Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126326
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata rechazó en todos sus términos la demanda interpuesta por Pedro Alberto Montaña contra Sat Médica S.A., Gustavo Aníbal Poggio y Silvia Beatriz Esquivel, en cuanto pretendía el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y demás rubros de linaje laboral (v. fs. 1.296/1.304).
Para así decidir, valorando de modo conjunto los distintos elementos probatorios adunados a la causa, consideró que la naturaleza de la prestación del actor como profesional médico para la institución demandada no respondió a una relación de dependencia laboral.
II. Contra lo así resuelto, y frente al fallecimiento del actor, sus herederos dedujeron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 1-IX-2020), el que fue concedido por el a quo mediante proveído electrónico del 14 de septiembre de 2020.
En primer lugar, y con denuncia de violación del principio de congruencia, alegan que el a quo se extralimitó al analizar en el pronunciamiento atacado, un fallo emanado de la Cámara Federal de la Seguridad Social que rechazó una sanción que le fuera impuesta a la empresa demandada por empleo sin registrar, en tanto tal circunstancia no tiene relación alguna con los hechos debatidos en autos.
Por otro lado, afirman que el tribunal de grado incurrió en absurdo en la valoración de las probanzas de la causa, especialmente la informativa y la testimonial, en cuanto juzgó no demostrada la vinculación de dependencia alegada en la demanda.
Finalmente, sostienen que, para el hipotético e improbable caso que este Tribunal desestime el recurso articulado, se mantenga la imposición de costas por su orden decretada por el órgano judicial de origen.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. En primer lugar, respecto de las críticas con fundamentación en la violación del principio de congruencia, y afincadas en la interpretación de los escritos constitutivos de la litis, como así también en el análisis de las probanzas -en tanto exhiben una mera divergencia con la solución final- no resultan eficaces.
Al respecto, tiene dicho esta Corte que interpretar los escritos constitutivos del proceso y establecer los términos en que quedó planteada la litis constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria y su decisión al respecto sólo puede revisarse en la sede extraordinaria en la medida que se denuncie y compruebe absurdo en la interpretación y violación del referido postulado (causas L. 121.325, "Acuña", resol. de 8-VIII-2018; L. 122.498, "Spagnoli", resol. de 14-VIII-2019 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021).
Tales extremos no se verifican en la especie, desde que la réplica se sitúa en el plano de la mera disconformidad de la recurrente con la solución adoptada. Ello así, desde que la causa analizada por el tribunal fue esgrimida por la demandada en apoyo de su defensa.
III.2. Sentado ello, cabe recordar que determinar si entre las partes medió un contrato de trabajo, dependiente o no, constituye una típica cuestión que no resulta revisable en la instancia extraordinaria, salvo que se alegue y además se demuestre que el tribunal de grado ha incurrido en absurda valoración de la prueba (causas L. 122.989, "Mogavero", resol. de 13-XI-2019; L. 123.148, "Grecco", resol. de 27-V-2020 y L. 125.302, "Kessler", resol. de 9-XII-2020).
Asimismo, tiene dicho esta Corte que para resolver la situación jurídica del profesional médico que presta servicios en un establecimiento, es imprescindible tener en cuenta los elementos de hecho presentes en cada caso, toda vez que vinculaciones de esta índole atraviesan zonas intermedias en las que resulta necesario desbrozar y despejar con nitidez los perfiles que definen la configuración del vínculo jurídico existente entre las partes (causas L. 103.302, "Di Santo", sent. de 7-IX-2011; L. 117.236, "Cassini", sent. de 29-IV-2015; L. 109.467, "Chiappalone", sent. de 24-VI-2015 y L. 124.345, "Greco", resol. de 19-VIII-2020).
Bajo tales lineamientos, le corresponde al tribunal de trabajo, en una labor que es privativa, verificar las circunstancias que concurren en cada controversia a los fines de establecer la eventual existencia de las notas que caracterizan a la relación laboral, y su decisión no puede ser revisada en casación salvo que se demuestre la existencia del referido vicio invalidante (causas L. 122.040, "Severo Frers", resol. de 28-XI-2018; L. 122.166, "Marconcini", resol. de 8-V-2019 y L. 124.345, "Greco", cit.).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 121.468, "Fonzo", resol. de 22-VIII-2018; L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019; L. 124.111, "Ferreyra", resol. de 16-VI-2020 y L. 124.997, "Petri", resol. de 4-II-2021).
III.2. En ese sentido, reiteradamente se ha manifestado este Tribunal señalando que no deviene idónea para demostrar la existencia del mentado vicio la réplica del recurrente que, por conducto de la mera expresión de un criterio discrepante, se limita a exponer un particular y personal punto de vista en orden a la apreciación de los hechos y las pruebas de la causa, poniendo en evidencia su intención de disputarle al juzgador de mérito su privativa facultad de hacerlo (causas L. 112.839, "Borsella", sent. de 8-V-2013; L. 114.126, "Colombo", sent. de 15-V-2013; L. 121.217, "Loncon", resol. de 10-IV-2019 y L. 122.473, "Rimoldi", resol. de 18-IX-2019), pues no cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para configurar el absurdo, desde que es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema que debe ser eficazmente acreditada por quien la invoca (causas L. 117.961, "Gómez", resol. de 10-XII-2014; L. 121.468, "Fonzo", resol. de 22-VIII-2018; L. 123.341, "Mujica", resol. de 6-XI-2019; L. 123.838, "Baldibia", resol. de 19-II-2020 y L. 125.648, "Cañete", cit.).
En el caso, el recurrente, efectuando un desarrollo de cómo entiende debieron analizarse cada uno de los elementos probatorios producidos, no cumple con la carga de demostrar dicho vicio, ya que su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió ponderar los hechos y las pruebas aportadas al proceso, sin rebatir frontal y eficazmente las motivaciones esenciales que estructuran el contenido del decisorio de origen.
III.3. Recuérdese, además, que los jueces de trabajo no están obligados a referirse necesariamente a todos los elementos de juicio que proponen las partes a su consideración, sino únicamente a los que a su criterio fueren decisivos para dictar el pronunciamiento, pues al prevalecer la apreciación en conciencia de las probanzas aportadas, los magistrados están autorizados a seleccionar y jerarquizar las fuentes y medios probatorios (causas L. 121.570, "Romera", resol. de 26-IX-2018; L. 122.039, "Olivera", resol. de 13-III-2019 y L. 123.684, "Feliciano", resol. de 22-VII-2020).
III.4. También deviene necesario destacar que, en el proceso laboral, la valoración de la prueba testimonial queda reservada a los jueces de grado, que gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 122.912, "Scardilli", resol. de 18-IX-2019; L. 123.365, "Tunesi", resol. de 19-II-2020 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020), que -como se dijo- no ha sido demostrado.
III.5. Por su parte, en lo atinente a la presunción prevista en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, reiteradamente ha dicho este Tribunal -ante casos análogos- que la misma queda neutralizada si la prueba producida acredita que la actividad desarrollada por la actora no lo fue en relación de dependencia, elemento indispensable en la tipificación del contrato de trabajo (causas L. 117.994, "Colasso", resol. de 27-VIII-2014; L. 118.063, "Capristo", resol. de 22-X-2014; L. 122.880, "Maidana", resol. de 6-XI-2019; L. 123.365, "Tunesi", resol. de 19-II-2020 y L. 124.345, "Greco", cit.), como sucede en el caso.
III.6. No mejora la suerte del recurso la denuncia de violación de garantías constitucionales, que sería eventual consecuencia de haberse quebrantado, primeramente, preceptos legales de la materia de que se trata (causas L. 94.066, "Villegas", sent. de 3-VI-2009; L. 108.655, "Ankudowicz", resol. de 17-III-2010 y L. 121.623, "Larraga", resol. de 5-XII-2018), supuesto que -a tenor de lo expuesto- no se ha verificado en el caso en examen.
III.7. Las apuntadas definiciones bastan para desestimar la impugnación traída, sin que resulte necesario avanzar en otro tipo de consideraciones o examinar los restantes argumentos expuestos en la postulación recursiva.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/05/2021 17:01:52 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/05/2021 17:53:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2021 23:09:00 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2021 11:10:12 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2021 13:36:22 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2021 14:09:32 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia