Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127099
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley traídos en atención a que se encuentran insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, en lo que interesa, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por José Osvaldo Merigo y condenó a Amarradores del Puerto de Bahía Blanca S.C. y Jorge L. Rebagliatti e hijos S.R.L. al pago de las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso, sanciones de los arts. 1 y 2 ley 25.323 y 80 de la ley 20.744. En cambio, la desestimó en cuanto procuraba el pago de diferencias salariales y las sanciones establecidas en el art. 53 ter de la ley 11.653 y 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Para así decidir tuvo por demostrado que el actor trabajó bajo las órdenes de ambas demandadas en el marco de un contrato de trabajo único con pluralidad de empleadores desarrollando tareas en la categoría "capataz" del Convenio Colectivo de Trabajo 243/94, en una jornada laboral de 40 horas semanales desde el 1 de marzo de 1984 hasta el 25 de agosto de 2014.
Por otro lado, juzgó no acreditadas las causales invocadas por la patronal para disponer el despido del accionante fundadas en la pérdida de confianza y la violación de los deberes de fidelidad y no concurrencia (arts. 62, 63, 85, 88 y 242, LCT; v. sent. de 29-XII-2020).
II. Contra dicho pronunciamiento, ambas partes deducen recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones de 12-II-2021), los que fueron concedidos por el a quo (v. resol. del 2-III-2021).
III. En el remedio interpuesto por la parte actora, en sustancia, bajo la denuncia de absurdo en la valoración de los elementos probatorios obrantes en la causa, se agravia de la remuneración y extensión de la jornada de trabajo que el sentenciante tuvo por acreditadas y, en ese contexto, insiste en reclamar las diferencias salariales que denuncia adeudadas. En ese orden, cuestiona asimismo el rechazo del pago del adicional previsto en el art. 32 del Convenio Colectivo de Trabajo 243/94.
IV. El recurso no prospera.
IV.1. Tiene dicho esta Corte que la apreciación de las circunstancias fácticas -en el caso, las referidas a la duración de la jornada, determinación del salario y categoría profesional- y la valoración de los elementos probatorios colectados durante la sustanciación del proceso, fundamentalmente lo que atañe a su selección, jerarquización, mérito y eficacia, constituyen facultades privativas de los jueces que integran los tribunales de trabajo, excluidas en principio de la revisión extraordinaria, salvo la cabal demostración de absurdo (causas L. 111.983, "Ávila", sent. de 29-V-2013; L. 119.385, "Genovali", sent. de 19-IX-2018 y L. 116.928, "Acuña", sent. de 5-VI-2019).
Tal vicio no es eficazmente evidenciado en el recurso deducido. Las alegaciones que porta el remedio examinado en modo alguno abastecen la carga de demostrar, a través de una concreta argumentación, la efectiva acreditación del error grosero y manifiesto, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa configurativas del absurdo (causas L. 118.372, "Rotolo", sent. de 29-III-2017; L. 118.503, "Piazze", sent. de 7-III-2018 y L. 119.966, "Diehl", sent. de 3-V-2018).
IV.2.a. En efecto, en lo que respecta a las definiciones del pronunciamiento relativas a la jornada cumplida por el trabajador y la remuneración, es dable advertir que lejos de controvertir frontal y eficazmente las conclusiones a las que arribó el tribunal de origen sobre la base de la valoración de los elementos de juicio adquiridos en la causa (esencialmente, la prueba oral e informativa), el interesado se limita a verificar el asunto desde otra perspectiva, a partir de una crítica afincada en la discrepancia que plantea con relación al valor que le asigna a los elementos de juicio obrantes en la causa, tratando de lograr ante esta sede judicial modificar el pronunciamiento, sin siquiera evidenciar que el razonamiento del a quo se encuentre viciado por absurdo. Ello revela, sin más, su insuficiencia para demostrar el excepcional yerro valorativo invocado.
IV.2.b. Igual déficit se exhibe en lo concerniente al adicional establecido en el art. 32 del CCT 243/94 reclamado. Las personales conclusiones que extrae respecto de la prueba oral rendida en la audiencia de vista de causa, en modo alguno resultan aptas para conmover la conclusión del sentenciante en cuanto descartó el progreso de dicho rubro, sumado a que tampoco logra acreditar que en el caso se encontraran reunidos los recaudos previstos en la norma para su procedencia.
Por tales razones, corresponde desestimar el recurso traído, con costas (art. 289, CPCC).
V. Por su parte, la legitimada pasiva también deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 12-II-2021), que fue concedido en la instancia de origen (v. resol. de 2-III-2021).
En su presentación invoca las normas que considera violadas. Alega que el a quo se apartó de los hechos constitutivos de la litis y que a partir de ello el razonamiento exhibido en el pronunciamiento atacado se encuentra teñido por el vicio de absurdo.
Desde esa plataforma, concretamente, objeta la decisión de grado que consideró injustificado el despido del actor y aduce que el tribunal de grado no evaluó correctamente la transgresión en que incurrió el trabajador a su deber de no concurrencia. Sostiene en apoyo de su tesis que en el fallo impugnado se efectuó un análisis parcial de las circunstancias fácticas, transgrediendo el principio de congruencia y valorando absurdamente la prueba aportada al proceso.
V.1. El recurso no prospera.
V.2. Esta Corte ha declarado que interpretar los escritos constitutivos del proceso y establecer los términos en que quedó planteada la litis, constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria y que su decisión al respecto sólo puede revisarse en la sede extraordinaria en la medida que se denuncie y compruebe absurdo en su interpretación y violación al principio de congruencia (causas L. 117.923, "Chiroli", sent. de 25-X-2017; L. 120.800, "Fleita", sent. de 13-XI-2019 y L. 121.594, "Veiga", sent. de 25-VIII-2021).
Asimismo, ha expresado este Tribunal que evaluar el material probatorio y la conducta de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral, para establecer la existencia -o no- de injuria, se encuentra reservada a la función axiológica de los jueces de grado, y sus conclusiones no son revisables en la instancia extraordinaria, salvo que se acredite la existencia de absurdo en la apreciación de los hechos y las pruebas, o que la evaluación de la injuria invocada fue realizada por el juzgador sin la prudencia que la ley exige (art. 242, LCT; L. 120.393, "Bianchini", sent. de 6-II-2019; L. 120.819, "Guerra", sent. de 4-IX-2019 y L. 120.532, "Espinosa", sent. de 17-VI-2020).
Bajo tales premisas, la crítica afincada en la propia visión que aporta el recurrente acerca de la correcta interpretación que debió efectuar el a quo sobre lo que fue materia de controversia es insuficiente, pues se limita a formular un nuevo análisis de los hechos y constancias probatorias según su propio criterio valorativo, evidenciando, tan sólo, la intención de disputarle al juzgador la facultad que la ley le confiere para determinar el mérito y habilidad de la prueba producida por las partes para demostrar sus alegaciones (causas L. 119.131, "Peredo", sent. de 6-XII-2017; L. 120.133, "Cuelho", sent. de 3-X-2018 y L. 119.696, "Scarelli", sent. de 3-V-2018).
En efecto, a partir de su versión sobre el modo en que debió apreciarse el contenido de los escritos constitutivos del proceso, así como el alcance que asigna a la documentación que identifica y a los restantes elementos que indica, se limita a realizar un nuevo y personal análisis de las circunstancias del caso, con la intención de ratificar, esencialmente, su convicción acerca de la legitimidad de la medida rescisoria dispuesta por su parte. Sin embargo, en ese cometido, lejos de evidenciar que la decisión se encuentre teñida del vicio de absurdo que le atribuye, sólo exhibe su mera divergencia personal con el criterio expuesto por el juzgador, en el marco de sus atribuciones privativas, para arribar a las conclusiones que ahora impugna.
De ese modo, no logra evidenciar que el a quo hubiera actuado con ligereza en el examen de las circunstancias del caso, ni que, con arreglo al marco fáctico en el cual analizó las causales invocadas por el empleador y declaró la ilegitimidad de la medida rescisoria dispuesta, hubiera actuado sin la prudencia que el art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo le impone, norma que, por lo demás, siquiera se denuncia como vulnerada por la decisión de grado.
En este contexto, más allá de que la solución adoptada pueda resultar opinable o discutible, lo expuesto por el interesado no alcanza para evidenciar el vicio de absurdo. Ello, habida cuenta que lo que habilita la revisión en casación no es cualquier equívoco o disentimiento; antes bien, es necesario que se configure un desarreglo en la base del pensamiento, una falla palmaria del raciocinio, es decir, un error extremo, una insostenible o grosera desinterpretación de las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 118.380, "Arce", sent. de 11-IV-2018; L. 120.669, "Fruto", sent. de 24-IV-2019 y L. 120.443, "Mascotena", sent. de 6-XI-2019), desvío que -como se dijo- no demuestra el recurrente.
En definitiva, las argumentaciones traídas en la impugnación transitan por carriles diferentes al razonamiento seguido en el fallo, sin concretar una réplica eficaz para descalificar las conclusiones plasmadas en el decisorio impugnado. En ese sentido, cabe recordar la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 120.897, "Gianelli", sent. de 18-XII-2019; L. 120.994, "Heitt", sent. de 19-II-2020 y L. 123.270, "Silva", sent. de 6-X-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley traídos en atención a que se encuentran insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/11/2021 15:59:01 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/11/2021 16:24:47 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/11/2021 21:13:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/11/2021 08:28:40 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2021 08:15:03 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 24/11/2021 08:04:40 hs. bajo el número RR-1537-2021 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia