Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L 122860
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.3. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.860, "Paladea, Hugo Fernando contra Burzlaff, Joachim Klaus Peter y Grasler, Ingeborn. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada por los rubros que prosperaron y a la actora por los desestimados (v. fs. 232/245).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 26 de octubre de 2018).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente declaró procedente parcialmente la demanda instaurada por el señor Hugo Fernando Paladea y condenó solidariamente a los señores Joachim Klaus Peter Burzlaff y Ingeborn Grasler, al pago de la suma que estableció en concepto de indemnización por antigüedad y sustitutiva del preaviso, integración del mes del despido (en los términos de los arts. 42, 43, 44 y 48 de la ley 26.844), haberes adeudados, sueldo anual complementario proporcionales (arts. 26, 27 y 28, ley cit.), vacaciones no gozadas (arts. 29 y 30, ley cit.), la entrega de los certificados previstos en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, las sanciones por conducta temeraria y maliciosa contemplada en esta última ley y la del art. 53 ter de la ley 11.653. En cambio, la desestimó en cuanto pretendía los resarcimientos previstos en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013; las penalidades contempladas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 y 80 de la ley 20.744 (texto según ley 25.345) y diferencias por horas extraordinarias (v. fs. 232/245).
En lo cardinal, para así decidir, juzgó acreditado que el actor trabajó bajo la dependencia de los accionados cumpliendo tareas como parquero o jardinero en el domicilio particular de estos últimos, desde el día 1 de marzo de 2009 hasta la fecha del despido indirecto (el 22 de marzo de 2016) comunicado ante el desconocimiento de la relación laboral invocada (art. 46 inc. "h", ley 26.844). Por el contrario, consideró no demostrado el cumplimiento de labores durante las noches en aquel lugar, en calidad de sereno, invocado por el reclamante (v. vered., fs. 232/234 vta. y sent., fs. 239 vta. y 240).
En ese marco, consideró que la actividad desplegada por el dependiente no encuadraba en la categoría "operario", del Convenio Colectivo de Trabajo 458/56, sino que en el decreto ley 326/56, por tratarse de un trabajador doméstico y, a partir de la entrada en vigencia de la ley 26.844 (21 de abril de 2013), pasó a desempañarse como "Personal para tareas específicas generales" (v. vered., fs. 233 vta./235 y sent., fs. 239 vta.).
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, la violación al principio de congruencia, de las normas y de la doctrina legal que identifica.
Cuestiona lo concerniente al tramo de la decisión del a quo con arreglo a la cual concluyó que el marco legal aplicable a la relación de trabajo entre los accionados y el actor fue el del decreto ley 326/56 (y posterior ley 26.844), descartando el encuadramiento convencional del Convenio Colectivo de Trabajo 458/06 -pretendido por este último- y la Ley de Contrato de Trabajo.
Expone que la inaplicabilidad de esta última norma le ocasiona un grave perjuicio, por cuanto priva al trabajador del cobro de las multas de las leyes 24.013, 25.323 y 25.345.
Sostiene que en el caso el tribunal de grado abordó erróneamente la cuestión a dilucidar, en tanto el debate se circunscribía a determinar la existencia -o no- del vínculo laboral entre las partes y la modalidad de trabajo. De allí, aduce, incumbía a su parte demostrar que prestó servicios bajo relación de dependencia, situación que -dice- logró comprobarse en la causa. Cuestiona la modalidad determinada en el fallo inserta en el régimen del servicio doméstico.
Argumenta que al iniciar su reclamo denunció haber prestado trabajo en el domicilio particular de los demandados -desde julio del año 1997-, realizando una jornada de trabajo "full time", efectuando tareas de jardinería y parquero durante el día y de sereno durante la noche. Explica que dichas labores encuadran en el art. 1 del Convenio Colectivo de Trabajo 458/06 en cuanto se expresa que "Se encuentran comprendidos en el presente convenio todos los trabajadores, obreros, empleados y técnicos que se desempeñan en entidades y/o empresas, públicas y/o privadas, y en casas particulares, en parquización y mantenimiento de sus espacios verdes, y en empresas que se dedican al paisajismo, parquización, jardinería y mantenimiento de espacios verdes, públicos y/o privados, propios y/o de terceros" y en el art. 33 que expresa que "La rama jardinería, mantenimiento, paisajismo y parquización comprende a los trabajadores que se desempeñan -para personas físicas o jurídicas-, en el diseño, ejecución, cuidado y/o mantenimiento de parques jardines y/o espacios verdes que les son propios, o en empresas que se dedican al diseño, ejecución, cuidado y/o mantenimiento de parques jardines y/o espacios verdes, públicos y privados, propios o de terceros".
Alega que -no obstante el desconocimiento efectuado respecto al vínculo laboral y la fecha de ingreso- los propios accionados reconocieron los recibos de haberes del actor -agregados a fs. 23/32- de los que expresamente surge que eran extendidos en el marco de la ley 20.744 y su categorización como "parquero". Resalta que si bien hubo discrepancia con la fecha de ingreso que deriva de los referidos documentos, no la había respecto a que durante el período en el que el trabajador fue registrado se lo hizo teniendo en cuenta aquella norma, no habiendo realizado ninguna mención en cuanto a que fuera empleado conforme el decreto ley 326/56.
Añade que, del informe emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), no cuestionado, se constata que el señor Paladea se encontraba registrado en el Convenio Colectivo de Trabajo 458/06, como trabajador dependiente de la señora Grasler.
Con mención de la teoría de los actos propios, entiende que estas últimas constancias adunadas a la causa, no fueron advertidas por el a quo, ello -dice- pese haber sido reconocidas por la patronal.
Señala que, incluso, en su responde los demandados solicitaron como prueba el libramiento de oficio al Ministerio de Trabajo de la Nación a fin de que informe las escalas salariales correspondientes al mencionado Convenio.
Reitera que en ningún momento los accionantes mencionaron que el caso debía ser enmarcado como personal doméstico.
Agrega que las declaraciones de los deponentes fueron coincidentes y lograron probar las tareas que realizaba el accionante durante el día como parquero y jardinero, que encuadraban en la categoría "operario".
En suma, aduce que la solución cuestionada transgrede los principios de primacía de la realidad, in dubio pro operario y razonabilidad.
En esa línea, refiere que el sentenciante de grado vulneró el postulado procesal de la congruencia, al alterar los términos en los cuales quedó trabada la litis y encuadrar -de oficio y ultra petita-, a la actividad desarrollada por el accionante en el derogado Convenio Colectivo 326/56 y en la ley 26.844.
Insiste en demostrar que dicho régimen le resulta perjudicial, por cuanto -explica- considera inaplicables las presunciones establecidas en los arts. 23 y 55 de la Ley de Contrato de Trabajo; 39 de la ley 11.653 y el juramento prestado por el trabajador; a su vez, tampoco contempla el preaviso tal cual lo estipula la primera norma mencionada.
En este marco, denuncia quebrantada la doctrina legal emergente de la causa L. 108.635, "Lencina" (sent. de 28-VIII-2013), toda vez que entiende que el tribunal no calificó adecuadamente el vínculo laboral.
En base a todo lo expuesto, solicita que se revoque la sentencia de grado en lo que resulta materia de agravio y peticiona que, devuelta la causa al tribunal de trabajo se realice una nueva liquidación conforme la normativa que considera aplicable al caso.
III. El recurso prospera.
III.1. Sabido es que resolver acerca de la interpretación y aplicación o no de un convenio colectivo, conforme al planteo fáctico de las partes, constituye una cuestión privativa de la instancia ordinaria y ajena como tal al examen de la Suprema Corte, salvo el supuesto de absurdo (causas L. 118.380, "Arce", sent. de 11-IV-2018; L. 120.819, "Guerra", sent. de 4-IX-2019; e.o.). También, que es inherente a la labor axiológica de aquellos la apreciación de las circunstancias de hecho y la valoración del material probatorio, fundamentalmente en lo que atañe a su selección, jerarquización, mérito y eficacia, que, en principio, no admite revisión en la instancia extraordinaria, salvo que se verifique el mencionado vicio lógico invalidante (causas L. 120.588, "Sosa", sent. de 4-IX-2019; L. 120.771, "Derra", sent. de 18-IX-2019; L. 121.476, "Parise", sent. de 14-VII-2020; e.o.).
Esto último requiere acreditar la existencia de un error grave, grosero y fundamental, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 119.179, "Santana", sent. de 7-III-2019; L. 122.227, "Chaparro", sent. de 26-II-2020 y L. 123.058, "Michelena", sent. de 5-X-2020).
III.2. En el caso el recurrente logra demostrar la concurrencia de aquel extremo vicio en esta parcela del pronunciamiento.
III.2.a. En su escrito inicial el accionante alegó en varios pasajes haberse desempeñado bajo las órdenes de los demandados, realizando tareas de jardinería y parquero ("tareas encuadrables en el marco del CCT 458/06"), durante el día y de sereno, en el turno noche (v. fs. 34 vta. y 35). Precisó allí que la real categoría de dicho Convenio que le correspondía al actor por sus labores, era la de operario (v. fs. 35). Al denunciar los incumplimientos en los que habría incurrido la parte demandada -principalmente la falta de registración del vínculo-, lo hizo teniendo en consideración la normativa de la Ley de Contrato de Trabajo y las indemnizaciones, incrementos y multas previstas en cada caso en las leyes 24.013, 23.323, 25.013 y 11.653 (v. fs. 35 vta./44). Ofreció como prueba documental recibos de haberes extendidos por la señora Grasler (durante diversos períodos, de los años 2009, 2010 y 2011) e informativa solicitando el libramiento de oficio a la Administración Federal de Ingresos Públicos (v. fs. 44 vta.).
Los accionados al contestar la demanda, si bien -en esencia- negaron la existencia de relación laboral durante la integralidad de los períodos consignados en la demanda, admitieron que ésta "duró poco más de un año", reconociendo -además- los recibos de sueldo acompañados por el actor (v. fs. 70/73 vta.).
En su pronunciamiento, el a quo evaluó los escritos constitutivos de la litis y la prueba producida. En lo que interesa, señaló que con la prueba oral y los reconocimientos efectuados por los demandados, se demostró que el señor Paladea trabajó para éstos cumpliendo tareas de jardinero (desde el año 2009). Indicó como medio probatorio de ello, los recibos de haberes que indicaban como empleador a uno de los accionados (v. vered., fs. 232 vta./233 vta.).
Sobre esa base, entendió que no correspondía encuadrar la actividad del accionante de acuerdo a la categoría "operario" del Convenio Colectivo de Trabajo 458/06, "por cuanto las tareas se efectuaban dentro del ámbito de la vida doméstica y que no importaban para el empleador lucro o beneficio económico, tal como aludía el decreto-ley 326/1956, dada la fecha que invoca el actor como inicio de la relación" (vered., fs. 234 vta.). Precisó que "dado que los trabajadores domésticos se encontraban excluidos expresamente de la órbita de protección de la Ley de Contrato de Trabajo -art. 2- y por lo tanto no regían respecto a ellos todas las presunciones que -favor operari- establece el sistema de la citada norma, quien invoca una relación doméstica que fuera negada por su contraria, no sólo debe probar la prestación de los servicios, sino también la inclusión en el decreto 326/1956" (vered., fs. 235).
Sostuvo entonces que el accionante realizó labores propias de la tercera categoría "jardineros" de este último decreto y, "desde el día 21 de abril de 2013, hasta el distracto, por imperio de la ley 26.844, pasó a desempeñarse como 'Personal para tareas específicas generales' (conf. Resolución 886/2.013 del MTEySS)..." (vered., fs. 235 vta.).
En cuanto a la fecha de inicio del vínculo laboral, meritó que los recibos de haberes reconocidos por los demandados, demostraban que "...su ingreso fue el 1 de marzo del año 2009, en labores correspondientes a la tercera categoría del dec. 326/56 (dec. 7.979/56) que por entonces regulaba la actividad de servicio doméstico". Señaló que su continuidad se corroboraba con la respuesta de la AFIP -de fs. 191/195-, en la cual se informaban aportes a la seguridad social a favor del actor por parte de la accionada Grasler, desde el 1 de marzo de 2013 hasta el 4 de abril de 2013. Agregó que a partir de la entrada en vigencia de la ley 26.844 (el 21 de abril de 2013), la norma contemplaba la obligación de registrar el vínculo en un registro especial -creado por el mencionado organismo público mediante la resolución 3.497/13-, no existiendo prueba alguna que demuestre cumplido dicho deber "...amén de la defectuosa registración aludida" (vered., fs. 236).
Finalmente, consideró que la negativa de reconocimiento de la relación laboral por parte de los accionados, constituyó injuria suficiente para considerar justificado el despido indirecto en el que se colocó el trabajador (el día 22 de marzo de 2016; v. vered., fs. 236 vta. y 237).
III.2.b. Tal como demuestra el interesado, la decisión se aparta de la directriz que impone al juzgador evaluar los hechos litigiosos mediante un análisis integral y conducente de las constancias de la causa (causa L. 83.193, "A., L. E. y o.", sent. de 5-XI-2008).
Al menos alejados de la conclusión del tribunal de origen, los recibos de haberes acompañados en autos muestran que éstos fueron otorgados consignando que se correspondían con la ley 20.744, legislación expresamente citada en el encabezamiento de los mentados instrumentos (v. fs. 23/28).
A la par, los informes emitidos por la AFIP indican que en el período del año 2013 en el que el trabajador estuvo registrado, lo fue en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 458/06 correspondiente a "Jardineros-Sindicato Unido de Trabajadores Jardineros, Parquistas, Viveristas y Floricultores de la Argentina" y -concretamente- en la categoría de "medio oficial jardinero"; a su vez, se indica allí la concreta actividad comercial de venta en lo que concierne a la codemandada que figura como empleadora ante el mencionado organismo estatal (v. fs. 191/200).
Con lo anterior, no puede ignorarse tampoco que la aplicación del referido convenio, incluso, fue receptada expresamente en la contestación de la demanda, al menos, a la hora de analizar el tópico vinculado con la remuneración denunciada por la parte actora.
De allí que la conclusión por la cual sostuvo que las tareas del trabajador se efectuaron dentro del ámbito de la vida doméstica y -en definitiva- sobre la cual se asentó para encuadrar el caso en lo normado en el decreto ley 326/56 y, posteriormente, en la ley 26.844, fue lograda soslayando ponderar relevantes constancias de la causa que lucen incongruentes con la normativa aplicada por el tribunal de grado. En ello radica el absurdo denunciado.
III.3. Lo dicho hasta aquí resulta suficiente para hacer lugar al remedio extraordinario traído.
Corresponde hacer lugar al recurso deducido y revocar la sentencia impugnada, en cuanto aplicó al caso las disposiciones del Convenio Colectivo de Trabajo 326/56 y la ley 26.844 a partir de un incompleto examen de la prueba.
Los autos deberán volver al tribunal de origen para que -nuevamente integrado-, a partir de lo precedentemente resuelto, dicte el pronunciamiento que corresponda atendiendo las constancias de la causa.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con el alcance establecido en el punto anterior.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa.
Con lo que termino el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.3. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/12/2021 13:33:45 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/12/2021 19:01:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/12/2021 09:14:59 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/12/2021 09:51:30 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/12/2021 11:51:56 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia