Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126955
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, rechazó la demanda promovida por Carolina Ivone Russo contra Impresora Contable S.A., María de Lurdes Palomeque Fernández y Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. por la cual perseguía el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido, enfermedad y demás rubros de linaje laboral (v. fs. 267/272 vta.).
Para así decidir, tras valorar en conciencia la prueba producida, juzgó que la decisión de la actora de considerarse injuriada y despedida resultó injustificada. Asimismo, entendió que tampoco probó la trabajadora, como era su carga, que los supuestos malos tratos que invocó le hayan ocasionado el daño que denunció padecer.
II. Contra lo así resuelto, la legitimada activa deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 6-XII-2019), el que fue concedido por el a quo a fs. 289/290.
En su presentación relata los antecedentes de la causa, denuncia el vicio de absurdo y cita las normas que considera conculcadas.
En lo sustancial se agravia de la conclusión del tribunal actuante, en cuanto consideró injustificado el despido indirecto en que se consideró la trabajadora, pues -a su criterio- efectuó una absurda valoración de las pruebas producidas en la causa.
Argumenta -además- que los malos tratos, sobre los que sustentó la reparación de la incapacidad que denuncia padecer, se encuentran debidamente acreditados en autos.
Finalmente, objeta la imposición de costas a su parte.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, cabe recordar que evaluar la conducta de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral para establecer la existencia o no de injuria, como así también la apreciación de la entidad de las causales invocadas para tenerlo por disuelto y la valoración de los elementos probatorios arrimados a la causa para su demostración, constituyen cuestiones reservadas a la función axiológica de los jueces de grado. Las conclusiones que al respecto formulen sólo pueden revisarse por la Suprema Corte si se demuestra que la ponderación no ha sido efectuada con la prudencia que la ley exige, o se ha incurrido en absurda apreciación de los hechos y las pruebas (causas L. 121.570, "Romera", resol. de 26-IX-2018; L. 124.195, "Gómez", resol. de 2-X-2020 y L. 125.302, "Kessler", resol. de 9-XII-2020).
Ello exige la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco", resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020), pues no lo constituye cualquier yerro, o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más; esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 124.121, "Sánchez", resol. de 11-VI-2020; L. 124.031, "Coronel", resol. de 16-VI-2020 y L. 123.944, Di Cataldo", resol. de 3-VIII-2020).
En el caso, el sentenciante entendió que el despido indirecto en que se colocó la trabajadora resultó injustificado, toda vez que no se probaron en autos los hechos constitutivos de la injuria grave que invocó para decidir la extinción de la relación laboral en los términos de los art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Tales conclusiones no logran ser descalificadas por la impugnante, toda vez que se limita a contraponer a la valoración del material probatorio que ha realizado el tribunal de grado una argumentación basada exclusivamente sobre su propio criterio, insuficiente por lo tanto para determinar la apertura de la instancia extraordinaria en lo que concierne a cuestiones de hecho y de prueba como las aquí ventiladas (causas L. 121.616, "Lareu", resol. de 5-XII-2018; L. 122.597, "Vargas", resol. de 19-VI-2019 y L. 122.643, "Casali", resol. de 23-X-2019).
En ese sentido, se ha señalado que no basta la exhibición de una opinión contraria a la esgrimida por el a quo , sino que es necesaria la demostración de una valoración desacertada, insostenible o inconciliable con las constancias objetivas que resultan de la litis, porque la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficaz demostración del error sentencial, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al juzgador de grado la facultad privativa que tiene en la selección, jerarquización y meritación de la prueba en aras de la determinación de las circunstancias fácticas del caso (causas L. 124.092, "Arévalo", resol. de 10-VIII-2020; L. 124.195, "Gómez", resol. de 2-X-2020 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020).
Por otro lado, corresponde destacar que no resulta hábil para desvirtuar las conclusiones del fallo en crisis, el cuestionamiento afincado en la ponderación de la prueba oral, pues la valoración de las declaraciones testimoniales recibidas en la audiencia de vista de la causa queda reservada a los jueces de grado, y ello así, tanto en lo que concierne al mérito como en lo relativo a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 123.380, "Collaso", resol. de 19-II-2020; L. 124.178, "Monge", resol. de 11-VI-2020 y L. 124.993, "Totaro", resol. de 22-X-2020), que la interesada -como se dijo- no logra demostrar.
Para más, sabido es, que la valoración de la prueba pericial, constituye el ejercicio de una atribución que es propia de los tribunales de trabajo y -por lo tanto- no resulta susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo (causas L. 123.939, "Goitizolo", resol. de 29-VII-2020 y L. 124.195, "Gómez", resol. de 2-X-2020).
III.2. También debe ser rechazado el agravio vinculado al cobro de la indemnización por la incapacidad psicológica denunciada.
Al respecto corresponde recordar que, en la tarea de determinar tanto la existencia de nexo causal o concausal entre las labores desarrolladas por el trabajador y la minusvalía que lo afecta, así como la apreciación del material probatorio, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten ajena al cometido de la Suprema Corte, salvo absurdo (causas L. 121.546, "Cabrera", resol. de 28-XI-2018; L. 124.761, "Travaglia", resol. de 13-X-2020 y L. 124.838, "Piciana", resol. de 16-X-2020).
En el caso, si bien la impugnante denuncia aquel vicio invalidante, sus argumentaciones no resultan idóneas para acreditarlo, en tanto se orientan a objetar el modo en que considera que el sentenciante debió valorar los hechos y las pruebas aportadas al proceso, basando sus expresiones en meras apreciaciones personales y poniendo de manifiesto, tan sólo, su disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento, método que no resulta apto para conmover la decisión que en forma privativa el juzgador estableció en el fallo, en orden a la falta de acreditación de los supuestos malos tratos recibidos por la trabajadora, y que motivaran el daño que alega padecer (causas L. 101.295, "Zakowicz", sent. de 1-IX-2010; L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013; L. 119.978, "Manzanares", resol. de 5-X-2016 y L. 124.886, "Luna", resol. de 16-X-2020).
III.3. Por último, la crítica relativa a las costas resulta igualmente improcedente. En reiteradas oportunidades ha sostenido esta Corte que su distribución e imposición, así como su eximición (total o parcial), constituyen atribuciones privativas del tribunal de trabajo, y -por tanto- no son revisables en casación, salvo absurdo. Éste se configura si se invoca y demuestra una irrazonable o evidente iniquidad en las pautas utilizadas o la alteración de la calidad de vencido (causas L. 111.997, "Uribe", sent. de 9-IV-2014 y L. 118.555, "Ambrosio", resol. de 18-III-2015), extremos que no se verifican en la especie, donde sólo se exhibe la mera disconformidad de la recurrente en orden al criterio de aplicación seguido por los jueces de origen.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/08/2021 19:01:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/08/2021 21:12:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/08/2021 13:00:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2021 19:21:45 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/08/2021 08:21:34 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia