Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127798
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído en atención a que los planteos introducidos en el punto III.1 han sido insuficientemente fundados y el tratado en el III.5. no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, rechazó la demanda que Néstor Nelson Castro interpuso contra Swiss Medical S.A. en la que procuraba el cobro de la indemnización derivada del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. pronunciamiento de fecha 29-IV-2021).
Para así decidir, tras valorar en conciencia las pruebas producidas, juzgó que el distracto dispuesto por el trabajador resulto injustificado. Por otro lado, rechazó la multa del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, toda vez que consideró que los certificados aludidos en la norma fueron confeccionados en un tiempo prudencial luego del distracto, y que no solamente se encontraban a disposición del trabajador, sino que fueron acompañaron con la contestación de la demanda.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 21-V-2021), el que fue concedido por el a quo (v. providencia electrónica de fecha 18-VI-2021).
En su presentación, relata los antecedentes de la causa, cita las normas y la doctrina legal que entiende vulneradas y denuncia la conculcación del principio de congruencia.
Asimismo, alega absurdo. Esencialmente, imputa al órgano de origen haber incurrido en ese vicio a la hora de valorar el intercambio telegráfico cursado entre las partes.
Por otro lado, se agravia del rechazo de la multa contemplada en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345). Argumenta, sobre el particular, que la demandada no realizó la entrega de los certificados en tiempo oportuno.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, es menester recordar que la apreciación del material probatorio, así como la determinación de las circunstancias en que se produjo la extinción del contrato de trabajo, constituyen cuestiones de hecho reservadas a la instancia ordinaria y, en consecuencia, se hallan marginadas de la casación, salvo cabal y suficiente demostración de absurdo (causas L. 122.775, "Ilión", resol. de 21-VIII-2019; L. 125.565, "Molina", resol. de 14-XII-2020 y L. 125.158, "Sangorrín", resol. de 4-III-2021), único supuesto en que esta Corte se encuentra habilitada para revisar las conclusiones fácticas del fallo. Igual concepto es aplicable en lo atingente a la interpretación y recepción del intercambio postal (causas L. 121.372, "Sturla", resol. de 3-V-2018 y L. 122.206, "Gallo", resol. de 24-IV-2019).
La configuración del vicio señalado requiere de la configuración del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco" resol. de 24-VIII- 2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020). Pues, no lo constituye cualquier yerro ni la apreciación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más: esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 124.121, "Sánchez", resol. de 11-VI-2020; L. 124.031, "Coronel", resol. de 16-VI-2020 y L. 123.944, Di Cataldo", resol. de 3-VIII-2020).
III.2. En el caso, el sentenciante entendió que la situación de despido indirecto en que se colocó el trabajador, de conformidad a lo dispuesto por el art. 242 Ley de Contrato de Trabajo, resultó injustificada, toda vez que no acreditó, como era su carga, los incumplimientos sobre los cuales sustentó la decisión rupturista.
En este sentido, por un lado, concluyó que el actor debía cargar con la responsabilidad de la negativa a la no recepción de las comunicaciones postales. Asimismo, de otro costado, juzgó no acreditada la existencia de salarios impagos.
III.3. Tales conclusiones no logran ser descalificadas por el impugnante, toda vez que se limita a contraponer a la valoración del material probatorio que ha realizado el tribunal de grado una argumentación basada exclusivamente sobre sus propios criterios, insuficiente -por lo tanto- para lograr la apertura de la instancia extraordinaria en lo que concierne a cuestiones de hecho y de prueba, como las aquí ventiladas (causas L. 121.616, "Lareu", resol. de 5-XII-2018; L. 122.597, "Vargas", resol. de 19-VI-2019 y L. 122.643, "Casali", resol. de 23-X-2019).
III.4. Sentado lo expuesto, no resulta atendible el argumento que gira en torno a la transgresión del principio de congruencia.
Reiteradamente este Superior Tribunal ha dicho que es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que, bajo la denuncia de infracción del citado postulado, limita su impugnación a exhibir la disconformidad con respecto a la interpretación de los términos del escrito de demanda, pero no demuestra la existencia de un razonamiento absurdo (causas L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019; L. 122.073, "Navarro", resol. de 14-VIII-2019 y L. 123.679, "Calandro" resol. de 1-VI-2020), tal y como sucede en la especie.
III.5. Tampoco puede prosperar el agravio con sustento en el rechazo de la reparación fijada en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto conf. ley 25.345)
Respecto de tal objeción, corresponde señalar -siguiendo, en sustancia, lo resuelto por esta Corte en los precedentes L. 117.357, "Genetti" (sent. de 8-X-2014) y L. 117.524, "Fernández" (sent. de 27-V-2015), entre muchos otros-, que tratándose de un supuesto de acumulación objetiva de pretensiones (arts. 15, ley 11.653 y 87, CPCC), y puesto que por esta parcela del reclamo el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no alcanza a satisfacer el monto mínimo previsto por el artículo 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), el intento recursivo sobre este tópico debe ser analizado dentro del marco definido en el artículo 55, primer párrafo in fine, de la ley ritual del fuero.
Sentado lo expuesto, se advierte que no se observa la concurrencia del supuesto de excepción previsto en la citada norma, que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020), puesto que los precedentes invocados por el recurrente no guardan correspondencia con las motivaciones del a quo que constituyeron factores esenciales de su decisión ni se trata de situaciones similares, atento su distinto contenido fáctico (causas L. 121.174, "Fariña", resol. de 17-X-2018; L. 122.363, "Del Negro", resol. de 5-VI-2019 y L. 125.499, "Cabrera", resol. de 16-VI-2020).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
A tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.) -y dejando a salvo mi opinión expuesta en las causas L. 97.082, "Santisteban" (sent. de 30-III-2011) y L. 108.498, "Carabajal" (sent. de 22-V-2013), entre otras-, acompaño lo decidido en el punto III.5 por los colegas que me preceden en la votación
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído en atención a que los planteos introducidos en el punto III.1 han sido insuficientemente fundados y el tratado en el III.5. no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia