Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127491
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad, en tanto los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Dolores decretó la caducidad de la instancia en la causa que Walter Antonio Juárez promoviera contra Hotel SR S.A., Servicios Turísticos S.A., Aronax S.A., Juan Carlos Sansotta, Ariel Cioce y Ana María Díaz, en procura del cobro de la indemnización por despido y demás rubros de linaje laboral (v. pronunciamiento de 28-IV-2021).
Para así decidir, consideró que en autos había transcurrido el plazo previsto en los arts. 12 de la ley 11.653 y 315 del Código Procesal Civil y Comercial, sin que la parte actora -debidamente intimada- desplegará actividad procesal alguna para la prosecución del trámite.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo deduce recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 19-V-2021) los que fueron concedidos en la instancia de grado (v. providencia del 2-VI-2021), habiéndose conferido vista al Procurador General con fecha 23 de agosto de 2021 (v. dictamen electrónico de fecha 13-X-2021).
III.1. En el primero de los remedios intentados, denuncia conculcados los principios de congruencia, así como el debido proceso legal.
En lo esencial, argumenta que, frente a la intimación cursada por el juzgador, de decretar la caducidad de la instancia, los accionantes se presentaron y manifestaron que las actuaciones se encontraban con los plazos procesales suspendidos, de acuerdo a la normativa de esta Suprema Corte dictada en el marco del COVID 19. Además, -sostienen- que la reanudación de los términos debió ser por medio de una cédula de notificación (art. 135 inc. 5, CPCC).
Por otro lado, manifiestan que quien tenía obligación de impulsar el expediente era la Secretaría del tribunal, mediante el libramiento de oficios, situación que le era imputable a ellos.
Finalmente, puntualizan que el a quo debió tener conocimiento de la realidad o al menos debió conocer que los letrados, que no tenían residencia en la ciudad cabecera de Dolores, les resultaba dificultoso trasladarse con normalidad durante la pandemia por coronavirus.
III.2. Coincidiendo con el dictamen del señor Procurador General, el recurso no es de recibo.
En principio corresponde recordar que, el remedio extraordinario de nulidad, sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. prov.; causas L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018; L. 125.420, "Avit", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021).
Asimismo, cabe señalar que resulta insuficiente el recurso extraordinario de nulidad, de cuyo desarrollo argumental no surge evidenciada la configuración de ninguno de los supuestos contemplados en los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial (causas L. 119.601, "Rolón", resol. de 6-4-2016 y L. 120.655, "Salvierak", resol. de 27-IX-2017).
III.3. Sentado ello, en el sub lite , el embate articulado carece de andamiaje, desde que la simple lectura del libelo impugnativo da cuenta que la crítica se dirige -en lo esencial- a objetar el modo como el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el planteo a la imputación de presuntos errores in iudicando , cuyo tratamiento es ajeno al acotado ámbito de actuación del carril de nulidad intentado y propio del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 121.156, "De La Fuente", resol. de 7-III-2018 y L. 124.839, "Cotado", resol. de 23-X-2020).
III.4. Resta indicar que, en lo que atañe a la violación de las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso, así como la supuesta violación del principio de congruencia -derivada de eventuales decisiones ultra petita o errores in iudicando - tiene resuelto esta Corte que no constituyen temas que puedan someterse a juzgamiento a través del recurso extraordinario de nulidad, en tanto resultan propio del de inaplicabilidad de ley (causas L. 122.646, "Márquez", resol. de 12-VI-2019 y L. 124.829, "Cotado", resol. de 23-X-2020).
IV. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley relata los antecedentes de la causa, cita las normas y la doctrina legal que considera vulneradas.
En lo sustancial, denuncia como absurda y arbitraria la interpretación realizada por el tribunal de grado del art. 12 de la ley 11.653.
En ese orden, argumenta que estando pendiente de notificación el traslado de la demanda, el impulso procesal también se encontraba a cargo del tribunal de trabajo, por lo que fue errónea la resolución dictada. Finalmente afirma que, en atención a la situación general de la pandemia, los plazos procesales estaban suspendidos.
IV.1. El recurso no prospera.
IV.2. De modo liminar, cabe destacar que el valor de lo cuestionado -representado por el importe reclamado en la demanda- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, sin que corresponda adicionar intereses o realizar actualizaciones (causas L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021), razón por la cual su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 115.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
Así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, situación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
IV.3. En este orden, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, toda vez que las doctrinas contenidas en el escrito recursivo -además de haber sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos disímiles- remiten a cuestiones estrictamente procesales -como lo es la referida al instituto de la caducidad de la instancia- y, como tales, detraídas de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el ya citado precepto adjetivo (causas L. 118.996, "Cabaña", resol. de 28-X-2015; L. 121.582, "Cano", sent. de 5-IV-2018 y L. 123.925, "Muñoz", resol. de 27-V-2020).
IV.4. Para más, también se encuentra excluido del concepto de doctrina legal, en los términos y con los alcances en que ésta ha sido definida por este superior Tribunal, la mención de la opinión personal de uno de sus ministros (causas L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020); así como tampoco resulta útil la cita del voto que ha quedado en minoría puesto que sólo traduce la convicción personal de uno de los magistrados, mas no constituye el fundamento del fallo estructurado sobre la mayoría de opiniones (causas L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021 y L. 126.551, "Arias", resol. de 4-III-2021).
IV.5. Finalmente, no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia (causas L. 112.025, "Carta", resol. de 22-IX-2010; L. 110.469, "Faramiñan", resol. de 18-V-2011; L. 120.064, "Gómez", resol. de 11-VII-2018; L. 125.286, "Sánchez Pérez", resol. de 13-XI-2020 y L. 126.246, "Dieguez", resol. de 22-IX-2021).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar que, respecto de lo manifestado en el punto IV.3., si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, en tanto los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/12/2021 18:37:37 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/12/2021 10:28:00 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/12/2021 09:06:58 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/12/2021 14:25:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/12/2021 19:09:53 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 07/12/2021 10:58:41 hs. bajo el número RR-1621-2021 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia