Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L 125568
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.568, "Ibarra González, Teófilo contra Caselli, Esteban Juan. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, rechazó la acción deducida, imponiendo las costas a la actora vencida (v. fs. 87/94 vta.).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 95/103).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de origen desestimó íntegramente la demanda promovida por el señor Teófilo Ibarra González contra el señor Esteban Juan Caselli, en cuanto procuraba el pago de las indemnizaciones derivadas del despido, el sueldo anual complementario proporcional y adeudados, el resarcimiento por vacaciones no gozadas, el agravamiento establecido en el art. 50 de la ley 26.844, la entrega de los certificados previstos en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y la reparación contemplada en la última norma citada (v. sent., fs. 95/103).
Lo hizo por entender que no resultó demostrada la existencia de la relación laboral dependiente invocada en el libelo de inicio (v. fs. 16/22 vta.).
Precisó que de los planteos formulados en los escritos constitutivos del proceso surge que el demandado admitió la prestación de servicios del actor en inmuebles de su propiedad pero para otro sujeto, desconociendo expresamente que hubiera laborado bajo su dependencia personal, a excepción de un breve período en el que pernoctó en una de sus viviendas, oportunidad en que cortó el pasto y se le abonó puntualmente dicho trabajo (v. fs. 87 vta.).
En este contexto, declaró que los términos en que quedó trabada la litis no enerva la aplicación de la presunción normada en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, por lo que atribuyó al accionante la carga de acreditar la existencia de la relación laboral subordinada que había denunciado en su demanda (v. fs. 87 vta.).
Puesto a evaluar la prueba oral producida en la audiencia de vista de la causa, restó eficacia convictiva a las declaraciones testimoniales brindadas por la señora Graciela Lubo y los señores Fretes Cantero y González Gómez. Respecto de la primera, estimó comprometida seriamente su credibilidad, y con relación a los dos restantes consideró que sus manifestaciones resultaron contradictorias y carentes de veracidad, a lo que adunó que no pudieron dar razón de sus dichos (v. fs. 89).
En cambio, apreció sinceros los testimonios de Gassman, Alcalde y Pérez González, sobre cuya base arribó a la conclusión de que el actor había prestado servicios para el nombrado en primer término -el señor Gassman- quién fue contratado por el legitimado pasivo para realizar servicios de albañilería y reparaciones en sus inmuebles (v. fs. 89 vta./92 vta.).
Advirtió que si bien el accionado en su conteste sostuvo que el señor Ibarra González laboraba para una sociedad comercial denominada Ralguidal S.A., lo cierto es que la prueba rendida dio cuenta que trabajó para una persona distinta del demandado (v. fs. 89 vta.).
Meritó, también, las contestaciones de los oficios provenientes de los consorcios de propietarios El Talar de Pacheco y Barrio Santa Bárbara (v. fs. 89 y vta.). Puntualizó que del primero sólo surgen ingresos y egresos del actor desde el mes de noviembre de 2013 hasta el mes de diciembre de 2016, datos que -observó- no se compadecen con la fecha de inicio denunciada en el escrito de demanda (2 de junio de 2008), que entraba y salía el mismo día, y que nada ilustra sobre las tareas efectivamente realizadas por el accionante. Respecto del segundo, resaltó lo informado en orden a que no contaban con registros referidos al actor (v. fs. 89 y vta.).
Con todo, sentenció que, no habiéndose acreditado la existencia del contrato de trabajo denunciado por el reclamante, debía rechazarse en su totalidad la demanda interpuesta por carecer de causa jurídica (v. fs. 92 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, el accionante deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 14 bis, 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 9, 23 y 57 de la Ley de Contrato de Trabajo y 44 inc. "d" de la ley 11.653, y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 95/103).
En su fundamentación, impugna la decisión de grado en cuanto juzgó no demostrado el contrato de trabajo que -aduce- ligó a las partes (v. fs. 95 y vta.).
Cuestiona que se haya atribuido al accionante la carga de acreditar su existencia (v. fs. 98 y vta.), lo cual resulta violatorio -en su criterio- de la doctrina legal que cita (v. fs. 99 y vta.).
Afirma que la respuesta remitida por el señor Caselli al telegrama rescisorio, en el sentido de que el actor nunca había laborado para él "...bajo ninguna forma de relación laboral" (fs. 97 vta. y 98), llevaínsita la admisión de la prestación de servicios, a lo que aduna el expreso reconocimiento formulado en el escrito de contestación de demanda, en el cual expresó que el señor Ibarra González se quedó a pernoctar unos días en la casa de El Talar, donde realizó algunos trabajados de jardinería que le fueron abonados (v. fs. 98).
Lo recién expuesto -a criterio del recurrente- torna operativa la presunción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 100).
Entiende que su posición se corrobora con la testimonial producida en la audiencia de vista de la causa y la informativa glosada al expediente.
Destaca -en este sentido- el informe remitido por la administración del Country El Talar de Pacheco que da cuenta de que el señor Ibarra González concurrió allí autorizado por el demandado durante el período comprendido entre los días 7 de junio de 2013 al 29 de diciembre de 2016, pernoctando en varias oportunidades (v. fs. cit.).
Enfatiza -igualmente- que los testigos Lubo, Fretes Cantero y González Gómez declararon haber visto al actor en inmuebles de propiedad del señor Caselli realizando tareas de mantenimiento, cortado de pasto, limpieza de vidrios y pintura (v. fs. 95 vta. y 100).
Cita doctrina relativa al vicio del absurdo en la apreciación de la prueba (v. fs. 101 vta.).
Añade que lo resuelto por el tribunal, en cuanto juzgó que el actor prestó servicios como ayudante del señor Gassman, resulta violatorio del principio de congruencia, toda vez que se pronuncia más allá de la posición asumida por la demandada en el conteste, donde aseveró que el señor Ibarra González había laborado para la firma Ralguidal S.A. (v. fs. 101 vta. y 102).
Por último, impugna el fallo de grado toda vez que, frente al silencio del demandado a la intimación remitida por el actor a efectos de que se aclare su situación laboral y registre el contrato de trabajo, el juzgador omitió aplicar la presunción que emana del art. 57 de la Ley de Contrato de Trabajo. Cita doctrina legal (v. fs. 101 vta. y 102).
III. El recurso no prospera.
III.1. Cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el importe reclamado en la demanda rechazada- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la que la admisibilidad del remedio procesal deducido únicamente podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si concurre en la especie la excepcional hipótesis habilitante prevista en el mencionado precepto, que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 119.077, "B., C. A.", sent. de 14-XII-2016; L. 118.332, "Messina", sent. de 29-XI-2017 y L. 120.201, "Morris", sent. de 24-IV-2018).
III.2. Bajo esa directriz, he de señalar que los agravios traídos respecto de la valoración de la prueba y del contenido del escrito de contestación de demanda, no pueden prosperar.
En efecto, estructurados bajo la denuncia de absurdo -predicando incluso la violación de doctrina de esta Corte sobre dicho vicio- se encuentran orientados a impugnar la labor axiológica desplegada por el tribunal de grado, materia que -en tanto remite a cuestiones de hecho privativas de los jueces de grado- se encuentra excluida del acotado ámbito de revisión que contempla el citado art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 120.357, "Fernández", resol. de 19-IV-2017; L. 120.396, "Barizoni", resol. de 10-V-2017 y L. 120.291, "Benitez", resol. de 7-VI-2017).
III.3.a. Idéntica suerte adversa ha de correr la crítica por conducto de la cual se invoca la violación de la doctrina legal de esta Corte relativa al art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III.3.b. Respecto de los sumarios que identifica: causas L. 118.704, "Morini" (sent. de 31-VIII-2016); L. 116.942, "Novelli" (sent. de 28-X-2015); L. 104.112, "Raffaeli" (sent. de 6-XI-2012) y L. 93.909, "Galusso" (sent. de 22-VIII-2012; v. fs. 99 y vta.), en tanto reflejan la postura de la infrascripta en orden a la interpretación que cabe otorgarle a la norma referenciada, no resultan aptas para fundamentar el agravio.
Al respecto, cuadra recordar que se encuentra excluido del concepto de doctrina legal, en los términos y con los alcances en que esta ha sido definida por este superior Tribunal, la mención de la opinión personal de sus señores Ministros (causas L. 108.361, "Errecalde", sent. de 5-IX-2012; L. 117.802, "Charo", resol. de 3-IV-2014; L. 118.068, "Gudiño", resol. de 20-XI-2014 y L. 120.113, "Leguizamón", sent. de 3-V-2018).
III.3.c. En lo atingente a los restantes precedentes que se reputan infringidos en esta parte de la pieza recursiva (v. rec., fs. 99 vta.), considero que tampoco resultan hábiles para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria por el excepcional conducto que prevé la ley ritual del fuero, en tanto el quejoso soslaya explicar cómo o de qué modo habría resultado vulnerada la doctrina legal, limitándose a transcribir un fragmento de las sentencias dictadas en los casos citados sin desarrollar adecuadamente de qué modo la doctrina legal habría sido transgredida en la especie (causa L. 119.617, "Municipalidad de Azul", sent. de 15-XI-2016; e.o.).
En este sentido, es oportuno recordar que es carga específica del recurrente denunciar la normativa o doctrina legal violada o erróneamente aplicada, mención que debe ser acompañada por la explicación concreta sobre el modo en que dicha infracción o yerro se habría producido (causas L. 116.581, "Miño Bravo", resol. de 29-V-2013 y L. 116.962, "Sobrero", sent. de 15-VII-2015; e.o.).
III.4. También corresponde desestimar el reproche dirigido a poner en evidencia el supuesto quebranto del principio de congruencia, toda vez que -independientemente de mi opinión relativa a que es admisible, en el marco del recurso que tramita en el estrecho marco fijado por el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, la denuncia de infracción de doctrina legal elaborada en torno a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como adjetivas o de forma- lo cierto es que el compareciente no menciona ninguna como infringida, presupuesto esencial e inicial para pretender la revisión de lo resuelto (causas L. 94.682, "Mangione", sent. de 2-IX-2009; L. 115.488, "Cahuapé Pereyra", sent. de 10-IX-2014 y L. 118.436, "Llanos", sent. de 15-VI-2016).
III.5. Al subsistir firme la decisión de grado en cuanto a la naturaleza de la relación debatida en autos, quedo eximida de abordar el agravio vinculado a la violación de doctrina legal relativa a la presunción prevista en el art. 57 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya omisa aplicación se imputa al tribunal de origen.
Me afirmo en esta premisa desde que la actuación de dicho precepto y, en consecuencia, de la doctrina legal forjada a su respecto, requiere, como presupuesto indispensable, la acreditación de la relación laboral invocada (causas L. 101.474, "Leguizamón", sent. de 1-IX-2010; L. 108.636, "Cepeda", sent. de 6-VI-2012 y L. 117.840, "Antúnez", resol. de 22-X-2014).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero a la solución propiciada por mi colega doctora Kogan y, con relación a lo expuesto en el apartado III.4. de su voto, lo hago en cuanto sostiene que el compareciente omite denunciar la violación de doctrina legal de esta Suprema Corte.
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
A excepción de lo expuesto en el apartado III.4. en relación con su opinión personal acerca de la doctrina idónea en el ámbito de la excepcional vía prevista en el art. 55 de la ley 11.653, habré de adherir al sufragio emitido por mi distinguida colega doctora Kogan.
Con el alcance indicado, así lo voto.
El señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/12/2021 15:58:43 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/12/2021 08:28:18 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/12/2021 13:15:33 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/12/2021 11:27:14 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/12/2021 11:29:51 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia