Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127202
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, atento que los agravios tratados en los puntos III.2., III.3., III.4. y III.6. no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), y el cuestionamiento abordado en el punto III.5. ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres y Soria dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la acción promovida por Martín Rubén Navone y condenó a Pacheco Chapas S.A. a pagar la suma que especificó en concepto de sueldo anual complementario, vacaciones e indemnizaciones derivadas del despido y las previstas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 y 53 de la ley 11.653. Por el contrario, la rechazó respecto de la multa del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (v. pronunciamiento de fecha 31-VII-2020).
II. Frente a lo así resuelto, el actor deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fecha 3-XI-2020) el que fue concedido por el a quo en el marco de la excepción que contempla la norma del artículo 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. resol. de 12-XI-2020).
II.1. En primer lugar, objeta que, a diferencia de lo resuelto por el sentenciante, se encuentran verificados en autos los presupuestos para la procedencia de la sanción del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Entiende que, con los recibos adunados a la causa, probó la retención de los aportes con destino a los organismos de seguridad social y sindicales.
Aduce que la patronal fue quien no acreditó -como era su carga- el ingreso de todos los fondos retenidos, ni siquiera -asegura- ofreció prueba tendiente a cumplimentar esa incumbencia. Concluyó, entonces, que la decisión del juzgador, que rechazó la sanción, fue fruto de una absurda valoración de la prueba.
II.2. En segundo lugar, cuestiona la tasa de interés que el a quo aplicó al capital de condena.
Alega, con apoyo en fallos y precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la configuración de gravedad institucional y la existencia de cuestión federal para habilitar la instancia extraordinaria local.
Luego, en lo que interesa destacar, aduce que, como consecuencia del proceso inflacionario, la tasa pasiva aplicada en el fallo afecta gravemente el poder adquisitivo de la trabajadora y, en ese orden, estima la alícuota que considera de aplicación variable al caso.
Con el fin de acreditar el perjuicio sufrido por la trabajadora, la recurrente practica tres liquidaciones: la primera, a través del método de indexación del crédito y por conducto del planteo de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561). La segunda, la aplicación de la tasa activa de "operaciones restantes" con capitalización mensual de intereses. La tercera, aplica la doctrina de las deudas de valor.
Finalmente, solicita la aplicación inmediata del art. 770 "inc. b" del Código Civil y Comercial de la Nación.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado -decisión que no fue objeto de cuestionamiento alguno por parte del interesado-, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal (causas L. 113.436, "Núñez", resol. de 16-III-2011; L. 117.035, "Abregú", resol. de 25-IX-2013; L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015 y L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019), hipótesis que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 105.284, "Martinicorena", sent. de 28-V-2014; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014 y L. 125.787, "Galeani", resol. de 17-II-2021).
III.2.a. En ese contexto, en lo relativo al primer agravio no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, desde que la definición relativa a la concurrencia -o no- de los presupuestos a los que el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo subordina la aplicación de la sanción conminatoria allí prevista, constituye un asunto detraído de revisión en el acotado marco cognitivo en el que el recurso fue concedido (causas L. 108.019, "Morell", sent. de 16-V-2012; L. 115.021, "Mazza", sent. de 27-XI-2013 y L. 118.976, "Veroisa", resol. de 28-II-2018).
III.2.b. Asimismo, reiteradamente ha dicho esta casación que no se configura la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 -en el sentido y con el alcance establecido por esta Suprema Corte- si las doctrinas cuya transgresión se denuncia se refieren al vicio de absurdo y a la carga de la prueba (causas L. 117.164, "Cabrapan Vergara", resol. de 5-IV-2013; L. 121.218, "López", resol. de 13-VI-2018 y L. 125.750, "Di Tullio", resol. de 15-IV-2021).
III.3. Luego, se advierte una errada lectura por parte de la interesada de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que individualiza en su presentación, toda vez que, en ellos, en modo alguno el alto Tribunal hubo de pronunciarse por la inaplicabilidad de la tasa de interés pasiva en "juicios laborales" como se afirma; lo dicho por la recurrente -siguiendo un desenfocado razonamiento- parece sustentarse, en verdad, en los votos en disidencia que no conformaron la postura mayoritaria del Máximo Tribunal de la Nación.
III.4. Tampoco queda margen para ingresar en el análisis del agravio que gira en torno a la constitucionalidad de los arts. 7 y 8 de la ley 23.928 y 4 y 5 de la ley 25.561, puesto que el mismo fue traído como una de las tantas motivaciones destinadas a justificar el daño que derivaría de la aplicación de la tasa de interés empleada por el tribunal de la instancia ordinaria, en una tesis que -a mayor abundamiento- es contraria a lo expresado por esta Corte en cuanto reiteradamente ha declarado la validez constitucional de aquellas normas que prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (causas L. 105.189, "Portillo", sent. de 7-IX-2011 y L. 107.840, "Cimadoro", sent. de 18-IV-2012).
III.5. En orden al agravio dirigido a cuestionar la tasa de interés aplicada en el fallo, se impone señalar que esta Suprema Corte en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), por mayoría, en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires precisó la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento (v. también causa C. 119.176, "Cabrera", sentenciada en la misma fecha), determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Código Civil de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Código Civil y Comercial de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016); L. 119.905, "Galván" (resol. de 26-X-2016) y L. 119.422, "Clemente" (sent. de 31-X-2016).
Siendo así, en el contexto de las circunstancias de autos, cabe concluir que, en el presente caso, lo decidido en materia de tasa de interés por el tribunal de grado encuentra respaldo en la doctrina legal de esta Corte.
III.6. El agravio relativo a la presunta omisión de aplicar la capitalización que prevé el art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación en que habría incurrido el tribunal sentenciante resulta notoriamente inviable, por cuanto se dirigen a evidenciar la supuesta preterición en el tratamiento de cuestiones esenciales que, tal como lo ha dicho en reiteradas ocasiones esta Corte, es materia propia del recurso extraordinario de nulidad y ajena, por ende, al de inaplicabilidad de ley (causas L. 103.565, "Bugatti", sent. de 12-X-2011; L. 108.439, "Careri", sent. de 4-VII-2012; L. 111.692, "Tersiese", sent. de 6-III-2013; L. 112.590, "Escudero", sent. de 9-IV-2014; L. 107.358, "Lopez", sent. de 15-VII-2015; L. 119.011, "Tarducci", sent. de 14-XII-2016 y L. 125.868, "Monzón", resol. de 4-III-2021).
El señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al sufragio de los Ministros que me preceden en la votación, solo he de señalar, que, en relación a lo resuelto en el punto III.5., lo hago con las consideraciones que tuve oportunidad de señalar en los precedentes C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe" (sents. de 15-VI-2016), que doy por reproducida merced a razones de economía y celeridad procesal.
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los doctores Torres y Soria. Sólo me permito aclarar, en lo concerniente a lo manifestado en el punto III.2.b., que si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, atento que los agravios tratados en los puntos III.2., III.3., III.4. y III.6. no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), y el cuestionamiento abordado en el punto III.5. ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/11/2021 16:09:33 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2021 20:36:40 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/11/2021 08:43:52 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/11/2021 12:47:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/11/2021 13:18:57 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/11/2021 09:58:49 hs. bajo el número RR-1569-2021 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia