Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124527
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar, por mayoría, a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art.292 del CPCC; Acordada 1.790; art.63, ley 11.653).
2Remitir estos actuados al Tribunal de Trabajo n° 3 de La Matanza a los fines establecidos en la presente resolución.
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
El señor Juez doctor Genoud, dijo:
I. En el caso, el Presidente del Tribunal de Trabajo n°3 del Departamento Judicial de La Matanza, en el marco de la acción por despido deducida por Sebastián Matos contra el Club Almirante Brown Asociación Civil, Ángel Anibal Abregu y Luis Alberto Diosquez, en lo que interesa destacar, haciendo lugar a la revocatoria intentada por la parte actora, dejó sin efecto la providencia dictada a fs. 51 en la que tuvo por presentada y por contestada la demanda respecto de la señalada Asociación Civil y, en consecuencia, decretó su rebeldía dándosele por perdido el derecho a contestar la acción y de ofrecer pruebas (v. fs. 107).
Para así resolver, consideró conducente el argumento planteado por el letrado del actor, en cuanto sostuvo que la contestación de la demanda obrante a fs. 37/42 no corresponde a las presentes actuaciones, ya que en todo momento se hace referencia a "Oscar Muscato" refiriéndose al actor, y de la misma se infiere que hace alusión a una persona que laboró para la institución realizando tareas de "Director Técnico de Fútbol Amateur" cuando los presentes actuados se refieren a un reclamo efectuado por un "Jugador de Fútbol Profesional". En esa línea, juzgó que no hay vinculación alguna entre la contestación de demanda presentada y las actuaciones que tramitan ante los estrados del tribunal que preside.
II. Frente a lo proveído, la codemandada declarada rebelde, dedujo un incidente de nulidad, fundado en la denuncia de violación del principio procesal de preclusión, por considerar extemporánea la revocatoria deducida por la parte actora (v. fs. 111/117 vta.).
A su turno, el Tribunal en pleno lo desestimó (v. fs. 122/124 vta.), dando motivo a la deducción de un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico del 23 de septiembre de 2019).
El tribunal de trabajo, denegó el recurso extraordinario deducido, con fundamento en la falta de definitividad del pronunciamiento puesto en tela de juicio (v. fs. 131/132) y la recurrente articuló de modo directo ante esta sede la queja prevista en el art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 188/214).
En sustancia, luego de reeditar los agravios desplegados en el recurso extraordinario denegado, contradice lo resuelto en tal sentido alegando, con cita expresa de precedentes de esta Suprema Corte, que la resolución atacada es equiparable a definitiva, desde que al quedar en rebeldía se le impide ofrecer y producir pruebas, con grave afectación de la defensa en juicio y violación del artículo 18 de la Constitución Nacional y 15 de la Constitución provincial. Sostiene la habilitación de la instancia con sustento en la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478). Invoca la doctrina del exceso ritual manifiesto.
III. La queja no prospera.
III.1. De modo liminar, cabe poner de resalto que esta Corte ha sostenido que los remedios extraordinarios sólo son viables con relación a las sentencias definitivas, entendiéndose por tales aquéllas que, recayendo sobre el asunto principal objeto de la litis, ponen fin al pleito condenando o absolviendo al demandado, o aun refiriéndose a un artículo, producen el efecto de finalizar el mismo, haciendo imposible su continuación (arts. 278, CPCC; causas L. 113.289, "Olivello", sent. de 28-XII-2010; L. 113.643, "Usandizaga", sent. de 6-IV-2011 y L. 125.622, "Bianchi", resol. de 12-II-2021).
III.2. Además, también ha señalado, como principio, que las decisiones adoptadas sobre nulidad de actuaciones anteriores a la sentencia del mérito de la causa no revisten carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 55, ley 11.653; causas Ac. 84.893, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 23-XI-2005 y L. 120.465, "Ratto", resol. de 14-VI-2017).
En tal sentido me he manifestado, adhiriendo a la postura sostenida en la causa L. 97.875, "Illobre", resolución de 26 de octubre de 2010 por nuestro distinguido ex colega doctor Pettigiani, que guarda similitud con el presente. Así, en el caso, el pronunciamiento mediante el cual el a quo , en el marco de una acción por despido, rechazó el incidente de nulidad fundado en la violación del principio de preclusión, respecto de la decisión que admitió la revocatoria planteada por la actora, no reviste naturaleza de definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas Ac. 96.210, "Tropea", resol. de 6-IX-2006 y L.118.656, resol. de 15-VII-2015), ni resulta equiparable a tal, desde que no se observan circunstancias particulares que permitan apartarse del señalado principio general.
III.3. Cabe agregar a lo dicho, respecto al argumento introducido por la impugnante a los fines de sortear el valladar formal que emana de las normas provinciales y que generaría la obligación de realizar el control impuesto por el art. 31 de la Constitución nacional de conformidad con los estándares fijados por la Corte federal, que no se advierte prima facie , en este estadio y a tenor de las particularidades expuestas, la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia extraordinaria.
IV. Por ello, considero que corresponde desestimar la queja traída (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Acordada 1.790). Con Costas.
El señor Juez doctor Soria dijo:
I. Disiento con la solución propiciada por mi colega preopinante.
II.1.a. En efecto, en numerosos precedentes esta Corte ha entendido que los pronunciamientos que tienen por no contestada la demanda y declaran perdido el derecho a hacerlo no constituyen -en principio- sentencia definitiva o equiparable a tal en los términos de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial, ya que tales decisiones no ponen fin al pleito ni impiden su continuación (causas Ac. 84.846, "Soveny", resol. de 05-VI-2002 y Ac. 87.467, "C., L.I", resol. de 11-VI-2003; e.o.). Mas no lo es menos, que tal criterio ha de ceder cuando -como en el sub iudice - tal decisión traiga aparejado un perjuicio de insusceptible reparación ulterior, no pudiendo soslayarse la particular significación que reviste la falta de contestación de demanda en tanto puede incidir en el resultado final del pleito.
Es ésta, por otra parte, la tesis que en supuestos análogos al presente siguiera la Corte Suprema de la Nación al ingresar al conocimiento del recurso extraordinario interpuesto contra la decisión de la Cámara que revocó el pronunciamiento de grado que había desestimado la revocatoria contra el auto que tuvo al letrado por presentado, parte y por interpuestas las excepciones, y ordenó el desglose del escrito presentado por aquél. En dicho precedente, sostuvo el Alto Tribunal que la decisión atacada puede ser equiparada a definitiva si concurre un supuesto de privación de justicia que afecta en forma directa al derecho de defensa en juicio, ocasionándole al demandado un perjuicio de imposible reparación ulterior, pues éste carecerá de otra oportunidad procesal para hacer valer sus derechos (cfr. C.S.J.N., causa C.1649.XXXVI, in re "Carosella", sent. de 20-III-2003, Fallos 326:697).
Pues bien, en la especie, arguye la interesada que la resolución impugnada la coloca en estado de indefensión, causándole un irreparable perjuicio al dejar a su parte sin contestar la demanda y sin pruebas que permitan demostrar sus defensas, no existiendo otra oportunidad para hacer valer sus derechos.
De allí que en el caso debe equipararse a una sentencia definitiva en los términos de los arts. 278 -último párrafo- y 281 del Código Procesal Civil y Comercial (arts. 55 y 63, ley 11.653) lo resuelto a fs. 122/124 vta.
II.1.b. En consecuencia, más allá de lo que con posterioridad se resuelva sobre la procedencia de los agravios fundantes del recurso incoado, se hace lugar a la queja traída y se declara mal denegado el de inaplicabilidad de ley deducido, el que en estos términos se concede (art. 292, CPCC, art. 63, ley 11.653; Acuerdo 1790).
II.2.a. Pasando a verificar el cumplimiento de la carga prevista en el art. 280 del Código de forma, se advierte que al interponer la impugnación extraordinaria el recurrente invoca su exención por haber iniciado, de modo coetáneo a la presentación del recurso extraordinario, el beneficio de litigar sin gastos (v. presentación electrónica del 23-IX-2019).
Cabe señalar, que en relación al momento de promoción de la mentada franquicia para su consideración en el marco de aquel recaudo de admisibilidad, esta Corte extendidamente ha referido a la doctrina emergente de la causa "Rojas" (C. 103.495, resol. de 22-VI-2011).
Sin embargo, lo resuelto por la Corte Federal en el expediente "Club de Regatas Bella Vista Asoc. Civil c/ Gutiérrez Guido Spano, Alejandro s/ reivindicación" (sent. de 27-XI-2018, Fallos: 341:1704) fruto de la lectura de los arts. 78 y 280 del CPCC -y al que por razones de brevedad remito-, me lleva a descartar el criterio que se inclina por exigir que al tiempo de interponer el recurso de inaplicabilidad de ley debe hallarse promovida la solicitud de la concesión del beneficio de litigar sin gastos. Razones de economía procesal me conducen a tal definición, en armonía con la tesitura adoptada por este Tribunal en la causa C. 123.030, "Garaicochea" (res. int. de 19-II-2020).
II.2.b. Teniendo en vista el mencionado camino emprendido por la impugnante en relación con el beneficio de litigar sin gastos, cabe señalar que este Tribunal ha establecido en el precedente registrado como Ac. 84.210 ("Crozzoli, Mirta c/ Alexandre, Alfredo s/ Escrituración. Rec. de queja", resol. de 28-VIII-2002) y los que siguieron su doctrina, que en tales supuestos corresponde constatar el resultado del respectivo incidente en un plazo prudencial, que se fijó en tres meses por considerarlo razonable para el desenvolvimiento de los trámites necesarios en la obtención de la franquicia (causa Ac. 84.210, cit.).
Así, deviene conducente reenviar los actuados al órgano anterior en grado a fin de que, dentro del marco del art. 281 del Código mencionado reencauce el control del requisito de admisibilidad faltante (causa C. 119.405, "Viviendas 18 de Julio II etapa", resol. de 20-V-2015 y L. 123439, "Candau", resol. de 4-VIII-2020).
En tal línea, colocada la parte impugnante en la tesitura de obtener el beneficio de litigar sin gastos y sortear el aludido recaudo (art. 280, CPCC), en la instancia de grado habrá de notificarle la intimación pertinente, dándole el lapso referido a fin de la acreditación del otorgamiento definitivo de la franquicia invocada y luego comprobar su cumplimiento, constatando el resultado del respectivo trámite en el plazo de tres meses fijado por esta Corte en el antecedente ya señalado (causa C. 122.570, "Riccillo", resol. de 19-IX-2018 y L. 123.439, cit.).
Completo el requerimiento, devuélvase el expediente a esta sede. En el supuesto de proceder a la declaración de deserción de la vía, póngase en conocimiento a este Tribunal, a fin de dar de baja las actuaciones en los registros del Sistema Augusta.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores jueces doctores Torres y Violini adhieren, por los fundamentos que expone, al voto del doctor Soria.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar, por mayoría, a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art.292 del CPCC; Acordada 1.790; art.63, ley 11.653).
2. Remitir estos actuados al Tribunal de Trabajo n° 3 de La Matanza a los fines establecidos en la presente resolución.
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/10/2021 17:18:09 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2021 07:47:08 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2021 09:38:16 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2021 21:32:14 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/10/2021 09:32:39 - VIOLINI Víctor Horacio - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/10/2021 13:37:58 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/10/2021 11:24:34 hs. bajo el número RR-1364-2021 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia