Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L 126710
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.3. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, con diferente integración y previa renovación -en su caso- de los actos procesales pertinentes, dicte nuevo pronunciamiento con los alcances indicados.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.710, "Loiterstein, Mariano contra Municipalidad de General Pueyrredón. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata, por mayoría, hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 100/116 vta.).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 29-VI-2020).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente -por mayoría- hizo lugar a la demanda promovida por Mariano Loiterstein, y condenó a la Municipalidad de General Pueyrredón al pago de la suma que estableció en concepto de haberes adeudados, vacaciones y sueldo anual complementario proporcionales; así como de las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso, integración del mes de despido; el recargo indemnizatorio previsto en el art. 1 de la ley 25.323; la multa contemplada en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345) y a la entrega de los certificados previstos en dicha norma. En cambio, la desestimó en cuanto pretendía el cobro del recargo establecido en el art. 2 de la citada ley 25.323 (v. fs. 100/116 vta.).
Para así decidir, tras analizar las manifestaciones de las partes y las constancias de la causa, juzgó demostrado que el actor prestó servicios para la accionada -en el marco de una relación de trabajo informal, iniciada el día 1 de octubre de 2015- cumpliendo tareas como capacitador de ajedrez en el Polideportivo del Barrio Las Heras y en el Barrio Centenario, situados en aquella Municipalidad (v. vered., fs. 102 vta. y 103).
Con sustento en la prueba producida y al amparo del principio de la primacía de la realidad, tuvo por acreditada la categoría profesional alegada por el trabajador y la jornada en la cual se extendió la relación laboral. Asimismo, con apoyo en la inversión de la carga probatoria consagrada en el art. 39 de la ley 11.653 y la facultad otorgada por el art. 56 de la Ley de Contrato de Trabajo, consideró probada -ante la inexistencia de elementos en contrario- la remuneración devengada declarada (v. vered., fs. 102 vta./103 vta.).
A su vez, meritó demostrado que el vínculo se extinguió por despido indirecto -el día 3 de marzo de 2017- consumado por el dependiente frente al desconocimiento de la relación laboral (entre otros incumplimientos; v. vered., fs. 103).
En lo que interesa destacar, en la etapa de sentencia -con cita del pronunciamiento de este Tribunal de fs. 39/41-, evaluó que el reclamo de autos resultaba ajeno a la competencia contencioso administrativa (art. 4 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; v. sent., fs. 106).
En ese contexto, señaló que, en el ámbito de la Administración Pública provincial, y por aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo, es posible la actuación de sus normas a los agentes provinciales siempre que "por acto expreso se los incluya en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo" (art. 2 inc. "b", LCT; v. sent., fs. cit.).
En esa línea de análisis -y previa transcripción de los arts. 2 de la ley 20.744 (t.o.); 2 de la ley 11.653 y de la doctrina legal de la Suprema Corte que identificó- expuso que en el ámbito de los servicios públicos conviven trabajadores a los que se les aplica la ley administrativa y otros a los que les corresponde el régimen laboral de los dependientes privados. Agregó también, que junto a ellos coexiste un amplio espectro de trabajadores: "el de los contratados", cuya regulación se encuentra "exclusivamente" en las cláusulas del contrato de locación de servicios (art. 116, ley 10.430; v. sent., fs. 106 vta. y 107).
En este marco, entendió que al haber prestado servicios para la demandada en la forma acreditada en el fallo de los hechos (de modo informal y sin registro), el accionante no se hallaba comprendido dentro de ninguna de las clasificaciones sindicadas "...por las que pueda incluírselo en una típica relación de empleo público...". Precisó que si bien en estos casos -como principio general- el trabajador debe ser designado por un acto administrativo expresado por escrito, podían admitirse excepcionalmente otras formas de documentar la voluntad administrativa (v. sent., fs. 107).
En ese orden de ideas, estableció que, si bien por las características y la naturaleza de la vinculación laboral entre las partes, se hubiera requerido su instrumentación por escrito, ello no había acontecido en autos, y que dicha circunstancia no podía perjudicar al accionante. Así, juzgó que el caso enmarcaba en el ámbito del derecho privado, "...siendo la solución, frente a la prueba de la prestación de los servicios, la presunción de existencia del contrato de trabajo y del principio de primacía de la realidad, reconociéndosele al dependiente, hasta entonces clandestino o en negro, la totalidad de los derechos laborales del derecho al trabajo, protegido 'cualquiera sea su forma' conforme prevé el art. 14 bis de la Constitución nacional..." (sent., fs. 107 y vta.).
Destacó que en supuestos como el de autos, en los que el empleador es el Estado y que, además de autoridad pública es custodio del interés general, debiera ser un empleador modelo, sujeto al principio de legalidad en todas las áreas, incluida, la contratación del personal; lo cual no había acontecido en la especie. Aclaró que si bien "...el Estado municipal, en ejercicio de sus facultades discrecionales, puede decidir incorporar a un trabajador a los planteles de la Administración o no hacerlo [...] no puede pretender, como en el presente, que la efectiva prestación de servicios por parte del demandante no genere obligaciones a su cargo..." (sent., fs. cit.).
Sobre esa base, a la luz de los hechos que tuvo por demostrados en el veredicto, concluyó que los incumplimientos por parte de la accionada configuraron injuria grave en los términos del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, razón por la cual acogió -en lo sustancial- el reclamo instaurado y practicó la liquidación correspondiente a las indemnizaciones derivadas del despido, con fundamento en la citada ley laboral y en la ley 25.323 (v. sent., fs. 107 vta./110).
Finalmente, impuso las costas a la accionada vencida por los rubros que prosperaron y los desestimados a cargo del accionante (v. sent., fs. 110 in fine/111).
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 2, 18, 80, 90, 103, 104, 132 bis, 150, 155, 156, 231, 232, 233, 242, 245, 246 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo; 39 y 44 inc. "d" de la ley 11.653; 1 de la ley 25.323; 730 del Código Civil y Comercial de la Nación; 2, 4 y 7 de la ley 14.656; 1 y 8 de la ley 24.432 y de la doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de fecha 29-VI-2020).
II.1. En lo sustancial, cuestiona que la responsabilidad endilgada al municipio -de la cual también se agravia- fue definida por el juzgador conforme lo disponen la Ley de Contrato de Trabajo y otras normas laborales, y no de acuerdo con las disposiciones de derecho administrativo local (leyes 14.656 y 11.757).
En ese orden, controvierte la conclusión del sentenciante por la cual juzgó que -en el caso- la inexistencia de un acto administrativo y/o formalización por escrito del contrato de trabajo entre las partes no podía perjudicar al trabajador, por cuanto este último había logrado acreditar la prestación de tareas para la Municipalidad; razón por la cual enmarcó la relación entre las partes en el ámbito del derecho privado.
Alega que el fallo de grado quebrantó la norma del art. 2 inc. "a" de la ley 20.744 (t.o.), habida cuenta de que no existió acto administrativo ni suscripción de convenio colectivo alguno por el que se hubiera manifestado la voluntad expresa de la Municipalidad demandada para que resulten aplicables al caso las disposiciones contenidas en dicho cuerpo legal.
Por otro lado, sostiene que el tribunal interviniente incurrió en una confusión de conceptos al interpretar que la competencia para resolver la controversia -que le fue determinada mediante la resolución de esta Corte-, le otorgaba la potestad de aplicar al caso las disposiciones precitadas.
Siguiendo esa línea, aduce vulnerada la doctrina legal de este Tribunal trazada en las causas L. 80.133, "Paoletti" (sent. de 8-XI-2006) y L. 90.779, "Alzaga" (sent. de 11-II-2009).
Explica que de la documentación adunada a la causa surgía -únicamente- la posibilidad de ingreso del actor a la planta municipal -temporaria en su caso-, no existiendo constancia que comprobara la existencia de acto alguno de inclusión en los términos de la normativa indicada (art. 2 inc. "a", cit.). Expone que, por el contrario, "la relación entre las partes podría haber sido de índole administrativa, regida por normas de derecho público local".
Denuncia que -tal como lo pone de relieve el órgano de grado- si bien los jueces no están obligados a ponderar todas las pruebas que proponen las partes, sino sólo aquellas que consideren conducentes para la resolución del caso, ello no lo exime de avalar su decisorio con las probanzas existentes; siendo que en este supuesto -explica-, la prueba habilitada para acoger la demanda resultaba ser la existencia de alguna causal de excepción prevista en la citada norma laboral.
Manifiesta que, al valerse de la Ley de Contrato de Trabajo, el juzgador no tuvo en consideración -en todo caso- que la relación debió regirse por las leyes 14.656 y 11.757, en cuanto las mismas establecen los recaudos para el ingreso a la función o empleo público.
Teniendo en cuenta lo regulado en estas últimas normas, alega que en el supuesto en el que el accionante hubiera ingresado a la planta de trabajadores del municipio (tal como fue determinado en la sentencia), trabajó sólo durante el plazo de tres meses.
En virtud de lo expuesto, impugna la aplicación de las normas citadas y solicita la revocación del fallo de grado, con imposición de costas a cargo del actor.
II.2. Subsidiariamente, para el caso de confirmarse el pronunciamiento de la instancia -y dejando a salvo su postura por los motivos antes expuestos-, afirma que la injuria alegada por el señor Loiterstein carece del necesario recaudo de contemporaneidad y no fue valorada por los jueces con la prudencia que la ley exige.
Postula que, si el hecho injuriante denunciado ocurrió el 31 de diciembre de 2015 y la ruptura del vínculo el 3 de marzo de 2017, el despido indirecto dispuesto por el dependiente resultó a todas luces extemporáneo. Refiere "que el tiempo que ha dejado pasar la actora para disolver el contrato de trabajo ante la negativa de su existencia hace presumir que ha mediado un abandono de la relación laboral".
II.3. Seguidamente, bajo la invocación del vicio de absurdo, cuestiona la valoración de la prueba efectuada en la instancia.
Reitera que las constancias de autos comprueban que la fecha de egreso del actor no fue la indicada en la sentencia sino, en todo caso, el día 31 de diciembre de 2015; razón por la cual -explica- habiendo ingresado a realizar sus labores en fecha 1 de octubre de 2015, al momento del distracto se encontraba cumpliendo con el período de prueba (art. 92 bis, LCT), no correspondiendo -por ende- que se abonen las indemnizaciones previstas para un trabajador de tiempo indeterminado.
En otra hipótesis, argumenta que, de entenderse que la fecha del distracto operó en marzo de 2016 cuando el municipio informó la interrupción del "programa" que llevaba adelante el actor, debía adecuarse la sentencia a dicho parámetro.
II.4. Por último -también de modo subsidiario-, manifiesta que el órgano judicial de grado transgredió los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo; 1 y 8 de la ley 24.432 y 730 del Código Civil y Comercial de la Nación, así como la doctrina que este Tribunal estableció en las causas L. 77.914, "Zuccoli" (sent. de 2-X-2002); L. 77.859, "Acosta" (sent. de 27-VII-2005) y C. 112.988, "Candia" (sent. de 17-IV-2013); entre otras, en tanto las costas impuestas a su parte exceden el porcentaje de la limitación legal del 25%.
Bajo esta premisa, sostiene que, en el caso, la cuantía asciende al porcentual del 32,11%, quedando -a su juicio- evidenciada la violación del referido tope.
III. El recurso prospera.
III.1. Inicialmente se impone destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia no supera -como lo reconoce la propia recurrente en el punto III apartado "D" del escrito impugnativo-, la suma mínima para recurrir establecida por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), vigente al momento de la interposición del remedio procesal. Por ello, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley fue concedido en el marco de la excepción que contempla la norma del art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. proveído de fecha 14-VII-2020).
Siendo ello así, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018; L. 123.407, "Cazón", sent. de 28-IV-2021 y L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021; e.o.), hipótesis que se configura cuando se ha establecido un criterio mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 119.599, "Silveira", sent. de 11-IV-2018; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019; L. 121.387, "Monti", sent. de 19-IX-2019; L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020; e.o.).
III.2. Delimitado de este modo el abordaje de los planteos ensayados, acierta el recurrente al objetar la aplicación al caso de la Ley de Contrato de Trabajo, pues no cabe duda de que en la especie no concurre ninguno de los supuestos de excepción identificados en el inc. "a" del art. 2 de esa ley, por lo que su implementación constituye una clara violación de la doctrina legal que este Tribunal ha elaborado en las causas L. 80.133, "Paoletti" (sent. de 8-XI-2006) y L. 90.779, "Alzaga" (sent. de 11-II-2009), cuya transgresión fue acertadamente denunciada por el peticionario.
Siendo ello así, cabe acoger el primer agravio traído habida cuenta la aplicación a la especie de la Ley de Contrato de Trabajo sin que el tribunal de origen haya siquiera analizado la existencia de un acto expreso de inclusión del actor en el ámbito de dicho cuerpo normativo o su sometimiento al régimen de algún convenio colectivo, desentendiéndose -sin un motivo que lo amerite- de la interpretación que de dicha norma sustancial ha hecho esta Corte.
En suma, la decisión del sentenciante de aplicar la mencionada ley a un trabajador que prestó servicios al municipio -tal como quedó acreditado en el veredicto-, sin que exista acto expreso de inclusión en su normativa o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo, transgrede la doctrina legal más arriba citada y determina que el recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto deba ser acogido en este aspecto.
III.3. En razón de lo expuesto, si mi propuesta es compartida, la sentencia de grado debe revocarse en su totalidad, toda vez que la decisión se basó en normas cuya aplicación no corresponde en la especie. Los autos deben volver al tribunal de origen para que, con nueva integración y renovación de los actos que se estimen pertinentes, resuelva la contienda de acuerdo con lo que aquí se dispone y atendiendo las pretensiones y defensas de los contendientes.
III.4. La solución que aquí se propicia torna abstracto el tratamiento de los restantes agravios.
IV. Por lo expuesto, corresponde acoger el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido con el alcance establecido en el punto III.3. de la presente, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.3. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, con diferente integración y previa renovación -en su caso- de los actos procesales pertinentes, dicte nuevo pronunciamiento con los alcances indicados.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/02/2022 12:59:29 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/02/2022 09:53:29 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/02/2022 09:59:01 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2022 14:13:39 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2022 14:34:38 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia