Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125983
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, en coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata, por mayoría, hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por AEGIS Argentina S.A. y, en consecuencia, rechazó la demanda promovida por María Eugenia Iribas en la que procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido, diferencias de convenio y otros rubros de naturaleza laboral (v. fs. 414/431 vta.).
Para así decidir, y analizando en conciencia la prueba rendida, entendió que la actora ingresó a trabajar bajo la dependencia de AEGIS Argentina S.A., una empresa comercial prestadora de servicios, cumpliendo tareas en el call center y realizando llamadas para Telefónica Argentina S.A., encontrándose debidamente registrada a tal efecto.
Así, y con fundamento en las alegaciones de las partes, entendió que no se acreditó la existencia de injuria que ameritara la resolución del vínculo contractual, ni la interposición fraudulenta denunciada en la demanda. A criterio del juzgador, la prueba aportada dio cuenta que la trabajadora se encontraba correctamente registrada conforme el convenio colectivo aplicable.
II. Frente a lo así resuelto se alza la parte actora con recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica del 20-II-2020), los que fueron concedidos por el a quo a fs. 436 y vta., habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen de fecha 26-IV-2021).
III.1. En la primera de las vías interpuestas, indica que la definición relativa al encuadre convencional de la actora resulta inoportuna en la etapa del veredicto, determinando anticipadamente la controversia. Luego, denuncia omisión de voto individual de los jueces, en el particular, el de la jueza que votó en minoría, en tanto resolvió su disconformidad sin realizar una argumentación al caso concreto.
Finalmente, denuncia omisión de tratamiento de cuestión esencial. Considera que el tribunal no analizó que la actora destinó su prestación exclusivamente a la atención comercial de Telefónica Argentina S.A. y "Speedy".
III.2. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no puede prosperar.
III.3. Corresponde señalar que la vía prevista en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución provincial, únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020 y L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021).
De esta manera, en virtud del primero de los agravios ensayados, esta Suprema Corte ha sostenido en reiteradas oportunidades que el hecho de que el tribunal de trabajo introduzca en el veredicto cuestiones de índole jurídica en nada perjudica al recurrente, en la medida que ello no le impide impugnar la conclusión sentada mediante el correspondiente recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por lo que tal hipotética objeción no puede ser canalizada mediante el presente carril de impugnación (causas L. 119.904, "Vidal", resol. de 17-VIII-2016 y L. 122.897, "Ivroud", resol. de 14-VIII-2019).
III.4. Tampoco puede prosperar el agravio destinado a impugnar el voto que no concitó la mayoría de los votos, de esta manera, tal como lo indica el señor Procurador en su dictamen, más allá de la defectuosa técnica empleada por la magistrada que cerrara el acuerdo del Tribunal para decidir en el sentido en que lo hiciera al expresar su opinión minoritaria, con remisión en su voto a expresiones desarrolladas en otras actuaciones, lo cierto es que la simple lectura de los términos del veredicto y la sentencia dictados permite concluir que, contrariamente a lo denunciado por la quejosa, medió en el pronunciamiento la mayoría de opiniones requerida por el art. 168 de la carta magna provincial, abasteciéndose así la manda constitucional aludida.
III.5. Finalmente, en relación a la última de las objeciones traídas, cabe señalar, que más allá que los temas que se dicen preteridos fueron abordados y resueltos de modo adverso a las pretensiones de la impugnante (v. fs. 418; 419/421 vta.), cierto es, que lo que la interesada pretende es objetar el modo en que el tribunal resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el planteo a la imputación de presuntos errores in iudicando , cuyo tratamiento es ajeno al acotado ámbito de actuación del carril de nulidad intentado y propio del de inaplicabilidad de ley (causas L. 122.963, "Romero", resol. de 18-IX-2019; L. 125.420, "Avit", resol. de 6-XI-2020; L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021 y L. 125.046, "Bonifacini", resol. de 22-III-2021).
IV.1. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denuncia violación de la doctrina legal que cita, referida a la solidaridad regulada en el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. A tal fin, indica que su prestación de tareas era parte del giro comercial normal y habitual de Telefónica Argentina S.A.
En segundo lugar, denuncia absurdo en la valoración de la prueba rendida en autos, pues -a su criterio- las declaraciones testimoniales dan cuenta de la responsabilidad solidaria de las empresas, así como el Convenio Colectivo de Trabajo que le resulta aplicable a la relación.
IV.2. Liminalmente, corresponde señalar que el valor de lo cuestionado -representado por la suma reclamada en la demanda de cuyo rechazo se agravia- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el artículo 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, razón por la cual la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el artículo 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 122.678, "López", resol. de 14-VIII-2019 y L. 123.839, "Alonso", resol. de 21-VIII-2020).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol de 21-XII-2020).
IV.3. En este orden, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, desde que el planteo recursivo propuesto importa la revisión de cuestiones fácticas y probatorias -como son, determinar si entre las demandadas existió interposición fraudulenta, con la consecuente solidaridad que para tal supuesto la legislación impone- (causas L. 119.539, "Albornoz", resol. de 4-V-2016 y L. 124.434, "Cejas", resol. de 23-X-2020), así como la ponderación de las declaraciones testimoniales, asuntos detraídos de revisión en el acotado marco de excepción en tratamiento (causas L. 119.441, "Acevedo", resol. de 16-III-2016 y L. 122.393, "Godoy", resol. de 29-V-2019).
Para más, la denuncia de violación de doctrina legal relativa a la arbitrariedad y al vicio de absurdo no resulta idónea en el acotado contexto revisor del citado art. 55 de la ley 11.653 (causas L. 121.811, "Maroni", resol. de 14-XI-2018; L. 123.722, "Coronel", resol. de 27-V-2020 y L. 124.450, "Sandoval", resol. de 30-VI-2020).
Finalmente, corresponde recordar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la opinión de los autores (causas L. 123.659, "Ovejero", resol. de 25-IX-2019 y L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, en coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/05/2021 17:01:29 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/05/2021 17:53:15 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2021 23:09:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2021 11:10:31 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2021 13:37:09 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2021 14:09:21 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia