Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123646
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca el pronunciamiento impugnado en cuanto declaró la caducidad de la instancia. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que prosiga el trámite de la causa según su estado.
Las costas de ambas instancias se imponen por su orden, en atención a la forma en que se resuelve la contienda (arts. 19, ley 11.653; 68 seg. párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.646, "Zuñiga, Dante Martin contra Club Atlético Platense Asociación Civil. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Pettigiani, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, declaró la caducidad de la instancia, imponiendo las costas a la parte actora (v. fs. 89/91 vta.).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 94/101).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo declaró la caducidad de la instancia en las presentes actuaciones, iniciadas por Dante Martin Zuñiga contra Club Atlético Platense Asociación Civil, en procura del cobro de las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso e integración del mes de despido; así como de las previstas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323, 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según art. 45, ley 25.345) y 15 del Convenio Colectivo de Trabajo 577/09 (v. fs. 24/25 vta.).
Para así decidir, afirmó que de las constancias de autos surge que transcurrió un plazo mayor a seis meses sin que el actor realizara actividad procesal útil y que, ante la intimación efectuada por parte del órgano judicial -frente a la petición de la accionada- destinada a la activación del proceso en el plazo de cinco días, la promotora del pleito guardó silencio.
Sostuvo, entonces, que la conducta de esta última obstaculizó la normal tramitación del juicio y, en consecuencia, declaró configurados los requisitos exigidos por el art. 12 de la ley 11.653.
Concluyó que el carácter restrictivo del instituto de la perención de la instancia ni la presentación tardía de la parte actora podían imponerse al hecho de que esta no cumplió con el deber y la carga de mantener activo el proceso (v. fs. 91 y vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, el legitimado activo interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo; la violación de los arts. 14, 16, 17 y 18 de la Constitución nacional, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como la errónea aplicación del art. 12 de la ley 11.653 (v. fs. 97 in fine ). Asimismo, invoca quebrantada la doctrina legal que identifica.
Inicialmente, objeta la validez de la intimación que formuló el tribunal en los términos de la citada norma adjetiva, por considerar que no se cumplieron los plazos allí previstos.
En tal sentido, argumenta que el curso del proceso fue claramente impulsado por la parte actora, ya que en abril de 2018 solicitó informes a la Cámara Nacional Electoral a fin de obtener los domicilios de los codemandados y continuar el juicio, no configurándose -asegura- el desinterés en la prosecución del trámite que el tribunal de origen le atribuye.
En ese orden, denuncia que el juzgador incurrió en una absurda interpretación del escrito en el que se denunció la adjunción de aquellos informes.
Luego, con apoyo en doctrina legal de esta Suprema Corte, pone énfasis en señalar que la caducidad de la instancia constituye una medida excepcional y, por tanto, de aplicación e interpretación restrictiva. Ello, máxime en el marco de un proceso laboral en el que, por estar orientado a la protección de los derechos de los trabajadores, debe primar -antes que los cuestionamientos meramente formales- el resguardo de reclamos de naturaleza alimentaria como los que se debaten en ellos.
III. El recurso debe prosperar.
III.1. De modo liminar, cabe aclarar que la resolución atacada debe considerarse definitiva en los términos del art. 278 tercer párrafo del Código Procesal Civil y Comercial. Ello así, pues tiene tal carácter la sentencia que declara la caducidad de la instancia cuando -como en el caso- esta proyecta sus efectos sobre la prescripción de la acción (causas L. 52.873, "Testa", sent. de 23-XI-1993; L. 58.466, "Mbaruque", sent. de 20-VIII-1996; L. 110.885, "Alonso", sent. de 22-VIII-2012 y L. 111.555, "Orfano", sent. de 20-III-2013).
III.2. Luego, debo señalar que no cabe ingresar en el análisis del planteo formulado -a todo evento- en el punto II apartado "g" del escrito impugnativo (v. fs. 95 vta./96 vta.), vinculado a la necesidad de sortear las restricciones procesales locales en el examen del remedio de cara al criterio que emerge de los casos "Strada" y "Di Mascio" emanados de la Corte nacional. Ello así, toda vez que en la especie el valor del litigio supera el umbral previsto por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141).
III.3. Sentado todo lo anterior, a fin de brindar respuesta al interrogante planteado, resulta de interés realizar una reseña de los actos procesales relevantes que precedieron al dictado de la decisión objetada.
A fs. 22/27 vta. el doctor Esteban Manuel Ormaechea, en su carácter de letrado apoderado del señor Dante Martín Zuñiga, interpuso demanda contra el Club Atlético Platense, reclamando indemnizaciones en concepto de los rubros derivados del despido y sanciones legales. A pedido de la propia accionante, se tuvo por iniciada la acción al sólo efecto de interrumpir el curso de la prescripción (v. fs. 30).
Con posterioridad, mediante representación ejercida por el doctor Alejandro Miguel Tilli, la accionante solicitó se corriera traslado del reclamo (v. fs. 44) y, mediante la providencia de fs. 45 -fechada el 10 de noviembre de 2017- el tribunal exigió que, previo a efectuarlo, debía el interesado aclarar quien o quienes eran los sujetos pasivos de la pretensión incoada.
A fs. 46/47 -el día 11 de junio de 2018- se presentó espontáneamente el doctor Fernando A. Font, acreditando su calidad de letrado apoderado del Club Atlético Platense, solicitando se decretara la caducidad de instancia, debido a que -según afirmó- en autos no medió actividad procesal útil desde el día 10 de noviembre de 2017.
Frente a esta petición, el tribunal intimó a la parte actora para que dentro de cinco días produjera actividad procesal con aptitud para la prosecución del trámite, bajo apercibimiento de decretar la caducidad de la instancia, conforme lo dispuesto en los arts. 12 y 63 de la ley 11.653 y 310 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 48).
El emplazamiento fue notificado a la parte actora el día 19 de junio de 2018 (v. fs. 49).
Luego, ante la falta de presentación de esta última, la demandada pidió que se hiciera efectivo el apercibimiento dispuesto y se dictara el decreto de perención de la instancia (v. fs. 50).
En ese trance, se advirtió que uno de los jueces designados para integrar el órgano había dejado de ejercer como magistrado suplente en el Tribunal de Trabajo n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro. En consecuencia, previo a resolver, se ordenó por intermedio de la Receptoría General de Expedientes, el sorteo de un nuevo juez (auto fechado el 2 de julio de 2018; v. fs. 51).
A fs. 63, con fecha 3 de julio de 2018, se presentó el apoderado del actor manifestando que no se había configurado supuesto de inactividad procesal alguno. Adjuntó constancia de oficio librado a la Cámara Electoral fechado el 24 de abril de 2018 (v. fs. 52). Sostuvo que la intimación efectuada por el tribunal era inoficiosa, ya que el procedimiento había sido activado con anterioridad al pedido de caducidad efectuado por la contraria.
Integrado el órgano de grado, este dictó resolución por conducto de la cual sostuvo que devenía abstracto el tratamiento del pedido de la accionada, ordenando el traslado de la acción interpuesta (v. fs. 68).
A fs. 70, el Club Atlético Platense insistió en que se declarara la caducidad de la instancia y, finalmente, ante la revocatoria articulada por dicha asociación civil, el tribunal interviniente dispuso el pase de los autos al Acuerdo (v. fs. 79).
Mediante el pronunciamiento obrante a fs. 81 el tribunal de origen revocó por contrario imperio la declaración de abstracción, determinando que una vez firme, pasaran nuevamente los autos a resolver el pedido de la demandada; condición que adquirió tras desestimarse la revocatoria deducida por la parte actora (v. fs. 83/85 y 86).
Con posterioridad, a fs. 89/91 vta. obra la decisión que declaró la caducidad de la instancia, que es motivo de agravio.
III.3.a. A tenor de los datos relevados, considero que asiste razón a la recurrente cuando denuncia violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte que individualiza en su pieza impugnativa (causas L. 81.860, "Gonzalez", sent. de 12-XII-2007; entre las citadas a fs. 99 vta.) y absurdo en la valoración de las constancias objetivas de la causa.
III.3.b. Sabido es que la caducidad de la instancia constituye una medida de carácter excepcional y, por lo tanto, de interpretación restrictiva, que está sujeta a la concurrencia de ciertos recaudos. Así, requiere que la paralización del trámite de la causa por el plazo legal no provenga -obviamente- del incumplimiento de un deber específico de impulsión a cargo del tribunal, sino del desinterés -manifiesto e inequívoco- de la parte interesada, según el resultado de la intimación que a tales fines debe ser efectuada. Dicho de otro modo, debe quedar evidenciada la voluntad del litigante de hacer abandono del proceso (arg. art. 12, ley 11.653; causas L. 83.196, "D. G., R. y otros", sent. de 13-II-2008; L. 90.819, "Basilio", sent. de 22-XII-2008 y L. 118.868, "Beltrán", sent. de 2-III-2016; e. o.).
Desde esta perspectiva, de los antecedentes del caso que me ocupé de detallar en el punto anterior considero que no ha quedado patentemente evidenciado el desinterés del actor en la continuación del proceso ni -me permito agregar- la inexistencia de un deber de actuación oficiosa del juzgador inferior en grado.
Me explicaré en lo que sigue.
III.3.c. En efecto, observo que el promotor del juicio, en respuesta a la intimación cursada, acompañó constancia de diligenciamiento de un oficio que contiene información sobre el domicilio de los pretensos demandados, solicitando se corriera traslado de la acción, dejando con ello a la vista su propósito de no abandonar el proceso. (Adviértase que el juzgador había decidido declarar abstracto el abordaje de la caducidad de instancia solicitada por la accionada; v. fs. 68).
Teniendo en consideración que es doctrina legal que la interpretación restrictiva debe primar a la hora de juzgar la configuración del supuesto de perención de la instancia, estimo que la presentación efectuada por el actor (v. fs. 63) -e incluso la posterior, en la que adjunto copias para traslado- resultaron favorecedoras a la hora de demostrar su intención de dotar de vitalidad al trámite procesal, sin que en este riguroso marco de examen tenga más relevancia el mero formalismo -traducido, según el tribunal, en la falta de cumplimiento oportuno del emplazamiento- antes que el manifiesto propósito exhibido por el demandante de mantener la eficacia de la acción.
Es mi convencimiento que lo dicho es suficiente para dejar en evidencia que el órgano jurisdiccional se apartó del criterio sentado por esta Suprema Corte que indica que debe ponderarse con restrictiva estrictez la verificación del instituto en cuestión y, al incurrir en tal yerro, no hizo más que caer en una absurda valoración de las constancias objetivas de la causa, tal y como postula el quejoso.
III.3.d. Luego, como anticipé, no abrigo dudas en que existía un deber del tribunal de impulsar el proceso, pues al momento de tener que decidir la petición de la accionada, aquel se hallaba desintegrado. Tan es así que, conforme fue reseñado, debió realizar las tramitaciones que entendió pertinentes para proveer su integración.
Sobre este piso de marcha, conviene recordar que presentada la demanda el procedimiento puede ser activado por las partes, el tribunal de trabajo y el Ministerio Público (arts. 11 y 12, ley 11.653); y si bien el impulso de oficio no viene a reemplazar la inacción de los litigantes, su institución es incompatible con la caducidad de la instancia, salvo que de las constancias de autos se desprenda en forma indiscutible que la parte interesada es quien impide que el pleito arribe a su fin, decidiendo abandonar definitivamente el proceso (causas L. 74.753, "Jara", sent. de 13-III-2002; L. 117.566, "Melidore", sent. de 3-II-2016 y L. 120.306, "Roncatti", sent. de 26-V-2020).
III.4. En definitiva, las particularidades del concreto caso sometido a análisis me conducen a concluir que el juzgador de origen soslayó las pautas rectoras en sostén de su propia resolución, no verificándose en la especie motivos que justifiquen acudir a la medida excepcional motivo de disputa (causas L. 110.885, "Alonso", sent. de 22-VIII-2012 y L. 111.555, "Orfano", sent. de 20-III-2013).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar el pronunciamiento de grado con arreglo al cual se declaró la caducidad de la instancia. En consecuencia, los autos deberán remitirse al tribunal de origen para que prosiga el trámite de la causa según su estado.
Costas de ambas instancias por su orden, en atención a la forma en que se resuelve la contienda (arts. 19, ley 11.653; 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero a la solución propuesta por la doctora Kogan.
Sin perjuicio de advertir el errático proceder del tribunal de origen en orden a la conducción y ordenamiento del trámite procesal, lo cierto es que, ante sus notorios avances, la decisión de admitir la solicitud de caducidad de instancia efectuada por la codemandada -que de modo previo fuera declarada abstracta- vulnera los principios y la doctrina elaborada en torno al mencionado instituto, tal como lo explica la colega ponente en su exposición.
Con el alcance señalado, voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca el pronunciamiento impugnado en cuanto declaró la caducidad de la instancia. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que prosiga el trámite de la causa según su estado.
Las costas de ambas instancias se imponen por su orden, en atención a la forma en que se resuelve la contienda (arts. 19, ley 11.653; 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/05/2021 17:35:22 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/05/2021 19:40:24 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2021 10:55:42 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2021 21:06:28 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2021 08:52:49 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia