Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127162
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, al recurso extraordinario de nulidad, en tanto el planteo en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y disponer la anulación parcial del pronunciamiento de grado en cuanto omitió el tratamiento de la pretensión dirigida a obtener la documentación a la que alude el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (art. 298, CPCC).
Los autos se remiten al tribunal de origen a fin de que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
2Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Genoud, Torres y Soria dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul hizo lugar a la demanda incoada por Mario Alberto Vicente y, en consecuencia, condenó a Ricardo Daniel Lazarte a abonar la suma que especificó en concepto de indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. sent. de fecha 30-XII-2020).
Para así decidir, en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, tuvo por acreditado que el actor se vinculó laboralmente con el demandado realizando tareas de chofer de primera.
Asimismo, del análisis de las declaraciones testimoniales y su cotejo con las demás pruebas producidas, consideró que había existido absoluta orfandad probatoria por parte del demandante para acreditar, no sólo que se hubiera desempeñado como conductor de un camión que transportaba agroquímicos y que realizaba aproximadamente de seis a ocho viajes de larga distancia, sino también haber realizado una mayor cantidad de kilómetros recorridos de los que surgen de los recibos de remuneraciones que suscribió mensualmente.
Para más, señaló que el actor no prestó el juramento con las formalidades que el ítem 4.2.18 del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89 determina, por lo que -juzgó- no correspondía invertir el onus probandi sobre los hechos y circunstancias que debían consignarse en la planilla de contralor, atento el incumplimiento de las formalidades formales y materiales que la norma determina.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa deduce recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 9-II-2021), los que fueron concedidos por el a quo, el segundo de ellos en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. resol. de fecha 11-II-2021), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen electrónico de fecha 17-IX-2021).
En el primero de los remedios mencionados la impugnante alega violación del art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Plantea que el tribunal de origen omitió en su pronunciamiento expedirse acerca de la entrega de las "constancias y certificado de trabajo" previstas en el art. 80 de la ley sustantiva laboral, cuya pretensión -alega- fue incorporada en forma concreta en el escrito de demanda.
III. Conforme lo dictaminado por el señor Procurador General, el remedio interpuesto debe prosperar.
III.1.a. De modo liminar, corresponde señalar que la vía prevista en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución provincial sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. cit.; causas L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020 y L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021).
Asimismo, conforme ha establecido esta Suprema Corte, constituyen cuestiones esenciales aquellos cuestionamientos que estructuran la traba de la litis y el esquema jurídico que la sentencia debe necesariamente atender para su validez (causas L. 111.174, "Covelo", sent. de 11-IX-2013; L. 116.648, "Pennisi", sent. de 10-IX-2014; L. 100.310, "García", sent. de 17-XII-2014; L. 121.553, "Piatti", resol. de 12-IX-2018; L. 125.967, "Molina", resol. de 13-XI-2020 y L. 125.163, "Iramain", resol. de 17-V-2021).
III.1.b. Bajo esas directrices, es dable advertir que la entrega de los instrumentos a los que alude el art. 80 de la ley 20.744, fue sometido a conocimiento del tribunal interviniente en la etapa procesal oportuna (v. demanda, fs. 21), y también que, efectivamente, el a quo soslayó pronunciarse a su respecto, sin que emerja del trazo lógico cristalizado en el fallo motivo que justifique tal inadvertencia.
En efecto, el sentenciante acogió la sanción pecuniaria reclamada al amparo de la citada norma legal (v. punto 8.H. de la sentencia del 30-XII-2020), más soslayó pronunciarse en torno al pedimento referido a la "obligación de hacer" concerniente a la extensión de la documentación prevista en aquel dispositivo.
En tales condiciones, tal como destaca el Máximo Representante del Ministerio Público, se configura en la especie la omisión de tratamiento de una cuestión que reviste carácter esencial en los términos del art. 168 de la Constitución provincial, toda vez que la pretensión dirigida a obtener la documentación a la que alude el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, integró la estructura de la traba de la litis, conformando el esquema jurídico que el órgano de grado necesariamente debía atender para la correcta solución de la controversia.
No obsta a la solución aquí propuesta, la circunstancia de que el juzgador se haya expedido en torno a la multa prevista en el mismo dispositivo legal, pues lo aquí relevante es que ha excluido el tema concerniente a la extensión de la documentación requerida por descuido o inadvertencia (causas L. 86.280, "Stremiz", sent. de 14-XI-2007; L. 99.750, "Carabajal", sent. de 1-IX-2010; L. 111.174, "Covelo", sent. de 11-IX-2013 y L. 124.430, "Puentes de integración S.R.L.", sent. de 23-II-2021).
III.2. Por todo lo expuesto, corresponde admitir el remedio extraordinario de nulidad deducido y, en consecuencia, anular parcialmente el pronunciamiento de grado en cuanto omitió el abordaje del planteo preterido (causas L. 80.137, "Garín", sent. de 6-IX-2006; L. 84.928, "Formigo", sent. de 19-IX-2007; L. 118.121, "Vega", sent. de 11-II-2016; L. 121.447, "Herrera", sent. de 26-V-2020 y L. 126.650, "Aranda", resol. 25-X-2021), debiendo el tribunal de origen, integrado con otros jueces, dictar nuevo fallo.
IV.1. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el recurrente denuncia absurdo, violación de las normas y doctrina legal que cita.
En sustancia, alega que el tribunal de grado se equivoca al obligar al trabajador a acompañar la planilla que el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, le impone al empleador.
IV.1.a. Liminarmente se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019 y L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019), hipótesis que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
IV.2. En este contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que respecto de la cita vinculada con la transgresión al principio in dubio pro operario, cabe señalar que no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión, ni refieren a situaciones similares, atento a su distinto contenido fáctico (causas L. 120.820, "Lastape", resol. de 11-X-2017; L. 121.314, "Aristemuño", resol. de 8-VIII-2018 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021).
Por otro lado, el restante precedente que se denuncia transgredido refiere al principio de congruencia, cuyo examen, tal como reiteradamente lo ha señalado esta Corte, se encuentra marginado de la instancia extraordinaria en el marco de la excepción del art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 enunciada (causas L. 115.449, "Gamaleri", sent. de 5-III-2014; L. 111.776, "Vanetti", sent. de 25-II-2015; L. 123.315, "Prado", resol. 26-XII-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020 y L. 126.572, "Castelli", resol. de 26-V-2021).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar -respecto de lo expuesto en el apartado IV.2., segundo párrafo- que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, al recurso extraordinario de nulidad, en tanto el planteo en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y disponer la anulación parcial del pronunciamiento de grado en cuanto omitió el tratamiento de la pretensión dirigida a obtener la documentación a la que alude el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (art. 298, CPCC).
Los autos se remiten al tribunal de origen a fin de que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
2. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia