Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126610
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Nicolás, en lo que interesa, hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por Rubén Matías Ayala condenando a Empresa Vercelli Hnos. S.A. a pagarle la suma que indicó en concepto de indemnización por despido, preaviso, las multas previstas en los arts. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, 9, 10 y 15 de la ley 24.013 y 2 de la ley 25.323 (v. pronunciamiento de fecha 25-IX-2020).
Para así decidir, en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, tuvo por probado que la accionada despidió al trabajador de manera injustificada. Además, juzgó probado que la relación laboral se encontraba registrada de manera deficiente en cuanto a la fecha de inicio y a la remuneración.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 5-X-2020), el que fue concedido por el tribunal de grado con fecha 21-XI-2020.
En su presentación denuncia absurdo y la violación a las normas y la doctrina legal que cita.
Argumenta que los reclamos del trabajador fueron planteados en forma dogmática y genérica y desvinculados de las constancias probatorias aportadas. Considera que el fallo no contiene la necesaria fundamentación.
En primer lugar, cuestiona la ponderación de la prueba efectuada por el sentenciante de grado, no solo respecto de las diferencias en el salario del trabajador, sino también en orden a las horas extras realizadas, las que dieron lugar a una supuesta extensión de la jornada de trabajo y al progreso de las multas de la ley 24.013 que le han sido impuestas.
En este sentido, sostiene que la presunción iuris tantum a favor de las afirmaciones del trabajador, como la inversión del onus probandi sobre el monto y cobro de las remuneraciones, no operan cuando dichos conceptos son objeto de un reclamo global como el de autos. Además, puntualiza que para tener por acreditadas las horas extraordinarias o diferencias de haberes, no puede estarse únicamente a la inversión probatoria contemplada por el art. 39 de la ley 11.653, debiendo quien las invoca demostrar su realización.
Finalmente, impugna la admisión de la indemnización prevista en el art. 80 de la ley 20.744, afirmando que le fue impuesta en forma arbitraria, no obstante haber entregado en término la certificación contable.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. En primer lugar, resulta prioritario destacar que la impugnante, al mencionar los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado, no estableció cómo estaría representado el valor de lo cuestionado, ni cuantificó su importe, incumpliendo de ese modo con la carga procesal que tiene de acreditar que el monto del litigio supera el umbral establecido en la ley ritual para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 120.673, "Fieres", resol. de 20-IX-2017; L. 122.894, "Casa", resol. de 14-VIII-2019; L. 124.457, "Ramos", resol. de 3-VIII-2020 y L. 125.335, "Rocha Rattel", resol. de 12-II-2021).
Siendo ello así, la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la trasgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020; L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021 y L. 125.787, "Galeani", resol. de 17-II-2021).
III.2. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que las doctrinas traídas por la recurrente en apoyo de sus pretensiones remiten, por un lado, al análisis de cuestiones de hecho y prueba, situación detraída de revisión en el estrecho marco cognitivo del remedio procesal intentado (causas L. 125.074, "Spano", resol. de 14-XII-2020 y L. 125.059, "Guzmán", resol. de 21-XII-2020), y por otro, aluden a presupuestos fácticos distintos a los del presente caso (causas L. 125.236, "Espíndola", resol. de 14-XII-2020 y L. 126.551, "Arias", resol. de 4-III-2021).
Tampoco se verifica el excepcional supuesto de admisibilidad cuando los precedentes traídos se encuentran relacionados con la supuesta alteración de las reglas del onus probandi y la interpretación de preceptos de carácter adjetivo, como lo es el art. 39 de la ley 11.653(causas L. 121.519, "Gomez", resol. 6-VI-2018; L. 121.631, "Sosa", resol. de 27-II-2019 y L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020).
III.3. Por último, en relación al agravio referido a la sanción prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo no se advierte configurado en la especie el citado supuesto habilitante, toda vez que, se prescinde de citar como violada doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018 y L. 123.106, "Piedrabuena", resol. de 18-XII-2019).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/05/2021 19:42:20 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/05/2021 23:39:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2021 10:56:07 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2021 21:02:35 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2021 08:41:43 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia