Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127399
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en tanto ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Trenque Lauquen rechazó la demanda interpuesta por Christian Ariel Zaldúa contra la Cooperativa de Servicios Eléctricos y Consumo de Rivadavia en la que procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. sent. de fecha 26-III-2021).
Para así decidir, juzgó acreditado que el despido del trabajador dispuesto por la empleadora, motivado en la pérdida de confianza, resultó justificado.
II. Frente a lo así resuelto, el actor deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 11-IV-2021), el que fue concedido por el a quo (v. pronunciamiento electrónico de fecha 16-IV-2021).
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Cita las normas y la doctrina que considera vulneradas.
Alega absurdo en la valoración de la prueba. Denuncia violada las garantías constitucionales que enumera y la transgresión del art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial.
Sostiene que en virtud del principio de buena fe previsto en el art. 63 de la Ley de Contrato de Trabajo, la empleadora debió, antes de aplicar la máxima sanción, emplear otras sanciones previas, acorde con la irregularidad endilgada.
Cuestiona la ponderación que realizó el sentenciante de los dichos de los testigos.
Finalmente, invoca quebrados el principio de congruencia y el de in dubio pro operario .
III. El recurso no ha de prosperar.
III.1. Liminarmente, se impone recordar, que evaluar las conductas de las partes previas a la rescisión del vínculo laboral para establecer la existencia o no de injuria, como así también la apreciación de la entidad de la causal invocada para tenerlo por disuelto y la valoración de los elementos probatorios arrimados a la causa para su demostración, constituyen cuestiones reservadas a la función axiológica de los jueces de grado. Las conclusiones que éstos al respecto formulen, sólo pueden revisarse por la Suprema Corte si se demuestra que la ponderación no ha sido efectuada con la prudencia que la ley exige, o se ha incurrido en absurda apreciación de los hechos y las pruebas (causas L. 118.056, "Tartarone", resol. de 13-XII-2014; L. 119.734, "Scott", resol. de 1-VI-2016 y L. 124.846, "Rollhaiser", resol. 21-IX-2020).
En tal sentido, es dable destacar que el absurdo sólo puede juzgarse configurado ante una demostración cabal de su existencia. En ese marco, ha dicho este Tribunal que no basta con invocarlo, desde que deviene indispensable ponerlo de manifiesto a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, mostrándose insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se direcciona a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 112.783, "González", resol. de 16-III-2011; L. 121.570, "Romera", resol. de 26-IX-2018 y L. 122.039, "Olivera", resol. de 13-III-2019).
III.2. En el caso, la carga de evidenciar los extremos indicados no ha sido cumplimentada.
El juzgador de grado -con apoyo en la prueba colectada en el proceso- juzgó acreditada la justa causa del despido dispuesto por la demandada, toda vez que -a su criterio- la conducta asumida por el actor, en el hecho que se le imputó, generó la pérdida de confianza, incompatible con las modalidades que caracterizan a toda relación laboral.
Como se adelantó, el interesado no cumple con la carga de acreditar el absurdo alegado, pues sólo se limita a efectuar una personal y diferente valoración de los elementos de juicio evaluados por el tribunal de mérito, lo que no es idóneo a los fines de acreditar que la sentencia está viciada por absurdo. Una formulación de ese tenor sólo trasunta la intención de cuestionarle al judicante las potestades privativas que le asisten en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 104.642, "Morgante", sent. de 15-VIII- 2012; L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013 y L. 124.846, cit.).
En efecto, las alegaciones formuladas respecto de la ponderación de la injuria no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva del recurrente, tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas y los testimonios brindados en la audiencia de vista de la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas L. 118.271, "Lugo", resol. de 5-XI-2014; L. 118.305, "Ciarelli", resol. de 11-II-2015 y L. 124.846, cit.).
III.3. En particular, cabe recordar que la valoración de la prueba oral queda reservada a los jueces de grado, que gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 114.635, "Enrique", resol. de 17-VIII-2011; L. 119.849, "Rojas", resol. de 4-VIII-2016 y L. 124.787, "De La Cruz", resol. 21-XI-2020), supuesto excepcional que el impugnante nuevamente fracasa en demostrar.
III.4. Por otro lado, resta agregar que el argumento que gira en torno a la violación del principio de congruencia deviene inviable. Reiteradamente este Tribunal ha señalado que resulta insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que, bajo la denuncia de infracción al citado principio, limita su impugnación a la disconformidad con respecto a la interpretación de los términos del escrito de demanda, pero no demuestra la existencia de un razonamiento absurdo (causas L. 121.315, "Macheroni", resol. de 11-VII-2018; L. 124.685, "Knaupe", resol. de 15-IX-2020 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021), tal y como sucede en la especie.
III.5. Asimismo, y en cuanto a la denunciada vulneración al principio in dubio pro operario , esta Corte tiene establecido que no resulta tal si, como sucede en el caso, los magistrados que han conformado la mayoría de opiniones, manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento (causas L. 112.404, "Pastorini", sent. de 12-XI-2013; L. 116.908, "C., G. J.", sent. de 3-IX-2014; L. 118.259, "González", resol. de 3-IX-2014 y L. 124.832,"Pacheco", resol. de 24-VIII-2020).
III.6. Para más, cabe advertir que la determinación de la existencia o no de buena fe en un caso dado constituye una cuestión de hecho ajena -en principio- a la revisión extraordinaria en tanto supone el análisis de la conducta observada por las partes, salvo la existencia del vicio excepcional de absurdo que -como se dijo- no se evidencia en la especie (causas L. 98.861, "Leites", sent. de 5-V-2010; L. 112.468, "Boga", sent. de 13-XI-2013; L. 119.844, "Pietronave", resol. de 24-VIII-2016 y L. 121.743, "Moriconi", resol. de 20-II-2019).
III.7. Finalmente, corresponde recordar que la invocada conculcación de principios y normas constitucionales no comporta un adecuado sustento del remedio bajo examen, cuando tales infracciones constitucionales derivarían como consecuencia de la transgresión de otras normas legales que en autos no fueron acreditadas (causas L. 86.442, "Gaillardín", sent. de 31-VIII-2007; L. 94.066, "Villegas", sent. de 3-VI-2009; L. 118.684, "Meaurio", resol. de 8-VII-2015 y L. 123.657, Ortiz", resol. de 20-V-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en tanto ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/11/2021 15:59:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/11/2021 16:24:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/11/2021 21:13:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/11/2021 08:28:48 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2021 08:14:17 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 24/11/2021 08:04:16 hs. bajo el número RR-1532-2021 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia