Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122558
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.558, "Trápani, Matías Leonardo contra Scarímbolo, Martín y otro. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata acogió parcialmente la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 591/606 vta.).
Se interpusieron, por la parte demandada, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 667/698 vta. y 621/666 vta., respectivamente).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 762/764), dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Matías Leonardo Trápani y condenó solidariamente a Martín Scarímbolo y Fernando Martín Scarímbolo al pago de las sumas que determinó por los distintos rubros vinculados con el despido e indemnizaciones previstas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013 y 2 de la ley 25.323; ordenó también la entrega de los certificados contemplados en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 591/606 vta.).
II. Con sustento en el art. 168 de la Constitución provincial los demandados interponen recurso extraordinario de nulidad, en el que alegan que el tribunal de grado omitió el tratamiento de sendas cuestiones que califican de esenciales.
Así, afirman que no se valoró la prueba incorporada a la causa (carta documento glosada a fs. 3 y la documental obrante a fs. 61) que acredita la inexistencia de una relación laboral entre las partes.
Adicionan que tampoco se invirtieron las reglas del onus probandi , pues -dicen- ante la expresa negativa de la demandada, correspondía al promotor del pleito acreditar que hubo de prestar tareas bajo la subordinación del señor Fernando Scarímbolo.
Agregan que no se atendió al planteo de prejudicialidad penal formulado en los términos de los arts. 1.101 y 1.103 del Código Civil (ley 340).
Asimismo, expresan que no se consideró la posición defensiva de los accionados sobre la actuación autónoma del señor Trápani como mandatario civil de la empresa Sony Argentina S.A., acreditada mediante instrumentos públicos, ni se valoró correctamente la prueba testimonial.
Sostienen que debió ponderarse la circunstancia que indica que los demandados no son empresarios, por lo que no están obligados a llevar libros; tornándose por ende improcedente del juramento prestado en los términos del art. 39 de la ley 11.653.
Afirman que no se produjo la citación al pleito -sustentada en la norma del art. 20 de la ley 6.716- de la Caja de Previsión Social para Abogados, por ser dicho organismo parte legítima en todo juicio que se sustancie en la provincia a los fines de controlar y asegurar el fiel cumplimiento de dicho régimen legal.
Destacan que no se trataron las excepciones de incompetencia y falta de legitimación pasiva.
Finalmente, plantean la nulidad de la sentencia por resultar improcedente la condena solidaria impuesta, como así también el pago de los distintos rubros indicados en el pronunciamiento y la acumulación de intereses dispuesta en los términos del art. 770 inc. "c" del Código Civil y Comercial de la Nación.
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General, considero que el recurso extraordinario de nulidad no puede prosperar.
III.1. Las críticas referidas a la supuesta omisión de tratamiento del planteo de prejudicialidad penal y citación al pleito de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires no pueden tener favorable acogida, en tanto han sido resueltas previamente al dictado de la sentencia (v. fs. 481 y 587/588), vinculándose entonces con presuntos vicios procesales que quedan fuera del acotado ámbito por el que transita el presente carril impugnativo (causas L. 117.734, "Latorre", sent. de 1-X-2015; L. 120.419, "González", sent. de 17-X-2018 y L. 120.476, "Milone", sent. de 27-II-2019; e. o.). Otro tanto cabe decir de las cuestiones tocantes al tratamiento de las excepciones de incompetencia y falta de legitimación pasiva; así como aquella por la que se invoca la condición de abogado jubilado del señor Martín Scarímbolo y a la referida a la tasa de interés aplicada; ya que fueron abordadas expresamente por el tribunal de grado -aunque en sentido adverso a las pretensiones de los recurrentes-, ahora, en el fallo que se impugna (causas L. 119.841, "Montenegro", sent. de 5-IX-2018; L. 120.016, "Mossi", sent. de 14-VIII-2019 y L. 121.400, "Hernández", sent. de 16-IX-2020; e. o.).
De otro lado, ocupa señalar, que el deber del juzgador de origen de tratar todas las cuestiones esenciales que le han sido sometidas no implica el de contestar cada uno de los argumentos de hecho o de derecho propuestos por las partes en apoyo de sus posturas (causas L. 82.872, "Miranda", sent. de 12-X-2005 y L. 113.926, "Cimalando", sent. de 16-VIII-2017) como se pretende en el medio de impugnación deducido.
Por último, cabe puntualizar que en el marco del recurso extraordinario de nulidad no son atendibles las alegaciones relativas a la prueba e, incluso, a la existencia de una eventual preterición de alguna pieza de dicha naturaleza, habida cuenta de que se refieren a cuestiones ajenas a su ámbito, y propias -en cambio- del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 105.188, "Pagliani", sent. de 4-VII-2012; L. 117.825, "Basterra", sent. de 4-XI-2015; L. 117.549, "Spoerle", sent. de 6-IV-2016 y L. 119.848, "Flores", resol. de 21-VI-2017).
IV. Por lo expuesto, el recurso extraordinario de nulidad debe rechazarse, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, los accionados denuncian la violación y errónea aplicación de los arts. 18 de la Constitución nacional; 15 de la Constitución provincial; 3, 623, 1.101, 1.103 y 1.623 del Código Civil (ley 340); 4, 5, 21, 22, 23 y 243 de la Ley de Contrato de Trabajo; 34 inc. 4, 127 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 31 y 44 inc. "d" de la ley 11.653; 3 inc. "f" de la ley 5.177 y 12 inc. "a" de la ley 6.716 y de la doctrina legal que identifica.
Se agravian, en lo sustancial, de la definición del tribunal de grado que tuvo por acreditada la existencia de una relación laboral entre las partes.
En ese sentido, señalan que dicho órgano jurisdiccional valoró absurdamente el escrito de contestación de la demanda, ya que -afirman- no hubo de reconocerse allí el carácter dependiente del señor Trápani desde el 1 de marzo de 2006 hasta el 31 de octubre de 2007 cumpliendo tareas administrativas y de procuración en el estudio jurídico del señor Fernando Scarímbolo.
Manifiestan que el a quo omitió considerar que la ley 20.744 no se aplica al trabajo personal del abogado, estando reglada dicha actividad profesional por los regímenes específicos de las leyes 5.177 y 6.716 y del decreto ley 8.904/77.
Alegan que el sentenciante invirtió erróneamente la carga de la prueba, ya que al haber negado los accionados la relación laboral invocada por el actor al promover la demanda, correspondía a este último -y no lo hizo- demostrar los hechos en que fundaba su pretensión.
En este aspecto, denuncian que el tribunal de grado omitió ponderar el tardío telegrama remitido por el actor Trápani en fecha 19 de octubre de 2007, en el que expresó que sus "tareas calificadas en razón de su título profesional encuadraban en la categoría Auxiliar Especializado del CCT 130/75". Ello así, pues, de conformidad a lo establecido en su art. 9, los abogados no integran dicha categoría convencional denunciada.
Indican que tampoco fue merituada la documental ofrecida a fs. 57 vta., la prueba informativa de fs. 171, 286, 287 y 290 y las declaraciones testimoniales de los testigos Santos y Quenan, que demuestran que las labores prestadas por el actor no lo fueron en relación de dependencia, por lo que queda desvirtuada en autos la presunción iuris tantum que surge del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Tampoco, continúan, tuvo en consideración el juzgador que los demandados no revisten la calidad de empresarios en los términos y con los alcances establecidos por el art. 5 de dicha ley. Explican que en la especie solo se está en presencia de dos abogados activos (los señores Trápani y Fernando Scarímbolo) que ejercen su profesión de manera libre y autónoma, y un tercero (el señor Martín Scarímbolo) que accedió a los beneficios jubilatorios. Señalan que la prestación de servicios profesionales autónomos se encuentra reglada por los arts. 1.623 a 1.628 del Código Civil (ley 340).
Refieren que con los documentos obrantes a fs. 1/14 quedó comprobado que este último profesional canceló su matrícula -y se acogió a dicho beneficio- en fecha 11 de abril de 2007, por lo que devino absurda la condena que le fuera impuesta por un supuesto contrato laboral que hubo de extinguirse el 31 de octubre de 2007.
Sostienen que el tribunal de grado transgredió las disposiciones del art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, porque el accionante Trápani no probó haber trabajado en horario de 8:30 a 13:30 y de 16:00 a 20:00 hs. en el estudio jurídico del señor Fernando Scarímbolo, en la oficina de calle San Martín n° 2.982, 1° piso, oficina 7, de Mar del Plata, bajo subordinación técnica, jurídica y económica de dicho letrado, ni que por sus labores percibía $1.000 mensuales.
Destacan que se encuentra probado que el actor ejercía autónomamente su profesión de abogado desde el año 2004, teniendo su propio estudio jurídico en calle Jujuy n° 1.639, piso 6°, oficina "A" de Mar del Plata, y una cartera de clientes, entre los que se encontraba la empresa Sony Argentina S.A., que fuera captada ilegítimamente al señor Martín Scarímbolo.
Manifiestan que la declaración testimonial del único testigo Iribarren resultó inhábil, habida cuenta de que es empleado judicial (por lo que debe mantener el secreto de todos los asuntos de servicio; conf. art. 66 inc. "c", Ac. 2300 SCBA) y amigo íntimo del promotor del pleito, resultando sus dichos falaces y con evidente animosidad hacia los demandados de autos.
Aducen que resultó absurda la conclusión del a quo en cuanto declaró que ante la falta de presentación de registros contables cobraba vigencia el juramento prestado por el actor en el marco del art. 39 de la ley 11.653, pues al desarrollar una profesión liberal los demandados se encuentran eximidos de llevar libros y registros de comercio.
Alegan que el tribunal de trabajo omitió el tratamiento de una cuestión esencial que estructura la traba de la litis, como lo es, la ausencia de un pronunciamiento definitivo en la causa penal P. 128.111, iniciada ante la denuncia formulada contra el actor por captación de un cliente ajeno (la empresa Sony Argentina S.A.) que fuera mandante personal y propio del demandado Fernando Scarímbolo y que se encuentra radicada en la Suprema Corte de Justicia. Indican que el resultado final de la causa penal tiene una incidencia capital para apreciar la conducta de las partes sobre la captación del cliente ajeno que ejecutó y provocó el señor Trápani, afectando la buena fe que deben guardar los abogados en el trato con sus colegas.
Manifiestan que el sentenciante valoró absurdamente las declaraciones de los testigos Santos y Quenan, quienes en la audiencia de vista de la causa afirmaron de manera precisa, veraz y concordante no haber visto al demandante Trápani realizar tareas a órdenes de los señores Scarímbolo, ni recibir por parte de dichos letrados instrucción alguna.
Por otra parte, se agravian del rechazo de la excepción de incompetencia opuesta, la que -entienden- debió ser resuelta de manera previa en los términos del art. 31 de la ley 11.653.
También se oponen a la decisión del tribunal que desestimó la defensa de falta de legitimación para obrar del actor respecto del demandado Martín Scarímbolo. Ello así, pues explican que este último accedió al beneficio jubilatorio en fecha 11 de abril de 2007, por lo que no pudo ser intimado a registrar la relación laboral en fecha 19 de octubre de 2007, ya que tenía incompatibilidad absoluta para desempeñarse como abogado conforme lo dispone el art. 3 inc. "f" de la ley 5.177. En tales condiciones, afirman que resulta ilegal la condena solidaria que le fuera impuesta a este último letrado.
En suma, solicitan el rechazo de los todos los rubros por los que prosperó la demanda, en tanto -insisten- no fue acreditada la relación laboral invocada por el demandante como sustento de su pretensión.
Controvierten que el tribunal resolviera acumular al capital los intereses desde que cada crédito se devengó hasta la notificación de la demanda y, al total del importe resultante, adicionar nuevamente intereses (anatocismo) hasta que quede firme la sentencia. Indican que el tribunal de grado realizó una indebida aplicación retroactiva de lo dispuesto por el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial, contraria al principio receptado en su art. 7 y la doctrina legal que cita.
Finalmente objetan el rechazo de la citación al pleito de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, por cuanto consideran que dicho organismo es parte procesal legítima en estas actuaciones, de conformidad a lo establecido por el art. 20 de la ley 6.716.
II. El recurso no prospera.
II.1. De manera liminar se impone señalar que a tenor de la insuficiencia del monto de lo cuestionado (art. 278, CPCC), el recurso en examen ha sido concedido en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. fs. 702/703), por lo que la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 119.402, "M., L. E.", sent. de 20-XII-2017; L. 119.599, "Silveira Ros", sent. de 11-IV-2018; L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018 y L. 120.599, "Pelle", sent. de 14-VIII-2019; e. o.).
II.2.a.i. En lo medular, se advierte que tanto los fundamentos de la decisión cuestionada como los agravios que se expresan en el recurso arraigan en típicas cuestiones de hecho y prueba, cuyo planteo -y análisis- resulta ajeno al ámbito de la casación por la vía transitada.
En tal sentido, esta Corte reiteradamente ha declarado que no se verifica la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 si el interesado sólo pretende la revisión de cuestiones de índole fáctica y probatoria, como lo son -por ejemplo- aquellas vinculadas a la determinación, a través de la prueba, de la existencia de una relación de linaje laboral (causas L. 105.058, "Ferreyra", sent. de 30-XI-2011; L. 107.496, "Kalcich", sent. de 29-V-2013; L. 120.624, "Chacana", sent. de 11-X-2017 y L. 121.013, "Colli", resol. de 15-XI-2017; e. o.); o cuando se ventilan agravios relacionados con el absurdo en la valoración de la prueba, la supuesta alteración del onus probandi o cuando, a los efectos de la admisión del recurso se alega violación de la doctrina sobre el absurdo (causas L. 106.305, "Molina", sent. de 18-IV-2012; L. 117.524, "Fernández", sent. de 27-V-2015; L. 118.322, "Farías", sent. de 14-XII-2016; L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017 y L. 120.716, "Jara", resol. de 20-IX-2017; e. o.).
En cuanto a la doctrina que trae el recurrente sobre los alcances de la presunción contenida en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, dable es precisar que no resulta aplicable al sub lite , por cuanto no tiene relación con las motivaciones de la decisión adoptada por el tribunal a partir de la valoración de las pruebas adquiridas durante la sustanciación del proceso y que lo condujo a juzgar que las partes se encontraron unidas por un contrato de trabajo (v. fs. 592 vta.).
Debe desecharse también como eficaz propuesta de impugnación la cita de la doctrina emanada de los precedentes L. 87.153, "Rizzo", sentencia de 4-VII-2007 y C. 117.193, "Barbieri", sentencia de 1-VI-2016, en tanto fueron elaboradas sobre presupuestos facticos disímiles a los verificados en el caso de autos (causas L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015 y L. 121.528, "Trifaro", sent. de 31-VIII-2020; e. o.), lo que sella también, desde esta perspectiva, la suerte adversa del recurso.
Dable es agregar que no se verifica el supuesto de excepción que contempla el art. 55 -primer párrafo, in fine - de la ley 11.653 cuando mediante la denuncia de violación de la doctrina legal se pretende, en realidad, someter a revisión de la Suprema Corte agravios vinculados con la interpretación de normas procesales (causas L. 111.950, "Ramundo", sent. de 24-X-2012 y L. 120.258, "Caiguara", sent. de 17-X-2018; e. o.). Del mismo modo, no es idónea, a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto intentado la doctrina de otros tribunales de justicia y de los autores (causas L. 119.351, "Martínez", sent. de 6-IX-2017 y L. 120.591, "Calcagno", sent. de 20-V-2020; e. o.).
II.2.a.ii. Por otra parte, huelga destacar que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no es el instrumento idóneo para canalizar reclamos por omisión de cuestiones esenciales, siendo materia propia del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 118.051, "Rossi", sent. de 19-IX-2018 y L. 119.347, "Bernardi", sent. de 14-VIII-2019; e. o.).
En la especie, la cuestión que aquí se alega preterida -vinculada con la omisión de tratamiento del planteo de prejudicialidad penal- ha sido decidida en la primera cuestión planteada (v. punto III.1. de mi voto), con resultado adverso a las pretensiones de los recurrentes.
II.2.b. En otro orden, los embates orientados a censurar la condena solidaria impuesta al demandado Martín Scarímbolo; el pago de los distintos rubros por los que progresó la demanda y el rechazo de la citación al pleito de La Caja de Previsión Social para Abogados (v. rec., apdos. VI, VII y IX; fs. 660 vta./662 vta. y 663 vta./665 vta.) también deben desestimarse, habida cuenta de que no se ha denunciado en su respecto la vulneración de doctrina legal alguna relacionada con los tópicos que se impugnan, presupuesto esencial e inicial para pretender la revisión de lo resuelto en el presente ámbito de excepción (causas L. 94.682, "Mangione", sent. de 2-IX-2009 y L. 107.416, "Pedrozo", sent. de 27-III-2013; e. o.).
II.3. Finalmente, es inadmisible el cuestionamiento referido a la capitalización de los intereses, toda vez que -una vez más- la doctrina legal que invoca la impugnante (v. fs. 663 in fine y vta.) ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y normativos distintos a los que se ventilan en el sub lite (v. causas cit. en el punto III.4.).
II.4. En suma, no habiéndose configurado la hipótesis de admisibilidad contemplada en la ley procesal laboral local, deben permanecer incólumes las conclusiones del fallo
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