Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125856
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó la demanda promovida por Héctor Leonel González contra Adrián Adolfo Wax por la que procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de linaje laboral (v. fs. 187/196 vta.).
Para así decidir, juzgó que el accionante no logró acreditar el elemental y sustancial punto de apoyo de su acción, cual es la existencia de la relación laboral invocada.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 26-III-2019), el que fue concedido por el a quo a fs. 202.
En su escrito recursivo, alega que la decisión de grado que desestimó la acción de despido, resulta injusta y conculca su derecho a percibir los créditos reclamados, los cuales son de naturaleza alimentaria.
En esencia, denuncia absurdo, objeta la valoración de la prueba, especialmente la absolución de posiciones y la testimonial. Finalmente, manifiesta que el tribunal de grado no tuvo en cuenta la presunción establecida por el art. 39 de la ley 11.653 y expone la doctrina que considera transgredida.
III. El recurso no prospera.
III.1. Sabido es que determinar la existencia de relación de dependencia o subordinación laboral, así como la calificación del vínculo existente entre las partes, constituyen cuestiones reservadas -en principio- en forma privativa a los magistrados de trabajo y, por lo tanto, no susceptibles de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 121.938, "Martín", resol. de 21-VIII-2019; L. 124.022, "Wojtowicz", resol. de 29-VI-2020 y L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020).
Ello requiere la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco" resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020), pues no constituye absurdo cualquier error o la apreciación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más, esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 124.121, "Sánchez", resol. de 11-VI-2020; L. 124.031, "Coronel", resol. de 16-VI-2020 y L. 123.944, Di Cataldo", resol. de 3-VIII-2020).
III.2. En la especie, si bien el recurrente invoca dicho vicio invalidante, su exposición no consigue evidenciarlo, desde que -en rigor- sólo traduce su disconformidad con la solución arribada en el fallo, revelando la insuficiencia del remedio bajo análisis (causas L. 121.616, "Lareu", resol. de 5-XII-2018; L. 122.597, "Vargas", resol. de 19-VI-2019 y L. 122.643, "Casali", resol. de 23-X-2019).
Ello así, pues, apartándose de la línea reflexiva y de la apreciación probatoria que, en conciencia, llevó a los jueces de grado a plasmar la decisión expuesta en la sentencia, se limita a elaborar un nuevo análisis de los hechos y constancias probatorias según su propio criterio valorativo, argumentos estos que no logran demostrar concretamente la grave anomalía invocada (causas L. 124.092, "Arévalo", resol. de 10-VIII-2020; L. 124.195, "Gómez", resol. de 2-X-2020 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020).
Recuérdese, además, que la apreciación, jerarquización y selección del material probatorio aportado a la causa es tarea exclusiva del tribunal de trabajo, que no conoce más límite que la conciencia del juez, esto es, su prudencia jurídica (causas L. 124.092, "Arévalo", resol. de 10-VIII-2020; L. 124.195, "Gómez", resol. de 2-X-2020 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020).
III.3. En particular, en lo vinculado a la prueba testimonial -cuestionada por el accionante- corresponde destacar que su valoración queda reservada a los jueces de la causa que gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 123.380, "Collaso", resol. de 19-II-2020; L. 124.178, "Monge", resol. de 11-VI-2020 y L. 124.993, "Totaro", resol. de 22-X-2020), que el interesado -como se dijo- no logra demostrar.
En lo atinente a la implicancia que el interesado intenta adjudicarle a la confesión ficta de la demandada, no se presenta como eficaz propuesta de impugnación, ya que, si bien los jueces del fuero laboral están facultados para tener por ciertos los hechos señalados en las posiciones en rebeldía, no están en modo alguno obligados a acceder automática o mecánicamente -por esa sola circunstancia- a las pretensiones deducidas (causas L. 118.748, "Carotenuto", resol. de 2-IX-2015 y L. 118.904, "Barreto", resol. de 14-X-2015). Máxime, teniendo en cuenta la inveterada doctrina de este Tribunal según la cual la confesión ficta debe apreciarse en su correlación con el resto de las probanzas, atendiendo las circunstancias de la causa, pues de lo contrario se admitiría que prevalezca la ficción sobre la realidad y la decisión así adoptada podría alejarse de la verdad material, siendo potestad privativa de los jueces de grado ponderar sus efectos con amplio margen de discrecionalidad (causas L. 117.840, "Antúnez", resol. de 22-X-2014 y L. 118.748, "Carrizo", resol. de 2-IX-2015; e.o.).
III.4. Por último, no le asiste razón al interesado cuando denuncia vulnerado el art. 39, primera parte, de la ley 11.653, toda vez que la presunción establecida en dicho precepto sólo resulta operativa cuando previamente se ha acreditado la relación laboral (causas L. 103.923, "Palavecino", sent. de 15-XII-2010 y L. 113.536, "Salgado", resol. de 16-III-2011).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/06/2021 12:20:27 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2021 17:23:05 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/06/2021 09:52:24 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/06/2021 11:17:34 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/06/2021 13:43:43 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia