Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L 127536
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, rechazó íntegramente la demanda entablada por María Eugenia Fioramonti contra Leonardo Carlos Tristán y Leticia Susana Méndez, en concepto de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. pronunciamiento de fecha 9-II-2021).
Para así decidir, consideró que, mediante la prueba aportada a la causa, no resultó acreditada la relación de dependencia entre la trabajadora y los codemandados.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 2-III-2021), el que fue concedido por el a quo (v. providencia del 5-IV-2021).
En su escueta presentación plantea la inconstitucionalidad del art. 56 de la ley 11.653. Alega que existe errónea aplicación del principio in dubio pro operario y que el sentenciante no tuvo en cuenta la presunción contenida en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. De modo liminar, corresponde indicar que carece de virtualidad expedirse sobre el planteo de inconstitucionalidad del art. 56 de la ley 11.653 introducido por la accionante pues -sabido es-, en casos como el presente, la recurrente se encuentra exenta de la carga del depósito previo para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, toda vez que goza del beneficio de gratuidad que le otorga el art. 22 de la citada ley ritual (causas L. 95.719, "D’Angelo", sent. de 7-IV-2010; L. 111.575, "Agüero", resol. de 29-IX-2010 y L. 120.064, "Gómez", resol. de 11-VII-2018).
III.2. Aclarado ello, cabe destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la suma reclamada en la demanda- no supera el monto mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141 (causas L. 124.713, "Juárez", resol. de 2-X-2020; L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021; L. 125.750, "Di Tullio", resol. de 15-IV-2021 y L. 126.116, "Pérez", resol. de 19-IV-2021), razón por la cual la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.245, "Leguizamón", resol. de 16-V-2018 y L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020).
III.3. Tal situación se encuentra ausente, toda vez que, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, en rigor, la impugnante trae a consideración agravios vinculados a cuestiones fácticas o probatorias -como lo es, en el caso, determinar si se demostró o no la existencia de relación laboral-, las cuales se encuentran detraídas de la revisión en el marco cognitivo previsto en el precepto antes citado (causas L. 118.298, "Lillo", resol. de 20-XI-2014; L. 118.629, "Paganini", resol. de 24-VI-2015; L. 120.799, "Honeker", resol. de 11-X-2017 y L. 121.659, "Onorato", resol. de 17-X-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia