14-XII-2016; L. 118.332, "Messina", sent. de 29-XI-2017; L. 120.201, "Morris", sent. de 24-IV-2018 y L. 121.770, "Salgado", sent. de 21-IX-2020; e.o.).
III.2. Desde esa perspectiva, la impugnación que ensaya el interesado en su medio impugnativo es inadmisible porque, orientada -esencialmente- a cuestionar la valoración de la prueba confesional, documental y pericial contable efectuada por el sentenciante, que condujo a su condena en los términos del art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo, impone necesariamente renovar el examen de los hechos y pruebas que concurren en el caso; cuestión ésta que -sabido es- se encuentra excluida del ámbito de la casación por la ya mencionada vía de excepción (causas L. 103.530, "Franchica", sent. de 7-IX-2011; L. 119.787, "Bianchi", sent. de 25-X-2017 y L. 121.445, "Balbi", sent. de 9-II-2021).
Asimismo, a propósito de los argumentos del recurrente mediante los cuales intenta poner a consideración de este Tribunal cuestiones vinculadas a la supuesta violación del principio de congruencia, cabe recordar que tal asunto se encuentra detraído de revisión en el acotado marco de conocimiento por el que transita la impugnación (causas L. 95.733, "Mouzo", sent. de 30-III-2011; L. 105.969, "González", sent. de 13-VI-2012; L. 120.040, "Salto", sent. de 3-V-2018 y L. 124.183, "Britos", sent. de 9-XII-2020).
III.3. Tampoco se puede admitir el recurso por esta vía cuando los precedentes traídos se encuentran relacionados con la supuesta alteración de las reglas del onus probandi y la interpretación de preceptos de carácter adjetivo, como lo es el art. 39 de la ley 11.653 (causas L. 85.660, Martínez, sent. de 15-VII-2009; L. 105.969, "González", sent. de 13-VI-2012; L. 116.842, "Ferreyra Sotelo", resol. de 24-X-2012; L. 121.519, "Gómez", resol. 6-VI-2018 y L. 121.631, "Sosa", resol. de 27-II-2019).
III.4. Igualmente infructuosa deviene la mención de pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (así como de otros tribunales de justicia) y la opinión de los autores, ya que no constituyen la "doctrina legal" a la que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 118.113, "Salgado", resol. de 20-XI-2014; L. 119.737, "Pavón", resol. de 9-III-2016; L. 119.887, "Graff", resol. de 22-VI-2016 y L. 121.422, "Galván", sent. de 17-VI-2020).
III.5. Por su parte, resultan inatendibles los cuestionamientos dirigidos a objetar el acogimiento de las indemnizaciones previstas en los arts. 9 de la ley 25.013; 8 y 15 de la ley 24.013 y 80 de la ley 20.744, así como también el agravio vinculado a la incorrecta liquidación practicada por el sentenciante.
No obstante observar el notorio desencuentro que revela la réplica con el desarrollo reflexivo seguido por el sentenciante en cuanto determinó el carácter laboral del vínculo que unía a la actora y los demandados y la forma en que se produjo su extinción; el recurso, como anticipé, debe examinarse en el acotado margen por el que transita.
En consecuencia, los agravios deben ser desestimados habida cuenta que no se ha denunciado en su respecto la vulneración de doctrina legal alguna relacionada con los tópicos que impugna (v. rec., fs. 1.070/1.071), presupuesto esencial e inicial para pretender la revisión de lo resuelto en el presente ámbito de excepción (causas L. 108.167, "Guevara Velázquez", sent. de 12-III-2014; L. 118.350, "Studer", resol. de 18-III-2015; L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 121.838, "Fernández Guemil", sent. 7-IX-2020 y L. 121.562, "Espeche", sent. de 5-X-2020; e.o).
III.6.a. Respecto a la crítica vinculada a la entrega de las certificaciones que estatuye el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345), corresponde habilitar esta instancia extraordinaria sin las restricciones a la admisibilidad (arts. 278, CPCC y 55, ley 11.653), toda vez que el valor del litigio en tal caso debe considerarse como de monto indeterminado (causas L. 93.075, "Aguilar", sent. de 13-VII-2011; L. 118.753, "Márquez", sent. de 15-XI-2016; L. 119.142, "Duclos", sent. de 28-II-2018 y L. 121.474, "Sotelo", sent. de 31-VIII-2020; e.o.).
III.6.b. Aclarado ello, adelanto que el recurrente no logra desvirtuar la definición de grado, toda vez que el contenido de la impugnación revela una manifiesta insuficiencia técnica (art. 279, CPCC).
En el caso, el sentenciante de grado ordenó a la demandada entregar los certificados de trabajo, de conformidad con lo normado en los arts. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, 12 inc. "g" de la ley 23.241 y en la ley 24.576, consignando en ellos los datos que surgían de la sentencia y los recaudos contemplados en los citados preceptos (v. sent., fs. 991, 995 y aclaratoria fs. 1.090 y vta.).
III.6.c. Corresponde recordar que la apreciación del contenido de los certificados previstos en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo constituye una facultad privativa de los tribunales de trabajo, y las conclusiones que al respecto se formulen no son susceptibles de revisión ante la Suprema Corte, salvo el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 107.254, "Alveira Gracilazo", sent. de 5-VI-2013; L. 110.487, "Ojer", sent. de 13-XI-2013; L. 118.753, "Márquez", sent. de 15-XI-2016 y L. 119.555, "Bocca", sent. de 15-VIII-2018), vicio invalidante cuya concurrencia el interesado omitió denunciar (v. rec., fs. 1.071 y vta.), no hallándose además el agravio vinculado con norma o doctrina legal presuntamente vulnerada o erróneamente aplicada, todo lo cual define su improcedencia.
III.7. Igual suerte ha de correr la crítica que formula el recurrente a la tasa que utilizó el tribunal para calcular los intereses moratorios, pues no logra demostrar la configuración de la hipótesis de excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Esta Suprema Corte, en las causas L.
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