Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123675
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Mercedes, con asiento en dicha ciudad, rechazó la demanda promovida por Hugo Alberto Gatti contra Provincia Servicios Salud S.A., la Obra Social del Personal Jerárquico de la República Argentina (OBSJERA), la Cooperativa de Trabajo 1° de Julio Limitada, y la Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia, mediante la que procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. fs. 684/693).
Para así decidir, apreciando en conciencia la prueba reunida, juzgó no acreditada la existencia de un contrato de trabajo subordinado entre el accionante y las codemandadas.
En ese sentido, concluyó que sólo había quedado acreditado el vínculo laboral con la Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia, respecto de la cual el actor había desistido de la acción y el derecho en su contra.
II. Frente a lo así resuelto se alza la parte actora con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 28-III-2019), el que fue concedido por el a quo a fs. 719.
Denuncia la violación de la doctrina legal que cita, así como arbitrariedad y absurdo en la valoración de la prueba.
En esencia, le impugna al juzgador que no haya tenido por acreditado el vínculo laboral entre las partes, reprochándole, además, no haber aplicado la presunción prevista en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Al respecto, alega que existía una pluralidad de empleadores que se vincularon con el actor y demás compañeros de trabajo mediante un contrato único, y que todos ellos asumieron mancomunadamente el rol del empleador del modo pluripersonal descripto por el art. 26 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Por otro lado, asegura que, ante la transferencia de establecimiento, correspondía responsabilizar solidariamente a las restantes codemandadas.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. De manera liminar, se impone señalar que en el caso el valor de lo cuestionado ante esta instancia -representado por el monto de lo reclamado en la demanda- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual la admisibilidad del remedio en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
En ese orden, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente, violación que se configura cuando esta Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
III.2. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, la impugnante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones fácticas y probatorias, vinculadas a la determinación de la existencia de una relación de linaje laboral entre las partes, y al supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis, asuntos detraídos de revisión de esta Suprema Corte en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto procesal citado (causas L. 121.960, "Albornoz", resol. de 20-II-2019 y L. 124.122, "Barrionuevo", resol. de 16-VI-2020).
Igualmente, las citas doctrinales efectuadas en el recurso han sido elaboradas sobre la base de casos con presupuestos fácticos distintos a los que se verifican en el presente y, por lo tanto, su invocación es también ineficaz para habilitar la revisión del pronunciamiento de origen por el estrecho conducto antes citado (causas L. 122.320, "Beneyto", resol. de 19-XII-2018; L. 122.363, "Del Negro", resol. de 5-VI-2019 y L. 125.499, "Cabrera", resol. de 16-VI-2020).
Por lo demás, sabido es que no resultan aptas para habilitar la instancia extraordinaria, por el mentado conducto excepcional, la conculcación de doctrina legal referida al vicio de absurdo (causas L. 121.937, "Sosa", resol. de 17-X-2018; L. 121.811, "Maroni", resol. de 14-XI-2018; L. 123.833, "Benítez", resol. de 27-XI-2019 y L. 124.775, "Gómez", resol. de 6-XI-2020), ni la que se relaciona con la doctrina de los actos propios (causas L. 81.327, "Mercado", sent. de 27-IX-2006; L. 85.191, "Escalada", sent. de 22-X-2008; L. 120.342, "Figueredo", resol. de 29-IX-2017 y L. 124.351, "Gómez Gorosito", resol. de 30-VI-2020).
Respecto de las citas vinculadas con la transgresión al principio in dubio pro operario , así como las referidas a una supuesta transferencia de establecimiento, cabe señalar que no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión, ni refieren a situaciones similares, atento a su distinto contenido fáctico (causas L. 120.820, "Lastape", resol. de 11-X-2017; L. 121.314, "Aristemuño", resol. de 8-VIII-2018 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021).
También se encuentra excluido del concepto de doctrina legal, en los términos y con los alcances en que ésta ha sido definida por este superior Tribunal, la mención de la opinión personal de uno de sus ministros (causas L. 121472, "Aguilar", resol. 8-VIII-2018; L. 121.509, "Iglesias Masello", resol. de 28-XI-2018 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
Finalmente, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que la doctrina legal es la que emana de sus propios fallos y no la que deriva de los pronunciamientos de otros tribunales de justicia (causas L. 112.025, "Carta", resol. de 22-IX-2010; L. 110.469, "Faramiñan", resol. de 18-V-2011; L. 120.064, "Gómez", resol. de 11-VII-2018 y L. 125.286, "Sanchez Pérez", resol. de 13-XI-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/08/2021 19:14:05 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/08/2021 10:31:09 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/08/2021 10:36:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/08/2021 11:28:40 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/08/2021 15:46:08 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia