Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L 121911
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.911, "Carrión, Gustavo Ernesto contra Universidad Católica de La Plata. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Natiello.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la acción deducida, imponiendo las costas a la parte actora (v. fs. 202/212 vta.).
Se interpusieron, por esta última, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 220/228 vta.). El órgano judicial de grado denegó el primero de los medios de impugnación indicados y concedió el segundo (v. fs. 230 y vta.).
Esta Corte, previa deducción de la queja respectiva (art. 292, CPCC; v. fs. 246/248), concedió aquel recurso mediante la resolución de fs. 275/276.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 282/283 vta.), dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente rechazó la demanda promovida por Gustavo Ernesto Carrión contra la Universidad Católica de La Plata, por la que pretendía, junto a otros rubros, el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido (v. fs. 202/212 vta.).
Para así decidir, en el veredicto, señaló que no se encontraba controvertido en autos que el actor trabajó desde el día 1 de mayo de 1978 bajo dependencia de la demandada prestando tareas como docente, primero como auxiliar en la asignatura Derecho Civil y, últimamente, como profesor asociado a la cátedra I de la misma materia, hasta el cese (v. fs. 202 vta.). Tampoco, que no existe convenio colectivo de trabajo que comprenda la actividad del docente universitario privado (v. fs. 204 vta.).
Luego, tras analizar el intercambio postal cursado entre las partes y los hechos que rodearon la extinción del vínculo, el a quo considero demostrado que el día 10 de agosto de 2015 el señor Carrión intimó a la empleadora para que "le abone las diferencias salariales contemplando los mínimos de la actividad, adicionales y sac sobre las mismas"; que el 11 de agosto la accionada rechazó dicho emplazamiento, negando las circunstancias invocadas y afirmando que no existe convención colectiva de trabajo que rija la actividad de los docentes de universidades de gestión privada; que ante ello, el actor el día 21 del mismo mes remitió un telegrama por el cual alegó que la actividad que desempeñaba contiene mínimos de orden público laboral que no se aplicaron y que "ante dicha actitud" se consideró despedido, intimando a su vez por las sumas reclamadas e indemnizaciones correspondientes (v. fs. 204 vta.).
Sostuvo que la mejor remuneración percibida y la devengada invocada en la demanda surgía del informe pericial contable agregado a fs. 150/157 y de la aclaración de fs. 165/170. A su vez, dijo que los rubros reclamados no habían sido cancelados (v. fs. 205).
En la sentencia, el tribunal consideró que el tema a decidir consistía en determinar si el despido indirecto resultaba justificado en los términos del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 209).
Señaló que el demandante había centrado su reclamo en el art. 64 de la ley 26.206, destacando que la norma establece que los docentes de las instituciones de educación de gestión privada reconocidas tendrán derecho a una remuneración mínima igual a la de los docentes de instituciones de gestión estatal conforme el régimen de equiparación fijada por la legislación vigente; y expresando que no existiendo convenio colectivo de la actividad, cabía remitirse a los pisos vigentes para los docentes de las universidades nacionales públicas (v. fs. cit.).
En cuanto a la posición de la demandada, dijo que había sostenido en su contestación que siempre abonó los salarios de manera regular y legal de acuerdo a la cantidad de horas cátedra y exámenes, y que los "mínimos de la actividad" no existen para los docentes universitarios de gestión privada por no hallarse contemplados en un convenio colectivo; aclarando que el parámetro referido a las universidades nacionales no alcanza a las universidades privadas, que carecen de subsidio; y que la única equiparación de docentes se da en los niveles de educación primaria y secundaria, donde ésta es obligatoria y el Estado debe garantizarla.
En ese marco, luego de analizar los precedentes jurisprudenciales que invocó el actor en apoyo de sus pretensiones, juzgó que la normativa vigente no establece una equiparación absoluta entre los salarios de los docentes del sector público y aquellos que se desempeñan en entidades privadas (v. fs. 209 vta. y 210).
Expresó que en su art. 35 la ley 26.206 remite para la regulación de la educación superior de instituciones de gestión privada a la Ley de Educación Superior 24.521 que no contiene ninguna pauta de remuneración mínima para sus docentes. Con ello, consideró que el art. 64 de aquella ley mencionada en primer término no era de aplicación a los docentes universitarios de instituciones de gestión privada, quienes en el marco legal imperante no cuentan con una cláusula idéntica a la de los profesores de instituciones universitarias de gestión pública (v. fs. 210 vta.).
Destacó así que no surge de dicha normativa la obligatoriedad para la universidad demandada de cumplir con las escalas salariales que invoca el accionante, en tanto, como se demostró con la respuesta brindada por la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT), no existe un convenio colectivo aplicable a los docentes universitarios privados, lo que evidencia que no es posible fundar en esa fuente (Federación Nacional de Docentes Universitarios -CONADU-) el deber de abonar un determinado nivel salarial (arts. 1, 4, 5, 8 y concs., ley 14.250; v. fs. cit.).
Finalmente, juzgó que no resultando injuriante la actitud de la empleadora de no abonar la remuneración pretendida por el trabajador, correspondía rechazar la demanda en todas sus partes, en cuanto persigue el cobro de indemnizaciones derivadas del despido, por carecer de causa jurídica que la sustente (v. fs. 211).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de nulidad, en el que denuncia la violación de los arts. 5, 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19 y 31 de la Constitución nacional; 168 y 171 de la Constitución provincial y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 226/228 vta.).
Señala que el tribunal de grado omitió el tratamiento de cuestiones esenciales, así, el reclamo formulado en el acápite IV de la demanda, concerniente al pago de "las remuneraciones del mes de agosto de 2015 e integración del mes de despido", del "SAC proporcional y las vacaciones proporcionales con su SAC" y de la "sanción procesal" prevista en el art. 53 ter de la ley 11.653 (v. fs. 227 y vta.).
II.1. Habiendo dictaminado el señor Procurador General (v. fs. 282/283 vta.), el recurso debe ser acogido con el alcance que habrá de indicarse.
II.1.a. Tiene dicho este Tribunal que constituyen cuestiones esenciales aquellos planteos que estructuran la traba de la litis y el esquema jurídico que la sentencia debe necesariamente atender para su validez (causas L. 111.174, "Covelo", sent. de 11-IX-2013; L. 116.648, "Pennisi", sent. de 10-IX-2014; L. 121.033, "Aguirre", sent. de 9-XI-2020; e.o.).
Bajo esas directrices, se configura en la especie la omisión de tratamiento de cuestiones que revisten la esencialidad receptada en el art. 168 de la Constitución provincial: los reclamos concernientes al pago de las remuneraciones del mes de agosto de 2015, el sueldo anual complementario proporcional y las vacaciones proporcionales con su "SAC", y de la indemnización del art. 53 ter de la ley 11.653, integraron la estructura de la traba de la litis (v. demanda, fs. 42) conformando el esquema jurídico que el órgano de grado necesariamente debía atender para la correcta solución de la controversia; a pesar de ello, no emerge del fallo su abordaje y tampoco motivo que justifique tal accionar.
Son aplicables entonces las directrices de esta Corte que indican que la ausencia de tratamiento de asuntos trascendentes oportunamente planteados constituye una incongruencia por omisión (decisión citra petita) que conlleva a la nulidad del fallo (causas L. 99.171, "Torres", sent. de 16-II-2011; L. 117.219, "Arriola Camacho", sent. de 12-XII-2014 y L. 117.722, "Sibilla", sent. de 28-X-2015).
II.1.b. Corresponde aclarar que la nulidad del pronunciamiento solamente ha de alcanzar a las pretensiones omitidas, pues, tal como se resolvió en la causa L. 80.137, "Garín" (sent. de 6-IX-2006), verificándose una acumulación objetiva de pretensiones, la omisión en que incurriera el tribunal respecto de una de ellas permite la anulación parcial de la decisión exclusivamente en relación a dicho reclamo (causas L. 99.606, "Rodríguez", sent. de 31-VIII-2011 y L. 110.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013).
II.2. Cabe desestimar, en cambio, la impugnación en lo tocante al rubro "integración del mes de despido", pues a poco de reparar en que el a quo juzgó que la conducta del principal no resultó injuriante y rechazó la demanda en cuanto perseguía "el cobro de indemnizaciones derivadas del despido", fácilmente se advierte que a tenor de su naturaleza no se configuró omisión alguna en el tratamiento de la procedencia de aquel resarcimiento.
Lo dicho, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre el tema central debatido en autos en oportunidad de analizarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
III. En virtud de lo expuesto, cabe hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de nulidad traído y resolver la anulación parcial del pronunciamiento en cuanto en él se omitió abordar los reclamos concernientes a los rubros detallados en el segundo párrafo del apartado II.1.a. de la presente y desestimarlo en lo referido a la integración del mes de despido.
La causa debe ser devuelta al tribunal de origen para que -con diferente integración- renueve los actos procesales que estime necesarios y dicte un nuevo fallo con arreglo a lo resuelto en la presente sentencia. Costas por su orden (arts. 68 seg. párr., 289 y 298, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Natiello, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo en la valoración de la prueba y violación de los arts. 5, 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19 y 31 de la Constitución nacional; 39 inc. 3 de la Constitución provincial; del Convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); de los arts. 9 y 81 de la ley 20.744; 64 de la ley 26.206; 163 incs. 3, 4, 5 y 6, 374, 384, 385, 456 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 15, 26 inc. "g", 29, 40, 41, 44 incs. "e" y "f", 47 y 48 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 220/225 vta.).
Destaca que en las causas L. 101.704, "Stefenon" (sent. de 11-III-2013) y L. 106.678, "Sgrilletti" (sent. de 11-III-2013) entre otras, esta Suprema Corte declaró, en lo fundamental, que el art. 38 de la ley 24.195 en cuanto dispone -en criterio que ha sido mantenido por el art. 64 de la ley 26.206- que los docentes de las instituciones educativas de gestión privada tienen derecho a percibir una "remuneración mínima igual" a la que cobran los docentes de las instituciones de gestión estatal, no establece una equiparación absoluta entre los salarios de los docentes del sector público y aquellos otros que se desempeñan bajo dependencia de entidades privadas, sino que -utilizando la técnica, usual en las normas laborales, del orden público de protección- fija un umbral o "piso" salarial en beneficio de los docentes de las enseñanza privada (v. fs. 220 vta. y 221).
De este modo, impugna la decisión del tribunal de grado que desestimó el pago de las diferencias salariales reclamadas con fundado en el art. 64 de la ley 26.206 y declaró injustificado el despido indirecto dispuesto por su parte.
Señala que dicha norma establece -expresamente- que los docentes de las instituciones de educación de gestión privada reconocidas tendrán derecho a una remuneración mínima igual a la de los docentes de instituciones de gestión estatal, conforme al régimen de equiparación fijado por la legislación vigente (v. fs. 222 vta.).
Añade que la ley referida, dentro del Título III, establece en los arts. 62 al 66 derechos y obligaciones básicas de los protagonistas de esta rama de la educación, que comprende a todos los niveles del Sistema Educativo Nacional -inicial, primario, secundario y superior- conforme al art. 17 (v. fs. cit.).
Cuestiona lo afirmado en el fallo en cuanto se dijo que el art. 35 de la ley 26.206 remite para la regulación de la actividad de tales instituciones a la Ley de Educación Superior 24.521 que no contiene ninguna pauta de remuneración mínima para sus docentes, y que, consecuentemente, el art. 64 de aquella ley no es de aplicación a los docentes universitarios de instituciones de gestión privada.
Alega que la ley 24.521 establece una remisión normativa en relación a la regulación de la educación superior y no de las remuneraciones de los docentes de toda la educación de gestión privada (v. fs. 223). Agrega que prueba de ello es que en sus preceptos no aparece siquiera mencionada una sola vez la palabra remuneración (v. fs. cit.).
Afirma que el rechazo de la acción se funda en un falso silogismo (v. fs. 223 y vta.).
Explica que la ley 26.206 es el marco general del Sistema Educativo Nacional en todos sus niveles y efectúa una remisión particular -a la que alude el sentenciante (art. 35)- para la regulación de la actividad de tales instituciones a la Ley de Educación Superior 24.521, que no entra en conflicto con la clara prescripción del art. 64 que establece una pauta general y universal y no establece ninguna diferencia entre los pisos de los salarios de los docentes de los distintos niveles de la educación. Asegura que no todas las cuestiones de la educación superior se encuentran reguladas en la ley 24.521 (v. fs. cit.).
Aduce que el sentenciante extrae de la norma en cuestión una conclusión que no se deriva de ninguno de sus términos (v. fs. cit.).
Aclara que el fundamento de abonar un determinado nivel salarial no se funda en la CONADU, sino en el mentado art. 64, que establece un piso conforme al régimen de equiparación fijado por la legislación vigente (v. fs. 224).
Reitera que, en razón del principio de gradación constitucional establecido en el art. 31 de la Constitución nacional, la ley 26.206 establece una equiparación salarial mínima entre todos los docentes de la educación de gestión pública y los de gestión privada, sin efectuar distingo alguno, porque -cualquiera sea el convenio colectivo aplicable- ningún docente de gestión privada podrá percibir menos de lo que percibe uno de gestión pública (v. fs. cit.). Ello -resalta- tiene raigambre constitucional en el principio de igual remuneración por igual tarea, y un fin eminentemente tuitivo del trabajador que garantizan los arts. 14 bis de la Constitución nacional y 81 de la ley 20.744 y el Convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo (v. fs. cit.).
Alega que el pago de haberes por sumas muy inferiores a los mínimos de la actividad -aunque no exista convenio colectivo- acreditado con la prueba pericial contable, resulta suficiente injuria para el trabajador (v. fs. 224 y vta.).
Manifiesta que, si bien los precedentes de la Suprema Corte que analizó el sentenciante no son idénticos al presente caso, la similitud es casi completa. Explica que la diferencia radica en que en el supuesto de autos se trata de un docente de educación terciaria, pero la ley no establece distingo alguno entre los distintos niveles de educación, sino que habla lisa y llanamente de "docente" (v. fs. cit.).
Finalmente, invoca doctrina de esta Corte sobre el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial y la necesidad de efectuar una interpretación favorable al trabajador en caso de duda (v. fs. cit.).
II. El recurso no prospera.
II.1. En primer lugar, cabe destacar que, al justificar la admisibilidad del recurso, el quejoso cuantifica el importe que pretende percibir afirmando que de acuerdo a los términos de la pericia original el monto histórico adeudado arrojaría la suma de $512.722,37 (v. fs. 220).
Tal afirmación, considerando que no corresponde a estos fines atender a los intereses que eventualmente podrían anexarse (causa L. 121.856, "Macedo", sent. de 25-VIII-2020), conduce a señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141).
Por tal razón, la admisibilidad del medio de impugnación deducido sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653. La función revisora de esta Corte queda entonces circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, trasgresión que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; L. 123.644, "Goicoechea", sent. de 9-II-2021; e.o.).
II.2.a. En este estrecho marco cognitivo, ocupa señalar que no luce apta la denuncia de violación de doctrina legal de la que parten las afirmaciones que contiene el recurso.
Es que lo resuelto en las causas citadas por el recurrente (v.gr. causas L. 101.704, "Stefenon", sent. de 11-III-2013; L. 106.678, "Sgrilletti", sent. de 12-VI-2013; e.o.) no se identifica con las concretas motivaciones que dotan de estructura al fallo impugnado, toda vez que lo declarado en su oportunidad por este Tribunal con esencial fundamento en el art. 38 de la ley 24.195 lo fue en el concreto marco de reclamos efectuados por docentes de instituciones educativas de gestión privada de nivel primario o secundario y no bajo una pretensión como la que aquí se ventila iniciada por un profesor universitario, dato que resultó dirimente para el a quo, pues en su razonamiento tornó aplicable al caso el art. 35 de la ley 26.206, desplazando la pretendida solución reclamada al amparo de la regla prevista en el art. 64 de esta misma ley. Algo de ello, por cierto, se deja entrever en la misma impugnación (v. fs. 224 vta.).
Sin que implique emitir opinión alguna sobre el acierto de la decisión de grado, la distinción apuntada impide a este Tribunal ingresar en otro tipo de examen. Es que es sabido que carece de idoneidad para habilitar la revisión del pronunciamiento de origen por el excepcional conducto que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley adjetiva local, la denuncia de violación de doctrina legal elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 117.205, "Barrios", sent. de 16-X-2013; L. 104.386, "Velazco", sent. de 17-XII-2014; L. 119.434, "C., L. M.", sent. de 16-V-2018; e.o.).
II.2.b Luego, desechada la eficacia de la doctrina que se erige como principa
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