Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126973
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Nicolás hizo lugar parcialmente a la acción interpuesta por Javier Alejandro Vaño y Gabriel Gustavo Carbonelli y, en consecuencia, condenó a Compañía Argentina de Servicios Portuarios S.A. (Casport S.A.) al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por despido injustificado y otros rubros de naturaleza laboral. La rechazó, en cambio, en cuanto pretendía la nulidad del distracto por resultar discriminatorio, y, en consecuencia, los reclamos por daño moral, salarios caídos, pérdida de ganancia e indemnización agravada (v. pronunciamiento de 16-IX-2020).
Para así decir, en lo que resulta de interés destacar por ser materia de agravios, el a quo juzgó que el despido dispuesto por la demandada no obedeció a una conducta discriminatoria.
II. Frente a lo así resuelto, los legitimados activos deducen recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 20-X-2020) los que fueron concedidos en la instancia de grado (v. providencia del 30-VI-2021), habiéndose conferido vista al Procurador General con fecha 30 de junio de 2021 (v. dictamen electrónico de fecha 3-IX-2021).
III.1. En el primero de los remedios procesales mencionados denuncian la violación del art. 168 de la Constitución provincial.
En lo esencial, se agravian de que el sentenciante, al abordar el tratamiento del daño moral, se limitó a entenderlo como una consecuencia del despido discriminatorio, siendo que, en el escrito de inicio, se peticionó en forma independiente.
III.2. Coincidiendo con el dictamen del señor Procurador General, el recurso no puede prosperar.
III.2.a. Cabe recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. prov.; causas L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018; L. 125.420, "Avit", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021).
III.2.b. Así, en el caso, el embate deducido deviene improcedente, desde que la preterición a que se refiere el art. 168 de la Carta local ocurre cuando el juzgador ha excluido el tema por descuido, pero no cuando -como sucede en el sub examine - las cuestiones se encuentran desplazadas de consideración como consecuencia de la solución a la que arribó el tribunal a quo , o cuando son tratadas implícitas o tácitamente, pues lo que se sanciona con la nulidad del pronunciamiento es la preterición de una cuestión esencial y no la forma en que ésta fuere resuelta (causas L. 118.794, "Blasi", resol. de 11-IV-2018; L. 124.712, "Vivas", resol. de 6-X-2020 y L. 125.753, "Rey", resol. de 8-II-2021).
A partir de ello, la simple lectura del recurso articulado da cuenta que la crítica se dirige a objetar el modo en que el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el análisis a la imputación de presuntos errores de juzgamiento cuyo tratamiento -como es sabido- es ajeno al limitado marco de conocimiento propio del recurso de nulidad (causas L. 122.963, "Romero", resol. de 18-IX-2019; L. 125.420, "Avit", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021).
IV. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, los interesados relatan los antecedentes de la causa, denuncian arbitrariedad manifiesta y la violación de los principios que citan.
Reeditando las alegaciones contenidas en la vía extraordinaria de nulidad, cuestionan la decisión del juzgador de grado en cuanto omitió el tratamiento de la indemnización por daño moral derivada de la falsa acusación delictiva como causal del distracto.
V. El recurso tampoco puede prosperar.
V.1. Liminarmente, cabe señalar que tratándose en el caso de un litisconsorcio facultativo activo, el valor de lo cuestionado ante esta instancia, a los fines de dar cumplimiento con el recaudo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), está representado, para los recurrentes, por las sumas individualmente reclamadas en la demanda de cuyo rechazo se agravian, las cuales no superan, respecto de ninguno de ellos, el monto mínimo regulado en la norma citada (causas L. 122.364, "Zurdo", resol. de 5-VI-2019; L. 124.359, "Sánchez", resol. de 29-VI-2020 y L. 123.012, "Sosa", resol. de 29-IX-2020), sin que corresponda adicionar intereses o realizar actualizaciones (causas L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021), razón por la cual su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
V.2. Sentado ello, cabe señalar que esta Suprema Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apartado 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 125.004, "Fernández", resol. de 13-X-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
Por otro lado, también ha resaltado esta Corte, que el juego armónico de lo dispuesto por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en modo alguno veda la deducción del medio de impugnación previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas L. 123.381, "Blanco" y L. 123.904, "González", resols. de 18-XII-2019).
V.3. Luego, y a tenor del planteo ensayado por los interesados tampoco puede considerarse involucrada -de manera directa e inmediata- una cuestión de naturaleza federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la CSJN in re "Strada" (Fallos: 308: 490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 118.818, "Concha", resol. 28-X-2015 y L. 124.122, "Barrionuevo", resol. de 16-VI-2020; e.o.).
V.4. Ahora bien, resultando indudable la insuficiencia del valor de lo cuestionado, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019 y L. 121.387, "Monti", sent. 19-IX-2019).
V.5. Bajo las señaladas premisas, la exclusión de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que en la pieza recursiva se omite citar como vulnerada doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020 y L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020).
V.6. Por último, dable es recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/10/2021 17:04:23 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/10/2021 11:13:00 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/10/2021 14:13:26 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/11/2021 09:28:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/11/2021 11:47:49 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/11/2021 08:51:02 hs. bajo el número RR-1424-2021 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia