Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127788
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Dolores, decretó la caducidad de la instancia, en la acción entablada por Carla Vanesa Sansiviero contra Premium S.A. en la que procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido (v. sent. de fecha 23-VI-2021).
Para así resolver, juzgó que en el caso se encontraban configurados los presupuestos establecidos en el art. 12 de la ley 11.653, pues si bien el actor respondió oportunamente al requerimiento efectuado -luego de la intimación cursada al respecto-, dejó nuevamente transcurrir el plazo fijado en la citada norma sin realizar actividad procesal útil, resultando manifiesto el desinterés en continuar con el proceso.
II. Frente a lo así resuelto se alza el legitimado activo con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 15-VII-2021), el que fue concedido por el órgano de grado (v. proveído del 5-VIII-2021).
En su presentación relata los antecedentes de la causa, plantea la inconstitucionalidad del art. 56 de la ley 11.653 y cita normas y doctrina que considera vulneradas.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. De manera liminar, corresponde indicar que carece de virtualidad expedirse sobre el planteo de inconstitucionalidad mencionado ut supra, e introducido por la accionante en el apartado III de su presentación, pues -sabido es- en casos como el presente, el trabajador se encuentra exento de la carga del depósito previo para la concesión del recurso de inaplicabilidad de ley, toda vez que goza del beneficio de gratuidad que le otorga el art. 22 de la citada ley ritual (causas L. 95.719, "D’Angelo", sent. de 7-IV-2010; L. 111.575, "Agüero", resol. de 29-IX-2010 y L. 121.944 "Ibarra", resol. de 28-XI-2018).
III.2. Aclarado ello, se impone observar que -en el caso- el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, representado por la suma reclamada en la demanda, no excede el monto mínimo para recurrir fijado por el artículo 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente a la fecha de interposición del remedio procesal, razón por la cual la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla en el artículo 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
III.3. Así, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 122.338, "Alfonso", resol. de 29-V-2019 y L. 123.168, "Pereyra", resol. de 26-XII-2019).
III.4. En este orden, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, toda vez que las doctrinas contenidas en el escrito recursivo -además de haber sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos disímiles- remiten a cuestiones estrictamente procesales -como lo es, la referida al instituto de la caducidad de la instancia- y, como tales, detraídas de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el ya citado precepto adjetivo (causas L. 118.996, "Cabaña", resol. de 28-X-2015; L. 121.582, "Cano", sent. de 5-IV-2018 y L. 123.925, "Muñoz", resol. de 27-5-2020).
Por lo demás, corresponde recordar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la opinión de los autores, ni la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021; L. 126.551, "Arias", resol. de 4-III-2021 y L. 126.594 "Fredes", resol. de 11-VI-2021).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia