Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125465
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Trenque Lauquen hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Luis Ariel Falcon y condenó a Raúl Darío Ristorto al pago de la suma que especificó en concepto de salario adeudado, sueldo anual complementario proporcional y vacaciones. La rechazó, en cambio, en cuanto procuraba las indemnizaciones derivadas del despido y demás rubros de naturaleza laboral (v. fs. 140/149 vta.).
Para así decidir -en lo que interesa destacar-, valorando en conciencia las pruebas producidas en la causa, estimó que el contrato de trabajo concluyó en los términos previstos por el art. 241 último párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo.
Luego, en virtud del pedido de pluspetición inexcusable de la demandada ante el elevado monto reclamado en la demanda, el tribunal resolvió condenar solidariamente en costas, por los rubros que no prosperaron, al actor y a su letrado patrocinante.
II. El legitimado activo, con el patrocinio letrado de la doctora Mariana Lucero -quien también se presenta por propio derecho-, dedujeron recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 160/163 vta. y 164/170), siendo concedido por el órgano de grado únicamente el último de los nombrados a fs. 171/172.
III. Luego esta Corte, frente al incumplimiento de la intimación cursada mediante resolución de fecha 13 de octubre de 2021, para que cumpliera con el depósito establecido en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial, hizo efectivo el apercibimiento y declaró desierto el remedio interpuesto por la letrada Mariana Lucero, por su propio derecho (v. resol. de 29-XI-2021).
IV. En tales condiciones, corresponde ingresar únicamente en el tratamiento del recurso articulado por la parte actora.
En su impugnación denuncia absurdo y arbitrariedad. Alega violación de los arts. 23 y 55 de la Ley de Contrato de Trabajo y 39 de la ley 11.653. Impugna la decisión de grado en cuanto, entiende, alteró las reglas del onus probandi y desnaturalizó la presunción contenida en el art. 23 de la ley 20.744, poniendo en cabeza del actor la existencia del despido.
IV.1. Dable es recordar, ante todo, que evaluar las conductas de las partes previas a la rescisión del vínculo laboral para establecer la existencia o no de injuria, como así también la apreciación de la entidad de la causal invocada para tenerlo por disuelto y la valoración de los elementos probatorios arrimados a la causa para su demostración, constituyen cuestiones reservadas a la función axiológica de los jueces de grado. Las conclusiones que al respecto formulen sólo pueden revisarse por la Suprema Corte si se demuestra que la ponderación no ha sido efectuada con la prudencia que la ley exige, o se ha incurrido en absurda apreciación de los hechos y las pruebas (causas L. 121.570, "Romera", resol. de 26-IX-2018; L. 124.846, "Rollhaiser", resol. de 21-IX-2020 y L. 127.399, "Zaldua", resol. de 23-XI-2021).
En tal sentido, es del caso destacar que el absurdo sólo puede juzgarse configurado ante una demostración cabal de su existencia. En ese marco, ha dicho este Tribunal que no basta con invocarlo, desde que deviene indispensable ponerlo de manifiesto a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, mostrándose insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se direcciona a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 122.039, "Olivera", resol. de 13-III-2019 y L. 123.684, "Feliciano", resol. de 22-VII-2020).
IV.2.a. En el caso, el a quo evaluó los elementos probatorios aportados a la causa en orden a establecer las circunstancias en que se produjo la extinción del vínculo laboral, y consideró verificado que éste se perfeccionó en los términos del art. 241 último párrafo de la ley 20.744. Lo hizo, considerando no sólo los escritos constitutivos del proceso, sino también el comportamiento recíproco y concluyente de las partes y la actitud pasiva asumida por éstas. De esta manera, entendió que el actor se abstuvo de prestar servicios y el demandado de requerir esa prestación, revelándose así la presencia de un mutuo acuerdo disolutivo tácito, no existiendo ninguna constancia que demuestre o aporte indicio alguno que entre la última fecha de prestación de servicios del accionante (enero de 2018) y la misiva de fecha 22 de noviembre de 2018 (v. fs. 4) haya habido requerimiento alguno de tareas por parte de la patronal, o que el señor Falcon las haya requerido o, eventualmente, efectuado retención de las mismas.
IV.2.b. Estas esenciales conclusiones del órgano judicial de grado no logran ser descalificadas por el recurrente, por cuanto las alegaciones que formula no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre cómo debieron apreciarse los hechos y las probanzas agregadas a la causa, lo cual -conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas L. 121.835, "Espíndola", resol. de 13-II-2019 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020).
En definitiva, los argumentos que porta la impugnación se muestran carentes de idoneidad para conmover la decisión atacada, pues basados en premisas desencontradas con la definición medular del fallo, el interesado no se hace cargo de desvirtuar las motivaciones a las que arribó el juzgador de grado, vinculadas con la ausencia de requerimiento de prestación de tareas.
IV.2.c. Asimismo, cabe destacar que las alegaciones que formula, particularmente en relación a la diversa significación que el tribunal debió atribuir a las declaraciones brindadas por los testigos en la audiencia de vista de la causa, en modo alguno resultan aptas para evidenciar el vicio lógico denunciado.
En este aspecto, cabe recordar, que en lo que atañe a la valoración de la prueba oral, la misma queda reservada a los jueces de grado, que gozan amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 123.148, "Gnecco", resol. de 27-V-2020; L. 124.684, "Beltrán", resol. de 25-IX-2020; L. 122.704, "Ríos", resol. de 6-XI-2020 y L. 126.984, "Flynn", resol. de 15-IX-2021), que, en el caso, como se anticipó, no logró demostrarse.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia