Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127872
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, por mayoría, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Guillermo Eduardo Machado y condenó a Transsuelo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de diferencia de indemnización por despido con la incidencia del sueldo anual complementario; sustitutiva del preaviso y la establecida por el art. 2 de la ley 25.323. En cambio, la rechazó en cuanto procuraba el cobro del agravamiento indemnizatorio previsto por el art. 52, párrafo cuarto, de la ley 23.551 (v. pronunciamiento de fecha 21-V-2021).
Para así decidir, tras valorar en conciencia la prueba producida, juzgó que la finalización de la relación de trabajo se produjo por la cesación de actividades del establecimiento, resultado -por ende- aplicable el art. 51 de la ley 23.551.
II. Contra lo así resuelto, el legitimado activo deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 7-VI-2021), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de 9-VI-2021).
En su presentación relata los antecedentes de la causa, denuncia absurdo, cita las normas y la doctrina legal que estima violada.
En lo esencial, afirma que la demandada, si bien dispuso la extinción del contrato de trabajo por cierre de establecimiento, continuó con su actividad de limpieza industrial. Por ello, afirma que la garantía gremial del trabajador se mantuvo, impidiéndole a aquella disponer el despido, salvo que -previamente- instara la acción de exclusión de la tutela sindical, circunstancia esta que no ocurrió en el caso.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, se impone señalar que no puede adjudicarse entidad de agravio atendible a la simple manifestación que formula el interesado en el objeto de la vía recursiva (v. pág. 1 del recurso), dirigida a cuestionar el supuesto rechazo del rubro previsto en el art. 2 de la ley 25.323, toda vez que tal planteo no sólo no se compadece con lo resuelto por el a quo, sino que tampoco surge del escrito impugnativo desarrollo argumental alguno destinado a respaldar tal reproche (causas L. 82.635, "Di Benedetto", sent. del 11-IV-2007; L. 118.857, "Diaz", resol. de 2-IX-2015 y L. 105.261, "Lista". resol. de 4-V-2016).
III.2. Aclarado ello, corresponde analizar el restante agravio ensayado, orientado a cuestionar la desestimación de la indemnización prevista por el art. 52, párrafo cuarto, de la ley 23.551.
III.2.a. Al respecto, cabe destacar que el valor de lo cuestionado -representado por el importe reclamado en la demanda de cuyo rechazo se agravia- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). En consecuencia, el tratamiento de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción del art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 115.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
Así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, situación que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
III.2.b. En ese contexto, no se verifica la concurrencia del supuesto descripto que justifique su encuadre en la citada norma adjetiva, toda vez que la doctrina legal que se denuncia como vulnerada ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 117.605, "Gómez", resol. de 14-VIII-2019; L. 125.236, "Espíndola", resol. de 14-XII-2020 y L. 126.551, "Arias", resol. de 4-III-2021).
Asimismo, tampoco resultan hábiles para justificar la revisión casatoria, en el acotado marco de revisión por el que transita el recurso, las citas de precedentes definitorios del vicio de absurdo (causas L. 122.256, "Mendoza", resol. de 24-IV-2019; L. 124.457, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020 y L. 125.236, "Espíndola", resol. de 14-XII-2020).
III.2.c. Finalmente, corresponde recordar que no constituye doctrina legal -en los términos y con los alcances señalados por esta Suprema Corte- la que deriva de la opinión de los autores o de los fallos de otros tribunales de justicia ni los de la Corte nacional (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol de 21-XII-2020 y L. 125.507, "Valdez", resol. de 22-VI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia