Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126836
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que los planteos introducidos en el punto IV.2.b. no reúnen los requisitos esenciales, y que el tratado en el IV.2.c. ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Pettigiani, Torres y Soria dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, rechazó la demanda promovida por Ariel Alejandro Fernández contra KSB Compañía Sudamericana de Bombas S.A. en cuanto reclamaba las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. fs. 730/742).
Para así decidir, juzgó que el distracto dispuesto por la demandada había resultado justificado, toda vez que ésta logró acreditar la injuria que le endilgó al trabajador en los términos del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Por otro lado, y en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, consideró que no correspondía condenar a la demandada a la entrega de nuevos certificados de trabajo, toda vez que sería una obligación de cumplimiento imposible, puesto que, en el primer período de la relación (de noviembre de 2010 a abril de 2011), el trabajador había estado registrado como dependiente de otra empresa, la cual había efectuado los correspondientes aportes y era quien debía hacerse cargo de la obligación instrumental.
II. Frente a lo así resuelto se alza la parte actora con recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 765/778 vta. y 745/764 vta., respectivamente), los que fueron concedidos a fs. 805 y vta.
III. En la primera de las vías interpuestas, el legitimado activo denuncia violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Alega que el tribunal omitió resolver el análisis del despido conforme a la ley aplicable y a las pruebas de autos.
Asimismo, la sentencia recurrida no aparece fundada en el texto expreso de la ley.
Finalmente, se agravia de que no se condenara a la empleadora a la entrega de nuevos certificados de trabajo.
III.1. Al respecto, corresponde señalar que la vía prevista en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución provincial únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. cit.; causas L. 93.996, "Pérez Baglivo", sent. de 19-X-2011; L. 100.717, "Miño", sent. de 28-XII-2011; L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021).
III.2.a. En este marco, el embate articulado carece de andamiaje, desde que la simple lectura del libelo impugnativo da cuenta que la crítica se dirige a objetar el modo como el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el planteo a la imputación de presuntos errores in iudicando , cuyo tratamiento es ajeno al acotado ámbito de actuación del carril de nulidad intentado y propio del de inaplicabilidad de ley (causas L. 118.432, "Bordon", resol. de 17-XII-2014; L. 118.841, "Magan", resol. de 21-X-2015; L. 122.963, "Romero", resol. de 18-IX-2019 y L. 123.650, "Gómez", resol. de 13-V-2020).
Cabe agregar a ello que las alegaciones referidas a la apreciación y valoración del material probatorio, como a su deficiente examen por el tribunal de grado, no pueden ser canalizadas mediante el recurso extraordinario de nulidad, sino por conducto del de inaplicabilidad de ley (causas L. 119.724, "Salvatierra", resol. de 1-II-2017 y L. 124.859, "González", resol. de 28-VIII-2020).
III.2.b. Por otra parte, no son atendibles los argumentos concernientes a la pretendida violación del referido art. 171 de la Constitución provincial citada, desde que dicho precepto sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 120.019, "Mangas", resol. de 26-X-2016; L. 120.916, "Abadie", resol. de 29-XI-2017; L. 122.785, "Barreiro", resol. de 30-X-2019 y L. 125.493, "Razquin", resol. de 30-XI-2020). Esta hipótesis no concurre en el fallo atacado, pues las citas legales efectuadas abastecen la exigencia constitucional.
IV.1. En el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley, denuncia absurdo, y vulneración de las normas y la doctrina que cita.
En primer lugar, se agravia que se haya tenido por acreditada la causa invocada por la patronal para perfeccionar el distracto. En ese sentido, alega que los hechos injuriosos que le fueron imputados no fueron acreditados, y que, en su caso, tampoco serían suficientes para justificar la extinción de la relación laboral.
Por otro lado, objeta que no condenara a la entrega de nuevos certificados de trabajo. Al respecto, manifiesta que el a quo no aclara cuál sería concretamente la imposibilidad de la empleadora para no confeccionarlos, máxime cuando tal circunstancia no ha sido solicitada por la accionada.
IV.2. El recurso no puede prosperar.
IV.2.a. Cuestiones de orden metodológico imponen examinar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso, particularmente en lo referido al valor del litigio.
En el caso, los cuestionamientos traídos versan sobre pretensiones independientes deducidas en una misma demanda (acumulación objetiva), constatándose que una de ellas -la entrega del certificado de servicios previsto en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo- debe juzgarse como de monto indeterminado (causas L. 103.117, "Sorli", sent. de 18-V-2011; L. 112.590, "Escudero", sent. de 9-IV-2014 y L. 121.284, "Bernardo", resol. de 6-XII-2017).
En cambio, respecto de los restantes agravios propuestos, el valor de lo cuestionado -representado por los rubros reclamados en la demanda que fueron rechazados y son motivo de agravio-, no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual la admisibilidad del recurso de inaplicabilidad de ley sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.578, "Duarte", resol. de 21-VI-2012; L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015 y L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020).
IV.2.b. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que, mediante la denuncia de vulneración de doctrina legal, el impugnante trae a consideración agravios vinculados a cuestiones de hecho y prueba -como lo son las relacionados a la oportunidad y determinación de la causa de despido y las conclusiones relativas a la configuración o no de injuria legitimante del despido-, todas ellas detraídas de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado (causas L. 94.184, "Jacquet", sent. de 7-V-2014; L. 117.224, "López", sent. de 22-IV-2015; L. 119.539, "Albornoz", resol. de 4-V-2016; L. 121.683, "Stele", resol. de 17-X-2018 y L. 124.721, "Hurtado", resol. de 21-IX-2020).
Asimismo, cabe agregar que la cita de doctrina legal deviene ineficaz si los precedentes invocados fueron elaborados sobre la base de presupuestos fácticos diferentes a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 116.356, "Izurieta", sent. de 30-X-2013; L. 117.361, "López Aguado", sent. de 16-VII-2014; L. 122.662, "Gómez", resol. de 26-XII-2019 y L. 126.551, "Arias", resol. de 4-III-2021).
Por otro lado, reiteradamente ha sostenido esta Corte que no se observa la concurrencia de la excepción prevista por el art. 55 de la ley 11.653, en el sentido y alcance establecido por esta Suprema Corte, cuando la doctrina que se invoca como violada se vincula al vicio de absurdo (causas L. 118.068, "Gudiño", resol. de 20-XI-2014; L. 118.239, "González", resol. de 19-II-2015; L. 121.514, "Pardo", resol. de 26-IX-2018 y L. 125.761, "Ramos", resol. de 4-III-2021).
Finalmente, corresponde recordar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia, ni los de la Corte nacional (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol de 21-XII-2020 y L. 125.504, "Dam", resol. de 28-IV-2021).
IV.2.c. Luego, conforme lo señalado, en relación a la crítica que refiere a la entrega de las certificaciones que estatuye el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345), corresponde habilitar esta instancia extraordinaria sin las restricciones a la admisibilidad (arts. 278, CPCC y 55, ley 11.653), toda vez que el valor del litigio, en tal caso, debe considerarse como de monto indeterminado (causas L. 93.075, "Aguilar", sent. de 13-VII-2011; L. 118.753, "Márquez", sent. de 15-XI-2016; L. 119.142, "Duclos", sent. de 28-II-2018 y L. 125.158, "Sangorrin", resol. de 4-III-2021).
El embate introducido por el interesado no contiene un desarrollo argumental apto para demostrar el agravio alegado.
Sobre el particular, esta Corte ha declarado que no basta con denunciar la normativa que se considera violada o erróneamente aplicada para cumplir con la carga prevista en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, pues dicha mención debe ser acompañada por la explicación concreta sobre el modo en que dicha transgresión o yerro se habría producido, carga que no se cumple en la especie, en donde la recurrente soslaya dotar de argumentos idóneos el planteo formulado (causas L. 116.962, "Sobrero", sent. de 15-VII-2015; L. 119.100, "Ormachea", resol. de 28-X-2015; L. 119.633, "Ríos", resol. de 8-III-2017 y L. 119.930, "Fernández", sent. de 10-IV-2019).
La señora jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a lo expresado en el punto III del voto inaugural.
Luego, y tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.) -y dejando a salvo mi opinión expuesta en las causas L. 97.082, "Santisteban" (sent. de 30-III-2011) y L. 108.498, "Carabajal" (sent. de 22-V-2013); entre otras-, acompaño lo decidido por los colegas que abren la votación en el punto IV de su propuesta.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que los planteos introducidos en el punto IV.2.b. no reúnen los requisitos esenciales, y que el tratado en el IV.2.c. ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/05/2021 17:34:52 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/05/2021 19:41:15 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/05/2021 23:40:39 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2021 21:03:35 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2021 08:42:28 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia