Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126986
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que los planteos analizados en el punto III.1. han sido desestimados en casos sustancialmente análogos y el abordado en el punto III.2. se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la acción promovida por Alejandra del Valle Giménez y condenó a Arcor S.A. y Limeco S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de indemnizaciones derivadas del despido, haberes adeudados, sueldo anual complementario y las multas previstas en los arts. 8 de la ley 24.013; 15 de la ley 24.013; 80 de la ley 20.744 y 16 de ley 25.561, con más intereses en el modo y forma que determinó. Finalmente, rechazó los reclamos formulados en torno a la reparación del daño moral y la multa prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 677/691 y aclaratoria de fs. 748/753).
II. Contra esa decisión, el letrado de la parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 716/733 y fs. 734/744), el que fue concedido por el a quo (v. resol. del 28-VII-2020).
II.1. En su presentación, en primer lugar, se agravia de la tasa de interés cuya aplicación se dispuso con relación al capital de condena.
Alega, con apoyo en fallos y precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la configuración de gravedad institucional y la existencia de cuestión federal para habilitar la instancia extraordinaria local.
Luego, en lo que interesa destacar, aduce que, como consecuencia del proceso inflacionario, la tasa pasiva en su modalidad digital afecta gravemente el poder adquisitivo del trabajador, y, en ese orden, estima la alícuota que considera de aplicación variable al caso.
Con el fin de acreditar el perjuicio sufrido por el trabajador, el recurrente practica tres liquidaciones: la primera, a través del método de indexación del crédito y por conducto del planteo de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561). La segunda, utilizando un porcentaje de ajuste del 2.385,40% para el cálculo de los intereses. Por último, la aplicación de la tasa activa de "operaciones restantes" con capitalización mensual de intereses.
Finalmente, cuestiona la omisión que imputa al a quo de disponer la capitalización prevista en el art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación, la que entiende -además- debe ser mensual.
II.2. Por otro lado, considera que -a diferencia de lo resuelto en el fallo- se encuentran verificados los presupuestos para la procedencia de la sanción del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Considera que, con los recibos adunados a la causa, se probó la retención de los aportes con destino a los organismos de seguridad social y sindicales.
Aduce que la patronal fue quien no acreditó -como era su carga- el ingreso de todos los fondos retenidos, ni siquiera -asegura- ofreció prueba tendiente a cumplimentar esa incumbencia. Concluyó, entonces, que la decisión del sentenciante, que rechazo la sanción, transgredió el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial y fue fruto de una absurda valoración de la prueba.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. En primer lugar, se advierte una errada lectura por parte del interesado de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que individualiza, toda vez que en ellos, en modo alguno ese Alto Tribunal hubo de pronunciarse por la inaplicabilidad de la tasa de interés pasiva en "juicios laborales" como se afirma. Lo dicho por el impugnante -siguiendo un desenfocado razonamiento- parece sustentarse en verdad, en los votos en disidencia y que no conformaron la postura mayoritaria del máximo Tribunal de la Nación.
III.1.b. No queda margen para ingresar en el análisis del agravio que gira en torno a la constitucionalidad de los arts. 7 y 8 de la ley 23.928 y 4 y 5 de la ley 25.561, puesto que el mismo fue traído como una de las tantas motivaciones destinadas a justificar el daño que derivaría de la aplicación de la tasa de interés empleada por el tribunal de la instancia ordinaria, en una tesis que -a mayor abundamiento- es contraria a lo expresado por esta Corte en cuanto reiteradamente ha declarado la validez constitucional de aquellas normas que prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (causas L. 105.189, "Portillo", sent. de 7-IX-2011 y L. 107.840, "Cimadoro", sent. de 18-IV-2012).
III.1.c. Luego, no prospera la crítica mediante la cual se cuestiona la parcela del pronunciamiento que dispuso la aplicación de intereses.
El tribunal de grado, a fin de calcular los acrecidos, utilizó la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a través del sistema "Banca Internet Provincia" a treinta días, desde que cada obligación se hizo exigible y hasta su efectivo pago. De igual modo juzgó que, toda vez que la tasa pasiva BIP ha sido implementada desde el 19 de agosto de 2008, desde la fecha del distracto hasta la fecha antes mencionada debería aplicarse la tasa pasiva a plazo fijo a 30 días en pesos conforme el fallo citado precedentemente L. 94.446, "Ginossi" (sent. de 21-X-2009).
Al respecto, se impone señalar que esta Suprema Corte en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), por mayoría, en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires precisó la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento (v. también causa C. 119.176, "Cabrera", sentenciada en la misma fecha), determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Código Civil; 7 y 768 inc. "c", Código Civil y Comercial de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016); L. 119.905, "Galván" (resol. de 26-X-2016) y L. 119.422, "Clemente" (sent. de 31-X-2016).
Siendo así, en el contexto de las circunstancias reseñadas, cabe concluir que, en el presente caso, lo decidido en materia de tasa de interés por el tribunal de grado encuentra respaldo en la doctrina legal de esta Corte.
III.1.d. Luego, el agravio relativo a la presunta omisión de aplicar la capitalización que prevé el art. 770 del Código Civil y Comercial en que habría incurrido el tribunal sentenciante resulta notoriamente inviable.
En rigor, se dirige a evidenciar la supuesta preterición en el tratamiento de cuestiones esenciales que, tal como lo ha dicho en reiteradas ocasiones esta Corte, es materia propia del recurso extraordinario de nulidad y ajena, por ende, al de inaplicabilidad de ley (causas L. 103.565, "Bugatti", sent. de 12-X-2011; L. 108.439, "Careri", sent. de 4-VII-2012; L. 111.692, "Tersiese", sent. de 6-III-2013; L. 112.590, "Escudero", sent. de 9-IV-2014; L. 107.358, "López", sent. de 15-VII-2015 y L. 119.011, "Tarducci", sent. de 14-XII-2016).
III.2. El reproche dirigido a cuestionar el rechazo del reclamo afincado en la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo tampoco es de recibo.
De modo liminar, corresponde recordar que, determinar -con arreglo a la prueba producida en la causa- si se verifican los requisitos a los que la norma indicada subordina la imposición de la citada sanción, constituye una potestad privativa del tribunal de trabajo. Las conclusiones que al respecto se formulen no son susceptibles de revisión en casación, salvo que se acredite el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 119.786, "Gómez Jiménez", sent. de 27-VI-2018 y L. 121.376, "Aguirre", sent. de 14-XII-2020).
Claro está, que esto último, exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco", resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para configurarlo (causas L. 121.001, "Ledesma", resol. de 7-III-2018; L. 123.652, "Zalazar", resol. de 6-VII-2020 y L. 125.471, "Chiminelli", resol. de 6-XI-2020).
En el caso, el tribunal de origen descartó la configuración de los presupuestos fácticos que tornarían operativa la sanción reclamada. Para hacerlo señaló que no existía prueba alguna en estas actuaciones que acrediten fehacientemente que la empleadora haya omitido depositar, ante los organismos correspondientes, los aportes retenidos de las remuneraciones percibidas por el actor (v. fs. 680).
Así, las conclusiones expuestas en la sentencia impugnada no logran ser descalificadas por el recurrente. Ello así, puesto que las alegaciones formuladas no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos de aquella tarea llevada a cabo por los magistrados, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas L. 121.835, "Espíndola", resol. de 13-II-2019; L. 122.101, "Girimonti", resol. de 5-VI-2019; L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021).
A lo expuesto cabe acotar que la selección, jerarquización y valoración del material probatorio constituye una facultad privativa del tribunal de trabajo y las conclusiones que al respecto formule, no son susceptibles de revisión ante la instancia extraordinaria, salvo invocación y demostración del vicio de absurdo (causas L. 124.195, "Gómez", resol. de 2-X-2020; L. 124.092, "Arévalo", resol. de 10-VIII-2020 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020), vicio que el impugnante -como se anticipó- no logra demostrar.
Resta señalar que el interesado no consigue evidenciar que el fallo luzca apartado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que, conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi , impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 118.218, "Zaffaroni", resol. de 3-XII-2014; L. 118.303, "Bellendier", resol. de 15-IV-2015 y L. 117.225, "Ruiz Díaz", sent. de 22-IV-2015), hipótesis que se encuentra descartada en el presente caso.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que los planteos analizados en el punto III.1. han sido desestimados en casos sustancialmente análogos y el abordado en el punto III.2. se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/11/2021 16:09:28 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2021 20:36:37 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/11/2021 08:43:50 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/11/2021 12:47:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/11/2021 13:18:29 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/11/2021 09:58:45 hs. bajo el número RR-1568-2021 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia