Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127012
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Trenque Lauquen rechazó la demanda iniciada por Marcos Walter Gorjón contra Servicios Integrales del Oeste S.A. en concepto de indemnización por despido y lucro cesante motivado en una incorrecta registración de la relación laboral. Asimismo, hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva articulada por Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. (v. pronunciamiento de fecha 2-XII-2020).
Para así decidir, juzgó que el actor no tenía motivos suficientes para considerarse despedido, desde que se encontraba correctamente registrado en la categoría de "Vendedor B" del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 21-XII-2020), el que fue concedido por el a quo (v. pronunciamiento electrónico de fecha 29-XII-2020).
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Cita las normas y la doctrina que considera vulneradas.
En rigor, se agravia de la decisión de grado en cuanto tuvo por acreditado que las tareas desarrolladas por el actor se encuadraron en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 y no, como se denunció en la demanda, en la ley 14.546.
Alega absurdo en la valoración de la prueba. Cuestiona la ponderación de las declaraciones testimoniales. Por otro lado, le objeta al juzgador haber negado la existencia de fraude laboral. En este marco, manifiesta que en el fallo se aplicó erróneamente la teoría de los actos propios, vulnerando el principio de irrenunciabilidad, el protectorio y el orden público laboral.
III. El recurso ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827).
III.1. Dable es recordar, ante todo, que determinar las circunstancias fácticas de la causa -en el caso, las tareas cumplidas y la categoría laboral-, como también evaluar la conducta de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral para establecer la existencia o no de injuria y la apreciación de la entidad de las causales invocadas para tenerlo por disuelto, constituyen cuestiones reservadas a la función axiológica de los jueces de grado. Las conclusiones que al respecto formulen sólo pueden revisarse por la Suprema Corte si se demuestra que la ponderación no ha sido efectuada con la prudencia que la ley exige, o se ha incurrido en absurda apreciación de los hechos y las pruebas (art. 242, LCT; causas L. 121.070, "Gómez", resol. de 28-III-2018; L. 122.135, "Rojas", resol. de 5-VI-2019 y L. 125.302, "Kessler", resol. de 9-XII-2020).
En tal sentido, es del caso destacar que aquel vicio sólo puede juzgarse configurado ante una demostración cabal de su existencia. En ese marco, ha dicho este Tribunal que no basta con invocarlo, desde que deviene indispensable ponerlo de manifiesto a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, mostrándose insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se direcciona a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 124.121, "Sánchez", resol. de 11-VI-2020; L. 124.031, "Coronel", resol. de 16-VI-2020 y L. 123.944, Di Cataldo", resol. de 3-VIII-2020).
La impugnación bajo estudio no logra evidenciar el mencionado vicio, toda vez que sólo exhibe una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el juzgador de grado, sin demostrar la transgresión de las normas legales que denuncia, ni que medie error en el modo como el tribunal de trabajo resolvió la controversia, método que, sabido es, resulta insuficiente para demostrar la concurrencia de absurdo (causas L. 118.271, "Lugo", resol. de 5-XI-2014; L. 118.305, "Ciarelli", resol. de 11-II-2015 y L. 123.057, "Jaldin", resol. de 11-IX-2019).
III.2. En el caso, el sentenciante entendió que la situación de despido indirecto en que se colocó el trabajador resultó injustificada. En tal sentido sostuvo que -en atención a las tareas desarrolladas por el actor-, la relación laboral que existió entre las partes no se regía por la ley 14.546 como pretende el accionante, sino que le resultaba aplicable el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 correspondiéndole la categoría de "Vendedor B", tal como fue categorizado durante todo el vínculo contractual por la empleadora.
Tales conclusiones no logran ser descalificadas por el impugnante, toda vez que se limita a contraponer a la valoración del material probatorio que ha realizado el tribunal de grado una argumentación basada exclusivamente sobre su propio criterio, insuficiente por lo tanto para determinar la apertura de la instancia extraordinaria en lo que concierne a cuestiones de hecho y de prueba como las aquí ventiladas (causas L. 121.616, "Lareu", resol. de 5-XII-2018; L. 122.597, "Vargas", resol. de 19-VI-2019 y L. 122.643, "Casali", resol. de 23-X-2019).
III.3. Respecto al cuestionamiento sobre la ponderación de la prueba de testigos, se recuerda que su valoración queda reservada a los jueces de grado, que gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 122.912, "Scardilli", resol. de 18-IX-2019; L. 123.365, "Tunesi", resol. de 19-II-2020 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020), que -como se expuso- no se logra demostrar.
III.4. Además, en cuanto a la denuncia de transgresión al art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, cabe advertir que esta Corte tiene dicho que no resulta de aplicación la regla in dubio pro operario si los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento respecto de la apreciación del material probatorio (causas L. 121.554, "Pique", resol. de 26-IX-2018 y L. 124.993, "Totaro", resol. de 22-X-2020).
III.5. Asimismo, la insuficiencia técnica señalada no es salvada con la invocación de quebrantamiento de la teoría de los actos propios, dado que los agravios ensayados a su respecto remiten a cuestiones cuya definición es privativa de los jueces ordinarios, en tanto supone el análisis de la conducta observada por las partes (causas L. 121.176, "González", resol. de 30-V-2018; L. 122.053, "Montecinos", resol. de 10-IV-2019 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021).
III.6. Además, cabe agregar, que carece de entidad la sola mención de la afectación de las garantías constitucionales presuntamente infringidas, cuya configuración está supeditada a la previa verificación de infracción de textos legales (causas L. 125.021, "Fernández", resol. de 22-X-2020 y L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020), hipótesis no configurada en el caso.
III.7. Finalmente, cabe memorar que para que una sentencia sea descalificada por arbitraria debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación del fallo que él exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas (causas L. 84.586, "Aguilar", sent. de 8-XI-2006; L. 116.678, "Mendilahatzu", sent. de 17-XII-2014 y L. 123.406, "Infante", resol. de 1-VI-2020), situación que tampoco se advierte en estos autos.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/09/2021 18:04:48 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/09/2021 09:40:40 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/09/2021 11:02:49 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/09/2021 23:42:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/09/2021 08:40:04 - ALFANO Sergio Daniel - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia