Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 118595
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley con relación a los agravios tratados en los puntos III.3.b. y IV.4. en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). En cambio, corresponde declarar procedente las vías extraordinarias deducidas respecto de los planteos desarrollados en los puntos III.3.c. y IV.5. y revocar el pronunciamiento de grado, atento a que las objeciones introducidos han sido admitidas en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). En consecuencia, remitir los autos al tribunal de origen a fin que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial de los recursos (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata, en lo que interesa, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Graciela Beatriz Machado condenando -en forma solidaria- a Cooperativa de Trabajo San Julián Ltda. y a Giorno S.A. al pago de la suma que indicó en concepto de las indemnizaciones derivadas del despido, salarios adeudados, sueldo anual complementario, vacaciones, las multas previstas en los arts. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, 8 y 15 de la ley 24.013 y 2 de la ley 25.323, y a hacerle entrega a la actora -únicamente por parte de la Cooperativa codemandada- de la certificación de servicios. Impuso las costas a las accionadas vencidas (v. fs. 614/639 vta.).
Para así decidir, tras valorar las pruebas producidas en la causa, tuvo por demostrado que la accionante trabajó bajo la dependencia de la Cooperativa de Trabajo San Julián Ltda.
Asimismo, juzgó que se hallaban configurados los presupuestos que habilitan la aplicación de la hipótesis contenida en el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo respecto de Giorno S.A.
II. Frente a lo así resuelto, ambas legitimadas pasivas deducen recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 688/697 vta. y fs. 660/676 vta.), los que fueron concedidos a fs. 836/837 y 703/704 vta., respectivamente.
III.1. En el remedio interpuesto a fs. 688/697 vta. la Cooperativa de Trabajo San Julián Ltda., plantea su discrepancia con la conclusión del tribunal por conducto de la cual juzgó verificado, en el caso, el vínculo laboral invocado en el escrito de inicio.
Seguidamente, objeta el monto de las costas a su cargo, denunciando que el pronunciamiento de grado conculca el art. 505 del Código Civil (conf. ley 24.432), y que -asimismo- infringe la doctrina legal elaborada por este Tribunal que individualiza.
III.2. El recurso prospera parcialmente.
III.3.a. Liminarmente se impone observar que, en el caso, como la propia impugnante lo manifiesta, el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por la suma de condena más la diferencia que se verifica entre el importe proveniente del cálculo de las costas que fijó el a quo y el que habría de obtenerse según los parámetros que la recurrente postula-, no excede el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente a la fecha de interposición del remedio procesal, razón por la cual la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020 y L. 126.366, "Fernández", resol. de 8-VI-2021).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol de 21-XII-2020).
III.3.b. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que mediante la denuncia de vulneración de doctrina legal la impugnante trae a consideración agravios vinculados a cuestiones de índole fáctica y probatoria -como lo son, en la especie, la definición en torno a la naturaleza de la relación entre las partes y la existencia o no de fraude, y el supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis- asuntos detraídos de revisión de esta Suprema Corte en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto procesal citado (causas L. 125.349, "Bustamante", resol. de 14-XII-2020; L. 125.606, "Maldonado", resol. de 29-III-2021 y L. 126.864, "López", resol. de 13-VII-2021).
Por lo demás, cabe recordar que reiteradamente ha declarado esta Corte que las doctrinas referidas al vicio de absurdo no resultan idóneas a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015; L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018 y L. 120.430, "González", sent. de 2-V-2019).
III.3.c. En cambio, la impugnación respecto de las costas resulta atendible, toda vez que la definición plasmada por el órgano judicial contraría la doctrina legal cuya transgresión se invoca en la postulación recursiva.
En efecto, en reiterados precedentes esta Suprema Corte ha declarado que la limitación introducida por la ley 24.432 respecto del alcance de la responsabilidad por el pago de las costas establecida en los arts. 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (ambos según modif. de ley 24.432), receptada en idénticos términos en el art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación es constitucional y aplicable en el ámbito provincial (art. 31 bis, ley 5827 y modif.; causas L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2002; L. 89.979, "Saucedo", sent. de 16-IV-2008; L. 93.064, "Vas da Silva", sent. de 2-III-2011; L. 98.065, "Cejas", sent. de 3-V-2012 y L. 124.724, "Ibarra", sent. de 8-II-2021; e.o.).
Por lo expuesto, corresponde casar lo resuelto por el órgano de origen en los términos expuestos y, en consecuencia, remitir las actuaciones al tribunal de origen para que, teniendo en cuenta los lineamientos de la doctrina legal transgredida, dicte nuevo pronunciamiento observando los límites fijados por el legislador nacional, de modo tal que la responsabilidad por el pago de las costas no supere el porcentaje del 25% del monto de la condena.
IV. En la restante vía extraordinaria articulada, la legitimada pasiva Giorno S.A. cuestiona la decisión atacada en cuanto se la responsabilizó en los términos del art. 30 de la ley 20.744. Considera que el fallo resulta absurdo y contrario a la doctrina legal que cita.
Asimismo, se agravia por haber sido condenada a entregar los instrumentos previstos en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, como también a la multa allí impuesta.
Por último, sostiene que los honorarios regulados a los profesionales exceden el veinticinco por ciento del monto de la sentencia. Invoca vulnerado el art. 505 del Código Civil (conf. ley 24.432) y la doctrina legal que cita.
IV.1. El recurso prospera parcialmente.
IV.2. En primer lugar, y alterando -por cuestiones metodológicas- el orden de tratamiento de los agravios traídos, se observa que el embate, mediante el que se objeta la condena a la entrega de los certificados previstos en el art. 80 de la ley 20.744, parte de una premisa errónea, en tanto de la lectura del fallo atacado surge que -contrariamente a lo afirmado por la recurrente- el juzgador expresamente excluyó de aquella obligación a la empresa Giorno S.A. (v. sent., segunda cuestión, fs. 619/620).
De este modo, el cuestionamiento de la interesada transita por carriles propios, desentendiéndose de las razones proporcionadas por el sentenciante de grado (causas L. 118.864, "Rodríguez", resol. de 15-VII-2015; L. 124.761, "Travaglia", resol. de 13-X-2020 y L. 125.479, "Blanco", resol. de 9-XII-2020).
IV.3. Aclarado ello, se impone señalar que, respecto de los restantes cuestionamientos que porta el remedio en examen, el valor de lo cuestionado ante esta instancia -representado por la suma de condena más la diferencia que se verifica entre el importe proveniente del cálculo de las costas que fijó el a quo y el que habría de obtenerse según los parámetros que la recurrente postula-, tampoco excede el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141).
IV.4. Bajo tales premisas, los agravios vinculados al eventual vicio de absurdo en el que pudo haber incurrido el juzgador de grado al apreciar la prueba, así como los dirigidos a objetar la existencia -o no- de los presupuestos fácticos determinantes de la solidaridad establecida en el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo y la admisión del rubro indemnizatorio previsto en el art. 80 de la ley citada, en tanto se vinculan a típicas cuestiones cuyo análisis está reservado a los jueces de la instancia ordinaria, se hallan excluidas de la acotada vía de revisión por la que transita el recurso (causas L. 120.812, "Adi", resol. de 4-X-2017; L. 120.013, "Quilodrán", resol. de 15-XI-2017 y L. 120.774, "Mansilla", sent. de 4-IX-2019).
Asimismo, tal como se puntualizó al desestimar el remedio extraordinario abordado con anterioridad, no es apta para habilitar la instancia extraordinaria, por el mentado conducto excepcional, la conculcación de doctrina legal referida al vicio de absurdo (causas L. 121.360, "Gómez", resol. de 11-VII-2018; L. 122.256, "Mendoza", resol. de 24-IV-2019 y L. 124.457, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020).
Del mismo modo, no constituye doctrina legal en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial la que deriva de la opinión de autores (causas L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.461, "Luna", resol. de 4-III-2021).
IV.5. En cambio, asiste razón a la impugnante respecto de la crítica dirigida a cuestionar el importe que ha sido fijado en concepto de costas en la sentencia.
En este sentido, y dada la sustancial analogía de fundamentos del presente canal impugnativo con el analizado previamente, corresponde remitir, por economía procesal, a las motivaciones esgrimidas en el punto III.3.c.
En atención a lo señalado, se revoca el pronunciamiento de grado en esta parcela, devolviéndose las actuaciones al tribunal de origen para que proceda a adecuar el pronunciamiento a efectos que la responsabilidad por el pago de las costas no supere la limitación porcentual prevista en la normativa de aplicación.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley con relación a los agravios tratados en los puntos III.3.b. y IV.4. en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). En cambio, corresponde declarar procedente las vías extraordinarias deducidas respecto de los planteos desarrollados en los puntos III.3.c. y IV.5. y revocar el pronunciamiento de grado, atento a que las objeciones introducidos han sido admitidas en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). En consecuencia, remitir los autos al tribunal de origen a fin que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial de los recursos (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/09/2021 13:14:10 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/09/2021 14:24:07 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/09/2021 20:42:47 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2021 09:31:58 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/09/2021 07:38:41 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia