Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L 127770
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Ramón Ángel Sánchez, Francisco Raúl Correa y Carlos Alberto Cuesta y en consecuencia, condenó a la demandada Fisdan S.R.L. y -en forma solidaria- a Ricardo Jorge D’angelo y Gabriel Alejandro Petitto a abonar a los actores las sumas que indicó, en concepto de haberes, vacaciones, sueldo anual complementario y horas extras adeudadas. Por otra parte, rechazó la acción en cuanto procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas de los despidos y otros rubros laborales (v. fs. 697/709).
Para así decidir, estimó que los contratos de trabajo finalizaron en los términos previstos por el art. 241 último párrafo de la Ley 20.744 (t.o.), esto es, por voluntad concurrente de las partes.
Asimismo, no encontró mérito para atribuir a los accionados una conducta de temeridad y malicia que merezca ser sancionada.
En relación a Ricardo Jorge D’angelo y Gabriel Alejandro Pettito, juzgó aplicables al caso la responsabilidad ilimitada y solidaria frente a terceros que los arts. 54, 59 y 274 de la ley 19.550 le atribuye a los administradores que mal desempeñaran su cargo.
II. Frente a lo así resuelto, los legitimados activos interponen recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 730/743 vta.), concedido por el órgano de grado (v. fs. 750 y vta.).
En su presentación individualizan las normas y la doctrina legal que consideran conculcadas.
En sustancia, bajo la denuncia de absurdo, cuestionan la valoración de la prueba y la interpretación de los escritos constitutivos del proceso. Alegan violación del principio de congruencia en tanto el sentenciante concluyó que los vínculos de empleo se extinguieron por voluntad concurrente de las partes.
Luego, critican que no se haya considerado acreditado el fraude laboral, y que no se condene, solidariamente, y en los términos de los arts. 54, 59 y 274 de la Ley de Sociedades Comerciales, a los codemandados Marchese y Petitto.
Por último, objetan el rechazo de la penalidad prevista en el art. 275 de la ley 20.744 (t.o.).
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe señalar que tratándose en el caso de un litisconsorcio facultativo activo, el valor de lo cuestionado ante esta instancia, a los fines de dar cumplimiento con el recaudo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), está representado, para los recurrentes, por las sumas individualmente reclamadas en la demanda de cuyo rechazo se agravian, las cuales no superan, respecto de ninguno de ellos, el monto mínimo regulado en la norma citada (causas L. 122.364, "Zurdo", resol. de 5-VI-2019; L. 124.359, "Sánchez", resol. de 29-VI-2020 y L. 123.012, "Sosa", resol. de 29-IX-2020).
Siendo ello así, la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 115.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
III.2. En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando esta Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol de 21-XII-2020).
III.3. En el contexto de estos autos, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que mediante la denuncia de vulneración de doctrina legal, los impugnantes traen a consideración, por un lado, agravios que remiten a cuestiones de hecho y prueba -como lo son, en la especie, la determinación de las circunstancias en que se produjo la extinción del contrato de trabajo y la existencia o no de fraude- asuntos ajenos al acotado margen por el que transita el presente remedio procesal, y, por otro, precedentes que han sido elaborados sobre la base de casos con presupuestos fácticos distintos a los que se verifican en el presente y, por lo tanto, su invocación es también ineficaz para habilitar la revisión del pronunciamiento de origen por el estrecho conducto antes citado (causas L. 126.502, "Escobar", resol. de 28-V-2021; L. 126.878, "Strosio", resol. de 17-VIII-2021 y L. 118.595, "Machado", resol. de 9-IX-2021).
III.4. Con relación al segundo de los cuestionamientos, sabido es, que en el marco de la referida hipótesis de excepción, no es idónea la denuncia de violación de doctrina legal vinculada al art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, toda vez que la verificación de la existencia o no de un comportamiento en los términos del precepto citado importa la revisión de cuestiones fácticas y probatorias, cuyo análisis resulta una facultad privativa del juzgador de grado que, como tal, se encuentra excluido del ámbito de la casación por la vía intentada (causas L. 117.682, "Avalos", resol. de 22-X-2014; L. 118.505, "Maestu", resol. de 8-IV-2015 y L. 122.561, "Lucuman", resol. de 29-V-2019).
III.5. Tampoco abastece aquel cometido la denuncia de doctrina definitoria del vicio de absurdo (causas L. 116.650, "Games" y L. 116.559, "Ciarallo", resols. de 8-VIII-2012), ni de la jurisprudencia de la Corte nacional o de la que deriva de la opinión de los autores (causas L. 126.487, "González", resol. de 8-II-2021; L. 125.472, "Ávila", resol. de 12-II-2021 y L. 126.551, "Arias", resol. de 4-III-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia