Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127777
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, mal concedido el recurso extraordinario de inconstitucionalidad (art. 299, CPCC).
2Respecto del de inaplicabilidad de ley, se lo rechaza en tanto ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 con asiento en la ciudad de Tandil, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Luis Felipe Aníbal García Bergara y condenó a Rogelio Adrián Rotonda al pago de la suma que especificó en concepto de los rubros que determinó. Por el contrario, la desestimó, en relación a las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. vered. y sent. de fechas 17-V-2021 y 16-VI-2021, respectivamente).
Para así decidir, en lo que resulta de interés destacar, valorando a conciencia la prueba producida, tuvo por no demostrada la tutela sindical alegada por el actor al tiempo del despido, ya sea por ocupar un cargo gremial o por encontrarse en el período de protección posterior al cese del mandato.
Asimismo, entendió que la modificación de los días de francos impuestos por el empleador resultó objetivamente razonable, no acreditándose perjuicio alguno para el trabajador. Tampoco se probó que dicho cambio tuviera lugar por una supuesta actividad gremial del accionante, tal y como se afirmó en la demanda.
En relación al despido directo dispuesto por la patronal, juzgó que, la actitud persistente del actor de negarse a cumplir con los francos los fines de semana, a pesar de las advertencias efectuadas, invocando una tutela sindical y un perjuicio no acreditados, constituyó una violación al deber de buena fe y colaboración, justificativos de la ruptura del vínculo.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo deduce recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad (v. presentación electrónica de fecha 28-VI-2021), los que fueron concedidos por el órgano de grado (v. resol. del 5-VII-2021), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen de fecha 10-XII-2021).
III.1. En primer lugar, corresponde expedirse en torno al recurso extraordinario de inconstitucionalidad, a través del cual el interesado plantea la invalidez constitucional de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 de la ley 25.561 alegando que su aplicación trasgrede derechos esenciales que le asisten por imperio de los arts. 14, 14 bis, y 17 de la Constitución nacional y 10, 39 inc. 1 y 57 de la carta magna provincial.
III.2. Coincidiendo con el señor Procurador General, el recurso ha sido mal concedido.
III.3. Al respecto, esta Corte reiteradamente ha sostenido que el medio de impugnación establecido en el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial, sin perjuicio de otras consideraciones que también podrían formularse, sólo es admisible cuando en la instancia ordinaria se haya controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales confrontados con normas de la Constitución local (causas Ac. 94.772, "López", resol. del 9-V-2007; L. 119.115, "Ortiz", resol. de 29-VIII-2017 y L. 123.331, "Guiñazú", resol. de 29-VII-2020), supuesto ausente en autos, en el que el tema en debate se refiere a la validez y aplicación de normas nacionales -aplicación de las leyes 23.928 y 25.561-, materia que resulta ajena a la vía articulada (causas L. 117.738, "Steinberg", resol. 27-V-2015; L. 117.514, "Tissier", sent. de 11-VII-2018 y L. 125.359, "Hernández", resol. 26-V-2021).
IV.1. En cuanto al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley también deducido, en lo sustancial, mediante la denuncia de absurdo en la valoración de las pruebas, se agravia de la conclusión del tribunal actuante, en cuanto consideró justificado el distracto dispuesto por la empleadora.
Alega una errónea aplicación de los arts. 66 y 242 de la Ley de Contrato de trabajo, atento a que el cambio del sistema de distribución de la jornada altera una de las modalidades esenciales del contrato de trabajo y no configura injuria. Además, -puntualiza- lo ocurrido no implicó una causa grave que no permitiera la continuación del vínculo laboral.
Finalmente, si bien reconoce que al momento del despido no se encontraba amparado por tutela sindical alguna, cierto es, -afirma- que la modificación de los francos obedecía a su condición de haber sido dirigente gremial.
IV.2. El recurso tampoco prospera.
IV.3. Corresponde señalar, que evaluar la conducta de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral para establecer la existencia o no de injuria, como así también la apreciación de la entidad de las causales invocadas para tenerlo por disuelto y la valoración de los elementos probatorios arrimados a la causa para su demostración, constituyen cuestiones reservadas a la función axiológica de los jueces de grado. Las conclusiones que al respecto formulen sólo pueden revisarse por la Suprema Corte si se demuestra que la ponderación no ha sido efectuada con la prudencia que la ley exige, o se ha incurrido en absurda apreciación de los hechos y las pruebas (causas L. 121.570, "Romera", resol. de 26-IX-2018; L. 124.195, "Gómez" resol. de 2-X-2020 y L. 125.302, "Kessler", resol. de 9-XII-2020).
Asimismo, es menester destacar -con arreglo a reiterada doctrina de esta Corte- que determinar si en un caso concreto existió -o no- un razonado ejercicio del ius variandi, en cuanto a los hechos, es materia reservada al tribunal de la instancia ordinaria y su revisión sólo puede hacerse en sede casatoria si se comprueba que la decisión fue consecuencia de un razonamiento absurdo (causas L. 89.452, "Aristain Quiroga", sent. del 15-III-2006; L. 92.396, "Candela", sent. del 2-VII-2008; L. 98.382, "Rivero", sent. del 20-X-2010; L. 103.228, "Carbonell", sent. de 16-V-2012; L. 118.004, "Pereyra", sent. de 29-VI-2016 y L. 127.214, "Coronel", resol. de 17-XI-2021).
En tal sentido, dable es destacar que el absurdo sólo puede juzgarse configurado ante una demostración cabal de su existencia. Ello exige la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco" resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020), pues no lo constituye cualquier yerro, o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más; esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 124.121, "Sánchez", resol. de 11-VI-2020; L. 124.031, "Coronel", resol. de 16-VI-2020 y L. 123.944, Di Cataldo", resol. de 3-VIII-2020).
IV.4. En el caso, como se señaló, el órgano judicial de origen, con sustento en las pruebas producidas, concluyó que la modificación dispuesta por el empleador resultaba razonable porque respondía a una necesidad objetiva de la empresa. Consideró no probado que esa decisión haya perjudicado al trabajador, atento a que la sola manifestación en la demanda, de que el cambio alteraba la organización de su vida diaria, sin precisar concretamente en qué lo afectaba, resultaba insuficiente.
Además, juzgó que, la actitud persistente de negarse el trabajador a cumplir con los francos los fines de semana, a pesar de las advertencias efectuadas, invocando un detrimento y una tutela sindical no acreditada y sin haber intentado siquiera la acción de restablecimiento contemplada en el art. 66 de la ley 20.744, en caso de considerar que la modificación era irrazonable o le causaba perjuicio, constituyó una violación al deber de buena fe y colaboración, y por lo tanto, esa actitud justificó la ruptura del vínculo.
Estas esenciales conclusiones, no logran ser descalificadas por el impugnante, toda vez que se limita a contraponer a la valoración del material probatorio que ha realizado el tribunal de grado una argumentación basada exclusivamente sobre su propio criterio, insuficiente por lo tanto para determinar la apertura de la instancia extraordinaria en lo que concierne a cuestiones de hecho y de prueba como las aquí ventiladas (causas L. 121.616, "Lareu", resol. de 5-XII-2018; L. 122.597, "Vargas", resol. de 19-VI-2019 y L. 122.643, "Casali", resol. de 23-X-2019).
Tampoco demuestra que la decisión se encuentre apartada de la prudencia que se exige a la hora de ponderar cuestiones de esta naturaleza de conformidad con lo dispuesto por el art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En definitiva, la impugnación no aporta elementos convincentes con virtualidad para descalificar el contenido del fallo, derivando la crítica en una mera contraposición de criterios que, como tal, resulta inidónea a los fines del recurso deducido pues no logra evidenciar que las motivaciones del fallo luzcan apartadas de las constancias de la causa, o que el juzgador hubiera transgredido las normas que denuncia violadas.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Declarar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, mal concedido el recurso extraordinario de inconstitucionalidad (art. 299, CPCC).
2. Respecto del de inaplicabilidad de ley, se lo rechaza en tanto ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia