Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126503
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, rechazó la acción iniciada por Adrián Gustavo Méndez contra Ariel Hugo Fuentes y Martín Javier Batiz por la que procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y demás rubros de naturaleza laboral (v. fs. 131/136 vta.).
Para así decidir, juzgó que el accionante no logró acreditar el elemental y sustancial punto de apoyo de su acción, cual es la existencia de la relación laboral invocada.
II. Contra lo así resuelto, el legitimado activo interpone recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 10-II-2020), los que fueron concedidos por el a quo mediante resolución de fecha 5 de abril de 2021.
III. En la primera de las vías interpuestas, el legitimado activo denuncia violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Alega que el tribunal omitió ponderar la prueba documental, como también el convenio colectivo de trabajo 338/01. Además, puntualiza que el juzgador aplicó erróneamente los arts. 9 y 23 de la Ley de Contrato de Trabajo y 375 del Código Procesal Civil y Comercial.
Asimismo, asegura que la sentencia recurrida no aparece fundada en el texto expreso de la ley.
III.1. Al respecto, corresponde señalar que la vía prevista en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución provincial únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. cit.; causas L. 93.996, "Pérez Baglivo", sent. de 19-X-2011; L. 100.717, "Miño", sent. de 28-XII-2011; L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021).
III.2.a. En este marco, el embate articulado carece de andamiaje, desde que la simple lectura del libelo impugnativo da cuenta que la crítica se dirige a objetar el modo como el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el planteo a la imputación de presuntos errores in iudicando , cuyo tratamiento es ajeno al acotado ámbito de actuación del carril de nulidad intentado y propio del de inaplicabilidad de ley (causas L. 118.432, "Bordon", resol. de 17-XII-2014; L. 118.841, "Magan", resol. de 21-X-2015; L. 122.963, "Romero", resol. de 18-IX-2019 y L. 123.650, "Gómez", resol. de 13-V-2020).
Cabe agregar a ello que las alegaciones referidas a la apreciación y valoración del material probatorio, como a su deficiente examen por el tribunal de grado, no pueden ser canalizadas mediante el recurso extraordinario de nulidad, sino por conducto del de inaplicabilidad de ley (causas L. 119.724, "Salvatierra", resol. de 1-II-2017 y L. 124.859, "González", resol. de 28-VIII-2020).
III.2.b. Por otra parte, no son atendibles los argumentos concernientes a la pretendida violación del referido art. 171 de la Constitución provincial citada, desde que dicho precepto sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 120.019, "Mangas", resol. de 26-X-2016; L. 120.916, "Abadie", resol. de 29-XI-2017; L. 122.785, "Barreiro", resol. de 30-X-2019 y L. 125.493, "Razquin", resol. de 30-XI-2020). Esta hipótesis no concurre en el fallo atacado, pues las citas legales efectuadas abastecen la exigencia constitucional.
IV. En su remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora individualiza las normas y la doctrina legal que considera violadas, agraviándose, con denuncia de absurdo, del rechazo de la demanda.
IV.1. De modo liminar, cabe destacar que el valor de lo cuestionado -representado por el importe reclamado en la demanda- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. En consecuencia, el tratamiento de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción del art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 115.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
Así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente, situación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
IV.2. En este orden, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, desde que, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, el impugnante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado, vinculados a la valoración de los hechos y las pruebas, tal como es, la existencia del vínculo laboral (causas L. 122.640, "Vitale", resol. de 20-III-2019; L. 122.902, "Leobono", resol. de 18-IX-2019 y L. 124.857, "Bidart ", resol. de 16-X-2020).
Asimismo, corresponde agregar, que la cita de doctrina legal deviene ineficaz si los precedentes invocados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley fueron elaborados sobre la base de presupuestos fácticos diferentes a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 122.363, "Del Negro", resol. de 5-VI-2019; L. 122.662, "Gómez", resol. de 26-XII-2019 y L. 123.730, "Benítez ", resol. de 11-III-2020).
IV.3. Por otro lado, tampoco es apta para habilitar la instancia extraordinaria por el mentado conducto excepcional la conculcación de doctrina legal citada por el interesado referida al vicio de absurdo (causas L. 121.937, "Sosa", resol. de 17-X-2018; L. 121.811, "Maroni", resol. de 14-XI-2018 y L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020).
IV.4. Por último, dable es recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol de 21-XII-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/07/2021 21:58:24 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/07/2021 10:54:04 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/07/2021 12:44:49 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/07/2021 17:32:16 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/07/2021 08:10:51 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia