Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125870
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, en tanto los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en tanto ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó íntegramente la demanda promovida por Martín Claudio Fabián Amut contra La Campagnola S.A.C.I. por la que procuraba el cobro de la indemnización derivada del despido y otros rubros de linaje laboral. Asimismo, en oportunidad de regular los honorarios de las profesiones intervinientes, declaro, por mayoría, la inconstitucionalidad del art. 23 de la ley 14.967 (v. fs. 116/136 vta.).
Para así decidir, tras valorar en conciencia las pruebas producidas, juzgó que el actor no probó que hubiera continuando prestando servicios bajo las órdenes de la accionada, luego de su despido sin causa.
II. Contra lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 10-XII-2019), los que fueron concedidos por el a quo a fs. 139 y vta., habiéndose conferido vista al señor Procurador General con fecha 24-XI-2020 (v. dictamen electrónico de fecha 29-XII-2020).
III.1. En la vía extraordinaria de nulidad, con apoyo en lo normado en los arts. 168 y 171 de la Carta local, denuncia omisión de cuestiones esenciales y falta de fundamentación legal.
En lo esencial, considera que del escrito inaugural del proceso y del descargo formulado en oportunidad del traslado de la contestación de demanda, fueron sometidos a decisión del a quo , la imposibilidad de la actora de trabajar luego del despido directo, la falta de observancia de las declaraciones testimoniales y la declaración de inconstitucionalidad del art. 23 de la ley 14.967, cuestiones a las que le atribuye los caracteres de esencialidad para la solución del pleito y sobre las cuales -argumenta- no hay decisión ni expresa ni implícita, por parte del tribunal actuante.
Por otro lado, entiende que el fallo se encuentra desprovisto de fundamentación legal.
III.2. Coincidiendo con el dictamen del señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad no puede prosperar.
III.3. Al respecto, corresponde señalar que la vía prevista en el art. 161 apdo. 3 inc. "b" de la Constitución provincial, únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 89.528, "Maldonado", sent. de 23-VII-2008; L. 93.996, "Pérez Baglivo", sent. de 19-X-2011; L. 100.717, "Miño", sent. de 28-XII-2011; L. 121.095, "Cimadevilla", resol. de 11-IV-2018 y L. 125.753, "Rey", resol. de 8-II-2021).
En tal sentido, esta Corte ha expresado, en reiteradas oportunidades, que la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, con virtualidad para generar la invalidez del fallo, no es aquélla en la que la materia aparece desplazada o tratada implícita o tácitamente pues lo que se sanciona con la nulidad del pronunciamiento en el art. 168 de la Constitución provincial es la preterición de una cuestión esencial y no la forma en que ésta fuere resuelta (causas L. 121.612, "Díaz", resol. de 17-X-2018; L. 121.753, "Ciccotosto", resol. de 7-III-2019 y L. 122.228, "Vera", resol. de 13-III-2019).
III.4. Sentado ello, en el caso, el embate no puede acogerse toda vez que la materia que se dice preterida -esto es, la argumentación vinculada a la imposibilidad de trabajar tras el distracto- ha sido expresamente considerada por el a quo , sólo que en sentido adverso a los intereses de la parte recurrente, siendo ajeno al ámbito del canal revisor intentado tanto el acierto con que se analizó el asunto como la forma o brevedad con que fuera encarado (causas L. 111.264, "Rinaldi", sent. de 16-VII-2014; L. 118.263, "Cannella", resol. de 8-VII-2015; L. 120.449, "Peralta", resol. de 31-V-2017 y L. 124.766, "Siestra", resol. de 25-IX-2020).
Sobre las consideraciones que efectúa la impugnante en torno a la valoración de la prueba, concretamente la falta de observación de las declaraciones testimoniales brindadas, tiene resuelto esta Corte que resultan extraños al recurso extraordinario de nulidad los argumentos vinculados a la apreciación del material probatorio, así como a la eventual ausencia de tratamiento o su deficiente ponderación (causas L. 121.268, "Cichetti", resol. de 30-V-2018; L. 121.515, "Morales", resol. de 26-IX-2018 y L. 124.101,"Basterrechea", resol. de 17-VI-2020).
III.5. Igual suerte adversa cabe predicar en cuanto invoca como omitida la declaración de inconstitucionalidad de oficio del art. 23 de la ley 14.967, pues, sin perjuicio de otras consideraciones, el vicio invocado -salvo en su enunciado- adolece de desarrollo argumental en el marco del canal bajo examen.
III.6. Finalmente, carece de entidad atendible ante esta Corte la denuncia de violación del art. 171 de la Constitución local, habida cuenta que la simple lectura del fallo en crisis demuestra que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (causas L. 120.988, "Martínez Vera", resol. de 25-IX-2019; L. 123.718, "Kollrich Borsani", resol. de 9-VI-2020 y L. 124.835, "Gavilán González", resol. de 16-X-2020).
IV. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la impugnante denuncia la violación de las garantías constitucionales y de la doctrina legal que cita.
En lo sustancial, controvierte la decisión del tribunal que consideró que no se acreditó la continuidad laboral luego que el trabajador fuera despedido sin causa. Dicha conclusión, entiende, es fruto de una absurda valoración de la prueba, en particular de la testimonial producida.
Por otro lado, cuestiona la declaración de inconstitucionalidad del artículo 23 de la ley 14.967. Argumenta que la decisión es nula, toda vez que la parte demandada en ningún momento del proceso efectuó tal planteo.
IV.1.a. El recurso no prospera.
En el caso, el sentenciante juzgó que no fue acreditado que el accionante hubiera continuado prestando tareas, bajo las órdenes de la accionada, tras su despido sin causa.
Esta esencial conclusión del fallo, no logra ser conmovida por el recurrente, que, si bien invoca absurdo, su exposición no consigue evidenciarlo, desde que -en rigor- sólo traduce su disconformidad con la solución arribada en el fallo, revelando la insuficiencia del remedio bajo análisis (causas L. 122.043, "Navoni", resol. de 8-V-2019; L. 122.373, "Yamanga", resol. de 5-VI-2019; y L. 124.121, "Sánchez", resol. de 11-III-2020).
En efecto, apartándose de la línea reflexiva y de la apreciación probatoria que en conciencia llevó a los jueces de grado a plasmar la decisión expuesta en la sentencia, se limita a elaborar un nuevo análisis de los hechos y constancias probatorias según su propio criterio valorativo, argumentos estos que no logran demostrar concretamente la grave anomalía invocada (causas L. 121.523, "González", resol. de 21-IX-2018; L. 122.135, "Rojas", resol. de 5-VI-2019 y L. 124.121, "Sánchez", resol. de 11-VI-2020).
Recuérdese que la hipótesis de la efectiva representación del vicio de absurdo no se verifica frente a la decisión opinable, discutible o poco convincente o ante la posibilidad de otras interpretaciones, no pudiendo sustituirse el criterio del juzgador de grado por el personal del recurrente, ni por el propio de la Suprema Corte (causa L. 121.408, "Lizaso", resol. de 29-VIII-2018).
IV.1.b. Tampoco resulta hábil el cuestionamiento afincado en la ponderación de la prueba oral, ya que cabe recordar que la valoración de las declaraciones testimoniales recibidas en la audiencia de vista de la causa queda reservada a los jueces de grado, y ello así, tanto en lo que concierne al mérito como en lo relativo a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo que el interesado -como se dijo- no logra demostrar (causas L. 123.380,"Collaso", resol. de 19-II-2020; L. 124.178, "Monge", resol. de 11-VI-2020 y L. 124.993, "Totaro", resol. de 22-X-2020).
IV.2. El restante agravio también debe ser desestimado.
El tribunal de grado, tras valorar en conciencia los reclamos formulados por las partes en los escritos constitutivos del proceso, decretó -de oficio- la inconstitucionalidad del art. 23 de la ley 14.967, juzgando que, en el caso de autos, no hubiera sido razonable ni prudente, tomar como base regulatoria para la fijación de los honorarios de los profesionales actuantes (abogados y peritos) el importe determinado en la demanda, como así tampoco el piso legal previsto en la norma arancelaria, toda vez que su aplicación arrojaría resultados notoriamente inequitativos.
Dicha conclusión del fallo no logra ser conmovida por el interesado, en tanto solo realiza un escueto desarrollo sobre el particular, expresando en forma genérica su rechazo a la decisión de grado, aunque, omitiendo rebatir los argumentos que llevaron al a quo a la decisión objetada.
En este sentido, tiene dicho este Tribunal que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el impugnar concreta, directa y eficazmente todas las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión, por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que la misma se asienta (causas L. 121.538, "Cabral", resol. de 26-IX-2018 y L. 122.683, "Aguado", resol. de 16-VI-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, en tanto los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en tanto ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/05/2021 17:30:22 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/05/2021 19:44:02 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/05/2021 23:38:47 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2021 10:58:04 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2021 16:09:54 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2021 08:40:36 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia