Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127100
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Horacio Daniel Cuturello y condenó a la Boehringer Ingelheim S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de indemnizaciones derivadas del despido y las previstas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Finalmente, también condeno a la accionada a la entrega de los certificados del citado art. 80 de la ley 20.744 (v. fs. 577/590).
Para así decidir, en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, fijó -con sustento en la prueba producida- la mejor remuneración normal y habitual percibida por el trabajador para el cálculo de la indemnización prevista en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
De la misma forma, consideró cumplidos los recaudos legales de habilitación de los incrementos indemnizatorios previstos en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323, como así también de la sanción contenida en el art. 80 de la ley 20.744.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 4-V-2020), el que fue concedido por el a quo (v. resolución del 28-VII-2020).
En su presentación, manifiesta que el tribunal de grado omitió tratar las defensas que oportunamente planteó su parte respecto a la improcedencia de incluir, en el cálculo de la mejor remuneración normal y habitual, rubros que no cumplen con los requisitos establecidos en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Al efecto, también controvierte la ponderación efectuada sobre la prueba, en particular la pericia contable.
Objeta, además, la procedencia de los incrementos previstos en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 y de la multa establecida en el mencionado art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, en lo concerniente al primero de los agravios deducidos, sabido es que esta Suprema Corte tiene establecido que determinar la mejor remuneración mensual, normal y habitual importa el ejercicio de facultades privativas del tribunal de grado, no revisable -por regla- en la instancia extraordinaria, salvo que se invoque y demuestre eficazmente la existencia de absurdo (causas L. 104.150 "F., A.", sent. de 23-XI-2011; L. 98.481 "Pagano", sent. de 14-III-2012; L. 101.853 "Tarragona", sent. de 18-VIII-2012; L. 110.768, "Guzmán", sent. de 7-VIII-2013; L. 116.969, "Sosa de Correa", sent. de 31-X-2016 y L. 125.601, "Castronovo", resol. de 9-XII-2020).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, e incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 112.202, "Gilles", resol. de 6-X-2010; L. 117.891, "Alderete", resol. de 20-VIII-2014; L. 117.795, "Idaskin", resol. de 20-XI-2014; L. 121.468, "Fonzo", resol. de 22-VIII-2018; L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019; L. 124.111, "Ferreyra", resol. de 16-VI-2020 y L. 124.997, "Petri", resol. de 4-II-2021).
En el caso, el órgano jurisdiccional de grado, con sustento en las probanzas obrantes en autos, en especial la pericia contable, resolvió tener por probado que los rubros Salario Base, Premio Variable, Premio Share Trim, Ajuste Remuneratorio, Gratificación Anual, Bono VPR 2016, Premio Antigüedad, Obra Social Luis Pasteur, Automóvil, Combustibles, Seguros, Service y Peajes, Patente, Celular, Cochera y Gastos Cuenta Bancaria Premium, percibidos por el actor, en cuanto reconocen su causa en el contrato de trabajo habido con su empleadora, importaban -agregó- una clara ventaja patrimonial y oportunidad de ganancia, a la vez que respondían a las notas típicas del instituto del salario, resultando, en consecuencia, incorporadas en la base de cálculo prevista por el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Así, las conclusiones expuestas en dicho pronunciamiento, claramente vinculadas a cuestiones de hecho y prueba -y a las que arribó el tribunal de origen en ejercicio de facultades que le son privativas- no logran ser descalificadas por la recurrente. Ello así, puesto que las alegaciones formuladas no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos de la tarea llevada a cabo por los magistrados, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las argumentaciones esbozadas en la contestación de demanda y las pruebas producidas en autos, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas L. 121.835, "Espíndola", resol. de 13-II-2019; L. 122.101, "Girimonti", resol. de 5-VI-2019; L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021).
Además, sabido es que la apreciación, jerarquización y selección de las probanzas aportadas a la causa es tarea exclusiva del tribunal de trabajo, que no conoce más límite que la conciencia del juez, esto es su prudencia jurídica (causas L. 118.788, "Jaime", resol. de 2-IX-2015 y L. 118.904, "Barreto", resol. de 14-X-2015), de la cual -en el caso- no se demuestra que el sentenciante se hubiera apartado.
III.2. No acierta tampoco la impugnante al cuestionar el acogimiento de la indemnización establecida en el art. 2 de la ley 25.323.
El sentenciante hizo lugar al rubro impugnado con fundamento en que la parte actora había intimado al pago de las indemnizaciones legales pertinentes, sin resultado alguno, debiendo promover la presente acción.
Al respecto, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que resulta procedente el incremento indemnizatorio contemplado en el art. 2 de la ley 25.323 si, debidamente intimada la empleadora, no abonó en forma íntegra las acreencias debidas al trabajador (causas L. 106.361, "Pellitero", sent. de 28-IX-2011; L. 102.276, "Cruz", sent. de 11-VII-2012; L. 116.585, "Rodríguez", sent. de 5-III-2014 y L. 121.613, "Álvarez", resol. 26-XII-2018).
También se ha señalado que juzgar si corresponde eximir al empleador -total o parcialmente- de su pago, en tanto se vincula con la ponderación de circunstancias fácticas, corresponde privativamente al tribunal de trabajo, y la decisión que al respecto éste adopte no es revisable en esta instancia extraordinaria, salvo el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 97.010, "Soldevia de Díaz", sent. de 14-VI-2010; L. 103.879, "Pellegrino", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.753, "Vidal", sent. de 14-X-2015 y L. 121.613, cit.).
Luego, la impugnante debió denunciar y evidenciar en la parcela -lo que no hizo- la existencia del mencionado vicio, y no limitarse a plantear -con una técnica por demás objetable- su mero desacuerdo con la decisión de grado. La interpretación personal tendiente a obtener el rechazo del rubro o bien su morigeración evidencia que el discurso del interesado sólo constituye una contraposición de criterios ineficaz a los fines del recurso deducido (art. 279, CPCC).
III.3. La crítica dirigida a rebatir la condena a pagar la indemnización prevista en el art. 1 de la ley 25.323 tampoco es atendible.
En la especie, el a quo juzgó demostrado que al momento del despido una parte de la remuneración del trabajador se encontraba sin registrar. Así concluyó que, encontrándose deficientemente registrado el contrato, resultaba procedente el resarcimiento al que alude la citada norma.
Lo resuelto en la instancia ha de permanecer incólume, pues la interesada, nuevamente en este cuestionamiento, no se encarga de atacar idóneamente la motivación esencial sobre la que reposa este aspecto del pronunciamiento (causas L. 104.897, "Serra", sent. de 13-VII-2011; L. 116.884, "Contín", sent. de 3-XII-2014; L. 119.143, "Correa", sent. de 29-III-2017 y L. 121.613, cit.).
En definitiva, la recurrente sólo demuestra la intención de disputarle al juzgador su facultad de seleccionar, jerarquizar e interpretar las probanzas del proceso según su propio y personal criterio valorativo (causas L. 88.432, "Aguirre", sent. de 25-VIII-2010 y L. 103.549, "Lestrade", sent. de 9-XII-2010).
III.4. Las objeciones tocantes a lo resuelto en la sentencia de grado en cuanto en ella se acogió la indemnización prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y se intimó a entregar los instrumentos que contempla dicha norma, no ha de correr mejor suerte.
Al respecto, ningún argumento conducente trae la recurrente para modificar lo resuelto por el a quo , no logrando demostrar el error grave, palmario y fundamental configurativo de absurdo -cuya configuración tampoco denuncia en esta parcela- y susceptible de invalidar el pronunciamiento de origen (art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/10/2021 13:45:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/10/2021 08:42:55 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/10/2021 09:55:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/10/2021 16:43:10 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/10/2021 08:11:52 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 13/10/2021 10:57:00 hs. bajo el número RR-1290-2021 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia