Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127057
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la parte actora, atento a que el planteo abordado en el punto III.2. resulta abstracto por haber perdido virtualidad, los tratados en los puntos III.3 y III.4 resultaron insuficientemente fundados y los agravios analizados en los puntos III.5 y III.6 han sido desestimados en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Torres dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, en lo que interesa destacar -por mayoría- hizo lugar, parcialmente, a la acción promovida por Analía Isabel Martínez y, en consecuencia, condenó a Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., al pago de la suma que individualizó en concepto de indemnización derivada de la incapacidad psicofísica establecida dentro del marco de lo normado por la ley 24.557. Sobre dicho monto adicionó intereses a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema Banca Internet Provincia "BIP" (v. fs. 666/679).
II. Contra tal decisión, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 20-V-2020), el que fue concedido por el sentenciante de mérito (v. fs. 706/708).
En su presentación, se agravia, en primer lugar, respecto de la tasa de interés que el a quo aplicó al capital de condena.
Alega, con apoyo en fallos y precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la configuración de gravedad institucional y la existencia de cuestión federal para habilitar la instancia extraordinaria local.
Luego, en lo que interesa destacar, señala que, como consecuencia del proceso inflacionario, la tasa aplicada en el fallo afecta gravemente el poder adquisitivo del trabajador y, en ese orden, estima la alícuota que considera de aplicación variable al caso.
Con el fin de acreditar el perjuicio sufrido por el trabajador, el recurrente practica tres liquidaciones: la primera, a través del método de indexación del crédito y por conducto del planteo de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561). La segunda, utilizando un porcentaje de ajuste del 1.830% -índice inflacionario- o bien de 1.798% -RIPTE- para el cálculo de los intereses. Por último, la aplicación de la tasa activa de "operaciones restantes" con capitalización mensual de intereses.
Seguidamente se agravia de la omisión, por parte del a quo , de aplicar la capitalización prevista en el art. 770 del Código Civil y Comercial, la que entiende, además, debe ser mensual.
Luego impugna la forma en que el tribunal de grado computó la incapacidad de la actora y el ingreso base mensual.
Finalmente, denuncia la condición de responsable inscripto del apoderado recurrente, por lo cual sus honorarios debieron liquidarse con el impuesto al valor agregado (IVA).
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, a los fines del tratamiento del remedio traído, se impone invertir el orden de los agravios.
III.2. En este marco, y sin perjuicio de otras consideraciones, cierto es que la impugnación dirigida a objetar la forma en que han sido liquidados los honorarios del apoderado de la recurrente queda vacía de contenido, puesto que el planteo mereció tratamiento favorable en la resolución aclaratoria dictada por el tribunal actuante a fs. 706/708. En este sentido, esta Corte tiene dicho que carece de virtualidad el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si una aclaratoria ha modificado las circunstancias que le dieron sustento (causas L. 104.792, "Bartolomeo", sent. de 26-II-2014; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 121.206, "Villagra", resol. de 20-XII-2017; L. 121.472 "Aguilar", resol. de 8-VIII-2018 y L.125.141 "Amarilla", resol. de 2-XI-2020).
III.3. En lo que respecta al grado de incapacidad que afecta a la trabajadora, así como la valoración de los elementos probatorios colectados durante la sustanciación del proceso, tiene dicho esta Corte que constituyen el ejercicio de una atribución privativa del tribunal de grado, no susceptible de revisión en esta sede salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 116.862, "Rojas", sent. de 5-III-2014; L. 107.471, "López", sent. de 30-XI-2014; L. 125.035, "Gutiérrez", resol. de 9-XII-2020 y L.125.565 "Molina Caceres", resol. de 14-XII-2020).
Ello exige la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 112.202, "Gilles", resol. de 6-X-2010; L. 117.891, "Alderete", resol. de 20-VIII-2014; L. 117.795, "Idaskin", resol. de 20-XI-2014; L. 121.468, "Fonzo", resol. de 22-VIII-2018; L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019; L. 124.111, "Ferreyra", resol. de 16-VI-2020 y L. 124.997, "Petri", resol. de 4-II-2021).
En el caso, el a quo -ejerciendo facultades que le son privativas (art. 44 inc. "d", ley 11.653)- evaluó en forma pormenorizada la prueba producida, incluida la pericia médica y psicológica que la interesada denuncia como erróneamente ponderadas, y sobre tales premisas estableció el grado de minusvalía de la trabajadora en un 15,4% del índice de la total obrera.
Tal conclusión no logra ser descalificada por la impugnante, pues su crítica no controvierte de modo frontal, concreto y eficaz la esencial motivación del fallo recurrido, en tanto apartándose de la línea argumental de éste -desatendiendo así su verdadero contenido y alcance- y siguiendo el hilo de su propio razonamiento, sólo exhibe su disconformidad con la decisión impugnada (causas L. 96.681, "Desteffaniz", sent. de 18-VIII-2010; L. 101.312, "Escobar", sent. de 28-XII-2011 y L 122.707, "Ostapowicz", resol. de 2-XI-2020).
Además, en el caso, la interesada no denuncia, respecto del agravio en tratamiento, la existencia del mentado vicio de absurdo, debiendo recordarse que es técnicamente defectuoso el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que impugna la interpretación efectuada por el tribunal de la instancia ordinaria en función que le compete privativamente, omitiendo la invocación del mencionado yerro sentencial (art. 279, CPCC y su doctrina; causas L. 82.788, "Martínez", sent. de 27-XI-2006; L. 117.843, "Dimenna", resol. de 27-V-2015 y L. 124.769, "Gravante", resol. de 2-III-2021).
III.4. La misma suerte adversa ha de tener el restante reproche vinculado al ingreso base mensual determinado en autos.
Tiene dicho esta Corte que interpretar los escritos constitutivos del proceso, así como evaluar la prueba y determinar la remuneración que le corresponde al trabajador, constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria y que su decisión al respecto sólo puede revisarse en la sede extraordinaria en la medida que se denuncie y compruebe absurdo (causas L. 99.031, "Luque", sent. de 23-IV-2014; L. 105.151, "Navasal", sent. de 24-VI-2015 y L. 119.994, "Quintana", sent. de 25-IV-2018; e.o.).
Respecto del cuestionamiento, el juzgador de grado, valorando en conciencia el informe contable (elaborado sobre libros de la empleadora, los que se encuentran llevados de conformidad con la normativa impuesta por ley), concluyó que el ingreso base mensual ascendía a la suma de $ 2.109,34, ello así -aseguró- atento que no existe prueba idónea en la causa que desvirtúe los extremos registrales de la accionada, los cuales, además, se condicen con los recibos de haberes incorporados como prueba instrumental con la demanda.
Esta esencial conclusión del fallo no logra ser conmovida por la interesada, pues, por conducto de una crítica que transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió ponderar la prueba aportada al proceso, no logra demostrar el absurdo atribuido, soslayando que tal vicio sólo queda configurado si media cabal demostración de su existencia; pues no basta con invocarlo, sino que es menester probarlo a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 125.302, "Kessler" y L. 125.035, "Gutierrez", resols. de 9-XII-2020).
III.5. Luego, el agravio dirigido a impugnar la tasa de interés aplicada en el fallo tampoco es de recibo.
III.5.a. En primer lugar, se advierte una errada lectura por parte del interesado de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que individualiza, toda vez que en ellos, en modo alguno el alto Tribunal hubo de pronunciarse por la inaplicabilidad de la tasa de interés pasiva en "juicios laborales" como se afirma; lo dicho por la impugnante -siguiendo un desenfocado razonamiento- parece sustentarse en verdad, en los votos en disidencia y que no conformaron la postura mayoritaria del máximo Tribunal de la Nación.
III.5.b. Tampoco queda margen para ingresar en el análisis del agravio que gira en torno a la constitucionalidad de los arts. 7 y 8 de la ley 23.928 y 4 y 5 de la ley 25.561, puesto que el mismo fue traído como una de las tantas motivaciones destinadas a justificar el daño que derivaría de la aplicación de la tasa de interés empleada por el tribunal de la instancia ordinaria, en una tesis que -a mayor abundamiento- es contraria a lo expresado por esta Corte en cuanto reiteradamente ha declarado la validez constitucional de aquellas normas que prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (causas L. 105.189, "Portillo", sent. de 7-IX-2011; L. 107.840, "Cimadoro", sent. de 18-IV-2012; L.119.484, "Martinez", sent. de 8-VI-2017 y L.121.260, "Lazarte", sent. de 12-IV-2021).
III.5.c. Asimismo, la objeción a la conclusión del pronunciamiento que dispuso, a fin de calcular los acrecidos, utilizar la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema denominado "Banca Internet Provincia", tampoco procede.
Al respecto, se impone señalar que esta Suprema Corte en la causa L. 118.587, "Trofe", (sent. de 15-VI-2016), por mayoría, en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires precisó la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento (v. también causa C. 119.176, "Cabrera", sentenciada en la misma fecha), determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Código Civil; 7 y 768 inc. "c", Código Civil y Comercial de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.858, "Pincini", sent. de 26-X-2016; L. 119.905, "Galván", resol. de 26-X-2016; L. 119.422, "Clemente", sent. de 31-X-2016 y L.126.119, "Pezzutti", resol. de 26-IV-2021).
Siendo así, en el contexto de las circunstancias reseñadas, cabe concluir que, en el presente caso, lo decidido en materia de tasa de interés por el tribunal de grado encuentra respaldo en la doctrina legal de esta Corte.
III.6. Finalmente, el agravio relativo a la presunta omisión de aplicar la capitalización que prevé el art. 770 del Código Civil y Comercial en que habría incurrido el tribunal sentenciante resulta notoriamente inviable, por cuanto se dirigen a evidenciar la supuesta preterición en el tratamiento de cuestiones esenciales que, tal como lo ha dicho en reiteradas ocasiones esta Corte, es materia propia del recurso extraordinario de nulidad y ajena, por ende, al de inaplicabilidad de ley (causas L. 112.590, "Escudero", sent. de 9-IV-2014; L. 107.358, "López", sent. de 15-VII-2015; L. 119.011, "Tarducci", sent. de 14-XII-2016 y L.125.868, "Monzón", resol. de 4-III-2021).
Por todo lo expuesto, corresponde desestimar el recurso extraordinario traído, con costas (art. 289, CPCC).
El señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al sufragio de los ministros que me preceden en la votación, solo he de señalar, que y, en relación a lo resuelto en el punto III.5.d., lo hago con las consideraciones que tuve oportunidad de señalar en los precedentes C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe" (sents. de 15-VI-2016), que doy por reproducida merced a razones de economía y celeridad procesal.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la parte actora, atento a que el planteo abordado en el punto III.2. resulta abstracto por haber perdido virtualidad, los tratados en los puntos III.3 y III.4 resultaron insuficientemente fundados y los agravios analizados en los puntos III.5 y III.6 han sido desestimados en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/09/2021 16:03:52 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 01/10/2021 08:18:19 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/10/2021 19:29:44 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/10/2021 11:28:37 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/10/2021 12:08:22 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 07/10/2021 13:16:50 hs. bajo el número RR-1254-2021 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia