Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120860
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechazan los recursos extraordinarios traídos, con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.860, "Olivero, Oscar Rodolfo contra Universidad Católica de La Plata. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Mancini.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la acción deducida, imponiendo las costas a la parte actora (v. fs. 1.220/1.235 vta.).
Se interpusieron, por esta última, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.244/1.250 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 1.301/1.302 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal interviniente rechazó la demanda promovida por Oscar Rodolfo Olivero contra la Universidad Católica de La Plata por la que pretendía el cobro de vacaciones no gozadas, prestación por desempleo, indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso e integración del mes de despido, y las penalidades previstas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013; 2 de la ley 25.323; 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345); y 53 ter de la ley 11.653.
Para así decir, estableció como no controvertido que el actor mantuvo una relación de dependencia con la demandada, "...desempeñando tareas como docente y a partir del 11/1/2010 como decano de la Facultad de Ciencias Económicas" (vered., fs. 1.220). Tampoco, que "fue despedido con causa mediante comunicación del 7 de mayo de 2012 que corre agregada a fs. 6..." (vered., fs. cit.).
Con apoyo en las conclusiones establecidas en el informe pericial contable agregado a fs. 1.063/1.070, tuvo por demostrado que "...la relación se desarrolló en tres períodos: el primero fue desde el 30 de marzo de 1980 al 30 de diciembre de 1984; el segundo desde el 1° de abril de 1987 al 30 de marzo de 1990, y el tercero desde el 1° de julio de 1993 hasta el 8 de mayo de 2012, totalizando Olivero una antigüedad de 26 años, 8 meses y 8 días, es decir 27 periodos..." (vered., fs. 1.221).
Examinó los términos de la comunicación del despido (carta documento de fecha 7-V-2012), y entendió que "...la mentada decisión se basa esencialmente en tres tipos de incumplimientos: 1) irregularidades documentales de libros de actas de exámenes, 2) incumplimiento de lo dispuesto por la Resolución Rectoral 2498/11 y 3) incumplimientos detectados durante la intervención de la unidad académica de los meses de febrero, marzo y abril del año 2012 relacionados también con área de gobierno de la facultad..." (vered., fs. 1.223).
Ponderó que el accionante -en el telegrama de fs. 4- sólo cuestionó la gravedad de dichas imputaciones y, tras analizar minuciosamente el expediente administrativo n° 431/11 -agregado a fs. 332/799- así como las declaraciones testimoniales brindadas en la audiencia de vista de causa, el juzgado r declaró "...acreditadas las causales invocadas por la demandada para desvincular al Licenciado Olivero", esto es, "los tres tipos de incumplimientos que le fueron imputados al actor en la comunicación rescisoria..." (vered., fs. 1.228).
Sobre esa plataforma fáctica, en la etapa de sentencia indicó que "...tratándose el Decano de la mayor autoridad en la Facultad de Ciencias Económicas, conforme lo establece el art. 37 del Estatuto de la UCALP (fs. 203) y el art. 3 del Reglamento para el funcionamiento de las Facultades de la UCALP (fs. 222), no puede sino esperarse de él un elevado nivel de eficiencia en la conducción de la unidad académica a su cargo, con estricto apego a las normas estatutarias y reglamentarias que rigen la institución educativa a la que pertenecía..." (sent., fs. 1.232).
En ese sentido, juzgó que "...las faltas detectadas en el sumario fueron cualitativamente graves, pues involucraron -en especial- los deberes impuestos por los incisos 'a', 'b', 'c' y 'g' del art. 38 del Estatuto de la UCALP en lo que concierne a la certificación del proceso de evaluación del conocimiento del estudiantado en punto a las asignaturas, fechas, integrantes de las mesas examinadoras y alumnos y la consecuente expedición de títulos académicos, circunstancia que afecta directamente uno de los principales cometidos (frente al Estado y a la comunidad estudiantil) de la Alta Casa de Estudios que lo invistió de la honrosa y delicada función de conducir la administración, la organización y el funcionamiento de la Facultad de Ciencias Económicas..." (sent., fs. cit.).
Por lo expuesto, consideró que "...la finalización del vínculo laboral del Licenciado Olivero dispuesta por la UCALP fue justificada en los términos del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto quedó comprobado que el actor ha incumplido con los deberes establecidos en los arts. 63, 84 y 86 de la LCT y las normas reglamentarias y estatutarias antes nombradas, y que los mencionados incumplimientos revistieron una gravedad tal que impidieron la prosecución de la relación laboral (art. 10 de la LCT)..." (sent., fs. 1.233).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de nulidad, en el que denuncia la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial.
Señala que el tribunal de grado omitió el tratamiento de una cuestión esencial para la resolución de la litis planteada en la demanda, como lo es -a su juicio- el "...despido del actor a su cargo de docente/profesor [...] reglado por ley 14.473..." (sent., fs. 1.248 vta.).
Explica que "...el cargo de Decano de cualquier Universidad Católica, según el art. 37 de su Estatuto, tiene una duración de 4 años, luego de lo cual finaliza en el miso, y no tiene derecho a indemnización alguna, porque el mismo no es indefinido, ni produce estabilidad..." (fs. cit.). Agrega que dicha investidura no tiene ninguna vinculación con las tareas docentes, que son totalmente independientes (v. sent., fs. cit.).
III. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, considero que el recurso extraordinario de nulidad no prospera.
La denuncia de omisión de cuestión esencial no puede tener cabida.
Tal como se desprende del relato de antecedentes, el órgano judicial de grado examinó los extremos fácticos invocados en los escritos constitutivos de proceso, y concluyó que no se encontraba controvertido que el actor mantuvo una relación de dependencia con la demandada "...desempeñando tareas como docente y a partir del 11/1/2010 como decano de la Facultad de Ciencias Económicas..." (vered., fs. 1.220). Luego, con apoyo en el informe pericial contable agregado a la causa, precisó los periodos de trabajo del reclamante y su antigüedad en el empleo. Finalmente, tras declarar acreditadas las causales invocadas por la demandada para disponer la finalización del vínculo laboral, juzgó que dicha decisión resultó justificada (v. sent., fs. 1.233).
De lo expuesto se evidencia que el sentenciante de origen efectivamente evaluó las tareas docentes prestadas por el demandante, que se aducen soslayadas en el libelo recursivo. De modo tal que no incurrió en violación de las prescripciones contenidas en el art. 168 de la Constitución local, sin que corresponda analizar en el marco de la presente vía casatoria el eventual acierto o desacierto de la decisión adoptada (causas L. 117.832, "Campos Dure", sent. de 2-XI-2016; L. 119.720, "Sánchez", sent. de 3-V-2018 y L. 120.316, "Palacios", sent. de 19-XI-2020).
Resta aclarar que el fallo -observando el mandato constitucional contenido en el art. 171 de la Constitución provincial- se encuentra fundado en ley, y no corresponde analizar -en el marco de la vía en tratamiento- su incorrecta o deficiente fundamentación jurídica (causas L. 116.963, "Lloret", sent. de 15-VII-2015 y L. 119.636, "Medina", sent. de 28-II-2018; e. o.).
IV. Por lo expuesto, el recurso extraordinario de nulidad debe rechazarse, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Mancini, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres , votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el actor denuncia la violación de los arts. 5, 14, 14, bis, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 31, 33, 43 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 10, 11, 15, 20 inc. 2, 24, 25, 26, 27, 31, 39, 56, 57, y 171 de la Constitución provincial; 1, 11, 36, 62, 63, 64, 67, 80, 84, 85, 86, 87, 92 ter, 103, 104, 138, 142, 144, 242, 245 y 275 de la Ley de Contrato de Trabajo; 1 y 2 de la ley 25.323; 34 inc. 5 "c", 36 inc. 2, 163 incs. 5 y 6, y 345 del Código Procesal Civil y Comercial; 12, 22, 32, 35, 37, 39, 44 incs. "b", "c", "d" y "e", 47, 48, 55, 56 y 63 de la ley 11.653; de la ley 14.473; del Estatuto de la Universidad Católica Argentina; y de la doctrina legal que identifica.
En concreto, señala que, al omitir pronunciarse sobre el reclamo indemnizatorio realizado como profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, el tribunal de grado trasgredió el principio de congruencia (v. rec., fs. 1.247 y vta.). Indica que las sentencias que omiten considerar y decidir cuestiones oportunamente propuestas por las partes y conducentes para la solución del litigio carecen de validez como actos jurisdiccionales y deben ser dejadas sin efecto (v. rec., fs. 1.248).
A su vez, alega que el fallo no se encuentra fundado en las constancias documentales de la causa ni en las normas que postula de estricta aplicación al caso (v. rec., fs. 1.248 y vta.).
Finalmente, explica que la demandada destituyó al actor de su cargo de Decano, el cual era temporario y que no tenía vinculación alguna con la función de profesor que desempeñaba por tiempo indeterminado (v. rec., fs. cit.). Aclara que no renunció a la titularidad del trabajo como docente y, a la par, que la designación como máxima autoridad de la Universidad accionada no importó un ascenso ni impidió que continuara prestando tareas como docente (v. rec., fs. cit.).
II. El recurso no puede prosperar.
II.1. No resulta atendible la crítica por la que se afirma que el tribunal de la instancia ordinaria, transgrediendo el principio de congruencia, omitió analizar el reclamo indemnizatorio formulado en la demanda con relación al cargo de profesor ejercido por el actor a favor del establecimiento académico accionado.
El tenor del embate me impone recordar que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no constituye la vía idónea para canalizar denuncias vinculadas con la existencia de una incongruencia por defecto en la sentencia objetada -decisión citra petita -, pues tal alegación constituye materia propia del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 114.207, "Ledesma", sent. de 25-IX-2013; L. 117.361, "López Aguado", sent. de 16-VII-2014 y L. 121.571, "Crisostomi", sent. de 26-V-2020; e. o.), el cual si bien fue impetrado se abordó en sentido adverso en lo atinente a la ausencia de omisión de la cuestión que se dice preterida.
II.2.a. Sobre el reproche en torno al modo en que el tribunal resolvió la controversia, se advierte que el interesado no denuncia la existencia de absurdo en lo atingente a la interpretación del contenido del escrito de la demanda, evidenciando de ese modo que el planteo resulta portador de un insalvable déficit técnico (art. 279, CPCC).
En reiteradas oportunidades ha declarado esta Suprema Corte que la interpretación de los escritos constitutivos del proceso y la definición de los términos en que quedó planteada la litis, constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria y que su decisión al respecto sólo puede revisarse en casación en la medida que se denuncie y compruebe la existencia de absurdo en su interpretación (causas L. 104.679, "Chaparro", sent. de 10-VI-2015; L. 119.529, "Williman", sent. de 18-X-2017 y L. 120.023, "Quijano", sent. de 23-II-2021; e. o.), carga que -reitero- el quejoso prescinde cumplir en la especie.
II.2.b. La crítica sobre las conclusiones arribadas en el fallo que el agraviado pone bajo censura, se basa en una distinta evaluación de la controversia y los hechos debatidos, lo que tampoco supera el registro de una mera disconformidad, sin lograr demostrar -a todo evento- que hubiera mediado una interpretación absurda de la demanda.
II.3. Las restantes alegaciones del interesado sólo traducen la fallida intención de sustituir el criterio del juzgador -a través de la exposición de su particular y personal punto de vista- respecto de una tarea privativa, como es apreciar los hechos y el material probatorio aportado a la causa (causas L. 116.063, "Peralta", sent. de 29-V-2013; L. 114.726, "Walton", sent. de 29-V-2013 y L. 117.622, "Villalobos", sent. de 25-II-2015; e. o.).
Al respecto, este Superior Tribunal tiene establecido que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que sólo exterioriza una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos de la decisión que son privativos de la labor valorativa de los jueces de grado, apoyándose en una propia versión sobre los hechos y el modo en que debieron apreciarse las pruebas adunadas a la causa (causas L. 108.918, "Hernández", sent. de 4-VII-2012; L. 117.032, "Caballero", sent. de 13-XI-2013; L. 116.866, "Transporte Automotor Plaza S.A.C.I. y otra", sent. de 4-VI-2014; e. o.).
III. En virtud de lo dicho, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Mancini, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres , votaron la segunda cuestión también por la negativa .
Con lo que termino el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General respecto del de nulidad, se rechazan los recursos extraordinarios traídos, con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/09/2021 14:25:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/09/2021 20:44:50 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2021 09:31:24 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2021 09:38:52 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/09/2021 07:39:36 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia