Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127013
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley traídos, en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata, en lo que interesa, hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por Jorge Abel Lando, condenando a SIAL S.R.L. a pagarle la suma que indicó en concepto de las indemnizaciones derivadas del despido, sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales, haberes adeudados y la multa prevista en el art. 2 de la ley 25.323, con más intereses fijados en la forma que estableció. En cambio, la rechazó en cuanto procuró el cobro de las sanciones fijadas en los arts. 9 de la ley 24.013 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 131/149 vta.).
Para así decidir, en lo que resulta de interés por ser materia de agravios, tuvo por acreditado el hecho invocado por el trabajador como causal del distracto, el que revistió gravedad suficiente para imposibilitar la prosecución del vínculo laboral en los términos del art. 242 de la LCT.
Por otro lado, juzgó que la multa dispuesta en el art. 80 de la ley 20.744 debía ser desestimada por cuanto el certificado de trabajo no fue solicitado por el actor.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo y la accionada dedujeron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fechas 22-XI-2019 y 25-XI-2019, respectivamente), los que fueron concedidos por el tribunal de grado a fs. 165 y vta. y 170 y vta., respectivamente, ambos en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
III. El recurso incoado por el actor no prospera.
III.1. En dicha presentación impugnativa, el interesado denuncia el vicio de absurdo en la valoración de la prueba, e individualiza la doctrina legal que considera violada.
Cuestiona la desestimación de la multa establecida en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, alegando que su parte intimó -contrariamente a lo afirmado en el fallo- a la entrega de las certificaciones previstas en la citada norma.
III.2. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, por juzgar el órgano de grado insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal (causas L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019 y L. 125.912, "Melgar", resol. de 12-II-2021), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
III.2.a. En este orden, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, desde que el impugnante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado, vinculadas a la valoración de los hechos y las pruebas -como son aquellas relativas a establecer si se configuran o no los presupuestos para la procedencia de la sanción pecuniaria prevista en el art. 80 de la LCT y, por ende, se encuentran detraídas de revisión en el estrecho marco cognitivo del remedio procesal intentado (causas L. 124.199, "de Paula", resol. de 11-VI-2020 y L. 124.458, "Taboada", resol. de 16-VI-2020).
III.2.b. Para más, no resulta apta, para habilitar la instancia extraordinaria por el mentado conducto excepcional, la conculcación de doctrina legal citada por el interesado referida al vicio de absurdo (causas L. 121.937, "Sosa", resol. de 17-X-2018; L. 121.811, "Maroni", resol. de 14-XI-2018 y L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020).
IV. El recurso deducido por la accionada tampoco puede prosperar.
IV.1. En su medio de impugnación, en lo esencial, denuncia absurdo y arbitrariedad en la valoración de los hechos y las pruebas, agraviándose de la conclusión del fallo con arreglo al cual se tuvo por justificado el despido directo del trabajador.
En este sentido, sostiene que el juzgador no ha ponderado prudencialmente los sucesos acreditados en autos, ni tampoco la injuria invocada en la comunicación rescisoria.
Finalmente objeta, por un lado, la tasa de interés dispuesta en el pronunciamiento y, por el otro, la decisión de grado en cuanto, con fundamento en el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación, dispuso la acumulación de los intereses al capital de condena.
IV.2.a. Liminarmente, se impone observar que, al igual que el remedio incoado por el actor, la presente vía en examen ha sido concedida en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, por juzgar el órgano de grado insuficiente el monto de lo cuestionado, por lo cual la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal de esta Suprema Corte (L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019 y L. 126.644, "Barcala", resol. de 22-VI-2021).
IV.2.b. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, en tanto las citas jurisprudenciales efectuadas por la recurrente remiten -en rigor- al análisis de típicas cuestiones fácticas y probatorias vinculadas con el absurdo en la valoración de la prueba, y a la configuración y determinación de la injuria que habilita la disolución del vínculo en los términos del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, asuntos -todos ellos- detraídos de revisión en el acotado marco de excepción en tratamiento (causas L. 121.602, "Hidalgo", resol. de 5-XII-2018; L. 123.527, "Gridin", resol. de 11-III-2020 y L. 124.114, "Ramírez", resol. de 11-IX-2020).
IV.3. Por otro lado, la crítica mediante la cual se cuestiona la parcela del pronunciamiento que, a fin de calcular los intereses, utilizó la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema denominado "Banca Internet Provincia", tampoco es de recibo.
Al respecto, se impone señalar que esta Suprema Corte en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), por mayoría, en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires precisó la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento (v. también causa C. 119.176, "Cabrera", sentenciada en la misma fecha), determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Código Civil de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Código Civil y Comercial de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016); L. 119.905, "Galván" (resol. de 26-X-2016) y L. 119.422, "Clemente" (sent. de 31-X-2016).
Siendo así, en el contexto de las circunstancias reseñadas, cabe concluir que, en el presente caso, lo decidido en materia de tasa de interés por el tribunal de grado encuentra respaldo en la doctrina legal de esta Corte.
IV.4. Respecto del agravio destinado a desvirtuar la parte del pronunciamiento que capitaliza los intereses al capital de condena, no se verifica la concurrencia de aquel supuesto descripto que justifique su encuadre en la citada norma del art. 55 de la ley 11.653, toda vez que las doctrinas que se denuncian como vulneradas han sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 120.015, "Zarate", resol. de 8-II-2017; L. 117.605, "Gómez", resol. de 14-VIII-2019 y L. 125.440, "Tierno", resol. de 21-IX-2020).
Finalmente, corresponde recordar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la opinión de los autores ni los de la Corte nacional (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol de 21-XII-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley traídos, en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/09/2021 16:40:27 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/09/2021 12:08:46 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/09/2021 09:10:40 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/09/2021 23:18:24 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/09/2021 10:06:57 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia