Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127607
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Morón decretó la caducidad de la instancia en la acción entablada por María Rosa Centurión contra Carlos María Coronel y Carlos Alberto Coronel en la que procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido (v. pronunciamiento de fecha 5-II-2021).
Para así decidir, tuvo en cuenta el notorio desinterés evidenciado por la actora en proseguir con la causa, aun cuando fuera intimada a producir actividad procesal útil.
II. Frente a lo así resuelto se alza la legitimada activa con recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 11-II-2021), siendo concedido por el órgano de grado únicamente el mencionado en último término (v. resols. de fechas 31-III-2021 y 7-X-2021).
III. En su impugnación, la accionante relata los antecedentes de la causa. Alega errónea aplicación de la ley y cita la doctrina legal que considera vulnerada.
En lo esencial, plantea que el a quo no adoptó medidas convenientes que se ajustaran a la "emergencia sanitaria", toda vez que el trámite a realizar requería de la diligencia de documentación en papel -sin su calificación de "urgente"-, y a través de diferentes organismos.
Asimismo, señala que atento a las distintas suspensiones de plazos dispuestas por la Corte, no correspondía decretar la caducidad porque no había transcurrido el plazo legal.
IV. El recurso no puede prosperar.
Para más, corresponde dejar debidamente aclarado que esta Suprema Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que las limitaciones establecidas por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apartado 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
Cabe agregar a ello -como también lo ha resaltado esta Corte- que el juego armónico de lo dispuesto por los citados arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en modo alguno veda la deducción del medio de impugnación previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas L. 123.904, "González", resol. de 18-XII-2019 y L. 125.004, "Fernández", resol. de 13-X-2020).
Además, resta recordar que este Tribunal tiene dicho que la obligatoriedad de la doble instancia judicial prevista en el art. 8 apartado 2 inc. "h" de la Convención Americana de Derechos Humanos está establecida como tal exclusivamente para el proceso penal, por lo que no puede ser extendida a los litigios laborales (causas L. 114.953, "Ledesma", resol. de 7-IX-2011 y L. 106.055, "Pellejero", sent. de 14-XII-2011).
IV.2. Ahora bien, resultando indudable la insuficiencia del valor del litigio, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se produce cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.079, "Aranda"; L. 125.380, "Martínez", resols. de 21-XII-2020 y L. 127.097, "Ayala", resol. de 30-VIII-2021).
IV.3. En ese contexto, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, desde que la crítica contenida en el escrito recursivo remite a cuestiones estrictamente procesales -como lo es, la referida al instituto de la caducidad de instancia- y, como tales, detraídas de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el ya citado precepto adjetivo (causas L. 98.284, "Sanabria", sent. de 23-V-2010; L. 115.015, "Acevedo", resol. de 10-VII-2013; L. 122.878, "Galeano", resol. de 21-VIII-2019 y L. 123.923, "Diamante", resol. de 16-VI-2020).
Finalmente, sabido es, que no constituye doctrina legal en los términos señalados, la que deriva de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la opinión de los autores (causas L. 117.738, "Steinberg", resol. de 27-V-2015; L. 118.921, "Veliz", resol. de 23-IX-2015; L. 121.345, "Olivares", resol. de 8-VIII-2018 y L. 124.853, "Abalos", resol. de 23-IX-2020).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia