Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126672
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 con asiento en la ciudad de Lanús, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por Roberto Antonio Rojas contra Cartográfica Oeste S.R.L., condenando a ésta al pago de la suma que especificó en concepto de las indemnizaciones derivadas del despido y otras de linaje laboral. Por el contrario, rechazó -por mayoría- el pedido de extensión de condena contra Elena del Carmel Díaz Marín y Luciano Colafella (v. fs. 560/579 vta. y aclaratoria de fs. 612/615).
Para así resolver, en lo que interesa destacar por haber sido materia de recurso, juzgó que no se tuvo por acreditado que la empleadora del trabajador fuese una sociedad ficticia o fraudulenta constituida en abuso del derecho y con el propósito de violar la ley, ni que prevaliéndose de dicha personalidad afectase el orden púbico laboral o evadiese normas legales.
II.1. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo deduce recurso extraordinario inaplicabilidad de ley (v. fs. 592/610 vta.).
En sustancia, cinco agravios estructuran su crítica. En primer lugar, objeta la absurda valoración de la prueba y el rechazo a la sanción prevista en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Seguidamente, cuestiona la falta de liquidación del art. 132 bis de la citada ley. En tercer y cuarto lugar, se agravia, con distintos fundamentos, respecto del rechazo de la extensión de responsabilidad a las personas físicas codemandadas. Finalmente, afirma que el a quo omitió considerar la ratificación del trabajador respecto del pacto de cuota litis denunciado.
II.2. A su turno, el sentenciante de mérito, concedió parcialmente el recurso respecto de los agravios vinculados al pedido de extensión de responsabilidad solidaria (v. fs. 612/615), decisión que, debidamente notificada a las partes, no mereció objeciones de la aquí recurrente.
En consecuencia, en los dos únicos agravios que corresponde tratar en esta sede extraordinaria, el interesado objeta la decisión en cuanto, el órgano de grado, desestimó el pedido de extensión de responsabilidad solidaria respecto de Elena del Carmel Díaz Marín y Luciano Colafella. En su presentación cita las normas y la doctrina que considera violadas. Alega absurdo en la valoración de la prueba. Cuestiona la ponderación que el juzgador de grado realizó de la confesión ficta de las demandadas. Denuncia la aplicación errónea del art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. De manera liminar, cabe señalar que establecer si se configuran los supuestos fácticos que prevé la Ley de Sociedades Comerciales para su aplicación, necesariamente comporta el análisis de los hechos y pruebas que concurren en el caso, cometido este reservado a los tribunales de grado y ajeno al ámbito de la casación, salvo absurdo (causas L. 117.143, "Ferraiolo", resol. de 17-IV-2013; L. 117.756, "Garriga", sent. de 23-V-2017; L. 120.470, "Pérez", resol. de 16-VIII-2017 y L. 121.217, "Loncon", resol. 10-IV-2019).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 113.610, "Agustinelli", sent. de 5-III-2014 y L. 118.381, "Pare", resol. de 15-IV-2015).
III.2. En el caso, el impugnante no cumple con la carga de acreditar dicho vicio, ya que la crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió ponderar el material fáctico y probatorio aportado al proceso (causas L. 116.865, "Aranda", resol. de 24-X-2012 y L. 120.175, "Bravo", resol. de 8-II-2017).
Ello así, por cuanto, con el propósito de revelar cómo habrían quedado probadas las evidencias que contribuyeron a delinear la solución adoptada, se limita a efectuar una propia y diferente valoración de los elementos de juicio evaluados por el tribunal de mérito, lo que no es idóneo a los fines de acreditar que, la esencial conclusión del fallo, se encuentre viciada por absurdo. Una formulación de ese tenor sólo trasunta la intención de cuestionarle al sentenciante potestades que le son privativas (causas L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-IV-2013 y L. 118.703, "García", resol. de 15-VII-2015), método que resulta ineficaz para la apertura del control casatorio por parte de este Tribunal.
Recuérdese que la apreciación, jerarquización y selección del material probatorio aportado a la causa es tarea exclusiva del tribunal de trabajo, que no conoce más límite que la conciencia del juez, esto es, su prudencia jurídica (causas L. 102.699, "Mascareño", sent. de 7-XII-2011 y L. 103.036, "Molina", sent. de 16-V-2012).
Por otra parte, cabe señalar que reiteradamente este Tribunal ha dicho que no es idónea, como sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la remisión a los fundamentos del voto que quedó en minoría (causas L. 76.779, "Capitani", sent. de 6-VIII-2003; L. 112.489, "Sartal", resol. de 24-XI-2010 y L. 118.164, "Farías", resol. de 20-XI-2014).
III.3. En nada mejora la suerte adversa del recurso la implicancia que pretenden extraer de las posiciones absueltas en rebeldía, pues como también lo ha plasmado esta casación, los jueces del fuero laboral están facultados para tener por ciertos los hechos señalados en las posiciones en rebeldía, mas no están en modo alguno obligados a acceder -por la sola confesión ficta - automática o mecánicamente a las pretensiones deducidas (causas L. 117.840, "Antúnez", resol. de 22-X-2014 y L. 124.704, "Ríos", resol. de 6-XI-2020). Máxime, teniendo en cuenta inveterada doctrina de este Tribunal según la cual la confesión ficta debe apreciarse en su correlación con el resto de las probanzas, atendiendo a las circunstancias de la causa, pues de lo contrario se admitiría que prevalezca la ficción sobre la realidad y la decisión así adoptada podría alejarse de la verdad material, siendo potestad privativa de los jueces de grado ponderar sus efectos con amplio margen de discrecionalidad (causas L. 120.595, "Vega", resol. de 15-XI-2017; L. 121.867, "Kazieczko", resol. de 26-XII-2018 y L. 123.849, "Ahumada", resol. de 15-IV-2020).
III.4. Por su parte, en lo relativo a la denunciada transgresión a las reglas de la carga de la prueba, el interesado no evidencia que el fallo luzca apartado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi , impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 118.218, "Zaffaroni", resol. de 3-XII-2014; L. 118.303, "Bellendier", resol. de 15-IV-2015 y L. 117.225, "Ruiz Díaz", sent. de 22-IV-2015), hipótesis expresamente descartada en el sub lite .
III.5. Corresponde añadir, que las reglas de la sana crítica no resultan aplicables al proceso laboral, en donde rige el sistema de apreciación de la prueba "en conciencia" (art. 44 inc. "d", ley 11.653; causas L. 119.344, "Villanueva", resol. de 22-XII-2015; L. 119.689, "Motorplat S.A.", resol. de 22-VI-2016; L. 121.524, "Caporale", resol. de 11-IV-2018 y L. 124.099, "Santillán", resol. de 16-VI-2020).
III.6. En definitiva, se advierte entonces, que la argumentación del recurrente denota, en rigor, un reproche que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el juzgador de grado, sin demostrar la transgresión de las normas legales que denuncia, ni que medie error en el modo como el tribunal de trabajo resolvió la controversia, método que, sabido es, resulta insuficiente para demostrar la concurrencia de absurdo (causas L. 121.621, "Campo", resol. de 21-XI-2018; L. 122.858, "Pedraza", resol. de 30-X-2019 y L. 124.512, "Giménez", resol. de 28-VIII-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/06/2021 16:55:35 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/06/2021 19:09:37 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/06/2021 12:23:17 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2021 09:39:11 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2021 11:22:09 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia