Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127677
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Nicolás hizo lugar, parcialmente, a la demanda promovida por Juan Armando Herrera y condenó a Diego Iturburu al pago de la suma que especificó en concepto de vacaciones no gozadas y sueldo anual complementario proporcional. Por el contrario, la rechazó respecto de los reclamos fundados en las leyes 22.248 y 25.323, lucro cesante, incapacidad sobreviniente, daño moral, pérdida de chance, gastos médicos y farmacéuticos. Finalmente, desestimó la acción en todas sus partes, respecto del codemandado Pedro Miguel Pérez (v. fs. 161/171 vta.).
Para así decidir, tras valorar en conciencia la prueba producida, juzgó no configurado el despido indirecto en que se colocó el trabajador, ni acreditado el siniestro denunciado en el escrito de inicio.
II. Frente a tal pronunciamiento, el legitimado activo dedujo revocatoria "in extremis" y, subsidiariamente, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 7-VIII-2018). El a quo, luego de rechazar el primero, concedió el segundo (v. fs. 180 y vta.).
En su presentación, tras denunciar los principios de derecho del trabajo que entiende omitidos, se disconforma con la conclusión a la que arribó el sentenciante en cuanto tuvo por no acreditado el accidente de trabajo. Entiende que, para alcanzar dicha conclusión, efectuó una absurda valoración de la prueba.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. De modo preliminar, cabe señalar que, en el caso, el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria -representado por los rubros reclamados en la demanda que fueron rechazados y son motivo de agravio- no alcanza el monto mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, según texto ley 14.141, razón por la cual su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Por otra parte, cabe observar que el impugnante no ha expuesto razones suficientes que ilustren -en el caso- la presencia de un agravio federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 121.042, "Vande Vrande", resol. de 11-IV-2018 y L. 126.025, "Molina", resol. de 15-IX-2020).
III.2. En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando esta Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
III.3. Realizado entonces el examen conforme los lineamientos antes enunciados, no se verifica la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, desde que el recurrente omite denunciar la vulneración de doctrina legal relacionada con la temática que impugna (causas L. 121.038, "Díaz", resol. de 11-IV-2018 y L. 122.808, "Vildoso Sisterna", resol. de 26-VI-2019).
Finalmente, tiene dicho esta Corte que la doctrina legal es la que emana de sus propios fallos y no la que deriva de los pronunciamientos de otros tribunales de justicia (causas L. 120.064, "Gómez", resol. de 11-VII-2018 y L. 125.286, "Sánchez Pérez", resol. de 13-XI-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia