Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127454
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Zárate, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, decretó la caducidad de la instancia en la causa que Cristian Daría Rurak inició contra Misión Evangélica de Zárate, Raúl Daniel Santillán, Noemí Susana Ríos y Juan Pablo Zanou mediante la que reclamaba las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. pronunciamiento de fecha 27-II-2020).
Para así decidir, en sustancia, juzgó que si bien el actor impulsó el proceso -luego de la intimación cursada al respecto-, dejó transcurrir nuevamente el plazo establecido en el art. 12 de la ley 11.653 sin realizar actividad procesal útil. Expresó también, que no había un deber específico del tribunal de instar al proceso y que las partes no habían manifestado idóneamente su interés en su prosecución.
II. Frente a tal pronunciamiento, la legitimada activa deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 7-IV-2020), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de 27-IV-2020).
Se agravia de la decisión del tribunal de grado que decretó la perención de la instancia. En ese orden, denuncia las normas constitucionales, legales y doctrina legal que considera vulneradas.
En sustancia, alega que -contrariamente a lo decidido- recaía sobre el órgano jurisdiccional de origen el deber de impulsar el proceso. Asimismo, reprocha que el a quo incurrió en un excesivo rigor formal al valorar las circunstancias de la causa, interpretándolas de forma contraria a las que resultaban más favorables al trabajador.
Añade que el sentenciante no puede ignorar los actos que ocurrieron de forma posterior a la intimación y que -a su juicio- revelaron su intención de dar impulso a las actuaciones.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Liminarmente, cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen -representado en el caso por el monto de lo reclamado en la demanda- no excede el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018; L. 120.599, "Pelle", sent. de 14-VIII-2019 y L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020).
III.1.b. Ahora bien, a propósito de los argumentos desplegados por el interesado en el apartado II.7. de su presentación respecto a las restricciones a la admisibilidad del remedio traído vinculadas al valor del litigio, cabe señalar que el tenor del planteo ensayado -contrariamente a lo postulado- no permite considerar involucrada -de manera directa e inmediata- una cuestión de naturaleza federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la CSJN in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; SCBA causas L. 118.730, "González", resol. de 2-IX-2015; L. 119.915, "Lima", resol. de 24-VIII-2016; L. 120.442, "Alegre", resol. de 3-V-2017 y L. 126.228, "Stella", resol. de 21-V-2021).
III.2.a. Aclarado ello, no se observa en el caso la concurrencia del supuesto excepcional antes mencionado, que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019 y L. 121.387, "Monti", sent. 19-IX-2019).
III.2.b. Ello así, toda vez que la crítica contenida en el escrito recursivo remite a cuestiones estrictamente procesales -como lo es la referida al instituto de la caducidad de instancia- y, como tales, detraídas de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el ya citado precepto adjetivo (causas L. 119.150, "Mariani", resol. de 25-XI-2015; L. 119.493, "Altube", resol. de 9-III-2016; L. 120.509, "Torres", resol. de 12-IV-2017 y L. 126.315, "Barrios", resol. de 26-V-2021).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/11/2021 16:10:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2021 20:36:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/11/2021 08:44:01 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/11/2021 12:47:17 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/11/2021 13:19:38 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/11/2021 09:59:26 hs. bajo el número RR-1580-2021 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia